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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Opinión Jurídica 051
 
  Opinión Jurídica : 051 - J   del 25/05/2000   

OJ-051-00
San José, 25 de mayo del 2000
 
 
Ingeniero
Rodolfo Méndez Mata
Ministro de Obras Públicas y Transportes
Su Oficina

 


Con la aprobación del Procurador General de la República me refiero a su consulta, planteada mediante oficio Nº994185, de fecha 9 setiembre de 1999, recibido en la Procuraduría General de la República el 20 de septiembre del mismo año.


I. OBSERVACIONES PREVIAS


A. Objeto de la consulta


Según se manifiesta en el oficio antes señalado, se solicita el "estudio y emisión del criterio vinculante" en relación con un "procedimiento" para aplicar los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos.


Se manifiesta literalmente, en lo que interesa:


"El procedimiento antes transcrito, reitero es el recomendado por el Area Jurídica de esta Cartera Ministerial. Sin embargo, por tratarse, como hemos visto de un procedimiento que no está contemplado en la Ley, es que consideramos necesario la valoración y estudio por parte de esa Procuraduría General de la República, para en definitiva establecer un procedimiento apegado a la legalidad y al principio constitucional."


El procedimiento al que se hace referencia se consigna en el mismo oficio y se expresa en los siguientes términos:


"a. Los funcionarios del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección General de Policía de Tránsito de este Ministerio, al constatar que efectivamente existen anomalías proceden a comunicarle al propietario del inmueble la situación de infractor a la normativa jurídica vigente, mediante notificación, indicándole en forma expresa y clara dichas anomalías y que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y 21 según corresponda de la Ley General de Caminos Públicos, le corresponde al propietario del inmueble recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. También están obligados a mantener limpios de toda vegetación dañina los caminos públicos , rondas y paredones, recortar las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y a descuajar las cercas cada año, en las épocas apropiadas.


  1. En razón de lo anterior se le confiere una audiencia por el plazo de 15 días hábiles para que manifieste lo que considere pertinente al respecto, en caso de no estimar necesario hacer alguna manifestación a la Administración, se le solicita proceder al cumplimiento de lo dispuesto en las normas antes citadas.


  2. En caso de que el propietario presente alegatos. La Administración deberá resolverlos dentro de los plazos que regula la Ley General de la Administración Pública.


  3. La Resolución deberá determinar si lleva razón o no el propietario, en caso negativo le señala el plazo de 15 días para que proceda a ejecutar las labores antes descritas.


  4. Contra lo resuelto caben las acciones recursivas que al efecto establece la ley General de la Administración Pública, dentro de los plazos de ley.


  5. Si el propietario no ejecuta en el plazo otorgado, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con apego a lo dispuesto en el artículo 1) de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, función que le corresponde ahora y con base en todo lo actuado y fundamentalmente en el artículo 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos emitirá una resolución en que ordena a la dependencia competente proceder a ejecutar los trabajos necesarios y asimismo definirá el monto a cobrar a la empresa contratista como recargo por incumplimiento con la obligación fijada en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos.


  6. Esta resolución constituye Título Ejecutivo, y se procede a realizar dos intimaciones de pago de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, a efecto de que entable las acciones judiciales pertinentes para el cobro de las obras ejecutadas.


  7. En caso de que no cumpla ni presente alegatos en el plazo otorgado, procederá el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a emitir la resolución señalada en el punto f) del presente Oficio…" (Sic.).


B. Naturaleza de este dictamen


El requerimiento en este caso es el estudio y valoración de una propuesta sobre el procedimiento que se considera que debe seguir la Administración Activa, actividad propia de su competencia, dentro de los límites del Ordenamiento Jurídico. Siendo este el objeto de la consulta, es improcedente emitir un criterio con carácter vinculante sobre la situación planteada.


Sin embargo, lo anterior no excluye la posibilidad y conveniencia de un análisis y comentario sobre el mismo asunto.


