C - 356 - 83

San José, 20 de octubre de 1983

Señor

Luis Fernando Díaz

Viceministro de Hacienda

S. D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República nos es

grato referirnos a su Oficio Nº 132 de 11 de octubre en curso, en el cual hace

de nuestro conocimiento que "distintas instituciones del Estado, especialmente

Ministerios, han manifestado su voluntad de canjear vehículos con varios años

de servicio, por vehículos nuevos. Asimismo se ha presentado la gestión de

compra de vehículos para el servicio de Radio Patrullas, por parte del

Ministerio de Seguridad Pública".

Concluye su Oficio solicitando a este Despacho pronunciamiento en el

sentido de si el Estado se encuentra afecto al pago del Impuesto sobre las

Ventas a que se refiere la Ley Nº 6826 de 8 de noviembre de 1982.

Como es de su estimable conocimiento, la capacidad tributaria se define

como la aptitud para ser sujeto pasivo de obligaciones impositivas. Es

tributariamente capaz el sujeto al cual, por la naturaleza del hecho generador,

éste puede serle atribuido.

Lo anterior nos lleva necesariamente a determinar si el Estado puede,

por regla general, ser sujeto pasivo de obligaciones tributarias.

Sobre este aspecto cabe indicar que la Procuraduría General de la

República reiteradamente ha manifestado el criterio que:

"a) El Estado (Gobierno Nacional) se encuentra exento del pago del

impuesto cualquiera sea su naturaleza o beneficiario de los mismos; sin

necesidad de ley alguna que así lo disponga.

b) Las Instituciones Autónomas, excepto disposición legal en

contrario, deben pagar al Estado tanto impuestos como servicios prestados por

éste; y

c) El Estado, siempre que no exista disposición legal en contrario,

debe igualmente pagar los servicios que le presten las Instituciones Autónomas.

Tales conclusiones se fundaron principalmente: en lo que respecta al

punto a) en la aceptación del principio de inmunidad fiscal; en lo que se

refiere al punto b) porque no obstante el carácter unitario de la personalidad

del Estado el fraccionamiento de las oficinas creado por las exigencias de los

distintos servicios da lugar a otros tantos entes con autonomía completa y

capacidad, tanto bajo el aspecto negocial, como bajo el procesal, que los

habilita como sujetos independientes de la obligación tributaria; porque la

aceptación del principio de inmunidad fiscal respecto a tasas que económicas

descentralizadas introduce elementos de orden dentro de una buen práctica

administrativa y contable; porque la práctica legislativa en punto a gravamen o

exoneración de impuestos y servicios con respecto a las Instituciones de mayor

grado de descentralización de la sensación de apartarse en este particular del

principio de inmunidad fiscal o tributaria del Estado al establecer en forma

expresa cuando se exoneran las entidades autónomas o semiautónomas de los

mismos; en lo que respecta al punto c) aparte de las razones invocadas al

fundamentar el punto b) porque no parece justo que los gastos del Estado, que

deben estar a cargo de todos los administrados, deban en los casos de algunos

servicios que se dan al Gobierno Nacional estar a cargo de un número limitado

de personas que son los usuarios del servicio de que se trate en cuyo perjuicio

operaría el mayor costo del servicio como un impuesto indirecto".