COMPETENCIA DE LOS PODERES EJECUTIVO Y JUDICIAL

RESPECTO DE EJECUCION DE SENTENCIAS

Licda. Magda Inés Rojas Chaves

Procuradora Adjunta

DICTAMEN: C-111-83 de 15 de abril de 1983

CONSULTANTE: Director General de Adaptación Social

La consulta plantea la necesidad de determinar qué potestades poseen

el Juzgado de Ejecución de la Pena y la Dirección de Adaptación

Social, en cuanto a tratamiento penitenciario y ejecución de sentencias.

"I. LA EJECUCION DE LAS SENTENCIAS JUDICIALES

Dentro de la clásica teoría de la separación de funciones, al Poder

Judicial corresponden las funciones jurisdiccionales, en tanto que al Poder

Ejecutivo competen las función de carácter administrativo. Lo anterior,

sin perjuicio de que el ordenamiento jurídico atribuya a un Poder atribuciones

de naturaleza diferente de aquélla atribuida en forma predominante;

en cuyo caso, por ejemplo, el Poder Judicial puede poseer funciones de

carácter administrativo. Además, el ordenamiento establece relaciones entre

los diferentes Poderes, por lo que un Poder no puede ejercer las

funciones asignadas con total independencia de otro Poder; tal es el caso

de la ejecución de las sentencias judiciales.

La competencia de los Poderes Ejecutivo y Judicial en materia de

ejecución de los fallos está prevista en la Constitución Política, la que

dispones en lo conducente:

Artículo 140: "Son deberes y atribuciones que corresponden

conjuntamente al Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

9) Ejecutar y hacer cumplir todo cuanto resuelvan o dispongan en

los asuntos de su competencia los Tribunales de Justicia y los organismos

electorales a solicitud de los mismos".

Artículo 153: "Corresponde al Poder Judicial, además de las

funciones que esta Constitución le señala, conocer de las causas

civiles, penales, comerciales, de trabajo y contencioso-administrativas,

así como de las otras que establezca la ley, cualquiera que

sea su naturaleza y la calidad de las personas que intervengan;

resolver definitivamente sobre ellas y ejecutar las resoluciones que

pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario".

De la relación de ambos artículos constitucionales se desprende que

el Poder Judicial puede dictar recomendaciones y aún órdenes al Poder

Ejecutivo con el fin de que las resoluciones judiciales sean cumplidas y

no obstante dichas recomendaciones y órdenes sólo podrán emitirse dentro

del ámbito de competencia del Poder Judicial.

Ahora bien, corresponde determinar si el Juzgado de Ejecución de la

Pena posee atribuciones para dictar órdenes a la Dirección de Adaptación

Social.

II. LA COMPETENCIA DEL JUZGADO DE EJECUCION DE LA PENA:

1) Funciones:

El Código de Procedimientos Penales, en el Título correspondiente

a la ejecución penal, establece:

Artículo 500: "Las resoluciones judiciales será ejecutadas,

salvo las excepciones expresas de la ley, por el tribunal que las

dictó en primera o en única instancia, el que tendrá competencia

para resolver todas las cuestiones o incidentes que se susciten durante

la ejecución y hará las comunicaciones que por la ley correspondan".

El Código establece diversas atribuciones en favor del Juzgado

de Ejecución de la Pena, alguna de las cuales debe ejercer bajo la asesoría

del Instituto Nacional de Criminología:

Artículo 518: "El Juez de Ejecución de la pena ser nombrado

por la Corte Suprema de Justicia y dependerá de ésta. Podrá mantener,

sustituir, modificar o hacer cesar las medidas de seguridad

impuestas. También podrá conceder o revocar la libertad condicional

cumpliendo los requisitos que establece el Cogido Penal.

En todos los casos anteriores la resolución será consultada con

el Tribunal que dictó la sentencia".

En los casos previstos por este artículo, estamos en presencia de

funciones de carácter jurisdiccional, referidas tanto a medidas de seguridad

como a la liberta condicional. En ambos casos, el Juzgado de Ejecución

de la Pena debe consultar su resolución con el Tribunal que dictó la sentencia.

Pero además, el Código establece como deberes del Juez de Ejecución

de la Pena:

Artículo 519: "El juez de ejecución de la pena visitará todos

los Centros de Internamiento del país por lo menos una vez cada

seis meses e informará a la Corte Suprema de Justicia y al Instituto

Nacional de Criminología, según corresponda, sobre las situaciones

irregulares que note.

