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Texto Opinión Jurídica 094
 
  Opinión Jurídica : 094 - J   del 18/11/1998   

OJ-094-98


San José, 18 de noviembre de 1998


 


Ingeniero


Guillermo Constenla Umaña


Presidente Comisión Especial Investigadora


Certificado de Abono Tributario "CAT"


Asamblea Legislativa


S. D.


Estimado señor Diputado:


   Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me refiero a su atento oficio N. CECAT-1198-058 de 29 de octubre anterior, por medio del cual nos comunica la moción aprobada por la Comisión Especial Investigadora del Certificado de Abono Tributario "CAT", cuyo objeto es que la Procuraduría General de la República manifieste su criterio sobre una serie de preguntas relacionadas con el otorgamiento de los "CATS" y, particularmente la situación jurídica de los beneficiarios una vez que venzan los contratos de exportación.


   Para efectos de emitir esta Opinión consultiva, se seguirá el orden de presentación de las preguntas en la consulta.


A-.       NORMATIVA QUE REGULA LA LIQUIDACION FINAL DE LOS CONTRATOS DE EXPORTACION.


   Se pregunta:


"¿Cuál es la normativa que regula la liquidación final de los contratos de exportación, particularmente, en los efectos sobre los derechos como sobre las obligaciones que de estos se derivan para las partes (empresarios y Estado)?".


   En materia de contratos de exportación, la Ley del Impuesto sobre la Renta constituye la norma fundamental. En efecto, en sus artículos 65 a 68, la citada Ley regula el otorgamiento de los CATS y el contrato de exportación. El artículo 65 de dicha Ley establece el plazo máximo de los beneficios que pueden otorgarse en favor de las exportaciones e indirectamente, el plazo máximo del "contrato de exportación". Ello por cuanto, los beneficios pueden concederse por un período máximo de doce años a partir del período fiscal del Impuesto sobre la Renta de 1984. Se establece, además, la posibilidad de ampliar el plazo de los contratos existentes hasta 1999 a cambio de que el beneficiario acepte una reducción del porcentaje de los Certificados de Abono Tributario; esa ampliación no comprende el Impuesto sobre la Renta. Empero, en lo que se refiere a la liquidación de los "contratos de exportación", la Ley no contiene una regulación precisa. El principio es que el régimen fiscal de favor allí previsto y las situaciones que haya originado vencen al finalizar el período fiscal 1996, independientemente de la fecha de suscripción del "contrato de exportación". Como señalaba el artículo 16 del Decreto N. 15828 de 5 de noviembre de 1984, la vigencia máxima del "contrato de exportación" es el 30 de setiembre de 1996.


   Cabe señalar que las "Normas sobre los beneficios, plazos y condiciones de los contratos de exportación", emitidas por el Consejo Nacional de Inversiones en sesión N. 303 de 17 de octubre de 1994 y sus reformas, tampoco contienen prescripciones en orden a la liquidación de los citados "contratos de exportación".


B-.       "DERECHOS ADQUIRIDOS" EN CONTRATOS DE EXPORTACION


  Se desea conocer:


"¿Qué beneficios, derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas se mantienen vigentes para los contratos de exportación?".


   Los artículos 65 y 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establecen cuáles son los derechos que eventualmente pueden ser otorgados a los beneficiarios de un "contrato de exportación" Esos beneficios y demás derechos podían ser reconocidos por un plazo determinado, que debía estar dentro del fijado legalmente como período de vigencia del régimen de favor.


   Ahora bien, se desea conocer cuáles son los beneficios, derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas que se mantienen vigentes para los contratos de exportación. La pregunta es ambigua. En efecto, se pregunta por la vigencia de beneficios y derechos "para" los contratos de exportación, duda que puede ser interpretada como la necesidad de establecer cuáles son los incentivos que podrían ser otorgados a través del "contrato de exportación". Cuestión que se resuelve tomando en cuenta lo dispuesto en los citados artículos 65 y 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.


   Pero también podría interpretarse que el objeto de la pregunta es que se definan cuáles son los incentivos y derechos que mantienen su vigencia una vez vencido el plazo de los "contratos de exportación". Empero, considerando la tercera interrogante pareciera que el sentido de esta pregunta es el primero. Es decir los beneficios que podían otorgarse. En efecto, la tercera pregunta es:


"En qué fecha vencen los beneficios, derechos adquiridos y situaciones jurídicas consolidadas en el marco jurídico que regula los Contratos de Exportación?"


