NEXOS Y RELACIONES EXISTENTES ENTRE LA JUNTA DE PROTECCION

SOCIAL DE SAN JOSE, EL CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA

MEDICO-SOCIAL Y EL MINISTERIO DE SALUD

C-228-80

San José, 3 de octubre de 1980

Señor

Lic. Francisco Sanabria

Delegado Ejecutivo

de la Junta de Protección

Social de San José

Estimado señor:

Por encargo del señor Subprocurador General de la República,

y con su aprobación, me permito dar respuesta a su oficio Nº D

860-80 de 19 de agosto del año en curso, en el que afirma usted que

en la actualidad no existe ningún nexo financiero que subordine la

Junta de Protección Social de San José al Consejo Técnico de

Asistencia Médico-Social o al Ministerio de Salud; fundamenta su

afirmación en varios aspectos que nos vamos a permitir resumir:

1.-La Ley Orgánica del Ministerio de Salud -que es la que

subordina las Juntas de Protección Social al Consejo Técnico

de Asistencia Médico-Social- considera a las Juntas de

Protección Social como instituciones de asistencia médica.

(Artículos 10 y 13).

2.-Desde la fecha en que la Junta de Protección Social de San

José dejó de ser institución de asistencia médica quedó al

margen de esa ley y como no había ninguna otra disposición

legal que la rigiera se emitió el Reglamento Orgánico de la

Junta de Protección Social de San José, que define a la Junta

como una institución de Derecho Público, con personería

jurídica propia, sujeta al superior control económico

financiero de la Contraloría General de la República.

Concluye su exposición al indicar que considera que esa Junta

no está obligada a tramitar sus presupuestos y compras a través del

Consejo Técnico de Asistencia Médico-Social porque al tenor del

status jurídico actual de la institución no se justifica, además

de que ello supone un gran entrabamiento.

No formula ningún interrogante, pero vamos a partir del

supuesto que lo que desea es conocer el criterio de este Despacho

al respecto, el que nos vamos a permitir exponer en los siguientes

términos:

La Ley Orgánica del Ministerio de Salud, Nº 5412 de 8 de

noviembre de 1973, en su artículo 1º literalmente dispone:

"Artículo 1º.-La definición de la política nacional de

salud y la organización, coordinación y suprema dirección de

los servicios de salud del país, corresponden al Poder

Ejecutivo, el que ejercerá tales funciones por medio del

Ministerio de Salud, al cual se denominará para los efectos

de esta ley Ministerio".

Acorde con esa disposición se encuentran dentro del articulado

una serie de disposiciones necesarias para regular una atribución

tan amplia. En ese sentido pueden verse entre otras las contenidas

en el artículo 2º, incisos a), b), ch), f) y d). El contenido de

este último nos vamos a permitir transcribir:

"d) La fiscalización económica de las instituciones de

asistencia médica o que realicen acciones de salud en general,

cuando sean sometidas o subvencionadas, total o parcialmente,

por el Estado o por las municipalidades o con fondos públicos

de cualquier naturaleza".

Dentro de la filosofía del artículo 1º y el postulado del

inciso transcrito encontramos en los artículos 10 y 13 siguientes,

disposiciones relativas a fiscalización -por parte de la Auditoría

General de esa Cartera- de operaciones económicas, financieras,

revisión de sistema, procedimientos, registros, manejo de fondos

y bienes en general, de "...las instituciones asistenciales

financiadas, total o parcialmente, con fondos públicos...", así

como la recaudación por parte del Consejo Técnico de Asistencia

Médico-Social de fondos provenientes de Subvenciones estatales

fijas señaladas en el Presupuesto Nacional, y destinadas a

financiar las instituciones de Asistencia; y la contenida en el

inciso c) del artículo 13 citado, que no es del caso comentar.

