EJERCICIO DEL PODER DE POLICIA

C-223-79

San José, 28 de setiembre de 1979

Señor

Tnte. Coronel Johnny Chaverri Samudio

Mayor Cristóbal Castro Araya

Director y Subdirector

Dirección General de Investigaciones Criminales

Presente

Estimados señores:

Me refiero a la nota suscrita por ustedes con fecha 8 de agosto

último, en la cual nos indican que en el desempeño de sus cargos, han

tenido problemas sobre denuncias que se presentan contra personas o

grupos que prestan servicios de vigilancia nocturna de carácter privado.

Afirman en dicha nota, que en el desempeño de esas funciones de

vigilancia privada, las personas o grupos se hacen pasar por ser

autoridades procediendo a realizar detenciones, incurriéndose en la

mayoría de los casos en abuso de autoridad, además de que incumplen con

la vigilancia contratada y pagada. Igualmente, externa su criterio de que

tal funcionamiento es ilegal, ya que estiman que ello le corresponde

exclusivamente al Estado, pues la autoridad emana de él mismo, y en

consecuencia solicitan nuestro criterio.

Todo lo relativo a servicios de vigilancia privada, ha sido

ampliamente analizado por esta Procuraduría en diversos dictámenes, que

son coincidentes en el sentido de que conforme a nuestro ordenamiento

jurídico vigente, no es posible que existan dichos cuerpos particulares

actuando como autoridades en forma ilegítima y contraviniendo tal

ordenamiento.

La noción de policía o poder de policía es una de las más empleadas

en el campo del Derecho Público y que más se presta a equívocos, ya que

tal ejercicio tiene íntima relación con las libertades públicas

consagradas en nuestro ordenamiento constitucional, llegándose a

considerar tal poder como una limitación a la libertad, y en su

concepción más amplia significa "el ejercicio del poder público sobre

personas y cosas" y hasta se ha externado un criterio de corte

restringido que define al poder de policía como la facultad del Estado de

imponer limitaciones y restricciones a los derechos individuales, con la

finalidad de salvaguardar la seguridad, salubridad y moralidad públicas.

Ello nos refleja que el ejercicio del "poder de policía" es

inherente a la actividad propia del Estado, y que en lugar de

restringirse a los mencionados conceptos de corte liberal, la moderna

doctrina lo amplía o multiplica, en procura también de la tranquilidad

pública, la confianza pública, la economía pública, la estética pública,

el decoro público, la seguridad social, etc, de donde resulta claro, que

el ejercicio de ese poder está identificado con una considerable amplitud

de los fines del Estado, que pueden legitimar su acción, según lo indica

la moderna doctrina del derecho administrativo.

Ello significa que la policía puede definirse como la potestad

administrativa que tiene por objeto el mantenimiento del orden público,

la seguridad, salubridad, moralidad, actividad económica y social,

constituyendo un sector determinado de la actividad de la administración

pública, a saber, la actividad de la autoridad que impone coactivamente a

la libertad natural de la persona y a la propiedad del ciudadano las

restricciones necesarias para lograr el mantenimiento del derecho, de la

seguridad y del orden público.

Siendo la policía una función esencial de Estado, cualquiera que sea

el criterio con que se le defina, y cuya existencia se hace tan necesaria

a la vida del mismo Estado y al implicar el cumplimiento de sus funciones

una eventual limitación de libertades públicas, tal función únicamente

puede ser desempeñada por la autoridad pública y nunca por los

particulares, ya que de hacerse se incurriría eventualmente en el delito

de usurpación de autoridad, lo cual debe denunciarse al Ministerio

Público.

Congruente con la mejor doctrina del derecho administrativo, el

artículo 139, inciso 3) de la Constitución Política otorga al Presidente

de la República la potestad de ejercer el mando de la fuerza pública y

conforme al artículo 140, inciso 1), de la atribución al Poder Ejecutivo

de nombrar y remover libremente a los miembros de la fuerza pública.

La Ley Orgánica del Ministerio de Seguridad Pública, otorga a dicho

Ministerio en forma bastante clara la función de preservar y mantener la

soberanía nacional, así como velar por la seguridad, tranquilidad y el

orden público del país, siendo su deber procurar el máximo

aprovechamiento de los recursos humanos y materiales disponibles en la

Administración Pública, integrar y coordinar todo el sistema policial.

En razón de lo expuesto y conforme a nuestro ordenamiento jurídico,

no es posible la existencia de cuerpos de vigilancia y seguridad

privados, por ser tal función competencia del Ministerio de Seguridad

Pública, de tal manera que la atribución de potestades de parte de un

particular que corresponden exclusivamente a las autoridades de policía,

implica una usurpación de la autoridad con las consiguientes

responsabilidades penales, y en consecuencia no puede permitirse el

funcionamiento de tales cuerpos y mucho menos que procedan a detener y

maltratar ciudadanos en forma ilegítima.

Los saluda atentamente,

Lic. Francisco José Villa Jiménez

Subprocurador General de la República