GESTIONES COBRATORIAS REALIZADAS EN VIA ADMINISTRATIVA

ART. 149 LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

C-163-79

Señorita San José, 10 de agosto de 1979

Licda. Giovanna Bianchini

Directora de Asesoría Jurídica

Ministerio de Agricultura y Ganadería

Estimada señorita:

Por encargo y con la previa aprobación del señor Subprocurador

General de la República, me es grato referirme a sus atento oficio Nº.642

D.A.J. de 23 de julio en curso, mediante el cual solicita a este Despacho

tramitar el cobro de los daños y perjuicios causados por el señor Carlos

Rojas Alvarado, funcionario de ese Ministerio, con ocasión del accidente

acaecido con el vehículo P.E. 10-3710.

En punto a su estimable solicitud, conviene tener presente que de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 210.-1 de la Ley General de

la Administración Pública, el servidor público será responsable ante la

administración por los daños que cause a ésta por dolo o culpa grave, aún

en el evento de que no se haya producido daño a un tercero. Asimismo, el

referido artículo en su aparte 3 indica que la acción de recuperación

será ejecutiva y el título base de la gestión cobratoria lo constituirá

la certificación sobre el monto del daño, expedida por el jerarca del

ente respectivo.

De otra parte, tenemos que el artículo 149 de la citada Ley General

de la Administración Pública, establece en su aparte 1, inciso a), un

medio novedoso en nuestro ordenamiento jurídico, que faculta a la

administración para ejecutar forzadamente, mediante apremio sobre el

patrimonio del administrado, cuando se trate de un crédito líquido de la

Administración, con aplicación de las normas pertinentes del Código de

Procedimientos Civiles sobre embargo y remate. En tal evento el título

ejecutivo podrá ser la certificación del acto consultivo del crédito

expedida por el órgano competente para ordenar la ejecución.

Consecuentemente, a tenor de lo dispuesto por el artículo 210.-3,

-según quedó establecido supra-, la certificación sobre el monto del daño

que servirá de fundamento a este medio de ejecución administrativa, debe

ser expedida en el presente caso por el señor Ministro de Agricultura y

Ganadería, como órgano superior jerárquico del ente. (Ver artículo 28.-1

en relación con el 210.-3, ambos de la Ley General de la Administración

Pública).

De conformidad con lo expuesto se colige que la gestión cobratoria

solicitada a este Despacho, puede ser realizada directamente por el

Ministerio en vía administrativa, previo el cumplimiento -según la

doctrina contenida en el artículo 150 de la ley-de dos requisitos de

importancia: la debida comunicación del acto principal, y la existencia

de dos intimaciones consecutivas instando al deudor a satisfacer dentro

de un plazo determinado su obligación a favor de la Administración.

El acto principal viene a ser entonces la resolución administrativa

que dicta el ente, que determina en definitiva la existencia de una deuda

líquida a favor de éste, e indica quién debe satisfacer la misma. Así,

en el presente caso la resolución de mérito debe ser la consecuencia de

una serie de actuaciones por parte de la Administración y del señor Rojas

Alvarado, siguiendo para ello los trámites establecidos en el artículo

308 y siguientes de la ley, referentes al llamado Procedimiento

Ordinario. Y ello así en razón de que de conformidad con los principios

doctrinarios de los artículos 113-1, 214, 215 y 221 de la Ley General de

la Administración Pública tantas veces citada, se colige que en el

procedimiento que debe seguirse para la determinación del motivo del

acto, debe verificarse la verdad real de los hechos que le sirven de

fundamento, o sea, que en el procedimiento administrativo deben

verificarse los hechos que le sirvan de motivo al acto final en la forma

más fiel y completa posible, adoptando el órgano director todas las

medidas probatorias pertinentes.

De este modo, en el presente caso la resolución debe contener un

detalle de los hechos y de las probanzas que hacen concluir la

participación del señor Rojas Alvarado y determinar su responsabilidad de

resarcir los daños causados a la Administración. Consecuentemente, debe

dársele audiencia previa, tal y como indica la ley, y posibilidad de

alegar y ofrecer las pruebas que considere oportunas, en relación con su

participación en los hechos y en punto a la determinación definitiva en

vía administrativa del total de los daños. Así, la resolución debe

incluir entonces la estimación por parte del Ministerio de la suma

adeudada, una vez conocidos los avalúos de ambas partes, si es del caso.

Dicha suma, según quedó expuesto, será el crédito líquido que certificará

el señor Ministro en caso de que sea necesario proceder a la ejecución.

Conviene indicar también que la resolución administrativa que nos ocupa

debe ser comunicada por notificación personal, en cumplimiento de lo

preceptuado por el artículo 240.-1 in fine.

Como ha podido observarse, el procedimiento descrito es novedoso,

En consecuencia, es criterio de este Despacho que las incidencias del

trámite deben ser sustanciadas por el Departamento Legal del Ministerio,

como órgano que dirige el procedimiento, en razón de su propia

especialidad. No cabe duda que recurriendo a este medio de ejecución

administrativa resultará en definitiva más expedito el resultado final, y

la Administración se encontrará en oportunidad de resarcirse de los daños

que se le han irrogado dentro de un plazo razonablemente corto, en

comparación con el procedimiento judicial.

Aprovecho la oportunidad para suscribirme, atentamente,

Lic. Farid Beirute Brenes Procurador de Hacienda a. í.