Con la emisión de la ley Nº 5349 de 24 de setiembre de 1973

se varió sustancialmente esa posición ya que en el artículo 1º se

dice que para el logro de un sistema integral de la salud y para

los efectos de la universalización del Seguro de Enfermedad y

Maternidad cuya administración se ha confiado a la Caja

Costarricense de Seguro Social, el Ministerio de Salubridad

Pública, las Juntas de Protección Social y los Patronatos a cargo

de instituciones médico-asistenciales traspasarán a la Caja las

instituciones que de ellos dependan. En seguida regula la forma

en que debían hacerse esos traspasos, y posteriormente en el

artículo 7º dispuso expresamente:

"Artículo 7º.-Las rentas o ingresos que de cualquier

naturaleza reciban las instituciones dependientes del

Ministerio de Salubridad Pública, Juntas de Protección Social

y Patronatos que se traspasen conforme al artículo 1º de esta

ley, serán giradas a la Caja Costarricense de Seguro Social

desde el momento que tome posesión de ellas conforme a los

sistemas de distribución de las rentas señaladas en la

legislación actual...".

Los hospitales San Juan de Dios, Nacional Psiquiátrico y

Chacón Paut -que estaban bajo la administración de la Junta de

Protección Social de San José- acatando las disposiciones de la ley

citada en último término, fueron traspasados a la Caja

Costarricense de Seguro Social, y con ellos las rentas que para su

manutención administraba la Junta de Protección Social de San José,

rompiéndose así todo vínculo que establecía la Ley Orgánica del

Ministerio de Salud con las Juntas de Protección Social, por lo que

puede afirmarse sin temor a equivocarse que esta última ley quedó

modificada en algunas disposiciones por la ley de 24 de setiembre

de 1973, y en otras fue abrogada, manteniéndose desde luego parte

de su articulado tal como estaba, ya que la atención de las

acciones de salud en medicina preventiva continúan siendo

responsabilidad exclusiva del Ministerio de Salud. (Artículo 6º

de la ley Nº 5349 de 24 de setiembre de 1973). Lo cierto es que

a la fecha y como consecuencia de la vigencia de la ley Nº 5349 la

Junta de Protección Social de San José goza de independencia

absoluta en relación al Ministerio de Salud, sus departamentos o

instituciones adscritas y debe remitir directamente a la Oficina

Contralora sus presupuestos para su debida aprobación o

modificación, por lo que en este aspecto coincidimos con su

exposición.

Afirma usted en el aparte e) de su memorial que la Junta de

Protección Social de San José tiene personería jurídica propia, ya

que así lo dice el Reglamento Orgánico de esa Junta emitido por

Decreto Ejecutivo Nº 11.276-P de 27 de febrero de 1980. Sin

embargo cabe recordar que el artículo 15 del Código Civil dispone:

"Artículo 15.-La existencia de las personas jurídicas

proviene de la ley o del convenio conforme a la ley.

El Estado es de pleno derecho persona jurídica".

Con lo que sólo pueden nacer personas jurídicas a la vida

institucional del país cuando son creadas por ley, o por convenio

que se realice con fundamento en una norma legal, como ocurre con

las sociedades mercantiles (véase el artículo 20 del Código de

Comercio y concordantes). En tal forma que aun cuando el decreto

que usted cita, sea el número 11276-P de 27 de febrero de 1980 diga

efectivamente en su artículo 1º que "La Junta de Protección Social

de San José ... es una institución de Derecho Público, con

personería jurídica propia...", no tiene poder legal suficiente

como para conferir la personería jurídica a la Junta de Protección

Social de San José, ya que a través de una ley no lo ha logrado.

En cuanto al carácter de Institución de Derecho Público de la

Junta no nos cabe la menor duda, así lo analizó este Despacho en

amplio pronunciamiento emitido el 10 de mayo de 1963 por el Lic.

Jorge Desanti Arce, Procurador I a.í. a esa fecha, reiterado en ese

aspecto en pronunciamiento C-59-80 (06) de 11 de marzo de 1980 por

el actual Procurador Contencioso-Administrativo, licenciado

Fernando Albertazzi Herrera.

De usted, muy atentamente,

Licda. Mercedes Solórzano Sáenz

Procuradora Administrativa

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