INDEPENDENCIA DE CRITERIO DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO

DIRECTIVO DE LA EDITORIAL COSTA RICA

C-229-80(28)

San José, 7 de octubre de 1980

Señor

Dr. Federico Vargas Peralta

Presidente de la Editorial Costa Rica

Apartado 10010, ciudad.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la

República, me refiero a su carta de fecha 12 de setiembre último,

por medio de la cual -y en su carácter de Presidente de la

Editorial Costa Rica- plantea la siguiente consulta ". . .si en mi

calidad de miembro nombrado por la Universidad de Costa Rica, soy

un representante de dicha institución y por ende expresa sus

intereses en el seno del Consejo Directivo de la Editorial, o si

por el contrario, al formar parte de la señalada Editorial, debo

o puedo sustentar independencia de criterio con respecto a la

entidad que me denominó, atento esencialmente, a los intereses de

la Editorial Costa Rica, cuyo Consejo Directivo integro y

presido...".

Para dar cumplida respuesta a su consulta resulta necesario

hacer la siguiente advertencia: de acuerdo con el artículo 10,

inciso c), de nuestra Ley Orgánica (Nº 3848 de 10 de enero de

1967), es atribución de esta Procuraduría General -entre otras- la

de "dar los informes, dictámenes y asesoramiento que acerca de

cuestiones legales le soliciten los organismos públicos . . .Los

dictámenes y pronunciamientos que emita serán de acatamiento

general para la Administración Central. . .". De los conceptos

legales transcritos queda claro que nuestros dictámenes y

pronunciamientos resultan vinculantes, en tanto y en cuanto sean

emitidos sobre cuestiones legales.

En el caso sometido por usted a nuestra consideración, es

evidente que la respuesta no entraña el análisis de un aspecto

estrictamente jurídico, puesto que -en realidad- su consulta es de

otra índole, más bien lógica que de hermenéutica legal. Siendo

ello así, gustosamente daremos contestación a su planteamiento,

pero haciendo la obligada observación de que la presente respuesta

debe ser considerada como una opinión de esta Dependencia, y no

como uno de los dictámenes vinculantes que contempla nuestra citada

Ley Orgánica.

El artículo 11 de la Ley de Editorial Nacional (Nº 2366/59 y

sus reformas) establece la integración del Consejo Directivo, así:

"El Consejo Directivo estará integrado por siete miembros

propietarios, tres que nombrará la Asamblea de Autores a que se

refiere esta ley, uno la Universidad de Costa Rica, uno la

Universidad Nacional y dos por el Poder Ejecutivo por medio del

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes. . .". Lo anterior

significa que el órgano jerárquico máximo de la Editorial se

encuentra constituido por un cuerpo colegiado, que lo integran

representantes de diversos sectores, señalados en forma expresa por

el legislador. Este cuerpo -dentro de la más estricta lógica- debe

velar por los intereses de la Editorial y adoptar las medidas más

convenientes para el logro de sus metas y objetivos. Dentro de

este orden de ideas, los señores consejeros deben adoptar una

actitud acorde con su carácter de rectores de dicho organismo, con

independencia de criterio y con miras a lograr que la Editorial

alcance óptimos resultados. No obstante, si eventualmente se

presentara una situación en que se hallen en conflicto de intereses

la Editorial y la institución por parte de la cual fue designado

el miembro del Consejo, lo recomendable es que éste se excuse de

conocer del asunto, ya que resultaría inadmisible -desde el punto

de vista lógico y hasta ético- que quien es representante de un

organismo colabore en la toma de una decisión que pueda ir en su

perjuicio.

Atentamente,

Lic. Fernando Albertazzi Herrera

Procurador Contencioso-Administrativo

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