VENTA LIBRE DE IMPUESTOS DE ADUANA Y DE COMSUMO

DE VEHICULOS PROPIEDAD DE TECNICOS

O EXPERTOS FRANCESES

C- 280-80

San José, 10 de diciembre de 1980

Señor

José A. Brenes León

Dirección General de Hacienda

Presente.

Estimado señor:

Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador

General de la República, me es grato referirme a su atento oficio

Nº 00263 del 29 de noviembre pasado, mediante el cual solicita el

criterio de este Despacho en orden a la solicitud formulada por el

señor..., funcionario de la Misión de Cooperación Cultural y

Técnica Francesa, tendiente a que se le autorice la venta libre de

su vehículo marca Peugeot, tipo station, motor Nº x325138x, chasis

Nº 365525, modelo 1979. Sobre el particular, permítome informarle:

Mediante ley Nº 4481 de 9 de diciembre de 1969, se aprobó en

todas y cada una de sus partes el Acuerdo de Cooperación Cultural

y Técnica entre los gobiernos de Francia y Costa Rica, suscrito el

30 de mayo de 1969, y su anexo. El artículo 11 del referido

Acuerdo expresa textualmente y en lo que aquí interesa en su inciso

a):

" El Gobierno de la República de Costa Rica exonerará

de todos los derechos de aduana y otros impuestos,

prohibiciones y restricciones en la importación o

exportación, así como de cualquier otra especie de

gravamen fiscal, los muebles y efectos personales

introducidos por los expertos, ingenieros, profesores,

instructores y otros técnicos franceses y los miembros

de sus familias, en el momento en que los interesados

comenzaron sus actividades en Costa Rica. Esta

exoneración se aplicará al automóvil de cada experto,

ingeniero, instructor, profesor u otro técnico francés

(con la condición no obstante de diez meses como mínimo).

En lo concerniente al traspaso de automóviles estará

sometido a las normas que el Gobierno de la República de

Costa Rica aplique en la materia, a los expertos de las

Naciones Unidas y de las instituciones especializadas que

dependan de esa Organización". (Lo subrayado es

nuestro).

Por su parte, la ley Nº 3345 de 5 de agosto de 1964, que

aprobó en todas y cada una de sus partes el Acuerdo revisado entre

las Naciones Unidas e instituciones especializadas que dependen de

esa Organización y el Gobierno de Costa Rica, firmado en San José

el 27 de agosto de 1963, establece en su artículo 3º:

" Concédase a los funcionarios y expertos de las

organizaciones participantes en el Acuerdo aprobado en

el artículo 1º, franquicia aduanera para la importación

de un automóvil, para su uso personal al tiempo de su

llegada al país.

Esta franquicia podrá ser usada con intervalos de

dos años contados a partir de la fecha en que sea

otorgada por primera vez. Los funcionarios favorecidos

con ella podrán vender sus vehículos dentro del régimen

fijado para los funcionarios diplomáticos acreditados

ante el Gobierno de Costa Rica". (Lo subrayado no es del

original).

La norma supratranscrita fue interpretada mediante ley Nº 3899

de 28 de junio de 1967, de la siguiente forma:

" Interprétanse los artículos 2º y 3º de la Ley del

Acuerdo Revisado entre las Naciones Unidas, varios

organismos internacionales y el Gobierno de Costa Rica,

Nº 3345 de 30 de julio de 1964, en el sentido de que las

franquicias otorgadas a los expertos de las

organizaciones participantes en el Acuerdo, se refieren

a los impuestos de aduana y consumo". (Lo subrayado es

ilustrativo).

De otra parte, y continuando con el análisis de los preceptos

legislativos referentes al caso en estudio, tenemos que la ley Nº

2252 de 18 de setiembre de 1958, dispone en lo que interesa en su

artículo 1º:

" Los automóviles propiedad de los funcionarios

diplomáticos extranjeros remunerados, debidamente

acreditados ante el Gobierno de la República, y los de

los gobiernos que representan, estarán exentos del pago

de impuestos arancelarios y de otro orden, de acuerdo con

los principios de reciprocidad, respetándose las

limitaciones que contiene esta ley. Podrán ser

enajenados con exención de dichos derechos en los plazos

y condiciones que esta ley establece". (Lo subrayado no

corresponde al texto).

