POSIBILIDAD DE REVERSAR UNA OPERACION

DE CREDITO BANCARIO

Lic. Gonzalo Cervantes Barrantes

Procurador Adjunto

DICTAMEN: C-088-83

CONSULTANTE: Banco Crédito Agrícola de Cartago

Se consultó si una operación crediticia realizada por ese Banco y

catalogada dentro del programa "Sector Agropecuario, Renovación de

Café", otorgada con un interés del 12% anual (subsidiado), puede ser

reversada aumentando la tasa de interés, cuando se haya descubierto

que de acuerdo con la información consignada en la solicitud de crédito,

suministrada por el propio acreditado, el mismo no calificaba para ese

programa crediticio.

"I. LOS BANCOS COMERCIALES DEL ESTADO EN COSTA RICA;

Antes de entrar a conocer el asunto concreto que aquí se ha

planteado, es necesario esbozar algunas ideas en torno a la naturaleza

jurídica y el régimen de derecho que les es aplicable a los Bancos, a efecto

de ubicar el problema en una determinada rama dentro de la sistemática

división de lo jurídico.

a) Naturaleza jurídica y régimen de derecho que les es aplicable de

acuerdo con la doctrina:

Los Bancos comerciales del Estado en nuestro país son instituciones

autónomas (artículo 189, inciso 1) de la Constitución Política).

Estos entes, en cuanto son organizaciones que se crean para obtener resultados

que consisten en la prestación de servicios a cambio de una

contraprestación lucrativa, constituyen, de acuerdo con la doctrina, establecimientos

públicos de carácter industrial o comercial.

Con respecto a esos establecimientos se presenta un serio problema

jurídico, cual es, determinar el régimen de derecho que les debe ser

aplicado.

Con referencia a dicho problema el autor Francis-Paul Benoit, expresa:

"Las diferencias que caracterizan a los establecimientos públicos

de carácter industrial o comercial aparecen en lo que se refiere

al derecho aplicable. El derecho común administrativo es ampliamente

descartado en provecho, no sólo de reglas administrativas

especiales, sino incluso de reglas de derecho privado." BENOIT

(Francis-Paul), el Derecho Administrativo Francés, Madrid, Instituto

de Estudios Administrativos, 1977, p. 262.

Al respecto también se refiere el profesor argentino Agustín Gordillo,

el cual manifiesta:

"10.1.2. Comerciales e Industriales (1)

El segundo grupo de entes estatales comprende muchas actividades

que el Estado moderno ha considerado necesario encarar

por si mismo, bajo un régimen similar al del derecho privado.

Estos entes raramente se rigen íntegramente por el derecho privado,

sin embargo, y se encuentra en ellos por lo tanto un sometimiento

a un régimen mixto de derecho público y de derecho privado;..."

GORDILLO (Agustín A.), Tratado de Derecho Administrativo Buenos

Aires, Ediciones Macchi, T. I., 1977, p. XI-20.

Como instituciones autónomas, los Bancos comerciales del Estado

en Costa Rica, sólo pueden ser creados por ley, la cual debe ser aprobada

por dos terceras partes de la totalidad de los votos de la Asamblea Legislativa,

y según el Licenciado Eduardo Ortiz Ortiz, es este el mismo tipo de

acto que debe ser empleado para modificarlos o extinguirlos.

Por otro lado, en nuestro país los mencionados bancos están regulados

por una organización básica, común a todos, determinada fundamentalmente,

por la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, y los mismo

están sujetos a la dirección y control del Estado, de acuerdo con el principio

de "la tutela administrativa".

Además de todo lo anterior hay que decir que el fin a cumplir

por parte de estos Bancos es público no obstante que su giro es lucrativo,

pues esta actividad lucrativa desarrollada por estos entes públicos,

no se realiza en función de personas particulares alguna, sino para beneficio

de la colectividad.

De lo anterior se infiere que los bancos comerciales del Estado en

su creación, organización, dirección y control del cumplimiento de sus

cometidos, están sujetos a principios y normas de derecho público.

Su actividad ordinaria, en cambio, por ser de carácter lucrativo

debe regirse por el derecho privado.