  Pregunta que concierne directamente la situación jurídica que se produce al vencimiento del "contrato de exportación".


  En relación con el punto, cabe recordar que el derecho de emitir "contratos de exportación" venció al cumplirse los doce años a que hace referencia el artículo 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ese límite es tanto para efectos del otorgamiento del régimen como para el disfrute de los beneficios para quienes están dentro del régimen. La excepción está referida a los exportadores que aceptaron renunciar a parte de los beneficios como contraprestación a una ampliación del plazo. Es por ello que en el dictamen N. 015-98 de 23 de enero de 1998, la Procuraduría señaló:


"Asimismo, de acuerdo con la citada normativa, la vigencia de los incentivos creados por esta Ley será por doce años a partir del período fiscal del impuesto sobre la renta Nº 84. Ello significa que, de acuerdo con esa normativa, todos los beneficios otorgados a través del contrato de exportación tienen una vigencia hasta el periodo fiscal de 1996".


   Los contratos de exportación contemplan entre sus disposiciones un plazo, que no puede exceder el cierre del período fiscal del 96. En principio, podría alegarse que los beneficios y derechos vencen con el vencimiento del plazo establecido en el contrato de exportación. En efecto, los beneficios se obtienen por el plazo del contrato, por lo que vencido éste, termina también el disfrute de los beneficios. Depende, entonces, de esta fecha el momento de pérdida definitiva de los derechos para el caso concreto.


   Procede recordar, asimismo, que el "contrato de exportación" es un acto condición que posibilita la aplicación de un régimen fiscal de favor por un término dado, sin posibilidad alguna de que con posterioridad a ese plazo pueda el beneficiario continuar disfrutando del régimen. No existe, en ese sentido, un derecho adquirido a continuar disfrutando de los beneficios, salvo en el supuesto de ampliación hasta 1999. Cabe evocar, al respecto, que si bien el concepto de "derecho adquirido" es uno de los más equívocos, puede determinarse que, conforme la jurisprudencia constitucional y administrativa, hace referencia y protege los derechos ingresados en forma definitiva al patrimonio del derecho habiente. En ese sentido, son derechos subjetivos plenos y perfectos. Aplicado lo anterior a la situación del beneficiario del "contrato de exportación", tenemos que los beneficios disfrutados por el exportador, en virtud de que correspondían efectivamente a las exportaciones realizadas, formarían parte de esos derechos adquiridos, considerándose, además, que hay una situación jurídica subjetiva cuyos efectos pasados no pueden ser desconocidos por la Administración, excepto si se determina que ha habido infracción del ordenamiento jurídico en los términos del artículo 173 de la Ley General de la Administración Publica o se configura el delito de defraudación fiscal.


   Se comprende, por demás, que dentro de la lógica del "derecho adquirido" y de la situación jurídica consolidada", no puede existir un plazo de vencimiento. El derecho se ha adquirido y la situación jurídica subjetiva se ha consolidado, sin posibilidad alguna de reversión, salvo que exista un problema de nulidad absoluta. En ese orden de ideas, cabe afirmar que no existe una fecha de vencimiento del derecho adquirido y de la situación consolidada.


   Por el contrario, el derecho de recibir los beneficios vence con el vencimiento del régimen. Como tesis de principio y sin posibilidad de entrar a considerar lo estipulado en el "contrato de exportación", cabría considerar que ese vencimiento está referido no a que la Administración reconozca el derecho en el plazo, sino a que se den las condiciones objetivas que, conforme el ordenamiento, dan origen al nacimiento del derecho al beneficio; particularmente porque se haya realizado la exportación correspondiente o la compra de la materia prima, maquinaria, etc., que puede ser adquirida con exoneración de los impuestos indirectos, etc. Lo importante, entonces, es que la conducta o actuación que se requiere del beneficiario, para que surja en su favor el derecho a reclamar el beneficio contemplado en el "contrato", debe acontecer antes de la fecha de vencimiento del citado "contrato".


   Asimismo, debe tomarse en consideración el plazo que la Ley prevé para utilizar los certificados de abono tributario, a lo cual nos referiremos al contestar la pregunta N. 5.