Oirá a los internos cuando éstos lo soliciten y dará curso a sus

sus quejas, tomando las providencias que estime necesarias, determinará

para éstos las principales modalidades de su tratamiento

penitenciario.

Dirigirá los servicios de libertad vigilada y la oficina de prueba".

Es decir, el Juez tiene funciones que le permitirán señalar la existencia

de irregularidades en los Centros de Internamiento del país, así

como tramitar las quejas que los internos hagan respecto al sistema penitenciario.

Pero, obsérvese que ni en uno ni en toro caso, el Juez de Ejecución

puede decidir sobre la situación planteada. En efecto, si bien el

Código no establece a qué órgano corresponde resolver las quejas planteadas,

sólo atribuye al citado Juez dar curso a las quejas, para lo cual

tomará las providencias necesarias. El término providencia es un concepto

procesal claramente determinado y no significa resolución de la situación

plantead. Asimismo, respecto de las situaciones irregulares que el Juez

note en los Centros de Internamiento, el Juzgado de la Pena no posee

una función decisoria, ya que serán la Dirección de Adaptación Social y

la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, quienes tomarán las medidas

necesarias para la solución de las irregularidades.

Cabe recalcar que las funciones decisorias del Juzgado de Ejecución

de la Pena se constriñen a mantener, sustituir, modificar o cesar lasa

medidas de seguridad impuestas por el Tribunal Penal, así como a la

concesión o revocación de la libertad condicional. La sustitución o modificación

de una medida tendrá que efectuarse conforme con lo dispuesto

por el Código Penal, ya que son funciones de naturaleza jurisdiccional.

Ahora bien, una circunstancia especial planta el segundo párrafo

del artículo 519, al indicar como atribución del Juez: "Determinar para

éstos (los internos) las principales modalidades de su tratamiento penitenciario".

Cabe preguntarse si lo anterior significa que el Juzgado indicado

puede dar órdenes respecto al tratamiento penitenciario impuesto a

un determinado interno. En criterio de este Organismo, la atribución indicada

debe analizarse en conexión con el resto de las funciones del Juzgado;

máxime que no está referida a las funciones de carácter jurisdiccional, de

contenido decisorio, (las medidas de seguridad) atribuidas por el Código

de Procedimientos Penales a dicho Juzgado. Sobre ese punto, cabe mencionar

que el Código de repetida cita no establece regla alguna ni otorga

al Juzgado de la Pena medios técnicos para que pueda determinar cuál es

el tratamiento que un sentenciado requiera y las condiciones en el tratamiento

que se prestará.

Por otra parte, y de interpretarse que corresponde a dicho Juzgado

la determinación del tratamiento penitenciario, habría de concluir que

corresponderá a dicha órgano la definición de un aspecto importante de la

política penitenciaria y que el Instituto Nacional de Criminología, organismo

especializado en este caso, estará en relación de subordinación con

respecto al citado Juzgado. Dichas circunstancias no son compatibles con

la naturaleza de la función jurisdiccional y con la organización de los

Poderes Políticos. De allí que cabe interpretar que la norma antes transcrita

solo faculta al Juez de ejecución para señalar medidas generales en

orden de tratamiento penitenciario.

2) En cuanto a los Centros de Internamiento:

Conforme con lo solicitado, corresponde determinar si el Juzgado

de Ejecución puede determinar el centro penitenciario donde se internará

a un sentenciado. El Código de Procedimientos Penales dispone al efecto:

Artículo 505: "Cuando el condenado a pena privativa de libertad

no estuviere preso, se ordenará su captura y remisión a la cárcel

o centro de detención que indique el juez; practicada su captura

o si estuviere preso se pondrá a la orden del Instituto Nacional de

Criminología, al que se le remitirá testimonio de la sentencia y

del cómputo de la pena efectuado por el Juez. Igual envío se hará

al Juez de Ejecución".

Es decir, si el individuo está libre y es apresaco, corresponderá al

juez penal decidir en qué centro penitenciario se internará. Pero, si el

individuo está preso, la participación del juez penal se limita a ponerla la

orden del Instituto Nacional de Criminología; quien en ejercicio de sus

competencias podrá internarlo en centro distinto de aquel en que se

encontraba al momento de dictarse sentencia. El Juez de Ejecución de la

Pena no tiene participación alguna en la decisión que se tome. Ahora bien,

cabría cuestionarse si el Juzgado de la Pena tiene competencia para determinar

en qué centro se cumplirán las medidas de seguridad. Pues bien,

el Código Penal dispone al efecto:

Artículo 101: "Las medidas de seguridad con curativas, de internación

y de vigilancia.

