NATURALEZA JURIDICA Y OTROS ASPECTOS DEL SINART

Lic. Fernando Chinchilla Cooper

Procurador Civil

Lic. Adrián Vargas Benavides

Procurador Mercantil

DICTAMEN: C-153-82, del 13 de julio de 1982.

CONSULTANTE: Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural.

"Su consulta se circunscribe al hecho de que en febrero del año

en curso se hizo una evaluación al régimen de clasificación y valoración

de puestos vigentes en el Sistema desde el año de 1980, procediéndose a

recomendar ajustes en materia de reasignación, jerarquía y valoración de

aproximadamente cuarenta puestos.

Lo anterior, a fin de adoptarlo a la nueva estructura organizativa

y darle solución a algunos problemas atinentes a la relación laboral.

Concretamente, la consulta refiere a conocer el criterio de esta Dependencia

sobre el grado de aplicación de las normas 71 y 72 de la Ley de

Presupuestos Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio

fiscal de 1982 (Ley Nº 6700 de 23 de diciembre de 1981).

I. PROBLEMAS DERIVADOS DE LA CONSULTA:

A nuestro juicio el problema jurídico atinente a la consulta, se

circunscribe el hecho de determinar, por una parte, la naturaleza jurídica

del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, y por otro lado,

establecer si los servidores del SINART sirven cargos de confianza que

permita aplicarles los beneficios de la Ley Nº 6733 de 23 de mayo de 1982.

II. DOCTRINA Y LEGISLACION APLICABLE:

A) Centralización Administrativa:

En los albores de la conformación del Estado moderno predominó

la teoría la Laissez Faire. Según ella, el Estado no tenía otro fin con

respecto a la actividad económica-social, que el de garantizar a los individuos

el goce de su propiedad. A tal efecto, el Estado podía ejercer legítimamente

sólo tres tareas (que entonces se llamaron funciones esenciales):

a) la de Policía para mantener el orden interno, proteger los bienes, sujetos

a propiedad particular; b) la de ejército, para defender la soberanía nacional

frente a posibles agresiones externas, y garantizar a sus habitantes

el libre disfrute de sus bienes; y c) la de la justicia, para resolver conflictos

entre individuos y Estado, o de individuos entre sí.

La división tripartita de poderes, Ejecutivos, Legislativo y Judicial

con su sistema de frenos y contrapesos, y la centralización de funciones

dentro de cada poder, fueron las fórmulas idóneas para garantizar, en

forma eficaz, los derechos individuales y la abstención del Estado en

actividades económico-sociales.

Sin embargo, al operarse la transformación económica a mediados

del siglo XIX este hecho hizo entrar en crisis al Estado meramente individualista.

Este se vio precisado a intervenir en la actividad económica,

para controlar monopolios y prestar servicios indispensables que los particulares

no podían , o no se interesaban en prestar, así como en la vida

social para resolver los crecientes problemas laborales que planteaba la concentración

de trabajadores en grandes fábricas.

Así las cosas, el Estado fue asumiendo mayores atribuciones en los

campos económico-sociales; y de los tres podres tradicionales el Ejecutivo

fue el que sufrió el mayor impacto con ese crecimiento de la actividad

estatal.

Consecuentemente, el crecimiento desproporcionado del poder administrador

planteo dos grandes problemas: el congestionamiento de funciones

en el órgano ejecutivo y el exorbitante aumento de funciones de

ese poder.

B) Descentralización:

Como solución política y jurídica al problema surgido con la centralización

administrativa, los juristas modernos idearon crear la figura

de la descentralización administrativa, como medio, y la autonomía de

funciones, como modo, todo en aras de resolver la problemática de concentración

de funciones y potestades de parte del Estado.

En términos generales, descentralizar significa restarle funciones a

un centro para distribuirlas entre varios. Administrativamente hablando,

la descentralización es el descongestionamiento del órgano administrador.

Por su parte, otorgar autonomía significa facultar a un órgano descentralizado

para administrarse a sí mismo sin tener que someterse al mandato

de ningún superior jerárquico, en lo que a la esfera de su competencia se

refiere.

La descentralización administrativa y la autonomía de los organismos

descentralizados llenan, entonces, las dos grandes necesidades que

había planeado el crecimiento de las atribuciones del Estado.

