CREACION DE IMPUESTO PARA FINANCIAR UNA

ESCUELA DE PANIFICACION

C-277-80

San José, 4 de diciembre de 1980

Señorita

Licda. Xinia Ma. Herrera Quirós

Subdirectora General de Comercio Interior

del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Estimada señorita:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la

República, me permito dar respuesta a su oficio Nº SCI-147-80 de

30 de octubre de este año, en el cual consulta si se puede

recolectar, administrar y controlar el cobro de la suma de ¢ 0,25

por cada saco de harina para destinarlos al financiamiento de una

escuela de panificación que sería creada y administrada por el

Sindicato Nacional de Industriales de la Harina, con la asesoría

del Instituto Nacional de Aprendizaje. La recaudación de tales

dineros a los industriales de la harina, se haría por medio de

Molinos de Costa Rica, S. A. Se cuestiona usted la posibilidad de

que esta situación sea reglada por un decreto ejecutivo o si, por

el contrario, es necesario presentar un proyecto de ley a la

Asamblea Legislativa; ello, en virtud de que los industriales no

están de acuerdo en que el dinero se recaude en forma voluntaria

y privada, por cuanto el proyecto podría perder continuidad y

estabilidad. También pregunta si "tendría que haber algún control

por parte de la Contraloría o del Ministerio de Hacienda sobre el

dinero recaudado y su gasto".

Cabe hacer mención de que la situación planteada tendría

soluciones diferentes si los industriales de la harina recaudan

voluntariamente los ¢ 0,25 por cada saco de harina que Molinos de

Costa Rica, S. A. les expende, o que, por el contrario, pretendan

que esta compañía desempeñe las funciones de recaudadora de esa

suma que se cobraría forzosamente (sea por imperativo legal), toda

vez que el primer supuesto la relación sería privada, mientras que

en el segundo sería jurídica.

Dice el tratadista Giuliani Fonruge que "son impuestos las

prestaciones en dinero o en especie, exigidos por el Estado en

virtud del poder de imperio, quienes se hallen en las situaciones

consideradas por la ley como hechos imponibles". (Derecho

Financiero Tomo I, página 275, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1973).

Así las cosas, el cobro compulsivo de los ¢ 0,25 por saco de

harina que venda Molinos de Costa Rica a los industriales de la

harina tendría el carácter de un impuesto con destino específico,

cual sería el funcionamiento de una escuela de panificación.

Al respecto, cabe mencionar que la imposición de todo impuesto

está afectada por el "Principio de Reserva Legal", razón por la

cual no podría regularse por la vía del decreto ejecutivo (sea, por

la vía reglamentaria). Esto es así por lo estatuído por el

artículo 5º del Código Tributario, que en lo conducente expresa.

"Artículo 5º.-Materia privativa de ley. En cuestiones

Tributarias sólo la ley puede:

a) Crear, modificar o suprimir tributos; definir el hecho

generador de la relación tributaria; establecer las

tarifas de los tributos y sus bases de cálculo; e indicar

el sujeto pasivo". (El subrayado es nuestro).

Por otra parte, el artículo 124 de la Ley General de la

Administración Pública establece lo siguiente:

"Artículo 124.-Los Reglamentos, circulares, instrucciones

y demás disposiciones administrativas de carácter general no

podrán establecer penas ni imponer exacciones, tasas, multas

ni otras cargas similares". (Los subrayados son nuestros).

Estas disposiciones concuerdan con lo estatuido en nuestra

Constitución Política en su artículo 121, inciso 13), que dispone

que "Corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa...

establecer los impuestos y contribuciones nacionales, y autorizar

los municipales".

No omitimos manifestarle que como el Sindicato Nacional de

Industriales de la Harina no es una entidad pública, si éste creara

y administrara la referida escuela de panificación no estaría

sujeto a los controles de la Contraloría General de la República

ni del Ministerio de Hacienda.

Cosa diferente sucedería si el Instituto Nacional de

Aprendizaje creare esa escuela de panificación como entidad propia,

en cuyo remoto evento tales dineros tendrían el carácter de fondos

públicos y, entonces la Contraloría General de la República sí

tendría que intervenir en la administración e inversión de los

mismos, de conformidad con el artículo 2º de la ley Nº 1252 de 23

de diciembre de 1950 (Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República que dispone:

"Artículo 2º.-La Contraloría ejercerá sus funciones

respecto de toda dependencia, institución, corporación,

oficina, funcionario o empleado que maneje fondos públicos,

nacionales o de instituciones autónomas, o que intervenga en

la ejecución de las leyes financieras, también ejercerá

control y vigilancia sobre la gestión financiera de los

funcionarios o empleados públicos".

Además de lo anterior, dentro de esta segunda hipótesis,

también sería de aplicación la normativa de la Ley de la

Administración Financiera de la República.

De usted muy atentamente,

Lic. Serafín Saravia Prado

Procurador Auxiliar

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