IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS

EXENCIONES

DICTAMEN: Cº C-057-83 DE 24 de febrero de 1983

CONSULTANTE: Ministerio de Hacienda.

Se consultó en relación con los beneficios exonerativos que, mediante

diversas leyes, se otorgaban por concepto de Impuesto sobre las

Ventas.

Lo anterior por cuanto la Ley Nº 6826 de 8 de noviembre de 1982

"no habla en ninguno de sus transitorios del modo especial en que podrían

verse afectadas, aquellas personas que ya hubiesen cumplido la

totalidad o la mayoría de los requisitos que señalan las respectivas leyes

exonerativas".

"Sobre el particular nos permitimos manifestarle que la Procuraduría

General de la República ya emitió criterio sobre los aspectos a que

se refiere su estimable consulta, concretamente en el dictamen emitido

por el suscrito en carta Nº 049-83 de 21 de febrero de 1983, el cual -y

en la parte que interesa- señala:

"1. CONSIDERACIONES GENERALES"

"Es de suyo conocido que a través de la función legislativa

el Estado conforma y estructura su ordenamiento jurídico; y que,

por su parte, la promulgación de la Ley constituye un típico acto

de soberanía."

"Ahora bien, las leyes conforme a nuestro ordenamiento constitucional

pueden ser modificadas, parcial o totalmente, por otra

ley posterior; de allí que la legislación tributaria no podía ser,

obviamente, la excepción."

"Quiere ello decir, que el legislador está plenamente facultado

para en un determinado momento (Ocasión Legis) proceder,

mediante la aprobación de una nueva ley, a dejar sin efecto una

exoneración impositiva imponiendo, por ende, la obligatoriedad del

pago de un determinado tributo."

"Así las cosas, las leyes que otorgan o conceden beneficios

exonerativos pueden reformarse e incluso ser objeto de derogación,

imponiendo al sujeto pasivo de la obligación tributaria (sea éste

persona física o jurídica) el pago de impuestos nacionales o municipales."

"El ejercicio del Poder Soberano de parte del Estado no se

puede limitar por una ley ordinaria de la República, ya que ésta

no goza de ningún fuero especial que impida su derogatoria, en

ejercicio legítimo de potestades constitucionales que son originarias

del Estado como soberano que es, soberanía que resulta,

per se, irrenunciable."

"Como es de su estimable conocimiento, la Ley Nº6820 de

3 de noviembre de 1982 (publicada en el Alcance Nº 66-A a "La

Gaceta" Nº 216 de 10 de noviembre de ese mismo año) denominada

"Reforma a la Ley de Consolidación de Impuestos Selectivos

de Consumo, a que se refiere el Título II de la Ley Nº 4961 de

10 de marzo de 1972"; y la Ley Nº 6826 de 8 de noviembre de

1982, publicada en la misma edición de "La Gaceta" supra, constituyen

en la especie la manifestación de la voluntad otorgada por

la Constitución Política al Poder Legislativo, para legislar en materia

tributaria (o cualquier otro campo), en la oportunidad que

lo requiera el interés nacional y sin otras limitaciones que las

que le impone la propia Carta Fundamental."

"II. REGIMEN EXONERATIVO EN MATERIA DE IMPUESTOS SELECTIVOS

DE CONSUMO Y DE IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS."

"La Ley Nº 6820 de 3 de noviembre de 1982, en su artículo 6º

contiene una derogación total y absoluta de los beneficios exonerativos

existentes por concepto de Impuestos Selectivos de consumo,

al derogarse por esta norma"...cualquier otra ley general

o especial que regule exenciones en forma diferente o que establezca

impuesto para el Gobierno Central o para cualquier entidad

pública o privada."

"Lo anterior significa que el legislador en el ejercicio de su

protestad soberana dejó sin efecto tanto los impuestos de consumo

como las exenciones de los mismos, estatuidos en legislaciones

diferentes a la referida Ley Nº 6820, beneficios fiscales

éstos que venían siendo disfrutados tanto por entes públicos como

del sector privado."

"En igual sentido, y con el mismo fundamento, la Ley Nº 6826

de 8 de noviembre de 1982 (Ley de Impuesto General sobre las

Ventas) a través de las disposiciones contenidas en su Artículo

23 dejó sin efecto todas las exenciones atinentes al impuesto en

cuestión, al derogar, en forma expresa, "cualquier otra ley o decreto,

general o especial, que se oponga o que regule en forma

diferente o que establezcan gravámenes o exenciones no contemplados

en esta ley."

Ahora bien, la figura de la exoneración aparece cuando, no obstante

haber nacido la obligación impositiva, por realizarse el hecho generador,

la ley sea por motivos relacionados con la capacidad económica

del contribuyente, sea por consideraciones extrafiscales y/o de otro orden,

establece la no exigibilidad de la deuda tributaria o, como dice el

tratadista brasileño, Rubens Gómez de Suosa, el legislador resuelva "dispensar

el pago de un tributo debido".

Así las cosas, la potestad de no gravar, de desgravar o eximir de

tributación es una forma de ejercer la Potestad Tributaria, a través de

la ley; de allí que en virtud de una legislación posterior el legislador

puede, si así lo estima conveniente, dejar sin efecto, total o parcialmente,

un determinado régimen exonerativo.

Y, dicha actuación se ajusta en un todo a nuestro ordenamiento

jurídico, toda vez que en ninguna manera se podría pretender que la

exoneración dada, por concepto de Impuesto sobre las Ventas, a una

serie de personas, con base en diferentes leyes, constituye un derecho

que pueda ser obstáculo para derogar -mediante la promulgación de

una nueva ley- la propia exención; ello por cuanto el legislador que

crea la exoneración no puede limitar la competencia de los legisladores

posteriores, prohibiéndoles dictar otras leyes en sentido contrario.

En otras palabras el legislador, no puede expedir leyes que tengan

el carácter de irrevocables porque ello sería alterar la propia Constitución

Política de la que emana, precisamente, su propia autoridad y su poder

soberano.

CONCLUSION:

De conformidad con todo lo anteriormente expuesto, a partir de

la vigencia de la Ley Nº 6826 de 8 de noviembre de 1982 (Ley de Impuesto

General sobre las Ventas), las nuevas regulaciones (impositivas

o exonerativas) afectan o inciden sobre toda persona física o jurídica,

pública o privada, toda vez que dicha normativa no contempla en su

articulado ninguna exención subjetiva."

Lic. Fernando Chinchilla Cooper

Procurador Civil