Son medidas curativas:

1) El ingreso en un hospital psiquiátrico; y

2) El ingreso en establecimiento de tratamiento especial y educativo.

Son medidas de internación:

El ingreso en una colonia agrícola y el ingreso establecimientos

de trabajo.

Son medidas de vigilancia:

1) La libertad vigilada;

2) La prohibición de residir en determinado lugar; y

3) La prohibición de frecuentar determinados lugares."

Artículo 102: "Las medidas de seguridad se aplicarán así:

a) Al hospital psiquiátrico o a los establecimientos de tratamiento

especial y educativo, se destinará los enfermos mentales, toxicómanos

habituales, bebedores consuetudinarios y los sujetos

de imputabilidad disminuida o que hayan intentado suicidarse.

Estos últimos podrá recibir el tratamiento en su domicilio;

b) A colonias agrícolas, o establecimientos de trabajo en donde

estarán sometidos a un régimen especial, se destinarán los delincuentes

habituales o profesionales; los autores de delito imposible

y los que, cumplan la pena, cuando el Juez estime que

eficacia readaptadora ha sido nula.

(...)".

En consecuencia, la ley establece el centro donde se cumplirán

cada una de las medidas de seguridad. El determinar si un centro es un

establecimiento de tratamiento especial, educativo o de trabajo o bien, una

colonia agrícola, requiere elementos de carácter técnico, no necesariamente

jurídicos. En efecto, los criterios aplicables provendrán del Derecho penitenciario

y, fundamentalmente, de otras ramas sociales. Además, el régimen

especial al que se someten las personas sujetas a medidas de internación,

se debe elaborar con ase en criterios técnicos, que permitan la readaptación

y rehabilitación del interno. Cabe recordar que nuestro sistema

penitenciario se fundamenta en dicho criterio técnico.

III. LA COMPETENCIA DE LA DIRECCION DE ADAPTACION SOCIAL:

La Ley de creación de la Dirección General de Adaptación Social

señala las finalidades del citado órgano; entre ellas tenemos:

Artículo 3º.-"Los fines de la Dirección General de Adaptación

Social son:

a) La ejecución de las medidas privativas de libertad, dictadas por

las autoridades competentes:

b) La custodia y el tratamiento de los procesados y sentenciados,

a cargo de la Dirección General.

(...)".

En consecuencia, corresponde a la Dirección prestar tratamiento a

los sentenciados.

La Dirección está integrada por varios órganos, uno de ellos es el

Instituto Nacional de Criminología, el que:

Artículo 8º.-"El Instituto es el Organismo Técnico de la Dirección

con los siguientes fines:

a) Tratamiento de los inadaptados sociales. El Instituto funcionará

como organismo dedicado al estudio de las personas que

ingresan a los Centros, en sus distintos aspectos personales y

mosológicos, a cuyo efecto contará con los expertos necesarios.

Emitirá un diagnóstico que servirá de base para su clasificación

y ejecutará a través de las secciones técnicas correspondientes

un programa de tratamiento para cada sujeto, de acuerdo a sus

características individuales.

(...)". (El subrayado es nuestro).

La norma es clara y precisa: el Instituto Nacional de Criminología

elaborará y ejecutará para cada interno un tratamiento penitenciario

requerido.

Al margen de los expuesto, cabe recordar que el tratamiento penitenciario

tiene como objeto la readaptación y rehabilitación de los delincuentes,

lo que implica una política estatal en el campo penitenciario.

Política que compete definir y ejecutar al Poder Ejecutivo, a través de sus

diferentes órganos especializados.

Concusión:

Por lo antes expuesto, es criterio de este Organismo que: a) Corresponde

a la Dirección General de Adaptación Social determinar el tratamiento

a que se someterá cada uno de los internos con el objetivo de

lograr su rehabilitación y readaptación. b) El Juzgado de Ejecución de la

Pena es competente para decidir sobre el mantenimiento, la modificación

o sustitución o el cese de una medida de seguridad, pero no para indicar

el tratamiento correspondiente al sentenciado ni el sitio en que se cumplirá

la medida impuesta. c) Si bien el Juzgado de Ejecución de la Pena no

puede determinar el tratamiento penitenciario que se aplicará a determinado

individuo, sí podría emitir recomendaciones generales y señalar irregularidades

que se presenten en la ejecución de un determinado tratamiento."