II. ANALISIS Y COMENTARIOS SOBRE EL PROCEDIMIENTO HIPOTETICO QUE SE SOMETE A ESTUDIO


  1. Cuestiones de lenguaje jurídico


Nuestro derecho es escrito. Y la forma en que se escribe la norma es fundamental para el mismo fin que se pretende lograr con su establecimiento.


En la propuesta observamos problemas en el uso del lenguaje jurídico que dificultan el entendimiento del procedimiento que se pretende seguir. Consecuentemente, si la idea fuera la de emitir un reglamento, este aspecto habría de valorarse.


B. La necesidad que se pretende satisfacer con el procedimiento proyectado


Según se advierte en el oficio del órgano consultante, mediante esta propuesta lo que se pretende es proveer de un procedimiento, ya que se considera que las normas expresadas en los artículos 20 y 21 de al Ley General de Caminos son omisas.


Específicamente:


"…en cuanto al procedimiento que debe seguir este Ministerio, en aquellos casos que sea necesario ingresar a los predios de los particulares a realizar los trabajos que se requieran, por lo que es necesario establecer un procedimiento para tales casos, a efecto de no transgredir los derechos del particular en especial el de la propiedad privada, consagrado en el artículo 45 de nuestra Constitución Política."


Sin embargo, de sus mismos términos parece desprenderse que lo que se pretende también es regular o, al menos definir, la forma en que la Administración debe hacer efectivo el cobro por ejecutar los deberes que de conformidad con los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos corresponden a los administrados.


C. Análisis del proyecto


1. El establecimiento legal de las conductas objeto de ejecución forzosa en este caso


Se dispone en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos :


"Artículo 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere. El Ministerio de Obras públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión o desviar el desagüe natural de los campos.


Artículo 21.- También están obligados tales poseedores a mantener limpios de toda vegetación dañina los caminos, rondas y paredones, recortar las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y a descuajar las cercas cada año, en las épocas apropiadas, todo a requerimiento de los funcionarios encargados por las Municipalidades o Ministerio de Obras Públicas y Transportes, siguiendo sus instrucciones.


Cuando ocurran derrumbes debe avisar inmediatamente a la autoridad del lugar para lo de su cargo."


En la Ley General de Caminos Públicos el cumplimiento de los deberes de los administrados no se encuentra sometido a intimaciones. Sin embargo consideramos que ciertamente la intimación previa es razonable y es lo que corresponde en armonía con la Constitución y la Ley General de la Administración Pública, todo ello, no obstante, sin que los imperativos que deban ejecutarse pierdan o debiliten su eficacia.


2. La ejecución sustitutiva y la ejecución forzosa según el procedimiento proyectado


En la especie, encontramos que se prevén múltiples intimaciones, a nuestro juicio un exceso innecesario y de consecuencias negativas para la satisfacción del fin de la misma Ley General de Caminos Públicos y, específicamente, para el logro de los propósitos de la voluntad normativa expresada en sus artículos 20 y 21.


No puede dejar de tomarse en consideración que, en la especie se trata de la hipótesis de una ejecución de un deber que se encuentra en una ley. Si el Ordenamiento Jurídico provee al acto administrativo de la ejecutoriedad, para que la Administración pueda satisfacer el interés público, con mayor razón debe entenderse que la misma Administración puede recurrir a la ejecución sustitutiva y a la ejecución forzosa previstas en la Ley General de la Administración Pública para cumplir los deberes que el Ordenamiento Jurídico le asigna, cuando el administrado no quiere observar en forma voluntaria. El jurista nacional Eduardo Ortiz Ortiz explicó con claridad el carácter ejecutorio del acto administrativo y la analogía con la ejecución administrativa del deber nacido en la ley, en el foro legislativo del análisis de la Ley General de la Administración Pública. Dijo, en lo que interesa:


"La ejecutoriedad es un privilegio, otros dicen que es una potestad enteramente independiente que la administración tiene para expeditar la ejecución o realización contra la voluntad del particular de aquellos actos que requieran la colaboración del particular . El particular puede negarla, si este medio no existiera la administración se paralizaría.


