LA JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL

DE COMUNICACIONES AGOTA LA VIA ADMINISTRATIVA

C-174-80

San José, 31 de julio de 1980

Señor

Miguel A. Porras Villegas

Director Nacional de Comunicaciones

Su Despacho.

Estimado señor:

Con la previa aprobación del señor Subprocurador General de

la República, doy respuesta a su oficio fechado el día 11 de julio

pasado, en el que usted solicita a este Despacho un pronunciamiento

acerca de si la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de

Comunicaciones, como órgano superior jerárquico, agota la vía

administrativa de conformidad con el inciso c) del artículo 126 de

la Ley General de la Administración Pública.

Al respecto, le informo lo siguiente:

Establece nuestra legislación positiva, en el artículo 15 del

Código Civil, que el Estado es de pleno derecho persona jurídica.

La elaboración doctrinal y jurisprudencial de este principio ha

precisado que el Estado es el titular de todos los derechos y de

todas las obligaciones propias de las autoridades públicas, como

persona jurídica, mayor tanto por sus fines generales como por su

extensión territorial. Sin embargo, esto no impide que por

disposición legal expresa se puede reconocer a ciertos entes

administrativos menores, encargados normalmente de funciones o

servicios específicos dentro de la Administración Central, como

sujetos titulares de derechos y de obligaciones, con independencia

del Estado como persona jurídica mayor, pero encuadrados dentro de

su organización administrativa centralizada. En el caso que nos

ocupa, la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de

Comunicaciones es, por disposición expresa del artículo 1º de su

ley de creación, un órgano dependiente del Ministerio de

Gobernación -lo que la encuadra, indudablemente, dentro de la

Administración Central del Estado- pero que tiene personalidad

jurídica para el cumplimiento de sus fines, a tenor del artículo

3º subsiguiente. Al otorgársele personalidad jurídica se reconoce

implícitamente que la Junta Administrativa tiene competencia

exclusiva en el ejercicio de las funciones administrativas que su

ley de creación le otorgó en vista de unos fines específicos. Lo

anterior es cierto, además, si se toma en cuenta que al otorgársele

personalidad jurídica se hace desaparecer la posibilidad del

jerarca del Ministerio de Gobernación de revisar, por la vía del

recurso administrativo de apelación, la legalidad u oportunidad de

las actuaciones de la Junta en razón del carácter excluyente de las

competencias a ella otorgadas.

De lo expuesto con anterioridad, se infiere con claridad que

la Junta Administrativa de la Dirección Nacional de Comunicaciones

agota la vía administrativa, en tratándose de actuaciones que hayan

tenido como origen la actividad tendiente a la realización de los

fines para los que fue creada. Siendo el agotamiento de la vía

administrativa "la situación objetiva que consiste en el carácter

impugnable del acto en las relaciones de la Administración con el

particular que permite a éste accionar contra aquélla ante los

Tribunales Judiciales, en razón de no ser ya posible ningún recurso

administrativo contra dicho acto", se comprende que siendo persona

jurídica la Junta Administrativa, bien puede ser demandada ante la

jurisdicción contencioso-administrativa por todas aquellas personas

que se consideren lesionadas con sus actuaciones materiales o

jurídicas; esto confirma y ratifica nuestro criterio de que el

Ministerio de Gobernación no es competente para conocer por la vía

del recurso administrativo de las actuaciones de la Junta, ya que

él es representante de otra persona jurídica distinta de la Junta

y, evidentemente, el Estado como persona jurídica no puede ser

encausado por las actuaciones de otro centro de imputación de

intereses protegido por el ordenamiento jurídico.

Por todo lo anteriormente expuesto, la Procuraduría General

de la República coincide con la tesis sostenida por la Asesoría

Legal de la Junta en el sentido de que ésta agota la vía

administrativa. Sin embargo, discrepa en su fundamentación ya que

considera que el hecho de que el señor Ministro de Gobernación, sea

el Presidente de la Junta, es totalmente irrelevante para efectos

del agotamiento de la vía administrativa.

Se suscribe de usted, atentamente,

Lic. Edgar Cordero Martínez

Procurador Auxiliar de la República

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