C-046-83

18 de febrero de 1983

Señor

Claudio Antonio Volio Guardia

Ministro de Planificación y Política

Económica

S. D.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me

refiero a su atento oficio Nº DCTI 009-83 de 6 de enero último mediante

el cual solicita el criterio de esta Procuraduría respecto del proyecto

de inversión intitulado "Mejoramiento de los Servicios de Planificación

Familiar".

Una vez realizado el estudio correspondiente, este Organismo formula

las siguientes observaciones:

I.- CONDICIONES DE LA DONACION

1) Antecedentes:

La propuesta dirigida al Fondo de las Naciones Unidas para

Actividades de Población solicita asistencia económica para realizar las

siguientes actividades:

a) Un programa de capacitación en Planificación Familiar, para el

personal en servicio, que cubriría acerca de 625 funcionarios en tres

años;

b) Compra de materiales para las consultas de planificación familiar y

métodos anticonceptivos, especialmente, inyectables, DIU medicados y

progestágenos.

c) Un sistema para controlar el suministro de materiales y

anticonceptivos cuya columna vertebral será el sistema de estadísticas de

consumo.

En el proyecto intervendrán el Estado a través del Ministerio de

Salud Pública, la Caja Costarricense de Seguro Social, y una asociación

privada: la Asociación Demográfica Costarricense.

La solicitud tiene como objeto que FNUAP done al Gobierno de Costa

Rica la suma de ¢ 599.998 para el programa en cuestión.

2.- La participación necesaria de la Asociación Demográfica:

De conformidad con los términos del proyecto, el agente ejecutor y

administrador del Programa será la Asociación Demográfica Costarricense.

Se justifica la participación de la citada Asociación por cuanto será la

depositaria de los suministros para la consulta, aspecto hacia el que "va

dirigida la mayor parte de los insumos financieros solicitados en esta

propuesta...". Además, se toma en cuenta la experiencia de la Asociación

en cuanto a programas de planificación se refiere.

Del hecho de que la Asociación Demográfica Costarricense sea la

administradora del proyecto, se originan las siguientes consecuencias:

a) El traslado de los fondos donados

La circunstancia de que la Asociación Demográfica Costarricense se

constituya en órgano administrador y ejecutor del programa implica que el

Gobierno estará obligado a trasladar a dicha Asociación los fondos

donados por FNUAP. Interesa recalcar que en tanto el Convenio de

donación no sea aprobado legislativamente, el traslado de los fondos a la

ADC carece de fundamento legal. Por otra parte, si el organismo

internacional solicita que los fondos que dona sean trasladados a la ADC,

la donación en cuestión no es pura y simple sino condicionada.

b) Respecto de la toma de decisiones

Aun cuando el proyecto contempla como órgano de ejecución

coordinación una Comisión formada por el Ministerio de Salud Pública, la

Caja Costarricense de Seguro Social y la Asociación Demográfica

Costarricense, es lo cierto que el órgano administrador y ejecutor del

programa lo será la Asociación antes citada, lo que confiere a la

Asociación la posibilidad de dictar decisión para el desarrollo del

programa.

Corresponde determinar si las condiciones de la donación son

compatibles con el ordenamiento costarricense.

II.- LA DIRECCION DEL PROGRAMA:

Interesa recalcar que de conformidad con los términos del proyecto,

la participación del Ministerio de Salud se limita a las funciones de

coordinación, funciones en las que también interviene la Asociación

Demográfica Costarricense. En consecuencia, las funciones de

administración y de ejecución del programa estarán a cargo exclusivamente

de la Asociación de repetida cita, lo que le permitirá tomar decisiones

concretas respecto del programa. No obstante, dichas decisiones no son

controlables por ningún organismo público.

Respecto de lo anterior, en la página 33 del documento que nos ocupa

se afirma:

"De aprobarse el proyecto, deberán incorporarse en el convenio

respectivo aquellas disposiciones administrativas que permitan a la

*institución ejecutora ejercer suficiente autoridad técnica y

administrativa para dinamizar los procesos de cambio que el proyecto

plantea*. De la misma manera, *debe ejercerse autoridad para

movilizar recursos, de cualquier índole que ellos sean, a aquéllas

áreas y actividades que se identifiquen como prioritarias*. En lo

que respecta a los anticipos de fondos por parte de FNUAP, como parte

de los presupuestos anuales parobados, éstos deberán estar

disponibles en tiempo y lugar de modo que aseguren una administración

dinámica del proyecto..." ((*) el subrayado es nuestro).

