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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 099 del 08/06/1988
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 099
 
  Dictamen : 099 del 08/06/1988   

C-099-88


San José, 8 de junio de 1988


 


Señor


Robert Chaverri Pattison


Jefe del Departamento de Recursos Turísticos


Instituto Costarricense de Turismo


Ciudad


 


Estimado señor:


            Con aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a sus Oficios DRT-209-4-88 y DRT-237-88, por medio de los cuales nos comunica presuntas irregularidades, en su concepto graves, cometidas durante el curso de dos juicios penales sobre violaciones a la zona marítimo-terrestre, radicados en el Juzgado de Santa Cruz. El primero (del que no suministra identificación del expediente), relativo a la construcción (ampliación parece ser) del Bar-restaurante Papagayo, en la zona pública de Playas del Coco, que tiene demarcación oficial desde mil novecientos ochenta, publicada en La Gaceta número 240 de 16 de diciembre de ese año, y Plan Regulador de uso Urbano, aprobado por el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo y la Municipalidad de Carrillo.


            En este expediente, indica se señaló para debate las trece horas treinta minutos del dieciocho de abril último, suspendiéndose diez minutos después de iniciado, por cuanto no se contaba con pronunciamiento municipal acerca de la posible concesión de permisos para construir.


            Tesis que califica incorrecta y en franca pugna con lo dispuesto en el artículo 20 y 62 de la Ley 6043, se prohíben y sancionan la ocupación exclusiva de la Zona Pública; amén de no tener los propietarios contrato de arrendamiento (para instalarse en la zona restringida) y de hallarse en la diligencia, en calidad de testigo, el señor Ejecutivo Municipal, a quien expresa, se le pudo inquirir la explicación de cualquier aspecto.


            En el segundo caso, expedientes acumulados números 186-87 y 376-87, por invasión a la zona pública de Playa Real, se celebró el debate el veintiuno de abril, a las 8:30 a.m. , pero el señor Juez abstuvo de dictar el fallo y devolvió los autos a la Agente Fiscal, aduciendo que las denuncias no habían sido interpuestas por esta Dependencia. Proceder que también considera erróneo, porque tratándose de delitos perpetrados en menoscabo de un bien demanial, son de acción pública y todo ciudadano que los conozca puede promover la acción ante el Ministerio Público. Más aún, se torna imperativo hacerlo a la luz del artículo 1º de la Ley 6043, a cuyo tenor la zona marítimo-terrestre constituye parte del patrimonio nacional inalienable, y "su protección, así como la de sus recursos naturales, es obligación del Estado de sus instituciones y de todos los habitantes del país".


            No obstante, según dice, aquí fue la propia municipalidad de Santa Cruz, administradora y usufructuaria de la zona marítimo-terrestre de su territorio (artículos 3, 34, 35, 39 y 40 ibid), la que planteó una de las acusaciones. Apunta además, defectos en la conducción de la audiencia oral, citaciones de testigos, anulación de una acta de prueba testimonial evacuada en la instrucción, la incentivación de nuevas invasiones que propician estos antecedentes, y el haberse producido entrabamientos  similares en otros casos, que restan eficacia a la observancia de la Ley.


            Resumiendo, su inconformidad estriba en actos y decisiones adoptados con motivo de la tramitación de dos causas penales, empero, si bien tipifica los ilícitos de Ley de Zona Marítimo-Terrestre e incumbe a la Procuraduría supervisar su debido acatamiento, ello no alcanza el control sobre la legalidad de la conducta de servidores judiciales en ejercicio de la función jurisdiccional, pues iría contra el principio de  división de Poderes enjuiciar en un dictamen  cuestiones litigiosas pendientes ante los Tribunales. Intromisión de competencias vedadas tácitamente por la Carta Magna cuando señala que el Poder Judicial es distinto e independiente del Ejecutivo (artículo noveno); que aquél sólo está sujeto a la Constitución y a la Ley (artículo 154), y su Tribunal Superior es la Corte Suprema de Justicia, a la que se encuentran subordinados los funcionarios del ramo (artículo 156).


            Aparte de las alegaciones y medios de impugnación que puedan esgrimir las partes (carácter que no le concede, ipso iure, el Código de Procedimientos Penales a la Procuraduría en esta materia), el organismo encargado de ejercer control sobre la actuación de funcionarios judiciales, vigilar el buen cumplimiento de sus deberes, tramitar quejas por faltas que les sean atribuibles en el desempeño de sus cargos, pedirles informes, recibir las declaraciones y aplicar -si fuera menester- el régimen disciplinario, con dependencia de la Corte Suprema de Justicia, es la Inspección Judicial.


            En vista de lo anterior, atendiendo la solicitud hecha en el segundo escrito, traslademos a ese órgano las quejas que formula, a fin de que se sirva resolver el mérito de las mismas.


            Igualmente, como acusa demoras injustificadas en los casos precedentes y reiteración de suspensiones de debate, por la transcendencia del asunto, dadas las constantes violaciones a la zona marítimo terrestre, accedemos a su petición de elevarlo a conocimiento del Consejo Directivo de la Escuela Judicial, por si estima pertinente alguna recomendación para los funcionarios judiciales con jurisdicción en dichas áreas, que tienda a eliminar prácticas o procedimientos a su juicio inconvenientes. (Artículo 6, inciso b), de la Ley 6593 de 6 de agosto de 1981).


 


De usted, atentamente,


Lic. José Joaquín Barahona Vargas


PROCURADOR AGRARIO Y AMBIENTAL


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