MODIFICACION O REDUCCION DE PARTIDAS PRESUPUESTARIAS

DESTINADAS A SERVICIOS NO PERSONALES

C-168-79

San José, 14 de agosto de 1979

Señor

Víctor Hugo Ramos Rojas

Administrador del Colegio

Vocacional de Artes y Oficios

Cartago

Estimado señor:

Por encargo y con la debida aprobación del señor Subprocurador General

de la República, doy respuesta a la consulta que formula mediante Oficio Nº

225-79 de 30 de julio de 1979, en el cual afirma que el Estado "ha confundido una

con otra" las leyes Nº 3690 de 7 de junio de 1966 y la Nº 4609 de 8 de agosto de

1970 que establecen conjuntamente la forma de financiamiento de la institución

docente para la cual usted labora. Sobre el particular me permito comunicarle lo

siguiente:

Mediante reforma introducida por la ley Nº 5102 de 9 de noviembre de

1972 a la citada ley Nº 3690, se dispuso que el Colegio Vocacional de Artes y

Oficios de Cartago, entre otras instituciones públicas o de beneficencia, seguiría

percibiendo las subvenciones y demás ingresos provenientes del Estado, al

mismo tiempo que la suma de ¢ 0.05 del impuesto de consumo pagado por cada

saco de cemento producido en la provincia de Cartago. No hay la mejor duda de

que la intención del legislador de 1972, fue otorgarle al COVAO una subvención

directa sin perjuicio de que siguiera recibiendo el financiamiento por parte del

Estado que antes había sido establecido en la ley Nº 4609 de 8 de agosto de 1970,

en la cual, asimismo, se declara de interés nacional el funcionamiento de esta

institución docente.

No es cuestionable el derecho que tiene el Colegio Vocacional de Artes y

Oficios de Cartago para percibir directamente los ingresos provenientes del

impuesto de consumo sobre el cemento producido en su provincia en la proporción

de ¢ 0.05 por cada saco que se venda y simultáneamente la subvención

estatal constituida por el pago de los sueldos del personal docente y administrativo

del colegio, de acuerdo con la Escala establecida por la Ley de Carrera

Docente. Sin embargo, en cuanto al pago de material de enseñanza del citado

centro educativo que también se contempla por la citada ley Nº 4609, debe

hacerse algunas consideraciones.

Mientras que la subvención concedida al COVAO por la ley Nº 5102 de 6

de noviembre de 1972 es un ingreso fijo, cierto, consistente en una suma de

dinero liquidable, que tiene su origen en una simple operación aritmética

determinada por la cantidad de sacos de cemento vendidos, los ingresos

provenientes de partidas presupuestarias, son per se variables año con año,

sujetos a modificaciones de acuerdo a las posibilidad fiscales y al orden de

prioridades dentro de las políticas y programas de gobierno. En efecto, el gasto

público debe de ser reordenado anualmente y las partidas presupuestadas pueden

sufrir modificaciones por parte de la Oficina Nacional de Presupuesto del Ministerio de

Hacienda, de la Oficina de Planificación Nacional y finalmente de la propia

Asamblea Legislativa, atendiendo a diversos criterios de política fiscal, económica,

de desarrollo, etc.

En materia de recursos presupuestarias, los únicos casos en que se asignan

rentas fijas provenientes del erario a determinadas instituciones, lo constituyen

la Universidad de Costa Rica y el Poder Judicial, por cuanto así lo dispone la

Constitución Política en sus artículos 85 y 117 respectivamente. A la primera se le

asigna una suma fija equivalente al 10% del presupuesto anual de gastos del

Ministerio de Educación y al segundo una suma no menor del 6/ de los ingresos

ordinarios calculados para el año económico. Sin embargo, cuando esta suma

resultare superior a la requerida para cubrir las necesidades de ese Poder, la

Oficina de Presupuesto debe asignar el exceso a un plan de inversión aprobado

por la Asamblea Legislativa.

En el caso de consulta está claro que nos encontramos ante una situación

normal de modificación o reducción de partidas destinadas a servicios no personales

que entre otros incluye los gastos por materias y equipo que corrientemente

son modificados, lo cual no ocurre a menudo con las partidas destinadas al

pago de sueldos y jornales. El propio Reglamento a la Ley Nº 4609 de repetida

cita, contempla en forma expresa, en su artículo 2º la situación planteada, al

decir:

"Los gastos de material de enseñanza serán pagados por el Estado

con presupuestos ordinarios y extraordinarios que de mutuo acuerdo entre

el Ministerio de Educación Pública y el Colegio Vocacional de Artes y

Oficios de Cartago, se presenten para su aprobación a la Contraloría General

de la República". (El subrayado no es del texto).

En concordancia con lo expuesto se arriba a la conclusión necesaria de

que el Estado tiene la obligación legal de pagar los sueldos del personal docente

y Administrativo del Colegio Vocacional de Artes y Oficios de Cartago, lo cual

debe hacerse de conformidad con la escala establecida por la Ley de Carrera

Docente, pudiendo agregarse que se trata de una obligación ineludible que por

ese motivo se traduce en un gasto fijo. Mas con relación a los gastos por concepto

de material de enseñanza puede afirmarse que las partidas correspondientes

están sujetas a una especie de negociación entre el Estado y la entidad docente

interesada.

Finalmente, en cuanto a su solicitud en el sentido de que la Procuraduría

General de la República se sirva "ordenar que se cumplan las leyes", en vista de

lo que usted considera una interpretación correcta, me permito decirle que la

misma no es de recibo, ni aún en el caso incumplimiento -que no es el

presente- toda vez que nuestra función no es ésa, sino fundamentalmente la de

interpretar la ley y eventualmente indicarle a las autoridades del Poder Ejecutivo

la mejor forma de lograr su cumplimiento.

Sin otro particular, me suscribo atentamente,

Lic. Francisco E. Villalobos González

Procurador Auxiliar de la República