Son órdenes, jurisdicciones, obligaciones de información que el particular puede dar o tiene que dar a la administración. Ocurre que hay muchos derechos de la administración que no nacen de actos administrativo sino directamente de la ley, por ejemplo, uno que en estos momentos se me ocurre, es la obligación de rendir informaciones obligatorias que teníamos cuando teníamos que hacer la declaración jurada de bienes inmuebles.


Otra puede ser el que en ciertas ocasiones se pasen leyes obligando a presentar informe detallado de los bienes de una persona, ya no solo de un bien inmueble sino de su patrimonio. Puede haber derechos de la administración como por ejemplo, el particular no tiene derecho a cerrar una calle pública, sólo lo puede hacer a través de la autoridad judicial. Dice la ley de construcciones. Si lo hace le podrá ser destruido lo que hizo.


En materia municipal, las municipalidades pueden destruir aquello que se haga sin obtener la aprobación de ellas en cuanto a planos de construcción.


Resulta que hay muchas ocasiones en donde los derechos de la administración que tiene que ejercer contra los particulares no nacen del acto administrativo y en consecuencia al hacerse efectivo por este medio lo que se está haciendo ejecutorio no es el acto sino el derecho subjetivo de origen directamente legal. La administración en los casos en que tenga un derecho contra el particular nacido directamente de la ley sin intermediación de un acto administrativo podrá ejecutarlo contra este particular por los mismos medios por los que puede ejecutar un acto(Acta de la sesión Nº101 de la sesión extraordinaria de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración, a las catorce horas quince minutos del treinta y uno de marzo de mil novecientos setenta. Discusión del Proyecto de Ley General de la Administración Pública. El énfasis es nuestro).


Con el procedimiento sometido a estudio pareciera que lo que se hace es mediatizar el cumplimiento de los deberes que ya están en la Ley General de Caminos Públicos, dejando su cumplimiento sujeto al dictado de un acto administrativo que luego deberá, a su vez, ser ejecutado con la colaboración del administrado o en forma sustitutiva, si es preciso.


a. En los párrafos a) y b) se dispone:


"a. Los funcionarios del Departamento de Inspección Vial y Demoliciones de la Dirección General de Policía de Tránsito de este Ministerio, al constatar que efectivamente existen anomalías proceden a comunicarle al propietario del inmueble la situación de infractor a la normativa jurídica vigente, mediante notificación, indicándole en forma expresa y clara dichas anomalías y que conforme a lo dispuesto en el artículo 20 y 21 según corresponda de la Ley General de Caminos Públicos, le corresponde al propietario del inmueble recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. También están obligados a mantener limpios de toda vegetación dañina los caminos públicos , rondas y paredones, recortar las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y a descuajar las cercas cada año, en las épocas apropiadas."


b. En razón de lo anterior se le confiere una audiencia por el plazo de 15 días hábiles para que manifieste lo que considere pertinente al respecto, en caso de no estimar necesario hacer alguna manifestación a la Administración, se le solicita proceder al cumplimiento de lo dispuesto en las normas antes citadas.


…" (Sic. El énfasis es nuestro)


a.1. No obstante que se trata de la hipótesis de anomalías ciertas, "efectivamente", se decide notificar a los administrados las anomalías pero además, se ordena que se haga una reseña de lo que la Ley dice y se les otorga un plazo de quince días para que se pronuncien "al respecto."


La precisión de las anomalías es conveniente y, además, técnicamente es parte de la intimación. Igualmente, forma parte de la intimación el fundamento jurídico de la existencia de los deberes cuyo incumplimiento se reprocha.


Sin embargo, sin perjuicio de las observaciones que haremos más adelante, en este caso, la intimación es para que el administrado cumpla los deberes establecidos en la Ley. Estos deberes no pueden someterse a un contradictorio y deben ser cumplidos salvo que concurriere alguna eximente legal.


a.2. Luego, con una redacción que no es clara en cuanto al destinatario de lo dispuesto, se prevé la hipótesis de que el administrado no manifieste nada, caso en el cual, se dice, "…se le solicita proceder al cumplimiento…".


