ACTOS QUE DEBEN PUBLICARSE EN EL DIARIO OFICIAL

"LA GACETA"

Dr. Hugo Alfonso Muñoz Quesada,

Procurador General de la República

DICTAMEN: C-285-82, de 3 de noviembre de 1982.

CONSULTANTE: Imprenta Nacional.

Se solicitó a esta Procuraduría un estudio sobre las disposiciones

que rigen las publicaciones en el Diario Oficial La Gaceta, a ver si es

posible disminuir su número y con ellas los costos de operación de la

Imprenta Nacional, de los acuerdos de nombramientos, cesación, nombramientos

ad honorem, prórroga de nombramientos interinos, ascensos,

ascensos interinos, permisos con o sin goce de sueldo, concesión de vacaciones,

acumulación de vacaciones, traslados, otorgamiento de grados

militares, bajas, etc.

"I. PROBLEMAS PLANTEADOS CON SU CONSULTA O DERIVADOS

DE ELLA:

Después de estudiar la consulta con detenimiento nos hemos dado

cuenta que presenta una situación compleja.

En primer término, se deben tomar en cuenta las siguientes disposiciones

constitucionales y legales:

El artículo 18 de la Constitución Política dispone:

"Los costarricenses deben observar la Constitución y las leyes...",

en relación con el artículo 1º del Código Civil, que preceptúa:

"Las leyes son obligatorias y surten efectos en todo el territorio

costarricense desde el día que las mismas designen; a falta de

designación, diez días después de haberse publicado en el periódico

oficial.

Nadie puede alegar ignorancia de la ley debidamente publicada",

y el artículo 240 de la Ley General de la Administración

Pública dice:

"1. Se comunicarán por publicación los actos generales y por

notificación los concretos.:

De su lectura se comprende que en cuanto a las leyes, reglamentos

e inclusive los Decretos Ejecutivos, todos deben ser publicados en el

Diario Oficial, ya sea como requisito de eficacia, sea para la observancia

y respeto de esas normas jurídicas y actos.

En segundo término, para determinar cuáles disposiciones de menor

rango legal y actos administrativos concretos requieren publicación en

La Gaceta, su estudio representa una gran complejidad, puesto que implica

analizar toda la legislación promulgada desde el siglo pasado hasta la

actualidad.

En tercer término, después de leer y analizar las disposiciones legales

y reglamentarias relativas a la Imprenta Nacional, hemos llegado a la

conclusión preliminar de que no existen normas expresas que digan qué

se debe publicar y qué no se debe publicar en La Gaceta; salvedad en lo

referente a tratados, convenios y acuerdos internacionales.

Como hemos expuesto, resulta evidente que con respecto a las leyes,

reglamentos y decretos ejecutivos no hay conflicto, por la existencia del

imperativo legal que informa su publicación oficial. Ahora bien, en lo

que atañe a las disposiciones legales de menor rango legal y los actos

administrativos concretos, la situación se presenta en grado diverso, puesto

que se deben analizar caso por caso en las respectivas leyes, o reglamentos

o decretos ejecutivos vigentes, dada la carencia de norma jurídica o

principio general de derecho que prescriba su publicación oficial, máxime

que, tratándose de actos concretos, de acuerdo con las normas que informan

el procedimiento administrativo en la Ley General de la Administración

Pública, art. 240.1 dispone que:

"Se comunicarán por publicación de los actos generales y por

notificación los concretos."

Lo anterior confirma el tratamiento distinto que se le da a los

actos generales con respecto de los actos concretos, según su incidencia

directa o indirecta, mediata o inmediata en la esfera de derechos de los

particulares e instituciones a que se dirigen. Entonces, el principio general

que los informa en cuanto a su comunicación, lo es la notificación, salvo

las excepciones de la ley.

