LA COMPARECENCIA ORAL Y PRIVADA EN

LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

C-160-79

San José, 10 de agosto de 1979

Señor

Lic. José Francisco Peralta

Presidente

Consejo Nacional de Migración

S. O.

Estimado señor:

Con autorización del señor Subprocurador General de la República,

doy respuesta a su oficio Nº.4509-79-C.M. de 10 de julio pasado, en el

que se transcribe acuerdo de la Sesión Extraordinaria Nº ...., del ....,

del Consejo Nacional de Migración, en el que se acordó cancelarse la

residencia al señor ...., y enviar el expediente a este Despacho a fin de

que se determine si cabe responsabilidad por la cancelación dicha, y de

haberla, a quién le corresponde. Me refiero asimismo al oficio del 26 de

julio, al que se acompañaba el expediente, que por error no fue incluido

al enviarse la nota arriba mencionada.

Veremos primero si al tomarse el acuerdo indicado se cumplió con los

procedimientos legales, para pasar posteriormente a analizar el punto

relativo a la posible responsabilidad de los funcionarios.

1) La Ley General de la Administración Pública, Nº.6227 de 2 de mayo de

1978, vigente a partir del 26 abril de este año, establece un

procedimiento administrativo que debe cumplirse en todos los actos.

Sería largo indicar todos los artículos de la ley mencionada que deben

aplicarse, por lo que mencionaremos los principales, cuales son, 217,

218, 308 a 319, 327 a 336.

Es especialmente importante notar que los artículo 217, 218 y 309,

establecen que el procedimiento ordinario se tramitará mediante una

competencia oral y privada ante la Administración, en la cual se admitirá

y recibirá toda la prueba y alegatos de las partes que fueren

pertinentes. En lo posible, las comparecencias serán grabadas y deberá

levantarse un acta (artículo 131); terminada la comparecencia, el asunto

quedará listo para dictar el acto final, lo que deberá hacer el órgano

competente dentro del plazo de quince días, contados a partir de la fecha

de aquella (artículo 319). Ese acto final deberá ajustarse a los

preceptos y limitaciones del Libro Primero de la ley (artículo 327); y

para que tenga eficacia, deber ser debidamente comunicado al administrado

(artículo 334).

Este trámite de la comparecencia es esencial, puesto que constituye

una doble garantía para la Administración, de que puede reunir todos los

medios de ilustración que permitan un mejor acierto en sus resoluciones,

u para los particulares, que tendrán la oportunidad de aportar las

pruebas y demás elementos de juicio en lo que quiera fundar su derecho.

Se considera esta formalidad como presupuesto básico de garantía

procesal, derivado del principio general de Derecho de que "nadie puede

ser condenado sin ser oído", acorde con lo establecido en el artículo 214

de la ley en mención, sea, que el procedimiento administrativo servirá

para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la

Administración, con respeto para los derechos subjetivos e intereses

legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico; y

que su objeto más importante es la verificación de la verdad real de los

hechos que sirven de motivo al acto final.

La Administración debe aportar sus resoluciones dentro del

procedimiento que se establece (artículo 216) y sólo podrá prescindirse

de la audiencia y comparecencia de los artículo 217 y 218 en casos

excepcionales. La omisión injustificada de dichos trámites causara

indefensión y la nulidad de todo lo actuado.(artículo 219).

En consecuencia, debemos concluir que el acuerdo tomado por el

Consejo de cancelarle la cédula de residencia al ciudadano chino que

interesa, es nulo.

2) La responsabilidad de la Administración y del servidor público, está

contemplada en el Titulo Sétimo de la Ley General de la Administración

Pública, artículos 190 y s.s.

El servidor públicos, es responsable personalmente ante terceros, si

ha emitido actos manifiestamente ilegales (artículo 199, inc. 2) y la

Administración será solidariamente responsable con su servidor ante

terceros, por los daños que éste cause (artículo 201). Cuando el daño

haya sido producido por la Administración y el servidor culpable, o por

varios servidores, deberán distribuirse las responsabilidades entre ellos

de acuerdo con el grado de participación de cada uno (artículo 205). El

Ministro del cual depende el agente será personalmente responsable, en lo

civil, por el pleno cumplimiento de las disposiciones anteriores

(artículo 209).

De acuerdo con lo anterior podemos concluir que cabría

responsabilidad a todos los miembros del Consejo Nacional de Migración

por los daños causados por el acuerdo que deviene nulo, así como al señor

Ministro de Seguridad Pública.

Lo saluda atentamente,

Licda. Lilliana García de Davis

Procuradora Específica