En punto a la descentralización, Manuel María Diez expresa:

"...es un modo de organización de la Administración Pública

que consiste en dotar a los órganos descentralizados de personalidad

jurídica y de una autonomía orgánica con relación al

órgano central."

"...La entidades que así se crean se dice que son descentralizadas

administrativamente o entidades autárquicas. Existe por esta

vía, la autárquica, una administración directa de los intereses del

Estado y no, como se ha dicho erróneamente, que los entes autárquicos

implican una administración indirecta del Estado. Los órganos

autárquicos forman parte de la Administración y administran diferentemente

los intereses que le son propios. Solamente puede hablarse

de administración indirecta del Estado en el caso de que se

tratara de concesionarios o permisionarios de servicios públicos,

vale decir, de entidades particulares que administren intereses del

Estado, o, en otras palabras, intereses que no le son propios. (Derecho

Administrativo, II, Bibliográfica Omeba, Buenos Aires 1965,

p. 77-79).

C) Desconcentración:

El término desconcentración, de origen francés, puede referirse tanto

al ámbito territorial, al hablar de la desconcentración orgánica, como a la

llamada desconcentración de servicios técnicos o funcional.

Así las cosas, una definición general debe englobar ambas formas

o manifestaciones. Por tal razón, conviene definir la desconcentración

como:

"la forma organizatoria en virtud de la cual se reparten periféricamente,

las competencias entre los órganos superiores y los

inferiores, de tal forma que estos últimos adquieren competencias

propias y exclusivas." (GARCIA TREVIJANO, Apuntes de Derecho

Administrativo, Lección Nº 37 cit. por CARLOS CARRASCO

CANALS, Revista de Administración Pública, Instituto Estudios Políticos,

Madrid, Nº 75, 1974, p. 110).

La desconcentración consiste, pues, en transferir legalmente una

competencia a un órgano distinto del jerarca, siempre dentro de la organización

de un ente determinado, es decir en el ámbito de un mismo ente

jurídico y a favor de órganos inferiores de éste. El beneficiario de la

desconcentración es un órgano, no un ente, aunque tenga competencia

también exclusiva. Este último aspecto constituye la principal diferencia

respecto de la descentralización, toda vez que ésta supone no sólo competencia

exclusiva, sino personalidad jurídica propia del ente descentralizado.

En términos generales se ha señalado, por parte de los estudiosos

de la materia que el órgano desconcentrado está sometido a jerarquía. El

mayor grado de libertad que podría ostentar ese órgano desconcentrado

radica en el hecho de que sus actos agotan la vía administrativa, sin posibilidad

de recurso ante el superior, pero éste puede, en todo caso ,cursar

órdenes, instrucciones y circulares que vienen a limitar la discrecionalidad

del inferior, en el uso de su competencia exclusiva, aunque no pueda sustituirlo

en sus funciones.

Por otra parte, la desconcentración se opera mediante norma o

regla jurídica y no mediante acto administrativo. Toda desconcentración

supone, como se ha dicho, una transferencia permanente de competencia

a favor del inferior no alterable por simple acto administrativo concreto.

Ahora bien, dentro de la desconcentración existen dos grados, que

determina, entre otros, la mayor o menor subordinación al jerarca: a) desconcentración

mínima y b) desconcentración máxima. Siendo la diferencia

fundamental entre ambas la imposibilidad de parte del jerarca de emitir

órdenes, instrucciones o circulares en el caso de la desconcentración máxima;

situación esta que sí se da en la desconcentración mínima.

La figura jurídica de la desconcentración, en sus dos grados, es

recogida en nuestra Ley General de la Administración Pública.

En efecto, en su artículo 83 se dispone, de manera general, que

"todo órgano distinto del jerarca está plenamente subordinado a éste y

al superior jerárquico inmediato", salvo que se opere la desconcentración

la cual puede llevarse a cabo por ley o por reglamento.

Ahora bien, en el supracitado artículo se señalan las características

de la desconcentración mínima y al efecto se prescribe que ésta se dará,

cuando el superior se encuentre imposibilitado para abocarse competencias

del inferior, así como para revisar o sustituir, per se, o instancia de

parte, la conducta del inferior.