II. ANALISIS DE LA LEGISLACION APLICABLE Y DE LAS NORMAS

PARTICULARES:

En concreto, y con sujeción a los términos de la consulta, por el

Oficio Nº 85 de 22 de julio del año en curso que remite el señor Jorge

Israel Sánchez, Oficial Mayor del Ministerio de Gobernación al Director

Administrativo del Ministerio de Justicia, se considera que "hay varias

publicaciones que se realizan en La Gaceta que salen sobrando", y en

razón de lo comentado en líneas precedentes relativo a la eficacia, observancia,

y el respeto de las normas jurídicas y actos administrativos concretos,

debemos armonizarlo con la preocupación del Director Ejecutivo

de la Imprenta Nacional, por razones materiales de espacio y financieras

explicadas. A los actos que se refieren las publicaciones, su régimen

jurídico se encuentra regulado en el Estatuto del Servicio Civil, por lo

que nos remitimos al mismo.

En lo concerniente al acuerdo de nombramiento, el artículo 2º del

Estatuto de Servicio Civil dispone:

"Para los efectos de este Estatuto se considerarán servidores

del Poder Ejecutivo los trabajadores a su servicio remunerados por

el Erario Público y nombrados por acuerdo formal publicado en el

Diario Oficial." (el subrayado es nuestro).

Así las cosas, en cuanto a los servidores del Poder Ejecutivo cubiertos

por el Estatuto no basta sólo el acuerdo de nombramiento 9en

propiedad) sino que al tenor de lo preceptuado por la aludida disposición

es menester la publicación oficial del mismo. Los ascensos en propiedad

necesariamente han de equipararse a los nombramientos, ya que constituyen

un nombramiento en el nuevo puesto.

En relación con los acuerdos de cesación, nombramientos interinos,

prórrogas de nombramiento interino, ascensos interinos, permisos, con o

sin goce de sueldo, concesión de vacaciones, acumulación de vacaciones,

traslados, etc. del análisis de las disposiciones legales y reglamentarias

contenidas en el Estatuto de Servicio Civil y el Código de Trabajo en lo

que resulta aplicable, NO EXISTE PRESCRIPCION NORMATIVA QUE

OBLIGUE A PUBLICAR ESOS ACUERDOS, a razón por la cual a falta de

disposición legal en ese sentido, y aplicando supletoriamente las normas

de procedimiento establecidas en la Ley General de la Administración

Pública -como principios generales de derecho- los actos concretos e

internos no necesitan, para ser comunicados, de publicación oficial, sino de

notificación, salvo que la ley disponga lo contrario o ambos medios conjuntamente,

(Arts. 239-242). En consecuencia, si la ley o el reglamento

particular no exigen la publicación en el Diario Oficial, ella resulta innecesaria,

o lo que es lo mismo, se puede prescindir de ella.

En punto al otorgamiento de grados militares, bajas, etc., son actos

que afectan a miembros de la Fuerza Pública; y de conformidad con el

artículo 140 de la Constitución Política, corresponde conjuntamente al

Presidente y al respectivo Ministro de Gobierno:

"1.-Nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza

pública, a los funcionarios que sirvan cargos de confianza..." y en relación

con los artículos 2º y 3t7 del Estatuto de Servicio Civil, están excluidos del

régimen del Servicio Civil, razón por la cual pueden ser nombrados y removidos

libremente por el Poder Ejecutivo. Así las cosas su acuerdo de

nombramiento, cesación y otros actos que afectaren su relación de servicio,

son informales en lo que a publicación se refiere, es decir, no existe

disposición legal o reglamentaria que exija la publicación de tales actos.

CONCLUSION:

En síntesis, hacemos la advertencia obvia de que las leyes, reglamentos,

decretos y ciertos actos administrativos deben ser publicados en

el Diario Oficial no sólo como requisito de eficacia, y además, para ser

obedecidos y aplicados desde que se efectúe esa publicación (artículos

18 de la Constitución Política, 1º del Código Civil y 239-242 de la Ley

General de la Administración Pública). Pero en lo que concierne a los

actos administrativos concretos e internos -como son los referidos en la

consulta- del examen del Estatuto de Servicio Civil, leyes y reglamentos

conexos se colige, para lo que se consulta, que únicamente el acuerdo de

nombramiento y los ascensos en propiedad, de los servidores públicos debe

ser publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" y para los demás actos

referidos no es necesaria esa publicación, por cuanto no existe disposición

legal o reglamentaria que la exija, o lo que es lo mismo, se puede prescindir

de ella."