C-. EFECTOS RESPECTO DE ADQUISICIONES Y DEBER DE INFORMAR


¿Qué efectos jurídicos, derechos y deberes se proyectan más allá de la fecha de vencimiento de los Contratos de Exportación? (¿qué sucederá con la maquinaria que se importó exonerada al amparo de los contratos de exportación, con la materia prima exonerada, con los vehículos importados exonerados y hasta qué fecha persiste la obligación de rendir informes anuales de operación ante PROCOMER?


   La presente interrogante constituye una precisión de las anteriores. Se indagan los efectos jurídicos de los contratos de exportación que "se proyectan más allá de la fecha de vencimiento" respecto de compras y otros actos realizados al amparo del régimen.


   En orden a la situación puntual de la maquinaria, materia prima, vehículos importados con exoneración, partiendo de que la maquinaria fue nacionalizada y no entró bajo un régimen de admisión temporal que obliga a su "reexportación" en el plazo establecido en el artículo 69 de la Ley, 26 del Decreto N. 15828 u 8 del Decreto N. 22108 de 30 de marzo de 1993, tenemos que dicha maquinaria, materia prima u otros bienes, permanecen en propiedad del beneficiario salvo que en el "contrato de exportación" se hubiere incluido una cláusula en sentido diverso. Corresponde, empero, determinar si ese beneficiario puede ejercer la totalidad de los derechos derivados del dominio. La respuesta es que, en tanto la exoneración fue otorgada para permitir al empresario consolidar su proyecto exportador no tradicional a terceros mercados, dicha mercadería debe ser utilizada para la finalidad correspondiente, no pudiendo ser substraída de esos propósitos. Cabe recordar, en relación con lo expuesto, que el artículo 66-D, a) 1), de la Ley del Impuesto sobre las Renta dispone implícitamente la obligación de que la maquinaria, equipo, materias primas y cualesquiera otros artículos amparados a la Ley, adquiridos con exoneración de pago de impuestos, sean utilizados conforme lo establecido por el beneficiario en el programa de exportación o en el "contrato de exportación". La circunstancia de que el "contrato" haya vencido no fundamenta ninguna pretensión de desviar el citado uso de los bienes de referencia.


   Se considera, además, que existe desvío del destino del bien si éste es vendido. Disponía el artículo 21 del Decreto N. 15828:


“Cambio de destino de los bienes. Las mercancías que se hayan adquirido, sin pagar total o parcialmente los impuestos, no podrán ser enajenadas a ningún título, o utilizadas para otros fines de los establecidos en el respectivo contrato”.


   Enajenar es vender, lo que implica que el beneficiario que tenga interés en vender los bienes adquiridos con exoneración de impuestos, debe de previo cancelar los tributos que correspondan, según determine la Administración Tributaria. Para lo cual, probablemente, deberá tomarse en cuenta la depreciación de los bienes y el año de importación o compra.


   Si bien dicha disposición del artículo 21 no está vigente, el principio se mantiene: la exoneración se otorga para un fin determinado, que no es modificable por voluntad del beneficiario. Es por ello que las citadas "Normas sobre los beneficios, plazos y condiciones de los contratos de exportación", preven en su punto 14, la necesidad de que la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Inversiones autorice previamente cualquier cesión de contrato que involucre traspaso de la propiedad o uso de los bienes exonerados. La ausencia de autorización entraña un incumplimiento que posibilita la sanción, según lo establecido en los artículos 66-D y 66-E de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Pero, si el "contrato" ha vencido, la sanción sería el cobro de los impuestos que procedieren.


   En cuanto a la fecha en que vence la obligación de rendir informes anuales de operación ante PROCOMER, tenemos que el artículo 66 CH de la Ley dispone en lo conducente:


"Para demostrar el cumplimiento de sus obligaciones, los beneficiarios de un contrato de exportación, de producción para la exportación o de la Ley de Fomento a las Exportaciones (No. 5162 del 22 de diciembre de 1972 y sus reformas), deberán presentar un informe anual de actividades acompañado de la documentación que al efecto señale el Reglamento de esta Ley. La no presentación del informe anual hará presumir el incumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato y facultará al Consejo Nacional de Inversiones y de Comercio Exterior, para aplicar las sanciones del caso". (Así adicionado por el artículo 1, inciso 2, de la ley No. 7257 de 17 de setiembre de 1991).


