C - 163 - 83 (18)

San José, 25 de mayo de 1983

Señor

Don Alexander Montero Ramírez

Asistente Legal del Instituto Nacional

de Fomento Cooperativo (INFOCOOP)

Apartado 10103, Ciudad

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, doy

respuesta al oficio A.L. Nº 72-83, suscrito por usted con fecha 26 de abril

último, mediante el cual recaba el criterio de este Organismo, en relación

con el monto de las dietas que legalmente deben percibir los miembros de la

Junta Directiva de ese Instituto.

El artículo 165 de la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación

del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Nº 6756 de 5 de mayo de

1982), dispone taxativamente en su párrafo segundo -en lo que al caso

interesa que los miembros de la Junta Directiva "...serán remunerados

mediante dietas cuyo monto no será superior a ciento cincuenta colones por

sesión..."

En su planteamiento señala usted que un miembro de dicha Junta

pidió a la Dirección Ejecutiva que se aumentara el monto de las dietas,

alegando que las que perciben los miembros que integran las Juntas

Directivas de las otras instituciones autónomas son mayores, de acuerdo con

lo que al efecto dispone el artículo 2º de la ley Nº 5507 de 19 de marzo de

1974 (sic), pues esta norma señala un máximun de cuatrocientos colones como

dieta por cada sesión, y que -en concepto de dicho Directivo- por el hecho

de que esa ley es de orden público "...deroga toda disposición que se le

oponga...".

En relación con la referida solicitud y con los argumentos que en

ella se aducen, resulta necesario precisar las siguientes circunstancias:

1.- La Ley Nº 5507 es de fecha 19 de abril de 1974, y no de 19 de

marzo, como por error se consigna.

2.- El artículo 2º de dicha ley no se refiere en absoluto al

aspecto que se cita, sino que la regulación del monto de las dietas a que

se hace mención corresponde al artículo 7º ibídem, en el cual se deroga el

artículo 1º y se reforman los numeral 2º y 3º de la ley Nº 3065 de 20 de

noviembre de 1962, ley ésta que es la que hace la fijación genérica del

monto de las dietas en las instituciones autónomas.

3.- En efecto, la norma que autoriza el monto de cuatrocientos

colones por dieta para los miembros de las Juntas Directivas de

instituciones autónomas, se encuentra incluída en leyes de orden público,

pues tanto la Nº 3065 como la 5507 -ya citadas- manifiesta expresamente ser

de esa índole. Pero es lo cierto que el concepto de "orden público" no se

encuentra certeramente delineado dentro de nuestro ordenamiento jurídico

positivo, ni las leyes a las cuales se les ubica dentro de esta categoría

requieren para su aprobación de una mayoría calificada ni de ningún otro

requisito especial. Esa es la razón, sin duda, por la cual el artículo 6º

de la Ley General de la Administración Pública coloca a todas las leyes

nacionales -sin excepción- dentro de un mismo inciso, al establecer la

jerarquización de las fuentes del ordenamiento jurídico administrativo.

4.- De lo argumentado en el párrafo anterior necesariamente hemos

de llegar a la conclusión de que a una norma contenida en una ley de orden

público no es posible, jurídicamente, otorgarle efectos extremos como el

que se pretende, en el sentido de que por tratarse de una norma de este

tipo puede válidamente derogar disposiciones claras y específicas, que

regulan expresamente un aspecto jurídico concreto; y

5.- Y resulta aún menos sostenible tal posición, en casos como el

que se examina, puesto que la Ley de Asociaciones Cooperativas y Creación

del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo -como se indicó- del 5 de

mayo de 1982, sea, de promulgación muy posterior a las otras dos leyes

señaladas, las cuales, según se consignó son de 1962 y de 1974, por su

orden. Quiere esto decir que nuestro legislador estableció, ex profeso, un

monto menor para las dietas que se devengan en ese Instituto. Si ello

resulta ilógico e inequitativo, no es un aspecto que incumba calificar a

esta Procuraduría General, ya que de acuerdo con nuestra Ley Orgánica somos

el órgano superior consultivo técnico-jurídico de la Administración

Pública, razón por la cual nuestra función se circunscribe a interpretar el

recto sentido de las leyes, sin que nos está legalmente permitido entrar a

calificar si la norma es justa o injusta, o si sus disposiciones resultan

convenientes o inconvenientes.

Como consecuencia de lo anterior, este Despacho coincide con el

criterio externado por usted en su oficio, en el sentido de que no resulta

procedente el aumento en el monto de las dietas solicita un miembro

Directivo de esa Institución.

Atentamente,

Fernando Albertazzi H.

PROCURADOR CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

FAH/yfz.e