FACULTAD DE VIGILANCIA DE LA AUTORIDAD

POLICIAL EN LOS CLUBES PRIVADOS

C-106-80

San José, 16 de mayo de 1980

Señor

José Gamboa Espinoza

Gobernador de San José

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República,

me permito dar contestación a su atenta consulta de fecha 2 de mayo del

año en curso.

En la misma, se solicita a esta Procuraduría externa criterio sobre

la legalidad o ilegalidad de ciertos negocios que se han denominado

"Privados" y en los que se requiere para ingresar a ellos la condición de

"Socio", razón por la cual no sólo no permiten la entrada de los

ciudadanos, sino que incluso tal rechazo ha ocurrido con respecto a las

propias autoridades.

En cuanto al primer punto planteado en su consulta, sea la

restricción que se hace en ciertos negocios; no admitiendo a aquellas

personas que carecen de la condición "Social", debemos indicar que no

hemos encontrado prohibición alguna para que dichos negocios operen en

esa manera.

En cuanto al segundo punto planteado en el sentido de que esos

negocios "privados" impiden la entrada a las autoridades debemos indicar

que dicha actitud es totalmente ilegal,conclusión a la que se arriba de

las siguientes consideraciones:

Las Ordenanzas Municipales (ley Nº 20 de 24 de julio de 1867), al

concretizar las funciones de los Gobernadores, en su artículo 50 dispone:

"El Gobernador cuidara especialmente de la tranquilidad, el buen

orden y la seguridad de las personas, bienes y derechos de los

ciudadanos y habitantes del cumplimiento de la Constitución y de las

leyes..."

Por su parte resulta indispensable tener presente que las

funciones de vigilancia el han sido conferidas al Ministerio de

Seguridad Pública, y en razón de ello en el artículo 4º de su Ley

Orgánica, específicamente en su inciso 3) se establece expresamente

que es función de dicha Cartera el: "vigilar y conservar la

tranquilidad y el orden públicos en el territorio nacional, aguas

territoriales, plataforma continental y espacio aéreo de la

República".

Tal propósito se encuentra previsto en el artículo 3º de la Ley

Orgánica de la Guardia de Asistencia Rural, en el inciso 3), en

donde se estipula que es función suya el "Vigilar y mantener el

orden público, en las provincias, cantones, distritos y caseríos..."

Por su parte la Ley sobre la Venta de licores, número 10 de 7 de

octubre de 1936, contempla una serie de disposiciones que

precisamente vienen a regular la actividad de este tipo de negocios

en los cuales se expendan licores al público y de los que se infiere

en forma incuestionable que están sujetos a la vigilancia de la

Autoridad Pública, pues inclusive en los lugares en donde no exista

Autoridad de Policía no podrá permitirse la apertura de este tipo de

negocio.

Tal premisa se encuentra concretizada en el artículo 8º de la

referida ley, en cuyo último párrafo se estipula: "...En las

poblaciones donde no haya siquiera un Agente de Policía permanente

no se permitirá abrir ningún puesto...".

Evidentemente estas disposiciones fueron concebidas

incuestionablemente para que las autoridades de policía pudieran

ejercer las correspondientes funciones de vigilancia y salvaguardar

así los principios de moralidad y buenas costumbres que deben

observarse en este tipo de actividad. Es así que el artículo 41 de

la Ley sobre la Venta de Licores establece: "Para la ejecución de la

presente ley, el Poder Ejecutivo dictará el reglamento de la misma,

en el que especialmente tomará en cuenta las disposiciones de ella

que se refieren a la salvaguardia de la moralidad y de las buenas

costumbres. Con este fin las autoridades de policía quedan

facultadas para suspender la venta de licores, por el tiempo que lo

estimen prudente, cuando en cualquier establecimiento dedicado a ese

negocio se produzca escándalo o alteración del orden y tranquilidad

pública. (El subrayado es nuestro).

De todo lo anteriormente expuesto debemos concluir que en los

locales en donde se expenda al público licores, como resulta serlo el

caso específico, objeto de la consulta, a la autoridad policial no se le

puede negar la entrada, toda vez que es a ésta a quien le corresponde

vigilar porque en tales negocios se observen las reglas de moralidad y de

buenas costumbres, constatación que evidentemente se haría ilusoria si no

se permite su ingreso a las instalaciones.

Atentamente,

Lic. José Martín Trejos Benavides

Procurador Auxiliar Penal