Sin embargo, la ley que regula la materia previó la posibilidad de

que el inferior esté obligado a recibir órdenes, instrucciones, o circulares

del superior. En lo que atañe a la desconcentración máxima, su característica

principal es la de que el superior no puede dar órdenes, instrucciones

o circulares al órgano desconcentrado.

Establecido lo anterior, procede preguntarse ¿qué clase de ente

público es SINART? ¿Se trata en la especie de un órgano integrante de la

administración central, de un ente descentralizado o, en su caso, de un

órgano desconcentrado?

A nuestro juicio el SINART no es parte integrante de la Administración

Central, en tanto y en cuanto no está sujeto a relación jerárquica

dentro del Ministro del ramo. Ello, por cuanto cuenta con recursos propios

que se administran en una cuenta bancaria especial que se denomina

"Fondo del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural"; se encuentra

dirigido por un Consejo Ejecutivo y un Director General, siendo éste el

representante judicial y extrajudicial del Sistema; en los asuntos relativos

a su competencia el Consejo Ejecutivo está facultado para agotar la vía

administrativa; cuenta con competencia para cumplir con sus propios objetivos;

y el Consejo Ejecutivo está facultado, además, para aprobar los

proyectos de presupuesto del Sistema, preparados por el Director General.

Tampoco estimamos que el SINART es un ente descentralizado, ya

que la característica propia de éste es la existencia de personalidad jurídica,

y ésta, como bien se sabe, únicamente, es otorgada mediante ley.

En efecto, la descentralización administrativa propia existe desde

el momento en que se otorga a una persona jurídica el poder de crear

deberes, o en su caso, condicionar el nacimiento de obligaciones sin la

voluntad de su titular, dentro de un ámbito limitado y específico de

validez, sea material (servicio o territorial (municipios). En nuestro caso

el SINART carece de dicho requisito, lo que basta para negarle el carácter

de ente descentralizado.

En consecuencia, procede determinar si la institución en estudio

resulta ser un órgano desconcentrado de la Administración Central.

III. ANTECEDENTES

El Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, tuvo su origen

en dos programas ubicados uno dentro del Ministerio de Educación Pública,

denominado Televisora Educativa. El otro dentro del Ministerio de Cultura,

Juventud y Deportes llamado Radiodifusión Cultural.

Lo anterior con base en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario

de la República, Fiscal y por Programas para el año de 1978 (Ley

Nº 6191 de 12 de diciembre de 1977, en donde se incluía el programa

número 514 dentro del Título XVII del Ministerio de Educación Publica,y

el cual correspondía a la Televisora Educativa. Se incluyó además el

programa número 757, Título XVII del Ministerio de Cultura, Juventud y

Deportes, correspondiente a la Radiodifusión Cultural.

IV. SITUACION ACTUAL:

La Ley Nº 6273 de 21 de agosto de 1978 dispuso, en su artículo 11:

"Las partidas de gastos incluidos dentro del Título 13, Programa

514 y Título 17. Programa 757, así como las que en el futuro

se asignen a estos Programas, se manejarán independientemente a

través de una cuenta bancaria especial que se denominará "Fondo

del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural." Los trámites

internos para la disposición de estas partidas y para la utilización

del fondo en general, deberán ajustarse a las disposiciones contenidas

en la Ley de la Administración Financiera de la República.

La Contraloría General de la República vigilará por el cumplimiento

de esta disposición."

Con posterioridad se emitieron dos decretos ejecutivos, el número

11204-E de 19 de febrero de 1980, y el número 12890-E de 19 de agosto

de 1981.

Ahora bien, de conformidad con las anteriores disposiciones normativas,

se creó un fondo que se denominó "FONDO DEL SISTEMA NACIONAL

DE RADIO Y TELEVISION CULTURAL". El referido Fondo

incluyó las partidas de gastos contenidas dentro del Título XIII, Programa

514, Título XVII, Programa 757, correspondientes a los Ministros de Educación

Pública y Cultura, Juventud y Deportes, y por su orden.

Quiere ello decir, que se sustrajo de los programas del Ministerio

de Educación Pública y de Cultura, Juventud y Deportes, las respectivas

partidas presupuestarias, que le daban, precisamente, sustento económico

a los programas Televisora Educativa y Radiodifusión Cultural.

