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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 007 del 15/01/1992
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 007
 
  Dictamen : 007 del 15/01/1992   

C -007-92


15 de enero de 1992


 


Señora


Mayela Quesada Fernández


Secretaria


Concejo Municipal


Municipalidad de Atenas


Presente


 


Estimada señora:


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su oficio de 9 de diciembre del año próximo pasado, en el cual transcribe el Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de Atenas, en Sesión Ordinaria Nº 93 celebrada el 18 de noviembre de 1991.


En dicho Acuerdo se dispuso "...remitir a la Procuraduría General de la República, expediente sobre la calle conocida como Abel Rodríguez Vargas en los Angeles de Atenas, a efecto de que den el dictamen final que acogerá este Concejo Municipal sobre si la calle en mención es pública o privada." De la lectura del referido expediente se desprende que existe un conflicto planteado ante dicha Municipalidad, ante una solicitud de que ésta ordene la reapertura de la calle antes mencionada, a lo cual se opone otra parte.


La primera observación que se debe realizar en torno a la solicitud planteada por dicha Municipalidad es que, de conformidad con el artículo 4º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, cuando se consulte el criterio técnico-jurídica de esta Institución, dicho planteamiento debe venir acompañado con la opinión de la asesoría legal respectiva. A pesar de no cumplirse en el presente caso con dicho requisito indispensable, como excepción procederemos a realizar las siguientes observaciones sobre el punto sometido a nuestro conocimiento.


JURISPRUDENCIA ADMINISTRATIVA


Conviene transcribir diversos dictámenes de esta Procuraduría, en los cuales se pronunció en casos similares al presente, con el objeto de establecer nuestra competencia en asuntos como el que nos ocupa, y la forma en que debe actuar la Municipalidad ante tales situaciones.


"El artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos, Nº 5060 de 22 de agosto de 1972, reformado por Ley Nº 5113 de 21 de noviembre de ese mismo año, se refiere a que nadie tiene derecho a cerrar parcial o totalmente o estrechar, cercando o edificando, caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietario o vecinos de una localidad, salvo que proceda en virtud de resolución judicial. Quien contraviniere esta disposición será juzgado conforme a las leyes penales, sin perjuicio de la reapertura de la vía.


El artículo 33 de la misma Ley de Caminos Públicos dispone:...


El artículo 1º de la misma Ley General de Caminos Públicos, establece que CALLE es todo camino público incluido dentro del cuadrante de una área urbana; y CAMINO VECINAL aquellos caminos públicos no clasificados por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes como calles o carreteras, incluyendo las vías fluviales.


El artículo 2º dispone que los caminos vecinales son propiedad del Estado, cuya construcción queda al cuidado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes; a las Municipalidades les corresponde la vigilancia y conservación. A su vez se indica que es de propiedad de dichas Municipalidades las calles de su jurisdicción cuya construcción y mantenimiento quedan a su cargo.


De lo anteriormente expuesto, esta Procuraduría considera que para que proceda la reapertura de una vía, no debe existir al respecto ninguna resolución judicial que ampare a quien ha cerrado el camino; en consecuencia, debe seguirse el procedimiento señalado en el artículo 33 de la citada Ley General de Caminos Públicos, determinando con exactitud si se trata de una calle de jurisdicción de la Municipalidad o de un camino vecinal de propiedad del Estado. En el primer caso es a la Municipalidad a quien le corresponde la reapertura de la vía que ha sido cerrada, y en el segundo caso al Ministerio de Obras Públicas y Transportes." (Dictamen 101/PA/73 de 29 de noviembre de 1973).


"El artículo 32 de la Ley General de Caminos Públicos señala la prohibición de cerrar parcial o totalmente, o de estrechar -cercando o edificando- caminos o calles entregados por ley o de hecho al servicio público o al de propietarios o vecinos de una localidad. El principio general tiene como excepciones, expresamente señaladas en el referido artículo, el caso de quien proceda a cerrar un camino "...en virtud de resolución judicial dictada en expediente tramitado con intervención de representantes del Estado o de la Municipalidad respectiva por derechos adquiridos conforme a leyes anteriores a la presente o a las disposiciones de esta ley". Asimismo, el artículo citado establece las sanciones que deben aplicarse a los infractores de la norma.


En el supuesto de que el camino que nos ocupa hubiese sido cerrado, es obligación de los funcionarios de caminos denunciar ante la autoridad judicial competente la contravención referida, e iniciar las diligencias o trámites administrativos tendientes a lograr la reapertura de la vía. Para tal efecto, conviene tener presente el Dictamen Nº 101-PA- 73 de 29 de noviembre de 1973...