Tampoco es claro si la "solicitud" de cumplimiento es para que se ejecute dentro del mismo término o después de fenecido este.


En todo caso, aparte de tratarse de una dilación injustificada de la satisfacción del interés público, lo que procedería no es "solicitar" sino "ordenar" el cumplimiento.


b. Se establece en los tres párrafos siguientes:


"…


  1. En caso de que el propietario presente alegatos. La Administración deberá resolverlos dentro de los plazos que regula la Ley General de la Administración Pública.


  2. La Resolución deberá determinar si lleva razón o no el propietario, en caso negativo le señala el plazo de 15 días para que proceda a ejecutar las labores antes descritas.


  3. Contra lo resuelto caben las acciones recursivas que al efecto establece la ley General de la Administración Pública, dentro de los plazos de ley.


…" (Sic. El énfasis es nuestro).


Como se nota, luego de quince días se abren nuevos plazos: para resolver alegatos, para cumplir los deberes (establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos) y para resolver recursos si el administrado decide impugnar la resolución de sus primeras intervenciones. Y, finalmente, de nuevo se le da al administrado que no ha cumplido su deber la posibilidad de recursos contra la resolución de la Administración que ordena el cumplimiento, cumplimiento que precisamente está en la Ley.


c. Se dispone en los últimos párrafos:


"…


f. Si el propietario no ejecuta en el plazo otorgado, el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI), con apego a lo dispuesto en el artículo 1) de la Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad, función que le corresponde ahora y con base en todo lo actuado y fundamentalmente en el artículo 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos emitirá una resolución en que ordena a la dependencia competente proceder a ejecutar los trabajos necesarios y asimismo definirá el monto a cobrar a la empresa contratista como recargo por incumplimiento con la obligación fijada en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos…".


g. Esta resolución constituye Título Ejecutivo, y se procede a realizar dos intimaciones de pago de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, a efecto de que entable las acciones judiciales pertinentes para el cobro de las obras ejecutadas.


h. En caso de que no cumpla ni presente alegatos en el plazo otorgado, procederá el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) a emitir la resolución señalada en el punto f) del presente Oficio…" (Sic.).


De esta manera, aparte de todos los plazos que ya se han tenido que superar, se abre uno nuevo (no determinado ni establecido expresamente) para el dictado de una resolución, ordenando la ejecución por parte de la Administración de los deberes previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos y todo ello, sin perjuicio además, de dos nuevas intimaciones de conformidad con el artículo 150 de la Ley General de la Administración Pública, a la que se remite en el párrafo g). Por lo demás, no es claro el sentido del párrafo "h".


Finalmente, es preciso observar que no coincidimos con el criterio de que el Consejo Nacional de Vialidad sea el órgano competente para decidir la intervención forzosa en los predios privados. Consideramos que estamos ante ejemplos típicos de la Potestad de Policía Administrativa, cuyo ejercicio en este caso el Legislador encargó al Ministerio de Obras Públicas y Transportes y a las municipalidades en forma expresa, normas que no fueron modificadas por la Ley Nº7798 (Ley de Creación del Consejo Nacional de Vialidad).


La voluntad legislativa expresada en los artículos 20 y 21 no tiene como fin específico la solución a largo ni a mediato plazo de las situaciones hipotéticas previstas en los mismos.


3. Los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos como manifestación de la Potestad de Policía


Consideramos que la Ley General de Caminos Públicos establece muy claramente los deberes de los administrados "poseedores de bienes raíces"


En efecto, se dispone en los artículos 20 y 21 :


"Artículo 20.- Todos los poseedores de bienes raíces, por cualquier título, están obligados a recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno y, cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos. El Ministerio o las Municipalidades mandarán a ejecutar el trabajo y cobrarán el trabajo más el cincuenta por ciento (50%) de recargo, si esta obligación no se cumpliere. El Ministerio de Obras públicas y Transportes y las Municipalidades deberán coordinar con el Ministerio de Agricultura las medidas de protección de los caminos en los proyectos de nuevos trazados o en los trabajos de conservación de los existentes, en las regiones donde los mismos puedan provocar o intensificar la erosión o desviar el desagüe natural de los campos.


