CREACION DE UNA OFICINA CENTRALIZADORA DE PERMISOS

DE CONSTRUCCION ADSCRITA AL MINISTERIO

DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES

C-204-80

San José, 9 de setiembre de 1980

Licenciada

Marlene Chaves Chavarría

Directora de Asuntos Legales

Ministerio de Obras Públicas y Transportes

S. D.

Estimada Licenciada

Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador

General de la República, me refiero a su atento oficio de 14 de

agosto de 1980, recibido por la suscrita Procuradora el 20 del

mismo mes. Manifiesta usted en el mismo que se proyecta crear una

oficina centralizadora de permisos de construcción adscrita a ese

Ministerio. Agrega que los funcionarios que integren dicha oficina

no se independizarán de la respectiva institución, únicamente

trabajarán en otro edificio. Considera necesario determinar con

qué recursos se pagará el alquiler del edificio que se requiere.

Opina que la información que prevé el artículo 70 de la Ley de

Planificación Urbana, Nº 4240 de 15 de noviembre de 1968 es para

una centralización integral que abarque todas las municipalidades

del país en conjunto con las demás dependencias que intervienen en

ese tipo de permisos, por lo que al no estar integradas en la

oficina que se crea todas las municipalidades, no es posible hacer

uso de esos recursos. Desea saber si el Ministerio de Obras

Públicas y Transportes con base en el artículo 140, inciso 3) de

la Constitución Política, puede reglamentar el citado artículo 70

de la Ley de Planificación Urbana a efecto de obtener así los

fondos necesarios para el pago del edificio de la oficina

centralizadora de permisos.

Sobre el particular es criterio de este Despacho que el

artículo 70 citado, no sólo autoriza a las municipalidades para

establecer impuestos hasta del 1% sobre el valor de las

construcciones y urbanizaciones que se realicen, sino que también

las obliga a destinar parte de los ingresos que se generen de

acuerdo con lo que estipula esa norma, a los gastos que produzca

la centralización de permisos de construcción, sin distinguir que

estén o no representadas todas las municipalidades en esa

centralización. Es más, en orden lógico de ideas, debe pensarse

que el legislador previó que esa centralización de permisos de

construcción no podía ni debía de contar con representantes de

todas las municipalidades del país, ya que de ser ello así estaría

creando un órgano sumamente oneroso, poco práctico y funcional.

Es necesario pensar que el legislador planeó centralizar en un

órgano todos los permisos que se requieren para realizar una

construcción, excepción hecha del permiso que deba extender la

municipalidad que no tenga asiento en la ciudad sede de la oficina

centralizadora de permisos.

En consecuencia, opinamos que el citado artículo dispone de

parte de los ingresos que se generen de la aplicación del mismo

para sufragar los gastos que origine la centralización de los

permisos de construcción. La anterior no se enerva con el ingreso

a la vida jurídica del Código Municipal -emitido por ley Nº 4574

de 4 de mayo de 1970-, ya que si bien el párrafo primero del

artículo 67 dispone en forma tajante que: "Las municipalidades no

podrán hacer uso o disponer de su hacienda para fines distintos de

los encomendados por este Código", el párrafo segundo del artículo

68 del mismo cuerpo de leyes permite a las municipalidades por vía

de excepción: "...subvencionar centros de educación, beneficencia

o servicio social, o que presten sus servicios al respectivo

cantón, a toda la provincia o al país en general...". En tal forma

que las municipalidades bien pueden subvencionar la oficina a crear

ya que de sus servicios se beneficiará todo el país. Ahora bien,

es necesario aclarar que no sólo de las municipalidades deben

provenir los recursos económicos para el pago de local que se

requiere, ya que las otras instituciones que aprovecharán con su

personal la instalación, también deben contribuir

proporcionalmente.

Sobre el segundo aspecto de la consulta, esto es, la facultad

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes de reglamentar el

artículo 70 de la Ley de Planificación Urbana, cabe señalar que

este Despacho al igual que ese Ministerio considera que el inciso

3) del artículo 140 de la Constitución Política le da base

suficiente para ello. Cabe recordar que el decreto que al efecto

se dicte deberá ser publicado y además deberá de notificársele a

todas las municipalidades a quienes afecte, así como a las otras

instituciones que intervengan en el proyecto. (Artículo 240 de la

Ley General de la Administración Pública).

De usted muy atentamente,

Lic. Mercedes Solórzano Sáenz

Procuradora Administrativa

.e