Por su parte, en virtud del Decreto Ejecutivo número 12890-E de

19 de agosto de 1981 (que derogó el D.E. Nº 11204-E de 19 de febrero

de 1980), se dictaron las disposiciones necesarias para cumplir con los

objetivos del sistema, así como aquéllas tendientes a regular los aspectos

jurídicos básicos del mismo. Se señaló, en forma expresa, que el nombramiento

del Director General del Sistema sería competencia del Poder

Ejecutivo y, a su vez, se le señalaron funciones propias a dicho personero.

De conformidad con lo anteriormente expuesto, a nuestro juicio,

el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, SINART, es un órgano

desconcentrado del Ministerio de Educación Pública, el cual por su propia

naturaleza, atribuciones y competencia, posee el grado máximo. Para llegar

a tal conclusión, hemos tomado en cuenta lo siguiente:

1) Se operó la desconcentración desde el momento en que, por una

parte, la Ley Nº 6273 del 21 de agosto de 1978 y, por otra el Decreto

Ejecutivo número 12890-E de 19 de agosto de 1981, "desgajaron"

aquellos programas llevados a cabo como funciones inherentes a los

Ministerios de Educación Pública y Cultura, Juventud y Deportes,

creándosele al efecto competencias especiales tendientes a lograr

las metas u objetivos de la Radio y Televisión Estatal.

2) El fondo creado por Ley Nº 6273, se repetida cita, que vino a darle

contenido económico a los programas en cuestión, se administra

fuera del Presupuesto Nacional mediante una cuenta bancaria especial

denominada "Fondo del Sistema Nacional de Radio y Televisión

Cultural".

3) El Poder Ejecutivo en uso de su atribución propia de reglamentar,

ejecutar y garantizar el cumplimiento de las leyes, amén de su

obligación de velar no sólo por los servicios a cargo del Estado, sino

también del patrimonio estatal, procedió mediante Decreto Ejecutivo

a fijar objetivos y competencias al Sistema Nacional de Radio y

Televisión, actuación ésta no sólo fundada en el artículo 140, incisos

3) y 8) de la Constitución Política, sino también en el artículo

83 de la Ley General de la Administración Pública, número 6227

del 2 de mayo de 1978.

4) Dentro del marco jurídico creado para regular el órgano desconcentrado

se estructuraron para dirigirlo, las figuras del Consejo Ejecutivo

del Sistema y la del Director General. Concediéndosele al

primero, entre otras, la facultad de agotar la vía administrativa,

y en cuanto al segundo, ser su representante judicial y extrajudicial,

nombrar el personal y confeccionar el proyecto de presupuesto y

sus modificaciones, a efecto de que sean aprobados por el Consejo

Ejecutivo.

5) De conformidad con la Ley General de la Administración Pública,

la desconcentración máxima se da cuando el superior no puede

avocar competencias del inferior, ni revisar o sustituir de oficio, o

a instancia de parte, la competencia del inferior. Asimismo, cuando

el superior esté imposibilitado legalmente para dictar órdenes, instrucciones

o circulares al inferior. En el caso de SINART, tenemos

que:

i) El Ministro de Educación Pública no puede avocar las competencias

ni revisar o sustituir la conducta de quienes dirigen el

Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, ni de oficio,

ni a instancia de parte;

ii) Además de las anteriores imposibilidades, tenemos que el

SINART está sustraído a órdenes, instrucciones, o circulares del

Ministro.

Lo anterior por cuanto, por una parte y de conformidad con el

artículo 3º del Decreto Nº 12890-E, son funciones del Consejo Ejecutivo

las siguientes:

a) Fijar la política del Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural,

orientada al logro de los fines que inspiraron su creación y de

los objetivos que se fijan en el artículo 1º de este decreto;

b) Administrar el fondo creado por el artículo 11 de la Ley Nº 6273

del 21 de agosto de 1978;

c) Discutir y aprobar los proyectos de presupuestos del Sistema y sus

modificaciones;

ch) Dar por agotada la vía administrativa;

d) Aprobar los carteles de licitación y hacer las adjudicaciones respectivas

o, en su caso, declararlas desiertas; y

e) Conocer de los demás asuntos que le someta el Director General.