La Asociación Demográfica reclama para sí potestades que le permitan

tomar las decisiones técnicas y administrativas necesarias para la

realización del programa. Además, solicita autoridad para manejar

libremente fondos; fondos que si bien constituyen recursos públicos serán

manejados sin observancia de las disposiciones de la Ley de la

Administración Financiera de la República y de las Normas de ejecución

presupuestaria que contiene la Ley de Presupuesto Ordinario de la

República, a lo que nos referiremos posteriormente.

En un programa de inversión de fondos públicos que implica una

definición de la política estatal de población y de salud, el conferir

atribuciones a una institución privada para tomar decisiones y ejecutar

dicho programa, sin control algono, implica inobservancia de las

potestades que como poder público tiene el Gobierno y una falta de

definición de las responsabilidades. Respecto del Ministerio de Salud

Pública, debe tomarse en cuenta que de conformidad con su Ley Orgánica y

la Ley General de Salud, corresponde a dicho órgano la definición de la

política nacional de salud y el control de toda institución, pública o

privada, que realice actividades relacionadas con la salud. Dispone el

artículo 1º de la Ley Orgánica del Ministerio de Salud, ley Nº 5412 de 8

de noviembre de 1973:

"Artículo 1º: La definición de la política nacional de salud y la

organización, coordinación y suprema dirección de los

servicios de salud del país, corresponde al Poder

Ejecutivo, el que ejercerá tales funciones por medio del

Ministerio de Salud...".

Las potestades de dirección y coordinación y la formulación de la

política nacional de salud no pueden ser declinadas por el Ministerio de

Salud, tal como lo dispone el artículo 66.-1 de la Ley General de la

Administración Pública.

Ahora bien, en cumplimiento de las funciones antes señaladas,

corresponde a dicho Ministerio:

"Artículo 2º: Son atribuciones del Ministerio:

b) Dictar las normas técnicas en materia de salud de

carácter particular o general; y ordenar las medidas y

disposiciones ordinarias y extraordinarias que

técnicamente procedan en resguardo de la salud de la

población;

c) Ejercer control y fiscalización de las actividades de

las personas físicas y jurídicas, en materia de salud,

velando por el cumplimiento de las leyes, reglamento y

normas pertinentes;

d) Ejercer la jurisdicción y el control técnicos sobre

todas las instituciones públicas y privadas que realicen

acciones de salud en todas sus formas, así como coordinar

sus acciones con las del Ministerio;

i) Mantener un sistema de información y estadística,

relativo a la materia de salud, para cuyos efectos todas

las instituciones que realicen acciones de salud pública y

privada, están obligadas a remitir los datos que el

Ministerio solicite, todo conforme al reglamento

respectivo".

En virtud de dicha norma compete al Ministerio dictar las medidas

necesarias para la correcta ejecución del programa de planificación

familiar y, en todo caso, ejercer control respecto de todas las

actividades de salud realizadas para la prestación del servicio de

planificación. Esas atribuciones a cargo del Ministerio están

reafirmadas por la Ley General de Salud, Ley Nº 5395 de octubre de 1973,

que en su artículo 2 establece:

"Es función esencial del Estado velar por la salud de la población.

Corresponde al Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Salubridad

Pública, al cual se referirá abreviadamente la presente ley como

"Ministerio", la definición de la política nacional de salud, la

normación, planificación y coordinación de todas las actividades

privadas relativas a salud, así como la ejecución de aquellas

actividades que le competen conforme a la Ley..."

Podría alegarse que "ejecución y administración" no implican la

"dirección" del servicio de planificación y que, consecuentemente, no se

vulnera el papel director y decisorio del Ministerio de Salud. No

obstante, en el presente caso no cabe duda de que dichas funciones las

asume la Asociación de repetida cita. En efecto, dicha entidad manejará

libremente los fondos del programa, será el órgano encargado -a través de

sus servicios médicos- de capacitar al personal que prestará los

servicios de planificación y está encargado de sugerir y recomendar las

técnicas anticonceptivas que serán aplicadas tanto en el Ministerio de

Salud como en la Caja Costarricense de Seguro Social. Cabría

cuestionarse qué pasará si alguna de dichas instituciones no acepta las

"recomendaciones" de la Asociación. Obsérvese que no se establece ningún

control sobre la labor que desarrolle la Asociación; antes bien, esa

entidad se atribuye funciones de fiscalización sobre la efectiva

prestación del servicio por parte de los Centros de Salud y de las

clínicas y hospitales. En la práctica, cómo podría el Ministerio exigir

responsabilidad a la Asociación Demográfica Costarricense si debe

sujetarse a su autoridad técnica y financiera? En criterio de esta

Procuraduría, la situación que se presenta en cuanto a las atribuciones

de la Asociación no es compatible con las normas legales antes

transcritas.

