IMPOSIBILIDAD DE RECONOCER DERECHOS

PROVENIENTES DE CONVENCIONES COLECTIVAS

LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA

C-214-79

San José, 18 de setiembre de 1979

Señor

Guido Núñez Román

Secretario General Sindicato

Industrial de Trabajadores Eléctricos

y de Telecomunicaciones

S. O.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República,

doy respuesta a su nota de 30 de agosto pasado, dirigida a la

Procuraduría General de la República, en que solicita el criterio sobre

la validez de una convención firmada el 2 de mayo de 1979, entre la Junta

Administrativa de Servicios Eléctricos de Cartago, -JASEC- y el Sindicato

Industrial de Trabajadores Eléctricos y de Telecomunicaciones -SITET-.

Al respecto le manifestamos lo siguiente: dado que JASEC es un ente

público, sujeto en su totalidad a las normas establecidas en la Ley

General de la Administración Pública y ésta dispone en su artículo 112,

que: "el derecho administrativo será aplicable a las relaciones de

servicio entre la administración y sus servidores", debemos concluir,

-sin lugar a dudas- que son las disposiciones del derecho administrativo

y no otras, las que informan y rigen todo lo concerniente a la prestación

de servicios, entre quienes ostenten la calidad de servidores públicos y

la administración pública, en este caso representada por JASEC.

En esta relación de servicio, que por su naturaleza es de derecho

público, la voluntad de la Administración se impone, pues si bien se

requiere la anuencia del servidor o administrado para que se dé la

relación de servidor público, este asentamiento constituye una simple

condición de aceptación y no de eficacia de la relación.

Consecuente con lo expuesto, debemos concluir que a partir de la

vigencia de la ley General de la Administración Pública, el Estado y sus

entes no tienen obligación ni facultad jurídica, para reconocer derechos

provenientes de convenciones colectivas que se suscriban con

posterioridad a la vigencia de dicha ley.

Ahora bien, ¿cómo deben establecerse las regulaciones que normen las

relaciones entre los entes públicos y sus servidores?

En un estudio denominado "El Régimen Jurídico de los Servidores

Públicos", fechado agosto de 1979 y suscrito por la Ministra de Justicia

y Procuradora General de la República, se afirma lo siguiente:

"Los servidores de la Administración Descentralizada, ajenos al

régimen del Estatuto de Servicio Civil, hasta la vigencia de la ley

General de la Administración Pública, se encontraban sujetos en su

relación de servicio a la legislación laboral, en virtud básicamente de

la definición contenida en el artículo 578 del Código de Trabajo".

"Trabajador del Estado o de sus instituciones, es toda persona

que preste a aquél o éstas un servicio material, intelectual o ambos

géneros, en virtud de nombramiento...".

En virtud de la prescripción contenida en el artículo 112.1 de

aquella ley, se ha corregido tal situación y las respectivas relaciones

de servicio han quedado encuadradas dentro del derecho público y desde

luego bajo las cuales se ha de regir la relación de servicio de su

personal.

No obstante, compete a cada una de las entidades del sector

descentralizado de la Administración establecer, a través de la emisión

del respectivo reglamento autónomo de trabajo, las condiciones bajo las

cuales se ha de regir la relación de servicio de su personal.

"Ahora bien en tanto no se emitan las mencionadas normas, el jerarca

respectivo podrá nombrar,disciplinar y remover a todos los servidores del

ente, "de conformidad con los artículos 191 y 192 de la Constitución

Política"; así lo establece el artículo 104 de la ley General de la

Administración Pública...".

Como se ve, en el caso concreto de JASEC, lo que procede de

inmediato es que la Junta dicte un reglamento autónomo de trabajo, basado

tanto en la ley General de la Administración Pública, como en el artículo

12 de la Ley de Creación de JASEC, Nº 3300 de 16 de julio de 1964, en

cuanto la autoriza para dictar sus propios reglamentos internos.

Los puntos de vista que han quedado expuestos, son reiteración de

pronunciamientos dados por la Procuraduría General de la República,

jurisprudencia de nuestros Tribunales de Justicia y opiniones doctrinales

tanto de tratadistas de derecho laboral como de derecho administrativo.

Deseamos manifestarle que le enviaremos copia de este

pronunciamiento al señor Rodrigo Volio Jiménez, Administrador de JASEC,

con lo cual damos respuesta a consulta que, sobre el mismo tema, nos

formulara en oficio Nº 209-A-79 de 10 de setiembre de 1979.

Atentamente,

Lic. Alberto Moya Mora

Procurador