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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Dictamen 105 del 01/07/1996
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 105
 
  Dictamen : 105 del 01/07/1996   

C-105-96


1º de julio, 1996


 


Doctora


Joyce Zürcher de Carrillo


Defensora Adjunta de los Habitantes


S.D.


 


Estimada señora:


   Con aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero a su Oficio No. CV-500-96, en el que solicita a la Procuraduría General de la República estudiar la posibilidad de enderezar acciones jurisdiccionales y de responsabilidad por la supuesta omisión de la Municipalidad de Garabito en defensa de la zona pública de la ciudad de Jacó, al haberse detectado levantamiento de construcciones en esa franja, tales como tapias, policías dormidos, etc.


   En dicho Oficio se parte del criterio de que con anterioridad al día 25 de setiembre de 1980, en que Jacó obtiene supuestamente su calificación de ciudad y con ello su desaplicación particular de las disposiciones de la Ley No. 6043, según su artículo 6º, el gobierno local "consuetudinariamente permitió que se levantaran obras al margen de lo dispuesto en la citada normativa".


   Al respecto, es menester apuntar que el cantón de Garabito fue creado hasta finales de 1980, mediante la Ley No. 6512 de 1º de noviembre de ese año, por lo que la Municipalidad de Garabito, al no existir, no pudo tener ningún tipo de responsabilidad con antelación al 25 de setiembre de 1980, como se le atribuye en el Oficio No. CV- 500-96. De hecho, según se menciona en el Transitorio I de esa Ley la primera elección municipal se produciría hasta el primer domingo de febrero de 1982, coincidiendo con las elecciones nacionales.


   Hasta ese entonces el nuevo territorio cantonal sería regido por el ya existente Concejo Municipal del Distrito de Jacó, creado mediante Decreto No. 4358 de 6 de diciembre de 1974, aplicándosele las disposiciones contenidas en la Ley No. 4892 del 9 de noviembre de 1971, que reformó el Transitorio I del artículo 63 del Código Municipal para regular el funcionamiento de los Concejos Municipales de Distrito. (Este Transitorio se desaplicó por contravenir nuestra Carta Política, según Voto de la Sala Constitucional No. 6000 de las 9 horas 39 minutos del 14 de octubre de 1994, adicionado por el No. 9644-94 de 20 de diciembre del mismo año).


   Como es claro, al entrar en funciones el Concejo Municipal de Garabito en el año de 1982, desaparece como consecuencia el Concejo Municipal del Distrito de Jacó, tornando imposible la concreción y exigencia actual de responsabilidades a esta entidad por hechos ilícitos cometidos durante su gestión administrativa. Por otra parte, el instituto de la prescripción inhibe cualquier tipo de acción para exigir la responsabilidad civil o la penal de sus miembros.


   Ahora, conviene aclarar que el artículo 6º de la Ley No. 6043 sólo es aplicable a la ciudad de Jacó al momento en que Garabito es declarado cantón, y no antes.


   En efecto, esa norma estatuye que las disposiciones de la Ley No. 6043 no se aplicarán, entre otras, a las áreas de las ciudades situadas en los litorales; y de acuerdo al artículo 3º del Código Municipal "la población cabecera del cantón es la sede del gobierno municipal y tendrá el título de ciudad". Según esta concatenación de normas, y como se indicó en el Dictamen No. C-062-89 de 27 de marzo de 1989, la excepción contenida en el artículo 6º ibíd se aplica sólo a las cabeceras de los cantones con zona marítimo terrestre en su jurisdicción, por ejemplo, Puntarenas, Limón, Golfito o Quepos; siendo posible recurrir al Instituto Geográfico Nacional para conocer los límites de cada una de ellas. La única excepción al principio anterior sería la de que la Asamblea Legislativa hubiese otorgado a un poblado el título de ciudad oyendo previamente el criterio de la Comisión Nacional de División Territorial" (Ley No. 4366 de 5 de agosto de 1969, artículo 15).


   En el caso que nos ocupa, Jacó habría recibido su título de ciudad al declarársele en la Ley No. 6512 de 1º de noviembre de 1980 como cabecera del cantón de Garabito (artículo 3º). Antes lo que existía era una declaratoria por parte del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, sesión número 3041 del 7 de mayo de 1979, de Jacó como distrito urbano, siendo en ese entonces distrito noveno del cantón de Puntarenas.


   Lo que sí vino a exonerar de la aplicación de la Ley No. 6043 al poblado de Jacó, previo a su declaratoria como cabecera del cantón de Garabito, fue la incorporación de un Transitorio VI al articulado de aquel cuerpo legal:


"Transitorio VI.- Se exceptúan de las disposiciones de esta ley, los predios de la zona marítimo terrestre, declarada zona urbana del distrito nueve del Cantón Central, provincia de Puntarenas, poseídos por personas, que los hubiesen adquirido legítimamente y que tengan plena posesión de ellos. Previo pago, de una suma alícuota de cinco mil colones por hectárea, a favor del Concejo administrativo municipal de Jaco del cantón respectivo, cuando así sea ordenado por la ley."