Así en concordancia con los criterios de la doctrina, los Bancos del

Estado en Costa Rica, por su naturaleza jurídica, en su regulación han

estado sometidos a un sistema mixto de derecho público y privado.

b) Régimen de derecho aplicable a los Bancos comerciales del Estado

de acuerdo con nuestro derecho positivo:

Las ideas doctrinarias esbozadas anteriormente fueron recogidas por

nuestro ordenamiento jurídico positivo mediante el artículo 3º de la Ley

General de la Administración Pública, Nº 6227 de 2 de mayo de 1978,

el cual a la letra dice:

"Artículo 3º.-

1. El derecho público, regulará la organización y actividad de

los entes públicos, salvo norma expresa en contrario.

2. El derecho privado regulará la actividad de los entes que por

su régimen de conjunto y los requerimientos de su giro puedan

estimarse como empresas industriales o mercantiles comunes."

Como puede observarse, el inciso segundo sólo hace salvedad del

régimen de derecho público regulador de los entes públicos, en cuanto

a la actividad de los entes ahí referidos mas no salva de este régimen a la

organización; o sea que en nuestro país, los entes públicos de carácter industrial

o comercial, como los Bancos citados, siempre tendrán una regulación

de derecho público en lo que se refiere a su organización.

A partir de la emisión de la ley citada, en el sistema jurídico costarricense

la actividad de los Bancos comerciales del Estado, como empresas

públicas establecimientos que son, está regulada por el derecho

privado.

II. ENCUADRAMIENTO SISTEMATICO DEL PROBLEMA PLANTEADO

EN LA CONSULTA Y SU ANALISIS.

a) Hipótesis a comprobar:

Establecido el marco teórico anterior, a primeras luces, la hipótesis

procedente a plantear ante el problema contenido en su consulta,

es que dicho asunto debe resolver de acuerdo con las normas del derecho

privado, en razón de que la operación Nº 6-52980-0 que el Banco Crédito

Agrícola de Cartago realizó con la señora Rosalía González Perry, se

efectuó como un negocio jurídico propio de la actividad o giro lucrativo

de dicho establecimiento.

Los obstáculos que hay que superar para tener por comprobada

dicha hipótesis estriban en determinar si existen normas de derecho público

o disposiciones bancarias especiales, que para la resolución del presente

asunto introduzcan variantes al régimen de derecho común.

b) Realización de la prueba de la hipótesis:

1. El caso consultado frente a las normas del derecho público:

Para resolver el presente caso no podrían ser aplicadas normas de

derecho público, tales como las que prescriben las nulidades de los actos

administrativos, porque como ya se apuntó en el punto I, la actividad o

el giro lucrativo de nuestros bancos comerciales, está regulada por el

derecho privado y la operación que se cuestiona se ubica precisamente

dentro de esta actividad.

Ahora bien, revisadas las regulaciones jurídicas de los Bancos que

surgen en la intersección que sobre ellos se da entre el derecho público

y el derecho privado, a las cuales se puede llamar derecho de las operaciones

bancarias, no se ha encontrado que para la especie de examen, ellas

introduzcan variantes al derecho común.

Las únicas variantes que se encontraron en esas normas, en relación

con las disposiciones de la contratación común, están consignadas

en los artículos 64 y 65 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

En ambos artículos de la citada ley, se impone una especie de

sanción en dos casos: a) Cuando en un contrato de apertura de crédito

el acreditado haya presentado al banco un plan de inversión que no corresponda

al que realiza, y b) En el evento de que los acreditados, durante la

tramitación de una operación, introduzcan datos falsos en cuanto a su

capacidad financiera para cumplir con su obligación dentro del plazo respectivo.

En ambos casos la sanción consiste en que al tener el banco conocimiento

de dichas situaciones, puede dar por vencido el plazo de la

obligación y exigir inmediatamente el pago del saldo pendiente, sin perjuicio

de las demás responsabilidades en que los acreditados hayan podido

incurrir.

Contrariamente a los afirmado por la Sección de Crédito de la Auditoría

General de Bancos, nosotros afirmamos que los artículos citados no

son aplicables al caso de marras, ya que de su consulta y de los antecedentes

que la acompañan, no se desprende que la señora Rosalía González

Perry haya introducido información falsa en la tramitación de la operación

número 6-52980-0, ni que haya hecho una inversión diferente a la que

ella estipuló.

