TRANSACCIONES Y COMPROMISOS EN ARBITROS

DE ASUNTOS DEL PODER EJECUTIVO

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

C-141-79 (19)

San José, 23 de julio de 1979

Señor

Lic. Rogelio Fernández Sagot

Jefe a. i. del Departamento Legal

Consejo Nacional de Producción

S. D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República, doy

respuesta a su oficio Nº 00277 de fecha 17 del mes de julio es curso, por medio

del cual pone en conocimiento de esta Dependencia que la Junta Directiva de esa

Institución acordó aprobar un finiquito -en relación con el juicio del señor..., que

ya se encuentra fallado a su favor en segunda instancia- pero que condicionó

dicha aprobación al dictamen favorable de esta Procuraduría General, en consideración

a lo establecido por el artículo 27 de la Ley General de la Administración

Pública.

Luego de un análisis exhaustivo del susodicho artículo 27, hemos llegado

a la siguientes conclusiones:

1.-Su párrafo 4º, se refiere exclusivamente al Poder Ejecutivo, y no es

aplicable a las instituciones autónomas. En efecto, de la íntima relación que

existe entre los párrafos 3 y 4, queda claro de transar y comprometer en árbitros

los asuntos del ramo (que es a la transacción y al compromiso a que se refiere

seguidamente le párrafo 4º), lo pone la ley a cargo de los Ministros, conjuntamente

con el Presidente de la República. Siendo ello así, el dictamen favorable de esta

Procuraduría General sólo es requisito para las transacciones y compromisos del

Poder Ejecutivo.

Es del caso hacer las siguientes dos observaciones en abono de la conclusión

expuesta: a) que el referido artículo se encuentra dentro del Capítulo referente

a los Organos Constitucionales, el cual desarrolla aspectos legales que se

refieren -en forma exclusiva- el Poder Central. Y la ubicación de una norma dentro

de determinado capítulo de una ley, es un valioso elemento de hermenéutica

legal; y b) que en las actas de la Asamblea Legislativa referentes a la discusión de

la Ley General de la Administración Pública, aparece -en lo que interesa- la

siguiente intervención del Magistrado Gonzalo Retana, al discutirse este artículo

en la Comisión correspondiente:

"En estos momentos el Poder Ejecutivo no puede transar ningún

asunto salvo con la autorización de la Asamblea o de la Contraloría, entonces

aquí se le reconoce una facultad que le corresponde a ambos, y en el 4 se

hace la distinción en el sentido de que cuando se trate de asuntos de

derecho público se requiere autorización..."

Queda entonces claro que el legislador se refirió, en los párrafos 3 y 4 del

artículo 27 citado, en forma exclusiva a las trasacciones y compromisos en

árbitros de asuntos del Poder Ejecutivo.

2.-Es importante hacer la observación de que -además- el dictamen

favorable de esta Dependencia lo exige la norma legal que se analiza para los

casos de transacción y compromiso referentes a asuntos de derecho privado. Y

como puede verse de la sentencia dictada por el juicio incoado por el señor..., ésta

resuelve que el Acuerdo de la Junta Directiva que ordenó su destitución es

absolutamente nulo por ser contrario a la ley, por lo que se declara la nulidad del

acto administrativo de destitución.

Tal pretensión -deducida en el juicio y declarada procedente por los

Tribunales de Justicia- es muy discutible que pueda ser considerada como de

derecho privado.

3.-Como último aspecto, consideramos necesario examinar el artículo 2º

de la ley en comentario, ya que éste -en su párrafo 1- dispone que "Las reglas de

esta ley que regulan la actividad del Estado se aplicarán también a los otros entes

públicos, en ausencia de norma especial para éstos". (Es preciso hacer la

observación de que cuando esta norma habla "del Estado" debe, necesariamente,

entenderse que se refiere al Poder Ejecutivo, pues si no se interpreta así, la

disposición carecería por completo de sentido).

Y se examina este artículo, porque eventualmente podría argumentarse

como la Ley General de la Administración Pública no contiene ninguna norma

especial que regule las transacciones y compromisos de los entes descentralizados,

debería aplicarse a éstos lo dispuesto por el artículo 27. Pero esta Procuraduría

General no comparte ese posible punto de vista, por la siguiente razón: la

norma transcrita debió haber sido redactada (y así debe ser entendida), en el

sentido de que "Las reglas de carácter general de esta ley que regulan la

actividad del Estado... etc.". Y afirmamos que esa es la única forma racional de

entender el artículo, porque las normas de índole específica no es aceptable que

puedan hacerse extensivas a otros órganos. Así, verbigracia, los artículo 49 y

siguientes regulan lo referente a los Organos Colegiados (dentro de los cuales

-indudablemente- se hallan las juntas directivas de las instituciones autónomas).

Pues bien, si en las disposiciones que regulan lo referente a sesiones o al quórum

hubiese ausencia de una norma que dé solución a un problema concreto, es

inaceptable que se recurra a buscar dicha norma en los artículos que se refieren

concreta y específicamente a las sesiones del Consejo de Gobierno (artículo 29 y

siguientes).

En el caso concreto que nos ocupa, sucede un fenómeno similar, el artículo

27 se refiere en forma exclusiva al procedimiento por medio del cual el Poder

Ejecutivo puede transar y comprometer en árbitros los asuntos de cada uno de sus

ramos, por lo que -de acuerdo con lo argumentado- tal potestad no puede

legalmente hacerse extensiva a los entes descentralizados.

De acuerdo con todo lo anterior, esta Procuraduría General se encuentra

legalmente inhibida para emitir el dictamen favorable solicitado por la Junta

Directiva de ese Consejo.

Atentamente,

Lic. Fernando Albertazzi H.

Procurador Contencioso Administrativo