EL CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL ES UN ORGANISMO

CON INDEPENDENCIA ADMINISTRATIVA

Y PERSONALIDAD JURIDICA PROPIA

C-195-80

San José, 19 de agosto de 1980

Señora

Licda. Marlene Chaves Chavarría

Dirección General de Asuntos Legales

Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Estimada señora:

Con la previa aprobación del señor Subprocurador General de

la República, me refiero a sus oficios números 2679 y 3684 del año

en curso, en los cuales usted solicita a la Procuraduría General

de la República iniciar las diligencias de prevención de

desalojamiento de las personas que ocupan actualmente los

edificios situados en la finca número 144.799 del Partido de San

José, adquirida por el Consejo de Seguridad Vial para destinar a

sus dependencias.

Debo informar a usted que conforme a la respectiva escritura

de venta otorgada ante el Notario del Estado, Lic. Enrique Ocampo

Vargas, y al correspondiente asiento de inscripción en el Registro

Público, la finca mencionada pertenece al Consejo de Seguridad

Vial. Ahora bien, según el artículo 4º de la Ley de Administración

Vial -número 6324 de 24 de mayo de 1979- el Consejo de Seguridad

Vial es un organismo con independencia en su funcionamiento

administrativo y con personalidad jurídica propia. Así las cosas,

el representante del Consejo está legitimado activamente para

comparecer ante la jurisdicción contencioso-administrativa,

incoando las diligencias de prevención de desalojamiento. Por otra

parte, al tener personería jurídica propia el Consejo, la

Procuraduría General de la República no tiene legitimación activa

para iniciar las diligencias solicitadas, pues el artículo 1º de

su Ley Orgánica le otorga lo representación legal del Estado

-entendido ese término como persona jurídica mayor tanto por sus

fines generales como su extensión territorial-; sin embargo, en

caso de que por expresa disposición legal se conozca a ciertos

entes administrativos menores, encargados normalmente de funciones

o de servicios específicos dentro de la Administración Central,

como sujetos de derechos y obligaciones con independencia

administrativa frente al Estado como persona jurídica mayor, aunque

encuadrados dentro de su organización administrativa, como es el

caso del Consejo de Seguridad Vial y de la Junta Administrativa de

la Dirección Nacional de Comunicaciones, se debe concluir que no

es a la Procuraduría General de la República a quien corresponde

su representación, sino al órgano mencionado como tal en la propia

ley que otorgó la personería jurídica.

Por lo anteriormente expuesto, devuelvo a usted el expediente

administrativo correspondiente a fin de que sea entregado al

representante legal del Consejo para que inicie la tramitación

correspondiente.

Atentamente,

Lic. Edgar Cordero Martínez

Procurador Auxiliar

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