DERECHO TRIBUTARIO

CONFIDENCIALIDAD DE LA DECLARACION

DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA

Lic. Magda Inés Rojas Chaves

Procuradora Adjunta

DICTAMEN: Nº C-305-82 de 17 de noviembre de 1982.

CONSULTANTE: Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados.

Se consultó si la Dirección General de la Tributación Directa está

obligada a suministrar al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados información obtenida de la Declaración del Impuesto sobre

la Renta presentada por determinadas empresas, el oficio agrega que,

conforme a la Ley Nº 6622 de 27 de agosto de 1981, el Instituto

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados requiere de esa

información.

La consulta plantea la necesidad de definir si las declaraciones

sobre el Impuesto de la Renta constituyen documentos públicos o privados

y, consecuentemente, si terceras personas pueden tener o no acceso a

dichas declaraciones.

"I. REGIMEN JURIDICO APLICABLE A SU CONSULTA.

1. Legislación aplicable.

En la solución del problema por Ud. planteado resultan aplicables

los artículos 24, 30 de la Constitución Política, 112 en relación con los

artículos 105, 104, 14 y 110, inciso b) del Código Tributario; 3º y 7º de

la Ley Nº 6622 de 27 de agosto de 1981 y 732 del Código Civil.

Dispone al Respecto la Constitución Política:

Artículo 24: "Son inviolables los documentos privados y las

comunicaciones escritas u orales de los habitantes de la República.

Sin embargo, la ley fijará los casos en que los tribunales de

justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de

documentos privados, cuando ello sea absolutamente indispensable

para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento.

Igualmente la ley fijará los casos en que los funcionarios

competentes podrán revisar los libros de contabilidad y sus anexos,

como medida indispensable para fines fiscales.

La correspondencia que fuere sustraída, de cualquier clase que

sea, no producirá efecto legal".

Artículo 30: "Se garantiza el libre acceso a los departamentos

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de

interés público.

Quedan a salvo los secretos de Estado".

La Ley Nº 6622 de 27 de agosto de 1981 establece:

Artículo 3º: "Sin perjuicio de la obligación de las industrias de

eliminar la contaminación que con sustancias químicas, orgánicas y

otras, provocan al medio, se establece una tasa especial de un

colón, por tonelada métrica del producto elaborado que pagarán estas

industrias, para cancelar parte del servicio de la deuda que esta

ley establece.

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados

establecerá el sistema de pago de esa tasa, por parte de las

industrias instaladas en la zona citada en el artículo 1º".

(Puntarenas).

Artículo 7º: "Esta ley es de orden público y rige a partir de su

publicación".

Respecto del carácter público de los documentos dispone el Código

Civil:

Artículo 732: "Son documentos públicos todos aquellos que han

sido redactados o extendidos por funcionarios públicos, según las

formas requeridas y dentro del límite de sus atribuciones.

Las fotocopias de los documentos originales tendrán el carácter

que este artículo establece, si el funcionario correspondiente de la

oficina que las autoriza, certifica en ellas la razón de que son

copias fieles de los originales y cancela con el sello de la

oficina, las especies fiscales de ley".

Respecto de los documentos aportados por los declarantes

de un impuesto resultan aplicables las siguientes disposiciones:

"Artículo 112: "Las informaciones que la Administración

Tributaria obtenga de los contribuyentes, responsables y terceros,

por cualquier medio, tienen carácter confidencial; y sus

funcionarios y empleados no pueden divulgar en forma alguna la

cuantía u origen de las rentas, ni ningún otro dato que figure en

las declaraciones, ni deben permitir que éstas o sus copias, libros

o documentos, que contengan extractos o referencia a ellas, sean

vistos por otras personas que las encargadas en la Administración de

velar por el cumplimiento de las disposiciones legales reguladoras

de los tributos a su cargo.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, el

contribuyente, su representante legal, o cualquier otra persona

debidamente autorizada por aquél, puede examinar los datos y anexos

consignados en sus respectivas declaraciones juradas, lo mismo que

cualquier expediente que contemple ajustes o reclamaciones

formuladas sobre dichas declaraciones.

La prohibición que señala este artículo no impide la inspección

de las declaraciones por los Tribunales Comunes. Tampoco impide el

secreto de las declaraciones la publicación de datos estadísticos o

del registro de valores de los bienes inmuebles, así como de la

jurisprudencia tributaria conforme a lo previsto a los personeros de

los Poderes Públicos, siempre que se hagan en tal forma que no pueda

identificarse a las personas".