El artículo 2º in fine señala que el monto de los impuestos

arancelarios que se exoneran se considera dividido en veinticuatro

(24) partes iguales, para los efectos de la aplicación de la ley.

Asimismo, el texto original del artículo 3º expresaba:

" Los automóviles indicados en el artículo 1º podrán ser

enajenados sin que el traspaso respectivo quede sujeto

al pago de imposición arancelaria alguna, después de dos

años de haber sido inscritos en la oficina de tránsito

y puestos en uso en el país".

El referido artículo 3º fue reformado mediante ley Nº 6294 del

13 de diciembre de 1978 (no de 10 de enero de 1979 como se indica

en la consulta), debiendo leerse así:

" Los vehículos a que se refiere el artículo primero

podrán ser enajenados, sin que el traspaso respectivo

quede sujeto al pago de imposición arancelaria alguna,

caso de finalizar el agente diplomático sus funciones en

Costa Rica por traslado, fallecimiento u otro motivo de

fuerza mayor, siempre y cuando concura la reciprocidad

del Estado acreditante".

Atendiendo a una consulta formulada por el Ministerio de

Hacienda, esta Dependencia mediante Dictamen Nº C-120-80 de 27 de

mayo de 1980, suscrito por el señor Subprocurador General de la

República dispuso: "...En razón de ello, indudablemente que el

artículo 4º de la citada ley -Nº 2252- quedó inoperante, al haberse

suprimido del texto anterior del artículo 3º, la mencionada

condición de dos años...". No obstante, el Consejo de Gobierno en

sesión del 28 de agosto pasado (Acta Nº 130), fundamentándose en

lo dispuesto por los artículos 10, inciso c) de la Ley Orgánica de

la Procuraduría General de la República, y 29, inciso f) de la Ley

General de la Administración Pública, y atendiendo las

explicaciones de los Ministros de Relaciones Exteriores y Culto;

de Hacienda, y de Justicia, autorizó "al Ministerio de Hacienda

para que proceda a aplicar la Ley de Traspaso de Automóviles

propiedad de Diplomáticos como un todo, separándose del dictamen

de comentario y entendiéndose que dichos vehículos pueden ser

traspasados a terceras personas libres del pago de todo impuesto

en el plazo y condiciones previstas en la ley Nº 2252 de 18 de

setiembre de 1958 y su reforma". Para ello el Consejo de Gobierno

consideró que la ley Nº 6294 no contiene aparte de la reforma al

artículo 3º de la ley Nº 2252, normas que deroguen o dejen sin

efecto otras disposiciones de la ley reformada, y atendió también

a razones de conveniencia para las buenas relaciones

internacionales y de respeto a los compromisos derivados de la

reciprocidad en este campo.

Analizando entonces los preceptos legales que guardan relación

con nuestro asunto y la interpretación otorgada a los mismos, todo

ello a la luz de los principios doctrinarios tributarios, se

concluye que, por expresa disposición de la ley, las franquicias

otorgadas a los expertos o técnicos franceses se refieren a los

impuestos de aduana y consumo (ver ley Nº 4481, en concordancia con

ley Nº 3345 e interpretación a esta última mediante ley Nº 3899).

De ahí que al señalar el artículo 1º de la ley Nº 2252, según quedó

supraexpreso, que "...podrán ser enajenados -los automóviles- con

exención de dichos derechos en los plazos y condiciones que esta

ley establece", debe entenderse que en el caso de los técnicos o

expertos franceses "dichos derechos" corresponden a los impuestos

de aduana y consumo, en virtud de lo dispuesto por una ley

especial.

De otra parte, y en vista de que la normativa especial no

establece plazos y condiciones para el traspaso de dichos

vehículos, sino que remite expresamente a lo dispuesto al efecto

para funcionarios diplomáticos ante el Gobierno de Costa Rica, o

sea, a la ley Nº 2252 de 18 de setiembre de 1958, debe observarse

necesariamente lo ahí dispuesto en punto a condiciones y plazos,

y no así en orden a los impuestos que se exoneran, que como vimos,

son únicamente los de aduana y consumo.

De usted atentamente,

Lic. Farid Beirute Brenes

Procurador II

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