C - 084 – 1992

San José, 28 de mayo de 1992

OPINION LEGAL

En mi condición de Procurador General de la República de Costa Rica, debidamente nombrado por el Consejo de Gobierno en Acuerdo Nº 6 de su Sesión Ordinaria Nº 152 del 27 de setiembre, y ratificado por la Asamblea Legislativa mediante Acuerdo Nº 2647 de 17 de octubre, ambas fechas del año 1989, EMITO la siguiente Opinión Legal:

PRIMERO: Que los Contratos de Préstamo Nº 636/OC-CR y Nº 637/OC- CR entre el Banco Interamericano de Desarrollo y el Gobierno de la República de Costa Rica fueron suscritos en Washington, Estados Unidos de Norteamérica el 10 de octubre de 1991, por un importe de hasta VEINTIOCHO MILLONES DE DOLARES y VEINTITRES MILLONES DE DOLARES ESTADOUNIDENSES 8USA $ 28.000.000 y 23.000.000) respectivamente, para la financiación de un programa para el suministro de agua potable en centros urbanos y para la rehabilitación de la infraestructura sanitaria de la Provincia de Limón, con cargo a los recursos de capital ordinarios del Banco.

SEGUNDO: Que la Asamblea Legislativa aprobó los referidos Contratos, a través de la promulgación de la Ley Nº 7296 del 11 de abril de 1992, publicados en el Alcance Nº 4 a la Gaceta Nº 88 del 8 de mayo de 1992.

POR LO TANTO: De conformidad con nuestro Ordenamiento Jurídico, y en particular con lo que establecen los Artículos 121 inciso 15) y 129 de la Constitución Política, los referidos Contratos han cumplido con todos los requisitos legales internos para que surtan todos sus efectos jurídicos, sin requerir trámite posterior para su eficacia, de modo que constituyen obligaciones válidas y exigibles, conforme a sus estipulaciones, especialmente para la República de Costa Rica.

Expido la presente Opinión Legal para los efectos de lo dispuesto en la Cláusula 8.01.a). de los citados Contratos.

Dada en la ciudad de San José, el día veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y dos. 

Lic. Adrián Vargas Benavides

Procurador General de la República

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