Artículo 21.- También están obligados tales poseedores a mantener limpios de toda vegetación dañina los caminos, rondas y paredones, recortar las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y a descuajar las cercas cada año, en las épocas apropiadas, todo a requerimiento de los funcionarios encargados por las Municipalidades o Ministerio de Obras Públicas y Transportes, siguiendo sus instrucciones.


Cuando ocurran derrumbes debe avisar inmediatamente a la autoridad del lugar para lo de su cargo." (El énfasis es nuestro)


Se trata de ejemplos típicos de ejercicio de la Potestad de Policía Administrativa que se justifican precisamente por la naturaleza de las situaciones que se plantean como de atención inmediata (véase, entre otros, el dictamen de este órgano, NºC-087-97, de cuatro de junio de mil novecientos noventa y siete).


En la Ley General de Caminos Públicos el cumplimiento de los deberes de los administrados no se encuentra sujeto a intimaciones previas.


Los deberes de los administrados"poseedores de bienes raíces, por cualquier título" tienen los deberes de:


a. "…recibir y dejar discurrir dentro de sus predios, las aguas de los caminos cuando así lo determine el desnivel del terreno…"


  1. "…cuando sus fundos estén inmediatos a los desagües de un camino, deberán mantener esos desagües limpios, en perfecto estado de servicio y libres de obstáculos…"


  2. "…mantener limpios de toda vegetación dañina los caminos, rondas y paredones, recortar las ramas de los árboles que den sombra a los caminos públicos y a descuajar las cercas cada año, en las épocas apropiadas, todo a requerimiento de los funcionarios encargados por las Municipalidades o Ministerio de Obras Públicas y Transportes, siguiendo sus instrucciones…" (El énfasis es nuestro).


Y esos deberes son de cumplimiento inmediato y permanente, con independencia de la labor de inspección y vigilancia que haga la Administración. Todo de conformidad con la Carta Magna, en la que se establecen límites al derecho de propiedad y la abundante jurisprudencia de la Sala Constitucional mediante la cual se han desarrollado. Especialmente importantes son las consideraciones del órgano contralor de constitucionalidad cuando dice:


"…Tradicionalmente se ha dicho que el derecho de propiedad pertenece a la categoría de derechos de la persona, en cuanto forma parte de una comunidad socio-económica. Esta categoría otorga a los particulares una serie de derechos que les permite desarrollarse, por una parte, como empresarios y, por otra, como beneficiarios de una serie de prestaciones que les brinda el estado, con el fin de buscar un equilibrio social adecuado. Pero ese derecho, está integrado por una serie de regulaciones normativas, cuya característica esencial es el establecimiento de prohibiciones o la imposición de deberes a sus titulares, sobre todo en relación con el ejercicio de facultades o poderes que integran ese derecho (uso, transformación, usufructo, disposición, etc.) Por tanto, tales regulaciones integrativas del derecho de propiedad, pueden válidamente imponer a los propietarios obligaciones de dar, hacer o no hacer, sin que ello implique necesariamente el deber correlativo de indemnización por parte del Estado…Ligado íntimamente con lo anterior está el tema de la inviolabilidad de la propiedad, concepto que ha ido sufriendo una metamorfosis; empezó como un derecho de la primera generación y como tal, un derecho absoluto . Sin embargo, como en tantos otros campos del derecho, las necesidades socio-económicas han hecho que estos conceptos, que alguna vez fueron rígidos e inflexibles, evolucionen hacia una perspectiva más amplia. El derecho a la propiedad no escapó de tal situación…" (Sentencia Nº5893-95, de las nueve horas cuarenta y ocho minutos del veintisiete de octubre de mil novecientos noventa y cinco. En el mismo sentido y con una mayor amplitud puede consultarse, además y entre otras, la sentencia Nº1551-98, de las once horas cuarenta y cinco minutos del seis de marzo de mil novecientos noventa y ocho, en la que se hace una compilación de precedentes sobre el mismo derecho y las mismas cuestiones).