Y, por otra parte, tenemos que de conformidad con el artículo 6º

del supracitado Decreto, corresponde al Director General:

a) Dirigir la administración general del Sistema;

b) Velar porque se cumplan las políticas fijadas por el Consejo Ejecutivo,

de conformidad con los objetivos señalados en el artículo 1º de

este decreto;

c) Nombrar el personal directivo, técnico y administrativo del Sistema;

ch) Presentar al Consejo Directivo los proyectos de presupuestos o los

proyectos de modificación de presupuesto para su aprobación;

d) Representar judicial y extrajudicialmente al Sistema;

e) Informar al Consejo Ejecutivo de los convenios concertados con

instituciones o empresas públicas o privadas, nacionales o extranjeras;

y

f) Cualquier otra propia del cargo.

Establecido que la naturaleza jurídica del SINART es la de un órgano

desconcentrado, que goza de un grado de independencia máxima, procedemos

a dar respuesta a las consultas que han sido sometidas a nuestra

consideración:

a) En cuanto a la primera consulta, tenemos que las normas números

71 y 72 de la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la

República para el año fiscal de 1982, (Ley Nº 6700 del 14 de diciembre

de 1981) disponen:

"71.-Los sueldos del personal de las dependencias y antes

adscritos a los ministerios y los puestos pagados por fondos especiales,

que se manejen independientemente del Presupuesto Nacional,

en ningún caso podrán ser superiores a los fijados en el Re'gimen

de Servicio Civil para el desempeño de funciones similares. La Dirección

General de Servicio Civil será responsable de la clasificación

y valoración de los cargos y de la comprobación de los requisitos,

para su desempeño y la Contraloría General de la República será

responsable de la verificación y autorización del gasto.

Se exceptúan de esta norma, los contratos de trabajo ya suscritos;

hasta sus vencimiento."

"72.-Los organismos e instituciones descentralizadas, las dependencias

y antes adscritos a los ministerios y empresas estatales

no podrán conceder a sus funcionarios ni al personal que se nombre

con cargo al patrimonio o fundos no aprobados por la Asamblea

Legislativa, sumas mayores a las acordadas por el Poder Ejecutivo,

para los servidores comprendidos en el Régimen de Servicio Civil,

por concepto de revaloraciones parciales, reasignaciones y reestructuraciones

de clase de puestos, modificaciones de escalas y otras

incentivos salariales."

Ahora bien, siendo el SINART un órgano desconcentrado del Ministerio

de Educación Pública, que administra y cuenta con un fondo independiente

del Presupuesto Nacional, sus servidores no podrían, en ningún

caso, percibir salarios superiores a los fijados en el Régimen del Servicio

Civil, para funciones similares. Para la determinación de tal similitud, corresponde

a la Dirección General del Servicio Civil llevar a cabo la valoración

y clasificación de los cargos respectivos.

Con fundamento en lo expuesto, en lo que respecta a las remuneraciones

de los servidores del SINART le son aplicables la referida norma

número 71.

Igualmente la reasignación y revaloraciones hechas por la comisión

nombrada por el SINART (para aproximadamente 40 servidores de Sistema)

a nuestro juicio, se encuentra afecta a la supracitada Norma número

72, en la medida en que tales reasignaciones y revaloraciones sean

superiores a las acordadas por el Poder Ejecutivo, para los servidores

sometidos al Régimen del Servicio Civil.

b) En lo que se refiere a la segunda consulta resulta de suyo importante

-y para una mayor inteligencia en cuanto a la conclusión a

que se llegue- transcribir el artículo 12 de la referida Ley Nº 6733

del 23 de marzo de 1982. Dice en lo conducente la expresada Norma:

"Artículo 12.-Los funcionarios de la Fuerza Pública, integrantes

de la Guardia Civil, Guardia Presidencial, Policía Militar, Guardia

de Asistencia Rural, Radiopatrullas, Dirección General de Tránsito,

Servicio de Vigilancia aérea, Servicio de Vigilancia Marítima,

Unidad Preventiva del Delito, Departamento de Control de Drogas,

Dirección General de Migración y sus dependencias, Dirección de

Seguridad Nacional, Comunicaciones de Seguridad Pública, Escuela

Nacional de Policía, todos aquellos ciudadanos que ejerzan funciones

de seguridad, en el Sistema Penitenciario de la Dirección General

de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y del Ministerio de

Seguridad Pública, que hayan sido ascendidos a cargos administrativos

dentro de la misma organización; directores generales, directores

administrativos, Oficiales Mayores de los Ministerios, personal

de confianza de la Presidencia de la República, del Ministerio de

la presidencia y de los otros ministerios que, por renuncia o por

cualquier otro motivo hubieren de hacer dejación de sus funciones

dentro del período comprendido entre el día en que el Tribunal

Supremo de Elecciones haga la declaratoria definitiva de elección

de Presidente de la República y el 31 de diciembre de 1982, tendrán

derecho, además del pago de vacaciones y preaviso que resulte procedente

a que el Estado los indemnice, en calidad de auxilio de

cesantía, de acuerdo con las siguientes reglas:..."