III.- VIOLACIONES A LA LEY DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA:

El Gobierno de Costa Rica solicita una donación. Resulta obvio que

una vez que el Gobierno reciba los fondos en cuestión, dichos ingresos

constituirán fondos públicos, por lo que, salvo disposición legal en

contrario, están sujetos a la normativa que para el manejo de los fondos

públicos establecen la Constitución, las normas presupuestarias y la Ley

de la Administración Financiera de la República.

a) Necesidad de presupuestar los fondos

En primer término, los fondos respectivos deben ingresar al

Presupuesto Ordinario de la República. El presupuestar los fondos

permite la ejecución del programa y autoriza al Gobierno realizar las

actividades y los gastos correspondientes. Al respecto, señala la

Constitución Política:

"Artículo 180: El presupuesto ordinario y los extraordinarios constituyen

el límitede acción de los Poderes Públicos para el uso y

disposición de los recursos del Estado..."

Si los fondos se donan al Gobierno de Costa Rica y no a la

Asociación Demográfica Costarricense, esos fondos son recursos del Estado

y por ende, deben ser debidamente presupuestados. El principio

constitucional antes transcrito es reafirmado por la Ley de la

Administración Financiera de la República, que dispone:

"Artículo 31: El presupuesto fiscal ordinario y los extraordinarios

aprobados por el Poder Legislativo de conformidad con las

disposiciones constitucionales y legales correspondientes

constituyen el límite de acción de los Poderes Públicos

para el uso y disposición de los recursos del Estado.

Son obligaciones exigibles del Estado únicamente las que

comprenda el presupuesto anual ordinario y extraordinario

y las ampliaciones a los mismos que autorice

posteriormente el Poder Legislativo por razones muy

calificadas y con arreglo a la Constitución y a la Ley".

"Artículo 51: Todos los ingresos y recursos públicos, cualquiera que sea

su naturaleza y la fuente de donde procedan, constituirán

un sólo fondo indivisible con el cual se cubrirán los

gastos de la Administración Pública, de acuerdo con el

presupuesto general".

b) El control del manejo de los fondos

La necesidad de presupuestar los fondos no es el único límite que

encuentra el Ejecutivo en el manejo de los fondos donados. De

conformidad con las disposiciones constitucionales y legales

correspondientes, el manejo de los fondos está sujeto al control

presupuestario y financiero ejercido por los propios órganos de la

Administración y por la Contraloría General de la República. Respecto

al control interno, dispone la Ley Orgánica del Ministerio de Salud

Pública:

Artículo 10: "Corresponde a la Auditoría:

a) Fiscalizar las operaciones económicas financieras;

revisar los sistemas, procedimientos, registros; el manejo

de fondos y bienes en general de:

i) todos los organismos y dependencias del Ministerio que

administren o recauden fondos de cualquier procedencia;

ii) todas las instituciones asistenciales y financiadas,

total o parcialmente, con fondos públicos, exceptuando la

Caja Costarricense del Seguro Social".

Respecto al control que ejerce la Contraloría General de la

República dispone la Constitución Política:

Artículo 184: "Son deberes y atribuciones de la Contraloría:

1) Fiscalizar la ejecución y liquidación de los

presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República.

No se emitirá ninguna orden de pago contra los fondos del

Estado sino cuando el gasto respectivo haya sido visado

por la Contraloría, ni constituirá obligación para el

Estado la que no haya sido refrendada por ella. No se

omitirá ninguna orden de pago contra los fondos del Estado

sino cuando el gasto respectivo haya sido visado por la

Contraloría; ni constituirá obligación para el Estado la

que no haya sido refrendada por ella.

3) ... Examinar, glosar y fenecer las cuentas de las

Instituciones del Estado y de los funcionarios públicos".

Por su parte, los artículos 4º y 6º de la Ley Orgánica de la

República disponen los medios y actuaciones a través de las cuales el

Organo Contralor ejerce el control jurídico contable, financiera y

económico de los fondos públicos.