De tal manera, establecidas las limitaciones en una ley, no está dentro de libertad del administrado decidir si cumple o no.En conclusión, en el procedimiento sometido a nuestro estudio, podemos observar, en lo esencial, que:


Según la redacción con la que se presenta pareciera que se confunde, o al menos se regula en forma casi simultánea, el procedimiento de la ejecución sustitutiva por parte de la Administración con el procedimiento de apremio sobre el patrimonio del administrado.


Como advertimos, se mediatiza el cumplimiento de los deberes establecidos en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos, contradiciendo la misma voluntad normativa.


4. El procedimiento que se debe seguir, según nuestra opinión


Si se establece que el administrado no ha cumplido con los deberes previstos en los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos, la situación se adecua a la hipótesis prevista en el artículo 149 inciso 1) aparte b) de la Ley General de la Administración Pública, contenido en el que se dispone:


"b) Ejecución sustitutiva, cuando se trate de obligaciones cuyo cumplimiento puede ser logrado por un tercero en lugar del obligado, en cuyo caso las costas de la ejecución serán a cargo de éste y podrán serle cobradas según el procedimiento señalado en el inciso anterior.


…"


Dentro de este inciso podemos leer que se hace referencia a dos conductas administrativas diferentes, tan diferentes como los propósitos que se persiguen en cada caso:


    1. El cumplimiento de los deberes, en sustitución del administrado infractor.


    2. El cobro de los costos al administrado que hubo que sustituir.


Para el cumplimiento sustitutivo, siguiendo la misma Ley, debe observarse el procedimiento previsto en el artículo 150 de la misma ley. Ello, en lo conducente, tomando en cuenta, por ejemplo, que en este caso el deber nace de la Ley General de Caminos Públicos, no de un acto administrativo, y que la ley ya ha tenido su debida publicación. Considerando además que los plazos deben ser razonables; debe tenerse en cuenta que, precisamente, se trata de eventuales situaciones en las cuales el retardo de la solución implica mayores perjuicios para otros administrados. La satisfacción del interés público protegido mediante los artículos 20 y 21 de la Ley General de Caminos Públicos es lo que primero se debe atender.


Para el cobro de los costos al administrado, de conformidad con el mismo artículo 149 inciso 1 párrafo b) debe procederse de conformidad con lo dispuesto en el párrafo a) del mismo artículo e inciso, en forma relacionada con los artículos 308 y siguientes, si se entiende que el cobro de los costos más el 50% (en el caso previsto en el artículo 20 de la Ley General de Caminos Públicos) debe ser por la vía ejecutiva (véanse, entre otras, las sentencias de la Sala Constitucional, números: 2177-96, de las nueve horas veintiún minutos del diez de mayo; 2360-96 de las diez horas nueve minutos del diecisiete de mayo y 6477-96, de las catorce horas treinta y nueve minutos del veintiocho de noviembre, todas de mil novecientos noventa y seis).


Los alcances de estas normas también fueron explicados por don Eduardo Ortiz en el foro ya citado:


"…El inciso b se refiere a lo que se llama la ejecución sustitutiva que alude al caso de que una obligación se puede ejecutar por un tercero y no solo por el obligado. Por ejemplo, destruya usted ese muro con que cerró esta calle, no lo hace usted. La Administración con su personal o con un tercero contratado lo destruye. Después por la vía del apremio administrativo , le cobra los gastos al administrado…" (Sic.. Ibid. Acta de la sesión Nº102 de la sesión celebrada a las catorce horas diez minutos del primero de abril de mil novecientos setenta. El énfasis es nuestro).


Adjuntamos copia del dictamen NºC-087-97.


 


Licda. María Gerarda Arias Méndez                       Licda. Clara Villegas Ramírez
Procuradora de Hacienda                                        Asistente de Procuradora