El artículo transcrito se refiere a la Administración Tributaria,

que es, según el Código Tributario:

Artículo 105: "...el órgano administrativo que tenga a su cargo

la percepción y fiscalización de los tributos, ya se trate del Fisco

o de otros entes públicos que sean sujetos activos, conforme a los

artículos 11 y 14 del presente Código.

Dicho órgano puede dictar normas generales para los efectos de la

correcta aplicación de las leyes tributarias, dentro de los límites

que fijen las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes".

Ese órgano administrativo está facultado:

Artículo 110: "Para facilitar la oportuna verificación de la

situación impositiva de los contribuyentes y de los responsables, la

Administración Tributaria puede:

b) Requerir de los contribuyentes, de los responsables y de

terceros, sean entidades públicos o privadas, el suministro de

cualquier información relativa a la determinación de los

tributos y su correcta fiscalización. Se exceptúan de esta

obligación los funcionarios y empleados de la Dirección

General de Estadística y Censos, de acuerdo con lo dispuesto

en el artículo 4º de la Ley General de Estadística, Nº 1565 de

31 de mayo de 1953; a las Instituciones Bancarias, en cuanto a

lo dispuesto en el artículo 4º de la Ley Nº 1633 de 12 de

setiembre de 1953; y a las personas, oficinas e instituciones

que por disposiciones legales especiales estén exentas de la

misma".

El Código Tributario prevé una sanción en caso de que, sin

autorización del declarante, se suministra información confidencial;

Artículo 104: "La violación de las prohibiciones establecidas en

los artículos 112 y 113 de este Código, es causal de despido

asimilable a la contenida en el inciso e) del artículo 81 del Código

de Trabajo; y cuando constituya delito se deben aplicar también las

sanciones penales que procedan".

La Constitución Política garantiza la inviolabilidad de los

documentos privados; no obstante, esa inviolabilidad cede respecto de los

libros de contabilidad y sus anexos para fines fiscales. Corresponde al

legislador determinar cuáles funciones tendrán acceso a dicha

información. Del segundo párrafo del artículo 24 constitucional podríamos

inferir que, en principio, los documentos relativos a la percepción de

una "renta" por un particular constituyen documentos privados. Sin

embargo, por un interés público y fiscal, el carácter de inviolable cede

para permitir el acceso de ciertos funcionarios a dichos documentos. El

interés radica en la correcta determinación del tributo. Al contrario

cuando no se trata de la determinación del tributo, la inviolabilidad del

documento se mantiene. En todo caso, el que la Constitución autorice la

revisión de los libros de contabilidad y sus anexos para fines fiscales,

no significa que cualquier ente público o particular tenga acceso a dicha

información, o a la suministrada en la declaración presentada por el

interesado para la determinación del tributo. En el caso concreto de la

Declaración del Impuesto sobre la Renta presentada por el obligado del

impuesto, el legislador expresamente la calificó de información

confidencial; confidencialidad que, repetimos, sólo cede respecto de la

Administración Tributaria. Ahora bien, el término "Administración

Tributaria" no se refiere a cualquier sujeto activo de una obligación

tributaria, sino al órgano que tenga a su cargo la percepción y

fiscalización de un determinado tributo del cual es sujeto activo.

Respecto del Impuesto sobre la Renta, la Administración Tributaria, esta

constituida por la Dirección General de la Tributación Directa. Esa

Dirección constituye el órgano competente para requerir de un declarante

información necesaria para determinar el indicado impuesto; en vía

administrativa sólo ella y, en su caso, el Tribunal Fiscal

Administrativo, tienen acceso directo a esa información. La Dirección

está obligada a mantener la confidencialidad de la información obtenida y

si ella o uno de sus funcionarios brindaran información relativa a la

declaración de un contribuyente o responsable, incurrirían en violación

de lo dispuesto en el artículo 112 del Código Tributario. Además, el

funcionario responsable se hará acreedor de la sanción prevista en el

artículo 104 del citado cuerpo normativo.

Ahora bien, si el Instituto de Acueductos y Alcantarillados requiere

información para determinar el monto del tributo previsto en la Ley 6622

de 27 de agosto de 1981, puede requerirla de las empresas que resulten

sujetos pasivos de la obligación tributaria.

CONCLUSION:

Por lo antes expuesto, es criterio de este Organismo que la

Dirección General de la Tributación Directa no se encuentra facultada

para suministrar al Instituto Costarricense de Acueductos y

Alcantarillados información contenida en la Declaración del Impuesto

sobre la Renta presentada por una empresa. Lo anterior, aun cuando

dicha información sea requerida para determinar el monto del tributo que

establece la Ley Nº 6622 de anterior cita.