LA COSTUMBRE ADMINISTRATIVA COMO PARTE INTEGRANTE

DE NUESTRO ORDENAMIENTO JURIDICO

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

C-194-79

San José, 4 de setiembre de 1979

Señor

Jorge Alvarez Montenegro

Directo General de Migración

Ministerio de Seguridad Pública

S. D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República, me

es grato referirme a su atento oficio Nº 2.020-79 de 22 de agosto del año en

curso, en el cual requiere el criterio de este Despacho sobre la posibilidad de

variar, por parte de la Dirección a su digno cargo, los términos acostumbrados en

relación con la certificación de pensiones que se exige a los turistas al abandonar

el país, así como en lo que respecta a las constancias expedidas por el Patrono

Nacional de la infancia, cuando se trata de menores extranjeros.

Al respecto nos permitimos manifestarle lo siguiente:

Del texto de su estimable Oficio se desprende que la Dirección General de

Migración ha seguido en los últimos años, la política en el sentido de que los

turistas deben aportar certificación en la que conste que no adeudan pensiones

alimenticias, a los efectos de otorgarles el permiso de salida, después de seis

meses de permanencia en el país.

Igualmente nos manifiesta, que se exige a los turistas menores de edad,

constancia del Patronato Nacional de la Infancia, cuando tengan más de seis

meses de residir en Costa Rica, y requieran la respectiva visación de su pasaporte.

Ahora bien, a nuestro juicio, no cabe duda de que esa política reiterada

constituye en la especie "una costumbre administrativa" en materia de migración,

la cual se ha incorporado a nuestro ordenamiento jurídico en calidad de norma no

escrita todo al tenor de lo que al efecto dispone la Ley General de la Administración

Pública.

En efecto, el ordenamiento jurídico está integrado por las normas no

escritas, sean la costumbre, la jurisprudencia y los principios generales de

derecho, para garantizar el equilibrio entre la eficiencia de la Administración y la

dignidad y libertad del individuo.

Estas normas no escritas, y las disposiciones normativas escritas, constituyen

las reglas de organización que ha de seguir la Administración, siempre que

actúe, sea cualquier el fin de su conducta, ordenamiento jurídico que además

debe ser observado permanentemente por la Administración Pública en su vida

de relación con el administrado. (artículo 7º en relación con el artículo 13, ambos

de la Ley General de la Administración Pública).

Siendo así las cosas, para llevar a cabo la reducción del término de seis a

tres meses, en los casos a que antes se hizo referencia, se hace necesario dictar

un reglamento en que se indique expresamente la variante que se pretende, ya

que no es dable a esa Dirección General variar per se, la costumbre administrativa

en cuestión por constituir, como se ha dicho, parte integrante de nuestro

ordenamiento jurídico.

Atentamente,

Lic. Fernando Chinchilla Cooper

Procurador Civil