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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 221 del 07/11/1988
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 221
 
  Dictamen : 221 del 07/11/1988   

C - 221 - 88


7 de noviembre de 1988


 


Señor


Edgar Antonio Zúñiga Zúñiga


Encargado de la Zona Marítima


Terrestre


Municipalidad de Osa


Ciudad Cortés.


 


Estimado señor:


Con aprobación del señor Procurador General de la República, contesto a su atenta nota recibida el veintiocho de setiembre último, donde nos comunica que a raíz de haber asumido funciones como encargado municipal de la Zona Marítimo Terrestre, inspeccionó el sector de Dominical, encontrando que varias personas construían sin permiso en la zona restringida. Ante, lo cual, les suspendió los trabajos, pero los señores Regidores consideran bueno sentar un precedente en la aplicación de los artículos 12 y 13 de la Ley 6043 de 2 de marzo de 1977, por lo que nos consulta:


1.- Si se pueden aplicar esas normas a quienes tienen construcciones por más de cinco años, o menos, hasta un mes de construido.-


2.- En supuesto contrario, cuál sería la mejor forma de parar las anomalías.-


3.- Qué hacer con las personas a las que, no obstante haberles la Municipalidad negado los permisos de construcciones en la Zona Marítimo Terrestre, o paralizado y sellado las que iniciaron, de modo irregular las prosiguieron hasta terminarlas.-


Sobre el particular nos permitimos hacer los siguientes señalamientos:


Los terrenos y recursos de la Zona Marítimo Terrestre, en tanto componentes del patrimonio público estatal, participan de las consabidas características de extracomercialidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad, y sólo pueden usarse o aprovecharse conforme al Ordenamiento Administrativo pertinente, (artículos 1, 7 y 9 de la Ley 6043 y 263 del Código Civil). La posesión abusiva de los particulares no confiere ningún derecho; nunca podrán ejercerla a título de dueño, ni, desde luego, degradar la naturaleza de los bienes.


Por otro lado, existe el principio -aún más válido en esta materia- de que nadie puede cambiar a propia voluntad o con el transcurso del tiempo, la causa, cualidades o vicios de la posesión. Tal como ella comenzó, así continúa, mientras no se legalice una nueva situación.


Lo anterior significa que si alguien se apodera ilícitamente de un inmueble en la Zona Marítimo Terrestre, estableciéndose en él, la posesión en todo momento será viciosa y no se bonifica por el simple paso de los meses o años. Su carácter seguirá siendo de mero detentador de dominio público, y no le da derecho alguno, siquiera de reclamar por las obras que instale al margen de la Ley.


Antes bien, la actuación configura un delito de duración continuada (artículo 62; Ley 6043).


La Municipalidad puede y debe en el momento que conozca la falta, ejercer los mecanismos de autotutela a su cargo, para preservar la integridad de dichos bienes e inmutabilidad del fin público a que están destinados, defendiéndolos de los ataques extraños y abusos. De manera correlativa, todos los habitantes experimentarán siempre el deber de respecto y protección (numeral 1º ibid).


CONCLUSION


En consecuencia, los artículos 12 y 13 que se citan, sobre la prohibición de ocupar o construir en la Zona Marítimo Terrestre, omitiendo los debidos permisos, y la posibilidad de desalojar los infractores por parte de la Municipalidad, destruir lo edificado, a costa de aquellos, y denunciarlos ante la Agencia Fiscal del lugar (artículo 62, supra), aportando las pruebas recabadas, se aplican a cualquier ocupante que éste o realice actividades dentro de la Zona Marítimo Terrestre (público) en condición ilegal; ya hayan construido sin autorización desde un mes o varios años atrás; o en contra de decisiones municipales, como denegatorias de permisos, paralización y sellado de obras.


Todas las hipótesis descritas conllevan actos igualmente antijurídicos, con el agravante de que en los últimos casos, y, en general, cuando hubiere desacato o una orden impartida, de abstención de construir o desocupación, concurriría además otra figura a denunciar: desobediencia a la autoridad (artículo 314 del Código Penal).


Para lo sucesivo, conviene tener presente que las consultas deben hacerse mediante acuerdo firme del Concejo, órgano superior de gobierno municipal, acompañándose, en lo posible, el criterio de un asesor legal o del Departamento Legal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, a fin de cumplir lo preceptuado en el artículo 4º de nuestra Ley Orgánica.


Atentamente,


Lic. José Joaquín Barahona Vargas


PROCURADOR AGRARIO Y AMBIENTAL


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