EL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS Y LA DETERMINACION

DE LOS SALARIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

Lic. Serafín Saravia Prado

Procurador Adjunto

DICTAMEN: Nº C-203-82 de 24 de agosto de 1982.

CONSULTANTE: Consejo Nacional de Salarios.

Se consultó:

a) Si los trabajadores que soliciten una revisión de salarios mínimos,

pueden pertenecer tanto a la empresa privada como al sector público;

y,

b) Si ese Consejo tiene la obligación de resolver tales solicitudes.

"I. NORMAS LEGALES APLICABLES:

Son las siguientes:

a) Artículo 27 de la Constitución Política, que establece:

Artículo 27.-Se garantiza la libertad de petición, en forma

individual o colectiva; ante cualquier funcionario público o entidad

oficial, y el derecho a obtener pronta resolución.

b) Artículo 19 del Decreto Ley Nº 832 de 8 de noviembre de 1949 y

reformas:

Artículo 19.-En cualquier tiempo y a solicitud de cinco patronos

o quince trabajadores de una misma actividad, el Consejo

Nacional de Salarios procederá a revisar los salarios mínimos fijados,

y si fuera del caso hará una nueva fijación.

Tratándose de salarios determinados para una sola empresa,

la solicitud la podrán hacer el patrono de que se trate o cinco

trabajadores que presten sus servicios en la misma.

Cualquier modificación o derogatoria que se haga, entrará a

regir diez días después de la promulgación del Decreto Correspondiente.

En este caso es aplicable lo dispuesto en el artículo 17.

2. JURISPRUDENCIA:

Cabe citar el siguiente fallo, en lo conducente:

Obligaciones del organismo encargado de dictar la resolución:

"Es inaceptable la tesis de que el concepto constitucional consagrado

en este artículo, que garantiza a los ciudadanos el derecho de

obtener pronta resolución a sus peticiones, deba entenderse desde el momento

en que el organismo encargado de darlas esté en condiciones

totales para pronunciarse, sin limitación de tiempo, ya que precisamente

para dar cumplimiento a este precepto constitucional los mencionados

organismo deben procurarse los datos necesarios, a la brevedad posible,

para dar pronta resolución a las peticiones que se les hagan, y admitir

lo contrario sería negar la garantía en estudio, pues con el pretexto

de no contarse con los datos necesarios para el pronunciamiento, podría

retardarse éste indefinidamente."

1954. Monge Quirós vs. Consejo Superior de Tránsito. Juzgado

Tercero Penal de San José, 9 horas del 20 de setiembre, confirmada por

la Sala Segunda Penal, 15,05 horas del 23 de setiembre (1969 Rev. Col.

Abog. Nº 16, p. 249).

Cit. en Costa Rica. Constitución Política Anotada, Síntesis del

Proceso Constitucional por Lic. Carlos José Gutiérrez, Equidad de Centroamérica,

S. A., San José, Costa Rica, 1975, Págs. 58-59.

3. DOCTRINA:

"NO ES LICITO DISTINGUIR DONDE LA LEY NO DISTINGUE.

Este es otro aforismo que tiende a evitar que los jueces penetren en los

dominios del legislador modificado sus disposiciones por medio de desautorizados

distingos" (ALBERTO BRENES CORDOBA - Tratado de las

Personas, Editorial Costa Rica, 1974, Pág. 44).

4. REFLEXIONES SOBRE EL ASUNTO:

En el artículo 19 del Decreto Ley Nº 832 citado supra, el término

"trabajadores" debe entenderse en sentido genérico, sea, frente a la

doctrina de "derecho de petición" que consagra el artículo 27 de nuestra

Constitución Política, que garantiza a los ciudadanos el derecho a obtener

pronta resolución de sus peticiones. Ello es así, por cuanto la

ley de comentario no distingue entre "trabajador de empresa privada"

y "servidor público" para los efectos de plantear una solicitud de revisión

de salarios mínimos ante el Consejo Nacional de Salarios.

Así las cosas, consideramos que el Decreto Ley de comentario es

claro al considerar que los requisitos que se deben exigir en toda solicitud

planteada por quince trabajadores ante el Consejo, son: que los solicitantes

tengan la condición de "trabajadores' (independientemente de

que presten sus servicios a la Administración, Pública o a la empresa

privada), y que todos ellos laboren en una misma actividad.

Una vez planteada la solicitud respectiva, el Consejo Nacional de

Salarios, por imperativo del artículo 19 del mencionado Decreto Ley

Nº 832, debe "conocer" la misma, pudiendo proceder a acogerla o bien

a rechazarla según dicho Consejo lo considere pertinente. Sin embargo,

esta declaratoria del Consejo, que versa sobre los salarios correspondientes

a una determinada "actividad", es de carácter general y abstracto,

independientemente de la empresa o de la institución para la cual se

presten los servicios.

Es importante aclarar, a manera de referencia, que el Consejo Nacional

de Salarios carece de competencia para fijar directamente los sueldos

de la Administración Pública, lo que hace, como se dijo, es establecer

el salario de la actividad en general, que no es lo mismo que fijar los

salarios directamente de la Administración Pública.

No obstante lo anterior, a manera de ilustración, parece imperativo

citar, en lo conducente, la jurisprudencia existente al respecto, sea,

la relativa a las respectivas fijaciones de salarios mínimos. Así, la Sala

de Casación, en sentencia Nº 80 de las 14 horas y 15 minutos del 8 de

agosto de 1969 (juicio ordinario laboral de Manuel Francisco Jiménez

Quirós y otros contra el Estado), acogió las siguientes consideraciones

de los tribunales de grado, consistentes en que "...estando sujetos los

aumentos de salarios determinados por la correspondiente revaloración,

a la disponibilidad de los créditos presupuestarios, mientras el Poder

Ejecutivo no puede financiar debidamente tales aumentos e incluir en

los respectivos presupuestos las partidas necesarias para ello, los mismos

resultan ineficaces (artículo 6º de la Ley de Salarios de la Administración

Pública Nº 2166 de 9 de octubre de 1957)".

CONCLUSION:

De lo anteriormente expuesto, se concluye que los quince trabajadores

de una misma actividad que soliciten revisión de salarios mínimos

con arreglo a lo estatuido por el artículo 19 del Decreto Ley nº 832 del

6 de noviembre de 1949, pueden estar prestando sus servicios tanto a la

empresa privada, como a la Administración Pública.

Por otra parte, el Consejo Nacional de Salarios está en la obligación

de "conocer" dichas solicitudes, ya sea acogiéndolas o rechazándolas

según lo crea pertinente.

Sin embargo, el Consejo Nacional de Salarios carece de competencia

para fijar los salarios de la Administración Pública, aunque el

Estado puede acogerlos dentro de los supuestos planteados en la sentencia

Nº 80 de la Sala de Casación, ya citada."