En el caso en examen, el encargar a una entidad privada la

administración y ejecución de un programa financiado con fondos públicos

resulta un medio de obviar el cumplimiento de las disposicione jurídicas

que regulan el manejo de los fondos públicos y sobre todo, el control que

ejerce la Contraloría General. En efecto, cómo podría el Organo

Contralor ejercer sus potestades si el administrador y el programa no

define la responsabilidad de la Asociación y la responsabilidad del

Ministerio de Salud. Interesa recalcar que el control que debe ejercer

la Contraloría no puede ser suplido por el control que ejercerá la FNUAP

ni el control ejercido por la propia Asociación.

c) El suministro de materiales y anticonceptivos

Con el objeto de lograr el mejor uso y disposición de los fondos

públicos, la administración está sujeta a procedimientos especiales para

la contratación de los bienes y servicios que requiere para el

cumplimiento de sus fines. Dichos procedimientos son establecidos por la

Ley de la Administración Financiera de la República y el Reglamento de la

Contratación Administrativa. En principio, los suministros cubiertos con

fondos públicos están sujetos, necesariamente, a dichas disposiciones.

En el programa que nos ocupa, a pesar de que estamos en presencia de

fondos públicos y que se requieren materiales para dos instituciones

públicas, los procedimientos de contratación administrativa no serán

observados por cuanto el órgano administrador y ejecutor del programa es

una entidad privada, la que en tal condición tiene libertad para

contratar.

El encargar la ejecución del programa a la Asociación de repetida

cita permite la inobservancia del artículo 92 de la Ley antes citada, que

al respecto dice:

"Los contratos que las administraciones estatales promuevan se

ajustarán a los trámites que los artículos siguientes regulan".

La Asociación Demográfica no sólo tendrá libertad para contratar

la compra de materiales y anticonceptivos que el programa requiere, sino

que tampoco el Proyecto deja establecida la posibilidad de que los

órganos públicos controlen la calidad de los productos comprados por la

citada entidad. Dicha circunstancia constituye una ausencia más de

control respecto del uso de los fondos públicos.

Interesa recalcar respecto de la contratación que, de conformidad

con los términos del programa, el Ministerio está obligado a proporcionar

el papel necesario para la realización del sistema de estadísticas de

servicio (sistema cuya realización y administración le compete según lo

dispuesto por el artículo 2º, inciso i) de su Ley Orgánica. Por su

parte, la Caja Costarricense del Seguro Social está obligada a

proporcionar materiales médicos que tanto esa Institución como el

Ministerio requieren para la realización de exámenes médicos y consulta a

las usuarias del programa. El proyecto no aclara la procedencia de los

fondos con que las citadas instituciones públicas harán frente a las

obligaciones que contraen. No obstante, según el presupuesto elaborado

por la ADC, los fondos serán tomados de la donación realizada por FNUAP.

Es decir, dado que los fondos serán trasladados a la Asociación para que

los administre, las instituciones públicas no tendrán posibilidad de

disponer y controlar las operaciones contractuales necesarias para el

cumplimiento de sus propias obligaciones.

Al margen de lo expuesto, obsérvese que de conformidad con los

términos del programa, la Caja Costarricense de Seguro Social resulta

obligada a la prestación de determinados bienes, así como a poner a

disposición de la Asociación las instalaciones del Instituto Materno

Carit, lugar donde la entidad privada dará los cursos de capacitación

para el programa; asimismo, una parte muy significativa del servicio de

consulta será desarrollada en las instalaciones pertenecientes a la Caja.

Dado que la Caja resulta obligada por la donación, debería comparecer

como parte en el convenio respectivo.

d) El registro de bienes y equipo

En aplicación de lo dispuesto por el ordenamiento jurídico

costarricense, los bienes adquiridos con fondos públicos deben ser

registrados como patrimonio de la institución correspondiente. Así, el

Ministerio de Salud Pública debe sujetarse a lo dispuesto por la Ley de

la Administración Financiera:

Artículo 74: "En el ejercicio de sus funciones corresponde a la

Contabilidad Nacional:

a) Llevar un registro detallado de todos los bienes,

derechos y deudas u obligaciones del Estado o bajo su

administración y custodia, así como de las operaciones o

transacciones que aumenten o disminuyen dichos bienes o

deudas".