   Las Normas emitidas por el Consejo de Inversiones prescriben, artículo 18, que dicho informe debe ser presentado dentro de los cuatro meses siguientes a la finalización de cada año fiscal. Lo que implicaría que, para los contratos que vencieron en el 96, el informe debió ser presentado a más tardar el 31 de enero de 1997, en tanto que para los contratos que vencen en el 99, la obligación de presentar el informe vencería el 31 de enero del 2.000. Es entendido que aun cuando haya vencido el plazo del contrato de exportación, el informe debe ser presentado con los requisitos exigidos por el ordenamiento, caso contrario deberá corregirse de acuerdo con lo establecido en el punto 19 de las referidas "Normas". La circunstancia de que el contrato no esté vigente, tampoco es óbice para que se apliquen las sanciones previstas en el artículo 66-D.


D-.       EFECTOS FISCALES


   La quinta pregunta indica:


"¿A partir de qué fecha final de vigencia de los contratos de exportación por cuánto tiempo persisten los derechos y obligaciones tributarias derivadas de esos contratos? (Sic)".


   Dispone la Ley del Impuesto sobre la Renta, en su artículo 65:


"Todo beneficiario de un contrato de exportación que voluntariamente se acoja a la reducción del porcentaje de los Certificados de Abono Tributario que defina el Consejo Nacional de Inversiones, recibirá los beneficios que concede esta Ley por un período adicional a partir de 1996 y hasta 1999, salvo en lo que se refiere a la exención del impuesto sobre la renta, para la cual no regirá la ampliación mencionada".


   De modo que el derecho a la exención del impuesto sobre la renta venció inexorablemente con el vencimiento de la fecha establecida por la Ley para la vigencia de los contratos de exportación, sea en 1996.  Como el impuesto sobre la Renta del período 96 venció el 30 de setiembre de 1996, el derecho a la exoneración al Impuesto sobre la Renta persistió hasta la indicada fecha, sin posibilidad alguna de disfrutar de esa exoneración más allá de esa fecha, incluso si la empresa ha obtenido una ampliación de plazo. A partir de la finalización del período 96, la empresa beneficiaria del "contrato de exportación" está obligada, entonces, a cubrir el Impuesto sobre la Renta, que correspondiere por la actividad de exportación que realiza y que pueda jurídicamente considerarse generadora de ingresos de fuente costarricense.


   Puesto que la vigencia de la exoneración del impuesto sobre las utilidades vence en el periodo fiscal de 1996, las empresas con contratos de exportación perdieron en dicha fecha, el derecho de deducir, para efectos del calculo de la base imponible del impuesto a los activos, el monto de las inversiones en activos dedicados a la actividad exportadora no tradicional a terceros mercados, generadores de la renta exenta del impuesto sobre las utilidades. Ello por cuanto la deducción del impuesto sobre los activos estaba en relación con la vigencia de la exoneración del impuesto sobre las utilidades.


   El derecho a la depreciación vencería igualmente en el período fiscal de vencimiento del régimen y la misma conclusión se aplica a la posibilidad de realizar adquisiciones libres de impuestos indirectos.


   Persiste, empero, un derecho de carácter tributario. Los CATS son un título utilizable para efectos de pagos de impuestos, cuya recaudación esté a cargo del Banco Central. Dispone el artículo 66 C de la Ley:


"Para efecto del pago de impuestos, estos Certificados podrán utilizarse, después de dieciocho (18) meses contados a partir de la fecha de su emisión.


Para los efectos de esta Ley, se tendrá como fecha de emisión la del reintegro de divisas. Los Certificados de Abono Tributario prescribirán veinticuatro (24) meses después de la fecha de su maduración. (...)".


   El certificado tiene un período de "maduración" de dieciocho meses a partir del reintegro de divisas, lo que significa que durante ese lapso el beneficiario no puede utilizarlo. Una vez que esté maduro, el certificado debe ser utilizado en el plazo de 24 meses siguientes. Lo que significa que los efectos tributarios del certificado persisten durante el plazo de 24 meses siguientes al reintegro de las divisas. De modo que como señaló la Procuraduría en el dictamen N. 055-98 de 25 de marzo de 1998, durante ese período la empresa:


"...que recibe el beneficio o incentivo tiene dos opciones: a) utilizar el CAT para el pago de impuestos que esa empresa deba hacer; o b) negociar o vender los certificados para que otra persona los emplee en el pago de impuestos".