   Esta adición a la Ley No. 6043 se produjo por la Ley No. 6515 de 25 de setiembre de 1980, y creemos que es de donde el Oficio No. CV-500-96 deduce, en nuestro criterio en forma errónea, la declaratoria a Jacó como ciudad. La Ley No. 6515 tiene su antecedente similar en la norma centésima de la Ley No. 6406 de 18 de diciembre de 1979, Ley de Presupuesto Ordinario para 1980.


   Valga destacar que para efectos de interpretación del Transitorio VI de la Ley No. 6043, la zona urbana del distrito de Jacó debe entenderse circunscrita a los límites geográficos del poblado de Jacó, y no extensiva a toda la circunscripción territorial del distrito. En ese sentido se aclaró en las actas legislativas de la Comisión Permanente de Gobierno y Administración que conoció de esta reforma legal:


"Diputado Jenkins Dobles:


El proyecto dice: "... en la zona marítimo- terrestre declarada como zona urbana ..." Cuánto fue lo que se declaró zona urbana?


 


EL PRESIDENTE:


Se declaró zona urbana el distrito central de Jacó que es de donde comienza la quebrada de lo que se llama Unibanco a la quebrada de don Arturo. -" (Acta No. 92 de la sesión extraordinaria de 13 horas del 31 de julio de 1979).


   La denominación de estas quebradas corresponde a los nombres populares con que se conocen dos cursos de agua ubicados a ambos extremos del poblado de Jacó.


   No obstante, lo dicho, es criterio de esta Procuraduría que, aunque el artículo 6º y el Transitorio VI de la Ley No. 6043 eximen a Jacó de aplicarle las disposiciones de esa Ley, no menos cierto es que otro tipo de regulaciones siguen manteniendo su vigencia. Tal sería el caso de la Ley de Aguas, No. 276 de 27 de agosto de 1942, que en su artículo 3º define a las playas como áreas de dominio público:


"Artículo 3.- Son igualmente de propiedad nacional:


I.- Las playas y zonas marítimas; (...)"


   Resulta claro que el legislador no pudo nunca haber pretendido que los costarricenses nos quedásemos sin playas tan concurridas como lo son, por ejemplo, Puntarenas o Jacó, permitiendo que los particulares se apropiasen de ellas hasta donde rompieran las olas. La lógica impone pensar que deben respetarse -por lo menos- las zonas de playa y aplicar en ellas un régimen similar al de la zona pública de la zona marítimo terrestre común, destinándolas al libre tránsito y uso público (ver en sentido análogo Dictamen No. C-004-80 de 3 de enero de 1980).


   A ese respecto, consideramos que la Municipalidad de Garabito sigue administrando esas áreas como parte de su jurisdicción territorial:


"Artículo 4º.- Corresponde a las municipalidades la administración de los servicios e intereses locales, con el fin de promover el desarrollo integral de los cantones en armonía con el desarrollo nacional.


Dentro de estos cometidos las municipalidades deberán: (...)


8) Fomentar el turismo interno y externo, protegiendo las bellezas naturales, regulando el uso y explotación de lagos, islas, bahías y playas aptas para la recreación y el deporte y dando el estímulo necesario a los programas públicos y privados de orden turístico, cuidando también la fauna y la flora marina." (Código Municipal)


   Por tanto, la Municipalidad de Garabito está obligada a velar por la integridad de la playa de Jacó como bien de dominio público, y es responsable por la autorización de actos indebidos que particulares realicen en ella, o por la omisión en su deber de defensa de este patrimonio común.


   Sin embargo, y volviendo al asunto que nos ocupa, en el Oficio No. CV-500-96 no se indican con precisión los casos específicos en que se han cometido irregularidades, dónde se ubican, posibles fechas del levantamiento de obras, nombres de infractores, etc.; información necesaria para llevar adelante las investigaciones correspondientes.


   En una oportunidad anterior, Oficio PGR-280 de 20 de noviembre de 1995 dirigido a esa Defensoría, el Procurador General de la República expresó:


"No omito manifestarle mi preocupación por la emisión de recomendaciones genéricas como la dirigida a nosotros en el Informe, en el sentido de "ejercer control sobre la localidad de Cóbano de Puntarenas a efectos de verificar si existen violaciones a dicha ley y entablar las acciones pertinentes", ya que la Procuraduría General de la República carece de personal y recursos materiales suficientes como para atender en una forma tan amplia sectores del litoral costarricense. Sugerimos hacia el futuro se concreten los hechos denunciados y se suministren los nombres de los probables infractores, con el propósito de que se remitan por parte nuestra las comunicaciones necesarias a las Instituciones que correspondan, o bien que nos permitan formular las acciones judiciales pertinentes."


   Así las cosas, mucho le agradeceré se sirva girar las instrucciones del caso a fin de que se nos detallen las infracciones cometidas, para así poder entablar las acciones administrativas o judiciales que correspondan.


   Mientras tanto, se está enviando nota al Concejo Municipal de Garabito recordándole sus deberes legales respecto de la protección de la playa de Jacó y de ajustar a derecho cualquier tipo de irregularidad verificada en esa área demanial.


De usted, atentamente,


Lic. Víctor F. Bulgarelli Céspedes


PROCURADOR ADJUNTO


VBC/