Esta Procuraduría también revisó minuciosamente las normas reglamentarias

emitidas mediante acuerdos de la Junta Directiva del Banco

Central, atinentes al caso y vigentes a la fecha de realización de la operación

cuestionada. Dichas normas son las siguientes: a) El acuerdo del

artículo 5º de la sesión Nº 3719-82 del 17 de marzo de 1982, b) acuerdo

del artículo 3º de la sesión Nº 3723-82 del 31 de marzo de 1982, c) acuerdo

del artículo 6º, numeral 1º de la sesión Nº 3731-82 de 28 de abril de 1982.

Del examen de las normas contenidas en esos acuerdos, en relación

con la operación de estudio, se infiere que esta última se ajustó a las

mismas, las cuales, aunque no se diga expresamente, constituyen condiciones

generales de cada contrato de crédito al pequeño agricultor.

Además de las normas citadas anteriormente, no se encontraron

otras normas de derecho bancario, que para la resolución del problema

planteado introduzcan variantes al derecho común.

2. Estudio del problema planteado desde el ángulo del derecho privado:

Al no poder aplicarse el derecho público para resolver el presente

caso y no existir normas de derecho bancario que en alguna forma regulen

la especie de examen, al tenor del artículo 3.2 de la Ley General de la

Administración Pública, hay que arrivar a la necesaria conclusión de que

el presente caso debe resolverse a la luz del derecho privado.

Según los términos de su consulta, el cuestionamiento que se ha

hecho al crédito otorgado a la señora Rosalía González Perry estriba en

que ésta no califica como pequeño agricultor, porque "..no depende

de estas actividades, como se desprende de la información consignada

en su solicitud y suministrada por la propia interesada; adicionalmente

la extensión del terreno en el cual se realizaría la inversión no es la establecida

para esta línea de credito".

De conformidad con lo que se dice en su consulta, para efectos

del posterior desarrollo que aquí se hará , debe quedar claro que el Banco

obtuvo conocimiento de los factores que hacen que la prestataria no

califique para aquella línea de crediticia, precisamente por la información

que ésta última suministró en su solicitud de apertura de crédito.

En la situación que usted nos narra se nota que por parte de los

funcionarios del Banco hubo una mala apreciación de ciertas condiciones

de hecho, necesarias para el otorgamiento del crédito y que fue por ello

que se realizó la supracitada operación. Sin la existencia de esa incorrecta

apreciación de aquellas condiciones de hecho, el préstamo seguramente

no se habría otorgado, o se habría otorgado en otras circunstancias de

tal manera que el Banco no hubiera consentido en aquella operación tal

y como lo hizo.

Planteadas las cosas de este modo, este Despacho encuentra que

de acuerdo con el derecho privado, este contrato sólo podría ser anulable

y esto podría ser procedente en el caso de que existiera algún vicio de la

voluntad negocial del Banco.

Los vicios de la voluntad son: la violencia moral, la lesión, el miedo

grave, el dolo y el error vicio. De estos vicios, para este caso, hay que

descartar los tres primeros, porque definitivamente no se dan, y examinar

si se encuentra alguno de los dos últimos.

Por dolo se entiende:

"...toda maquinación o fraude para engañar a una persona

logrando que manifieste su voluntad de realizar un negocio jurídico

que no hubiese hecho, o hubiera hecho distinto de no existir el dolo.

Comprende todo artificio de que uno se sirve para engañar a otro.

por ello se sirve de maniobras fraudulentas, afirmaciones falaces,

para provocar error en una persona y determinarla a ejecutar un

acto." UMAÑA ROJAS (Ana Lorena) y PEREZ VARGAS (Víctor),

Elementos del Negocio Jurídico. Revista Judicial, San José, Nº 12,

Año III, junio de 1979, p.p. 57-120).

En su consulta se afirma que el Banco cayó en la cuenta de que la

señora González Perry no calificaba como pequeño agricultor, mediante

el examen de los datos que había aportado la misma acredita en su

solicitud de crédito.

Por lo anterior se debe presumir que la beneficiaria del préstamo

no logró que se le arrendaran aquellas sumas de dinero, mediante maquinación

o fraude que engañara al Banco, ya que ella fue diligente en suministrar

a dicha entidad todos los datos en forma veraz. Tampoco alega

usted en su consulta que la prestataria hubiera actuado con maniobras

fraudulentas, kjkpor todo lo cual debe eliminarse la posibilidad de que hubiera

existido dolo por parte de la acreditada.