   Dada esa regulación, se advierte la imposibilidad de fijar en abstracto la fecha límite en que vencerá el derecho de utilizar el CAT para efectos tributarios. Debe considerarse, además, la situación de las empresas que se acogieron a la reducción de beneficios, supuesto en el cual el contrato se mantiene hasta 1999, lo que implica que hasta esa fecha podrán emitirse los citados certificados. En consecuencia, bien podría suceder que los CATS sean utilizados para pago de impuestos incluso en el año 2001. Lo anterior tomando en consideración el momento de reintegro de las divisas y los períodos de maduración y prescripción que prevé la Ley.


E-.       EN CUANTO A OTRAS OBLIGACIONES Y DERECHOS


   El contenido de la sexta pregunta es:


"¿Qué otras obligaciones a cargo de los titulares de los contratos de exportación y derechos subjetivos pueden prevalecer posteriormente, a la fecha final de vencimiento de los contratos de exportación?".


   En lo que concierne los derechos subjetivos, cabría señalar que persiste el derecho de emplear los CATS como forma de pago de impuestos, según lo indicado en el punto anterior. Fuera de ese supuesto no pareciera que otros derechos y obligaciones de naturaleza fiscal persistieran más allá del vencimiento de los contratos de exportación.


   Respecto de las obligaciones del beneficiario, procede recordar que éstas han sido definidas legalmente en forma genérica, correspondiendo al contrato precisarlas. Por consiguiente, es difícil conocer si alguna de las obligaciones contractualmente establecidas pueda persistir. De la enumeración de las "Obligaciones de los Beneficiarios" previstas en el punto 6 de las referidas "Normas" de la CNI podría sostenerse que, aún cuando el régimen fiscal de favor haya vencido, el beneficiario está obligado a mantener a disposiciones de las autoridades competentes, según se trate, la información y documentación relativa a las operaciones de exportaciones que se beneficiaron con el régimen, así como colaborar con ellas en los controles que realicen. Todo, repetimos, con el objeto de que esas autoridades puedan verificar si en el disfrute del régimen, el beneficiario cumplió con sus obligaciones legales y contractuales y particularmente, si las exportaciones existieron y existieron por el monto que indicó.


F-.       DEBER DE HONRAR OBLIGACIONES ESTATALES


   La Comisión a su cargo aprobó moción del Diputado Merino del Río para:


"que se consulte a la Procuraduría General de la República sobre si el Estado está obligado a honrar los compromisos por la emisión de CAT, aún cuando estos sean adquiridos de manera fraudulenta".


   Por medio del llamado "contrato de exportación", el Estado se obliga a otorgar beneficios fiscales y otros derechos a un exportador. De manera que, en el tanto se den las condiciones previstas legalmente para el otorgamiento de los beneficios y en especial, si la conducta del exportador se adecua a lo prescrito en el ordenamiento, el exportador tiene derecho al disfrute de los beneficios enumerados en el contrato. Correlativamente, bajo esos supuestos, el Estado está obligado a otorgar los citados beneficios.


   Se consulta si esa obligación de cumplir los compromisos estatales subsiste cuando los "CATS" han sido adquiridos de manera fraudulenta. Es decir, la duda surge respecto del beneficio del CAT, su otorgamiento ante determinadas exportaciones; lo que supone una concreción de la situación objetiva prevista en "el contrato de exportación".


   El otorgamiento del CAT constituye un acto administrativo creador de derechos subjetivos: un acto administrativo, emitido unilateralmente por la Administración, con apoyo en el "contrato de exportación", para corresponder a la "aparente" participación del exportador en el mercado no tradicional.


   Diversas disposiciones contenidas en la Ley del Impuesto sobre la Renta tienden a garantizar que el beneficiario de los incentivos, en este caso el CAT, cumpla con sus obligaciones y contribuya, por ende, a la satisfacción del interés público. En ese sentido, se ha legislado sobre la posibilidad de suspender el contrato y, en su caso, de rescindirlo, así como declarar su decadencia (dictamen N. C-135 de 14  de junio de 1995). Dichas prescripciones están previstas, claro está, para un contrato en curso de ejecución.


