POTESTAD DE INTERVENCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA

REPUBLICA EN LO TOCANTE A LOS PRESUPUESTOS DE LAS

ASOCIACIONES DE DESARROLLO DE LA COMUNIDAD

C-181-80

San José, 6 de agosto de 1980

Señor

Oscar M. Rodríguez Jiménez

Director Nacional de Desarrollo

de la Comunidad (DINADECO).

Estimado señor:

Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador

General de la República, doy respuesta a su oficio DG-293-80, en

el cual consulta a la Ministra de Justicia, sobre "la legalidad o

ilegalidad de la disposición" tomada por la Contraloría General de

la República, en relación a los presupuestos de las Asociaciones

de Desarrollo de la Comunidad. Sobre el particular me permito

manifestarle lo siguiente:

La Contraloría General de la República, a tenor de lo

dispuesto en el artículo segundo de su Ley Orgánica, es la entidad

encargada de la vigilancia superior de la Hacienda Pública, y tiene

derecho para intervenir como controlar en las oficinas de la

Administración Pública y de las instituciones y corporaciones

autónomas que en alguna forma manejen o administren bienes

públicos. En el ejercicio de esa facultad legal, la Contraloría

tiene entre otras cosas la función de examinar, glosar, verificar

y fenecer las cuentas de las instituciones y corporaciones del

Estado, autónomas o no, y de los funcionarios públicos que

custodien, manejen, administren, recauden o inviertan rentas,

fondos o bienes de la Hacienda Pública. (Artículo 4º, inciso i)

ibídem).

Según el artículo 5º de la ley de comentario; "El examen,

revisión, fiscalización, y en general la realización de actos

similares que lleve a cabo la Contraloría General en el ejercicio

de las funciones establecidas en el artículo anterior, tienen por

objeto establecer el cumplimiento debido de las leyes y

disposiciones vigentes, la veracidad y fidelidad de las cuentas,

la autenticidad de la documentación respectiva y la exactitud de

las operaciones aritméticas y de contabilidad". (Los subrayados

son nuestros).

De la normativa en examen se desprende con facilidad un primer

principio, según el cual, la norma general es que la Contraloría

General de la República realiza su función de superior vigilancia

de la Hacienda Pública, de manera a posteriori, o sea, una vez que

se ha realizado el gasto público correspondiente o ejecutado el

acto respectivo con trascendencia económica, no actuando -salvo

casos de excepción que luego se dirán- como aprobación previa del

gasto o autorización del mismo.

En efecto, sólo en aquellos casos en que el ordenamiento

jurídico expresamente lo establece, como sucede en virtud del

inciso 2) del artículo 184 de la Constitución Política con los

Presupuestos de las Municipalidades y de las Instituciones

Autónomas; tratándose de contrataciones directas contempladas en

el artículo 96 de la Ley de la Administración Financiera de la

República; de la concesión de beneficios fiscales provenientes de

un contrato industrial al amparo de la Ley de Desarrollo y

Protección Industrial; del pago de los gastos en que incurran los

partidos políticos en campaña electoral; se requiere contar con la

aprobación previa o autorización de la Contraloría General. En los

demás casos en que la ley no lo exige expresamente, la función

contralora se ejerce una vez realizado el acto o contrato.

En cuanto a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, de acuerdo

con lo establecido por la Ley Sobre el Desarrollo de la Comunidad,

Nº 3859 de 7 de abril de 1967 en sus artículos 31, 33, 34 y 35,

resulta que estas entidades tienen la obligación de formular

anualmente un programa de actividades y someterlo a conocimiento,

para su aprobación a la Dirección Nacional de Desarrollo de la

Comunidad, así como a la municipalidad del respectivo cantón. De

acuerdo con la ley, la Dirección General de Desarrollo de la

Comunidad debe tener establecido un control minucioso de las

actividades económicas de las asociaciones para lo cual deberá

organizar un sistema especial de inspección y auditoría. Si bien

es cierto que la ley establece para aquellos casos en que los

presupuestos contengan fondos provenientes de subvenciones,

donaciones o contribuciones del Estado, la aprobación de la

Contraloría General de la República, ello no significa que tal

actuación debe darse de manera de aprobación previa, sino como un

acto de control que puede ser ejercido después de que los

presupuestos hayan sido aprobados por la Dirección General que

cuenta para tal fin con el sistema y los mecanismos necesarios,

evitándose de ese modo una duplicidad de funciones con evidente

detrimento para la función pública que desempeña la Contraloría

General de la República.

Finalmente, se hace necesario manifestarle que la Procuraduría

General de la República no tiene dentro de sus funciones el

determinar sobre la legalidad o ilegalidad de las actuaciones de

la Contraloría General de la República, ni de revisar sus

pronunciamientos los cuales son de acatamiento obligatorio en la

materia de su competencia y sólo se encuentran sometidos a la ley,

pudiendo ser cuestionados, eventualmente, ante los tribunales de

justicia.

Sin otro particular, me suscribo con toda consideración,

Lic. Francisco Villalobos González

Procurador Específico

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