Nótese que esta ley se refiere, entre otros, al personal denominado

"de confianza", debiendo entenderse por tal al que define en ese mismo

sentido, el Estatuto de Servicio Civil, en su artículo 4º que a la letra dice:

"Artículo 4º.-Se considerará que sirven cargos de confianza:

a) Los Jefes de Misiones Diplomáticas y los Diplomáticos en misión

temporal.

b) El Procurador General de la República.

c) Los Gobernadores de Provincia.

d) El Secretario y demás asistentes personales directamente subordinados

al Presidente de la República.

e) Los oficiales mayores de los Ministerios y los chóferes de los

Ministros; y

f) Los servidores directamente subordinados a los ministros y

viceministros, hasta un número de diez (10). Tales servidores

serán declarados de confianza mediante resolución razonada de

la Dirección General de Servicio Civil. No podrá afectarse a

funcionarios incluidos actualmente dentro del Régimen de Servicio

Civil."

Visto lo anterior, quienes prestan sus servicios al SINART no

pueden considerarse funcionarios de confianza, en los términos a que se

refiere el artículo 12 de la ley número 6733 citada supra, ello por cuanto

no se encuentran dentro de los supuestos normativos que contienen el

Estatuto del Servicio Civil, disposiciones éstas que recogen principios de

Derecho Público, aplicables a la especie por tratarse de personas que

prestan sus servicios a una entidad pública; además que, en lo que atañe

a sus nombramientos y aplicaciones del régimen disciplinario, ello constituye

prerrogativa exclusiva del Director General del Sistema. Es decir, en la

relación de servicio de los empleados del SINART no existe subordinación

jerárquica respecto del Ministro del ramo, tal y como lo establece el inciso

c) del artículo 6º del Decreto Ejecutivo número 12890-E del 19 de agosto

de 1981.

Hechas las anteriores consideraciones, pasaremos a referirnos a las

tres interrogantes formuladas, así:

1) ¿Puede el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural, Considerarse

una dependencia ministerial?

En lo que respecta al contenido de esta pregunta, su respuesta

se encuentra plasmada anteriormente, cuando se analizó la naturaleza

jurídica del SINART.

2) En caso de ser afirmativa la respuesta a la anterior interrogante,

¿podría el personal del Sistema, acogerse a tales beneficios?

No obstante que quedó establecido que el SINART es un órgano

desconcentrado, en grado máximo, del Ministerio de Educación

Pública, conviene aclarar que la Ley Nº 6733 del 23 de marzo de

1982, en su artículo 12, prescribe un régimen especial para el tipo

de servidores incluidos en ella, encontrándose entre ellos los funcionarios

de confianza de los Ministerios, status jurídico que no es

aplicable a quienes prestan servicios al SINART, tal y como se dijo

anteriormente y, por ende, no le son aplicables al artículo 12 indicado.

Además, por cuanto los beneficios de la Ley número 6733, de

repetida cita, se refieren a aquellos cargos que aparecen en la Relación

de Puestos que contienen el Presupuesto Nacional, situación

ésta que tampoco se da en lo que atañe a los servidores del Sistema

Nacional de Radio y Televisión Cultural.

3) ¿Quién debería asumir las responsabilidades económicas de la aplicación

de la ley de cita, podrían cargarse al fondo de prestaciones

del Gobierno Central?

De conformidad con la jurisprudencia establecida, en materia

laboral, por la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia (Resolución

dictada a las 14,30 horas del 23 de setiembre de mil novecientos

ochenta y uno), cualquier tipo de responsabilidad económica

derivada de la relación entre el SINART y sus empleados, debe

ser asumida por el Sistema Nacional de Radio y Televisión Cultural."