Artículo 75: "La Contabilidad de la Nación debe llevarse por el sistema

de partida doble y de acumulación separada en dos

secciones:

a) La Sección de Patrimonio Nacional en donde se llevará

el registro detallado y la determinación de los haberes y

deudas del Estado y la obtención del Patrimonio Nacional

así como su uso y disposición".

Si los bienes fueren adquiridos con fondos debidamente

presupuestados y por el órgano competente (artículo 88 de la Ley de la

Administración Financiera), habrá que observar lo dispuesto en el

artículo 90 bis:

"La Proveeduría Nacional deberá llevar un inventario general y

permanente de todos los bienes fijos del Estado, tales como equipos,

maquinaria, mobiliario y similares. No lo llevará de aquellos bienes

de consumo que presumiblemente han de agotarse rápidamente, ni de los

bienes raíces cuyo registro corresponde a la Contabilidad

Nacional..."..

En su ámbito interno, la Caja Costarricense de Seguro Social debe

observar normas similares para el control de los bienes y equipo de su

propiedad.

Aun cuando se considerara que los bienes, equipos y materiales que

compre la Asociación para uso de los entes públicos constituye una

donación, las instituciones antes citadas están obligadas a registrar

dentro de su patrimonio los indicados equipos y materiales.

IV.- LA CONTRAPARTIDA PRESUPUESTARIA:

En la ejecución del programa se requiere que el Gobierno

costarricense aporte dineros como contrapartida económica de la donación

recibida. Si el Gobierno acepta la donación para la correcta ejecución

del programa está obligado a aportar dicha contrapartida. La obligación

es propia del Gobierno, de forma que el Gobierno debe comprometerse a

aportarla, independientemente de la fuente de donde obtenga el dinero

correspondiente (nueva donación, préstamo, aporte de recursos propios).

En todo caso, en el convenio respectivo el Gobierno no debe asumir la

obligación correspondiente. Existen razones fundamentales para ello: el

Estado tiene plena capacidad para obligarse (artículos 15 del Código

Civil y 1º de la Ley General de la Administración Pública); el Gobierno

carece de facultad para comprometer financieramente y en el plano

internacional a la Asociación Demográfica Costarricense: el Estado no

representa a dicha Asociación; aún cuando la citada entidad fuere una

asociación de interés público, sus intereses se coinciden plenamente con

los intereses públicos y estatales; el Estado no puede asumir

responsabilidad por actuaciones o incumplimientos de la citada entidad,

tal como lo dispone los artículos 190 y siguientes de la Ley General de

la Administración Pública.

Si el Gobierno carece de fondos para comprar los anticonceptivos y

asumir la contrapartida presupuestaria, puede solicitar donaciones a

organismos nacionales o internacionales, entre los nacionales,

precisamente, a la Asociación Demográfica Costarricense.

El que el Gobierno aporte la contrapartida -que constituye un monto

superior de la donación dada por FNUAP- hace inoperante los argumentos

esgrimidos para justificar la necesidad que la citada Asociación sea la

ejecutora del programa.

V.- LA ESTERILIZACION COMO METODO DE PLANIFICACION:

En el programa propuesto se afirma que amplios sectores de la

población desean poner término a su capacidad reproductora por medio de

la esterilizacion. En criterio de los redactores del programa, la

esterilización como método de planificación está intimamente relacionada

con la libertad individual aunque esté en contradicción con normas

legales "desactualizadas" y que deben ser modificadas para beneficio de

las clases de menos recursos económicos. De allí que el programa

proponga como un posible método anticonceptivo la esterilización.

Al proponer la esterilización como posible método anticonceptivo

debe tomarse en cuenta que el artículo 123 del Código Penal dispone:

"Se impondrá prisión de tres a diez años, si la lesión causare una

enfermedad mental o física que produzca incapacidad permamente para

el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro,

del uso de un órgano o miembro, de la palabra, *de la capacidad de

engendrar o concebir". ((*)subrayado).

En virtud de lo anterior, la esterilización sólo quedará impune en

tanto se realice para proteger la vida y la salud de la víctima. En este

caso, la libertad individual cede ante un bien jurídico superior que es

el respeto a la integridad corporal y a la vida. En tanto la disposición

esté vigente debe ser respetada y, en consencuencia no puede proponerse

la esterilización como método de planificación. al contrario, los

métodos que no apliquen deben respetar la dignidad personal, lo que

implica respeto a la integridad corporal y a la libertad de decidir; así

como a los valores jurídicos de la comunidad contra los cuales choca,

precisamente, la esterilización como método de planificación auspiciado

por el Estado.

