BIENES DEL ESTADO QUE DEBEN SER FORZOSAMENTE DONADOS

A INSTITUCIONES DE EDUCACION O DE BENEFICENCIA

C-265-80

San José, 20 de noviembre de 1980

Señor

Lic. Guillermo Mora Sibaja

Proveedor Nacional.

Estimado señor:

Por encargo y con la aprobación del señor Subprocurador

General de la República, atiendo la estimable consulta que se sirve

formular mediante oficio Nº 3584 del 7 de noviembre de los

corrientes, en el sentido de si es posible vender mediante

licitación o en pública subasta los bienes que pasan a poder del

Estado por disponerlo así algunas leyes. Sobre el particular me

permito comunicarle lo siguiente:

Incidentalmente, ciertos bienes de propiedad privada pasan a

formar parte del patrimonio del Estado en virtud de la aplicación

de aquellas leyes que establecen como sanción única o como pena

accesoria, la pérdida de los mismos en favor del primero, tal y

como sucede en el caso de los delitos contra al Hacienda Pública,

específicamente en el contrabando y la defraudación fiscal.

Asimismo, las mercancías caídas en abandono en las aduanas del

país, que no son recuperadas por sus dueños en la respectiva

subasta, pasan a poder del Fisco.

Hasta la promulgación de la ley Nº 6106 de 7 de noviembre de

1977 y salvo lo previsto en los artículos 724 del Código Fiscal y

27 de la Ley de Defraudación Fiscal, no existían disposiciones

legales concretas sobre el destino final de los bienes decomisados

o llegados a poder del Estado por diversas razones. Existía la

práctica administrativa reiterada, aunque no muy constante de donar

todos esos bienes o aquella parte que provenía de los segundos

remates de las aduanas, a instituciones públicas de beneficencia

o de enseñanza. Incluso, se llegó hasta la promulgación de un

Decreto Ejecutivo, el Nº 6496-H de 29 de octubre de 1976, para

crear una comisión encargada de la distribución gratuita de dichos

bienes, esto en acatamiento de una Norma General de la Ley de

Presupuestos para 1975, reformada por el artículo 27 de la ley Nº

5924 del 12 de agosto de 1976. Sin embargo, lo relativo a los

bienes provenientes de comisos no estaba plenamente regulado, salvo

en cuando a vehículos depositados en la Dirección General de

Tránsito, cuya venta en pública subasta estaba autorizada por la

ley Nº 2836 de 27 de octubre de 1961, derogada por la Ley de

Tránsito Nº 5322 de 27 de agosto de 1973, "derogada" nuevamente por

la ley Nº 6106; y en tratándose de objetos decomisados por la

Dirección de Investigaciones Criminales, en cuyo caso, también se

autoriza por ley Nº 4205 de 23 de octubre de 1968, su venta en

pública subasta de cinco meses de su aprehensión.

Al entrar en vigencia la ley Nº 6106, las anteriores

disposiciones quedaron derogadas, expresa y totalmente las citadas

de último y de manera parcial en cuanto se le opongan, todas las

demás. Caso del artículo 724 del Código Fiscal y 27 de la Ley de

Defraudación Fiscal. De esta manera, el procedimiento de la venta

en pública subasta que era permitido en los casos y condiciones

establecidas por las leyes ahora derogadas, únicamente puede ser

aplicado cuando lo aprehendido fueren semovientes, por disponerlo

así la nueva ley. En todos los demás casos el destino final de los

bienes llegados a poder del Estado por las causas mencionadas al

comienzo, es su donación a favor de centros o instituciones de

educación, de beneficencia y otras dependencias del Estado, dándole

preferencia en la distribución, a las instituciones y dependencias

que más lo necesiten y a las más lejanas del país.

En consecuencia, nuestro criterio sobre la posibilidad de

lograr "algún beneficio para el Gobierno" mediante la venta, sea

por licitación o mediante remate, de los bienes en cuestión, es que

tales procedimientos fueron eliminados por la ley vigente, no

siendo posible ponerlos legalmente en práctica.

Sin otro particular, me suscribo con toda consideración,

Lic. Francisco E. Villalobos González

Procurador Específico de la República