Por el contrario, hay que repetir aquí, que si el Banco en tiempo

posterior a la realización de la operación tuvo conocimiento de que la

arrendataria de aquel dinero no cumplía con los requisitos que la hubieran

calificado como pequeño agricultor, fue porque la acreditada, en la tramitación

de la operación, suministró en forma fidedigna los datos que

se le solicitaron. Por ello, la culpa de que la referida operación se hay

realizado en tales términos, fue del Banco, el cual hizo una mala apreciación

de los requisitos para ser prestatario en aquel caso.

Esa equivocación o mala apreciación que se dio en torno a los

citados requisitos constituye un error.

Ahora bien, ¿puede ese error dar lugar a la anulabilidad de aquel

contrato?

Para responder a la interrogante planteada se hace necesario primeramente

definir qué es el error vicio.

Al respecto Cariota Ferrara dice:

"Total error no implica que el declarante emita una declaración

que no corresponda a la voluntad, por una equivocación material

(lapsus) o un error en el significado de la declaración (o manifestación),

sino que por el contrario la declaración se entiende y se

emite plena y rectamente: la declaración corresponde a la voluntad,

Es esta la que en el error vicio se ha formado indebidamente. Por

eso el error se sitúa entre los vicios de la voluntad, entendiendo

por "voluntad" la voluntad negocial, es decir la voluntad del contenido

del negocio (propósito). Por tanto, se llama acertadamente

error vicio y se puede denominar también error propio. ...Considerando

que el error, en cuanto se inserta en el proceso de formación

del negocio, se sitúa entre las varias representaciones intelectuales

que determinan la voluntad, bien puede hablarse de error

motivo, pues en efecto actúa como uno de los motivos de la voluntad."

CARIOTA FERRARA (Luigi), El Negocio Jurídico, Madrid,

Editorial Aguilar, 1956, p.p. 464 y 465.

Con base en el criterio anterior entendemos que el error vicio

consiste en una falsa representación o falso conocimiento de la realidad,

que se sufre respecto al objeto o alguna de las condiciones esenciales de

un negocio jurídico.

En nuestro caso efectivamente hubo un error motivo, pues sin

éste el Banco seguramente no hubiera contratado o no lo hubiera hecho

en los términos en que lo hizo. para que ese error, como error vicio, dé

lugar a la anulabilidad del contrato, el mismo debe ser esencial y reconocible.

Un error de hecho como el presente es esencial cuando recae sobre

la naturaleza u objeto del negocio, sobre la identidad del objeto de la

prestación, sobre una cualidad del objeto de la prestación, sobre la identidad

de la personal de la contratarte, sobre cualidades de ella y sobre la

cantidad.

En la operación Nº G-52980-0 se puede afirmar que hubo un error

sobre las cualidades de la persona de doña Rosalía González Perry, la

cual, según manifiesta usted, no calificaba como pequeño agricultor desde

este punto de vista podría considerarse que hubo un error esencial.

El error debe ser también reconocible, o sea que debe existir del

lado de la contraparte la posibilidad de reconocer el error ajeno. Según la

doctrina el error se debe considerar reconocible cuando en relación al

contenido de las circunstancias del negocio, o a las cualidades de las

personas que en él participan, la contraparte usando la normal diligencia

habría podido observarlo, aunque de hecho no lo hubiera observado.

No se le debe dar ninguna importancia al error que no fuera reconocible

por parte del otro contratante, el cual una persona de diligencia

normal no hubiera podido descubrir y consecuentemente no se debe dar

en tal caso a quien comete el error ninguna defensa. A este respecto se

han referido precisamente Francisco Messineo y Luis Diez Picazo y Antonio

Gullón.

El primero, afirma:

"En que sentido la recognocibilidad del error constituye uno

de los extremos de su relevancia, aparece claro tan pronto como se

considera que, solamente cuando la contraparte está en situación

de reconocer -a base de los criterios objetivos que se han indicado-

el error del declarante, la misma está también en situación

de no dar crédito a la declaración de él y de sustraerse a un negocio

expuesto a impugnación. Porque, si ese error no lo habría

podido apreciar aún usando de la normal atención (error oculto) y,

por consiguiente se ha tenido razón para pensar que la declaración

de voluntad que le ha llegado era normal, esa declaración debe

considerarse -a los efectos del negocio- como si estuviese inmune

de error; y el que comete el error no es admitido a defenderse

con la acción de anulación." MESSINEO (Francesco), Manual de

Derecho Civil y Comercial, Buenos Aries, Editorial EJEA, traducción

de la octava edición italiana de 1952, 1954, T. II, p.p. 4040 y 441.