VI.- EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES:

Los dineros que aporta la Asociación Demográfica Costarricense se

destinan, por una parte a la compra de anticonceptivos, y por otra, al

pago de los gastos que origina la capacitación del personal que pondrá en

marcha el programa. Este personal está constituído por aproximadamente

625 servidores del Ministerio de Salud y de la Caja Costarricense del

Seguro Social, los que participan en diferentes niveles en la prestación

del servicio de consulta.

Los cursos de capacitación serán impartidos por profesionales

médicos miembros de la Asociación de repetida cita. Dicha entidad tendrá

a su cargo la planificación, organización y administración de los cursos;

el programa justifica dicha competencia en que la Asociación cuenta con

una organización técnica y administrativa muy eficiente.

Ahora bien, la Asociación cubrirá los gastos por concepto de

honorarios profesionales de los médicos que impartirán los cursos.

Algunos de dichos profesionales son funcionarios de la Caja Costarricense

del Seguro Social o del Ministerio de Salud, según lo indica el programa

en cuestión. Dicha relación laboral plantea determinados problemas.

En primer término, entre los médicos que dictarán los cursos de

capacitación y la entidad privada de repetida cita se establece una

relación laboral, tal como lo define el artículo 18 del Código de

Trabajo. En efecto, existe prestación de servicio en relación de

subordinación técnica y administrativa; por dicho servicio se pagará una

remuneración a cargo de la ADC. Dado que existe relación laboral, el

servicio de capacitación no puede ser prestado por los médicos en la

jornada ordinaria de trabajo ya sea con el Ministerio o bien con la Caja

Costarricense de Seguro Social. De lo contrario, se infringiría el

artículo 49 de la Ley de la Administración Financiera de la República.

Además, los servicios de capacitación no pueden ser prestados por los

médicos sujetos a prohibición de ejercicio privado de la medicina o con

contrato de dedicación exclusiva a la institución para la que laboran.

Asimismo, como la relación laboral se establece con la Asociación, dicho

servicio no puede considerarse como labor realizada en jornada

extraordinaria ni la remuneración correspondiente como pago de "horas

extras". Por otra parte, dado que la organización, planificación y

administración de los cursos está a cargo de la Asociación y con dicha

entidad se establece la relación de subordinación jurídica de los

médicos, por los que los gastos correspondientes deben ser cubiertos por

la citada Asociación y no con fondos públicos aportados por instituciones

públicas o donados por otras entidades al Gobierno.

VII.- LA PARTICIPACION DE OTROS ORGANISMOS PUBLICOS:

En el programa que nos ocupa se hace énfasis en la necesidad de que

se presten servicios de orientación a la familia así como que se imparta

educación sexual y sobre métodos de planificación en los centros de

enseñanza media. Es decir, el programa tiene alcances más amplios que la

simple que la simple disminución de la tasa de natalidad o como una

política de salud. Lo anterior da margen para considerar al programa

como parte de una política nacional de población que debe ser definidica

por el Gobierno en asocio con otros organismos públicos con competencia

en la materia. De allí que de conformidad con las nromas que rigen las

competencias públicas (artículos 59 y siguientes de la Ley General de la

Administración Pública), artículos 1º y 2º de la Ley Orgánica del

Ministerio de Educación Pública y 9, 10, segundo párrafo y 18 de la Ley

de Planificación Nacional en la elaboración del contenido y alcances del

programa global de planificaicón familiar deben intervenir los órganos

encargados de la educación, la familia, aspectos laborales y de

planificación.

CONCLUSION:

Por lo antes expuesto, es criterio de este Organismo que las

condiciones del convenio de asistencia económica para el programa de

"Mejoramiento de los servicios de Planificación Familiar" en tanto

otorgan a una entidad privada la administración, ejecución y una real

participación en la toma de las decisiones del programa, son contrarias a

las disposiciones legales que regulan el manejo, disposición y control de

los fondos públicos y resultan incompatibles con las funciones que la Ley

General de Salud y la Ley Orgánica del Ministerio de Salud Pública

consagran en favor del órgano rector de la salud pública. En

consecuencia, las condiciones antes señaladas sólo pueden mantenerse en

tanto el convenio de donación y sus cláusulas son aprobadas por la

Asamblea Legislativa.

Del señor Ministro, muy atentamente,

Licda. Magda Inés Rojas Chaves

PROCURADORA ADJUNTA

MRCH/abv.e