De otra parte, cabe señalar que mediante Dictamen Nº 2-25-76, esta Dependencia resolvió: "De conformidad con los artículos 32, 33, 34 y concordantes de la Ley Nº 5060 de 22 de agosto de 1972, es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes a quien corresponde llevar a cabo una investigación a nivel administrativo sobre la improcedencia del cierre de las calles públicas entregadas por ley y / o privadas que de hecho se hayan destinado al servicio público. No correspondiendo tal acción a la Procuraduría General de la República se recomienda dirigirse al Ministerio referido, para que proceda a levantar el expediente respectivo"..." (Dictamen 1-80-78 de 29 de mayo de 1978).


"En la actualidad el procedimiento que debe seguir esa Corporación para la reapertura de la calle..., es el que señala el artículo 33 de la Ley General de Caminos Públicos, Nº 5060 de 22 de agosto de 1972. A las declaraciones de los tres testigos que ya recibió esa Municipalidad, deben de agregarle el informe técnico de ingeniería y después conceder audiencia al propietario del inmueble. Posteriormente la Corporación debe resolver lo que corresponda, y publicar en el Diario Oficial esa resolución. El propietario contará a partir de la publicación con un término perentorio de tres días para apelar de la resolución de la Municipalidad ante el Juzgado Penal de Hacienda. Si la resolución fuere en el sentido de reabrir la calle, la Municipalidad debe fijar en la misma resolución un término para que la misma se cumpla, el cual en ningún caso puede ser inferior a tres días. El propietario del inmueble debe abrir la calle en el términos que fije la Municipalidad, ante su renuencia la Municipalidad está facultada para ejecutar por su cuenta la orden (Artículo 33 de la Ley General de Caminos Públicos).


No omitimos manifestarle que la prudencia indica que el términos que se fije para la reapertura debe ser en consideración no sólo a las construcciones que deben ser removidas, sino también en consideración al traslado de las instalaciones ubicadas en esas construcciones a otro local." (Dictamen 072-PS de 20 de octubre de 1978).


"...Para tales efectos, se recibe la declaración de tres personas de la localidad de reconocida buena conducta, a fin de constatar si la calle o camino realmente es del dominio público, así como para determinar desde que fecha se procedió al cierre de esas vías. Debe incluirse, además, un Informe Técnico de parte del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.


Lo anterior con el fin de llegar a la determinación de si la calle o camino estuvo al servicio público por el tiempo que señala la ley que rige la materia, y proceder con fundamento en la prueba recogida a ordenarse, ya sea por parte del Ministerio de Obras Públicas o de la respectiva Municipalidad, según el caso, la reapertura de mérito.


No omito manifestarle, que la resolución que se dicte sobre el particular podrá ser recurrida, mediante el trámite de apelación, para ante el Tribunal competente, sin que ello impida la ejecutoriedad de lo resuelto (Artículo 33 de la Ley General de Caminos Públicos).


De conformidad con lo anteriormente expuesto, no corresponde a esta Procuraduría General, en vía administrativa, ordenar la reapertura de una calle o camino público." (Dictamen C-178-79 de 22 de agosto de 1979).


"Conforme a la norma transcrita, resulta claro que lo que se refiere a la reapertura administrativa de una vía pública, es de competencia del Ministerio de Obras Públicas y Transportes o la Municipalidad, según el camino que se trate; entonces, en virtud de lo dispuesto  ,por el artículo 5º de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y por reiterada jurisprudencia de esta entidad, NO SON CONSULTABLES LOS ASUNTOS PROPIOS DE LOS ORGANOS ADMINISTRATIVOS QUE POSEAN UNA JURISDICCION ESPECIAL; de allí que nos vemos inhibidos de responder..." (Dictamen C-177-89 de 18 de octubre de 1989).


CONCLUSION


La determinación, tanto de si una calle o camino es público o privado, como de la eventual orden de reapertura, le corresponde al Ministerio de Obras Públicas y Transportes o bien a la Municipalidad del lugar, según la delimitación de competencias que realizan los artículos 1º, 2º, 32 y 33 de la Ley General de Caminos Públicos.


Por ser una competencia exclusiva, esta Procuraduría, de conformidad con el artículo 5º de su Ley Orgánica, carece de competencia para emitir el pronunciamiento que se le solicita. En todo caso, en los pronunciamientos anteriormente transcritos, se establece claramente el procedimiento a seguir en cada caso.


Sin otro en particular, se despide de usted muy atentamente,


 


Licda. Ana Lorena Brenes Esquivel


PROCURADORA ADJUNTA


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