   El problema se presenta si la comprobación de una actitud fraudulenta del exportador tiene lugar vencido el plazo del "contrato". Ello por cuanto la acción de la Administración tendría que estar dirigida a determinar la ilegalidad del disfrute del beneficio y, si fuere procedente, el cobro de las sumas indebidamente percibidas por el beneficiario. En efecto, no podría suspenderse el contrato porque éste ha perdido vigencia, motivo que impide también su rescisión.


   Ahora bien, el artículo 65 de la propia Ley del Impuesto sobre la Renta sanciona penalmente la obtención fraudulenta de los incentivos. Dispone en lo que interesa dicho numeral:


"Cometerá el delito de defraudación fiscal el declarante que, para obtener los incentivos señalados en este artículo, incurra en falsedades o en maniobras fraudulentas".


   Por consiguiente, si el CAT ha sido obtenido mediante maniobras fraudulentas o incurriendo en falsedades en orden a la existencia del producto exportado, a la cantidad y monto de la exportación, cabe ejercer las acciones penales correspondientes. Debe considerarse que conforme lo dispuesto en el artículo 85 del Código Tributario, la acción penal en materia tributaria prescribe "en el plazo de cuatro años, contados a partir de la comisión del hecho ilícito".


   Desde el punto de vista administrativo, habría que considerar que la emisión de los CATS por la Administración se motiva en la información que es suministrada por el exportador, de la que debe desprenderse la exportación de X producto a terceros mercados por un monto Y. El motivo del acto administrativo es la realización de estas exportaciones. Si ese motivo es inexistente o inexacto, se presenta un vicio en uno de los elementos esenciales del acto, que determina su invalidez, absoluta o relativa. La Administración podría, entonces, iniciar un procedimiento administrativo para anular el acto en cuestión, impedir la aplicación futuro del beneficio y proceder al cobro de los impuestos que fuere procedente. Lo cual supone la realización de un procedimiento administrativo de carácter ordinario, conforme lo previsto en los artículos 173 y 308 de la Ley General de la Administración Pública.


   Es claro, por demás, que cualquiera que sea la vía procedente, el Estado debe comprobar que el otorgamiento de los CATS se ha motivado en maniobras fraudulentas, falsedades u otras incorrecciones cometidas por la firma exportadora. De lo contrario, estaría obligado a satisfacer los compromisos en que incurre al emitir los CATS.


CONCLUSION:


   Por lo antes expuesto, es criterio no vinculante de la Procuraduría General de la República que:


1-.        Los beneficios fiscales y las ventajas administrativas que los artículos 65 y 66 de la Ley del Impuesto sobre la Renta previeron a favor de los beneficiarios de un "contrato de exportación", vencen en el plazo establecido en éste o en todo caso en los supuestos del artículo 65 de la citada Ley. Es decir, al concluir el período fiscal de 1996, salvo que se haya procedido a una ampliación del plazo hasta el cierre del ejercicio fiscal 99.


2-.        No existe, por consiguiente, un derecho adquirido cuyo contenido sea el continuar disfrutando de alguno de los beneficios en cuestión.


3-.        Sin embargo, respecto de los certificados de abono tributario debe tomarse en cuenta el plazo de maduración y el de caducidad del derecho de utilizarlos para fines tributarios.


4-.        Ocurrida la fecha de vencimiento de los referidos contratos, subsiste la obligación de presentar el informe anual del período correspondiente y el deber de mantener el destino de las mercancías obtenidas con exoneración de tributos.


5-.        El exportador que incurra en maniobras fraudulentas o falsedad para obtener los certificados de abono tributario, comete el delito de defraudación fiscal.


6-.        La presencia de vicios graves en el otorgamiento de los referidos títulos obliga a la Administración a iniciar los procedimientos administrativos correspondientes para declarar la nulidad de lo actuado o solicitar la anulación mediante el proceso de lesividad, según la gravedad del vicio y realizar al cobro de los tributos que procedieren.


Del señor Diputado, muy atentamente:


Dra. Magda Inés Rojas Chaves


PROCURADORA ASESORA