Por su parte Luis Diez Picazo y Antonio Gullón, expresan:

"Por otra parte el error no ha de ser imputable al que lo padece.

No merece protección jurídica concretada en la anulación del negocio,

si el que lo sufre ha podido evitarlo empleando una diligencia

normal." DIEZ-PICAZO (Luis) y GULLON (Antonio), Sistema de

Derecho Civil, Madrid, Editorial Tecnos, 2ª Edición, 1978, V.I. p. 554.

En el presente caso, no obstante que el error podría considerarse

esencial, ya que está referido a cualidades de la acreditada, el mismo no

parece que hubiera podido ser reconocible por la señora González Perry,

ya que quien maneja el conocimiento de los requisitos con base en los

cuales internamente los banco califican a los solicitantes de crédito,

son los bancos mismos, y es lógico que estos aspectos escapen al conocimiento

de los particulares; de ahí que la prestataria utilizando su normal

diligencia no podía reconocer el error en que se había incurrido.

Por otro lado, la entidad bancaria, constantemente está realizando

aquellas operaciones crediticias y tiene funcionario que se dedican a estudiar

las solicitudes que se le presenten. En esta función, entre otras cosas

esos funcionarios deben determinar si se cumplen los requisitos necesarios

para ser prestatario en una determinada operación. Por lo anterior, en

concordancia con el criterio expuesto de Diez Picazo y Gullón, el Banco

de Crédito Agrícola de Cartago, empleando una diligencia normal, perfectamente

hubiera podido evitar aquel error.

Así, al no ser el error del Banco reconocible por la acreditada, este

Despacho considera que falta uno de los extremos principales que harían

que ese error posea la relevancia suficiente para dar lugar a la anulabilidad

del contrato. Además no parece posible que al proceder a la anulabilidad

de aquel contrato, el Banco logre protección a su pretensión, en

virtud de que el supracitado error pudo ser perfectamente evitable por

dicha entidad mediante la diligencia normal de sus funcionarios.

III. CONCLUSIONES:

De acuerdo con el desarrollo anterior, este Despacho concluye lo

siguiente:

A. Los bancos comerciales del Estado en Costa Rica están regulados

por un régimen jurídico mixto, de derecho público y de derecho

privado.

B. Estos bancos, al tener un giro lucrativo, deben estimarse como empresas

industriales o mercantiles comunes y desde este punto de

vista su actividad queda regulada por el derecho privado, de acuerdo

con el artículo 3.2 de la Ley General de la Administración Pública.

C. La operación Nº G-52980-0 que el Banco Crédito Agrícola de Cartago

realizó con la señora Rosalía González Perry, no puede ser

reversada de acuerdo con las normas de derecho público, en razón

de que aquella contratación se realizó como parte de la actividad

lucrativa de esa entidad bancaria, y por eso las normas que se le

deben aplicar son las del derecho privado.

Ch. El derecho bancario no establece disposiciones que para resolver

el presente caso introduzcan variantes al derecho común que faculten

a dicho Banco a reversar unilateralmente la mencionada operación.

D. Aquella operación, por su naturaleza, queda regulada íntegramente

por el derecho privado, dentro del cual no existe posibilidad alguna

de que pueda ser reversada unilateralmente.

E. De acuerdo con lo narrado en su consulta, dentro del derecho privado,

ese contrato sólo podría ser anulable; esto podría proceder si

se encontrare que existió algún factor que hubiere viciado la voluntad

negocial del Banco.

F. De conformidad con los términos de su consulta, este Despacho no

encuentra que aquella contratación adolezca de un vicio en la

voluntad negocial del Banco, que en forma efectiva dé lugar a la

anulabilidad.

En resumen, esta Procuraduría concluye que la operación Nº G-52980

realizada por el Banco Crédito Agrícola de Cartago con la señora Rosalía

González Perry, no puede ser reversada de acuerdo con las normas del

derecho privado, ni de conformidad con las normas del derecho público."