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 PGR - SINALEVI >> Pronunciamientos >> Resultados >> Opinión Jurídica 053 del 18/06/1998
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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Opinión Jurídica 053
 
  Opinión Jurídica : 053 - J   del 18/06/1998   

O.J-053-98


San José, 18 de junio de 1998


 


 


 


 


Señor


Diputado Jorge E. Soto Chavarría


Presidente Comisión Permanente de Asuntos Económicos


ASAMBLEA LEGISLATIVA


S. D.


 


Estimado señor Diputado:


Con la aprobación del señor Procurador General de la República, tenemos el gusto de hacer referencia a su estimable oficio del tres de junio del año en curso, recibido vía fax el día 5 del mismo mes, a través del cual se solicita el criterio de la Procuraduría General de la República en relación con el texto sustitutivo del proyecto "REFORMA A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIA, No. 4374", Expediente Legislativo No. 11.989.


I.-        CONSIDERACIONES PREVIAS:


Al igual que lo hemos hecho en anteriores ocasiones, se advierte que nos abstendremos de emitir criterio sobre la bondad de la innovación legislativa proyectada y sobre la oportunidad de las medidas que por ese medio se adoptarían, pues ello es propio de la discrecionalidad legislativa y ajeno a la naturaleza de la Procuraduría General de la República, como órgano superior consultivo técnico jurídico que es.


Conforme con lo anterior y movidos por un afán de colaboración con el órgano parlamentario, nos limitaremos a emitir una simple opinión jurídica -que carece de los efectos vinculantes propios de nuestros dictámenes strictu sensu-, en la que señalaremos los aspectos más relevantes y los potenciales roces de constitucionalidad que presenta el nuevo proyecto de ley objeto de estudio.


Asimismo, nos permitimos aclarar que el plazo de ocho días hábiles establecido en el artículo 157 del Reglamento Interior de Orden, Dirección y Disciplina de la Asamblea Legislativa, se refiere a las consultas que de conformidad con la Constitución Política (Artículos 88, 97, 167 y 190) deben serle formuladas obligatoriamente a las instituciones del Estado, interesadas en un determinado proyecto de ley (v.g. el Tribunal Supremo de Elecciones, la Universidad de Costa Rica, el Poder Judicial o una institución autónoma), no así a las consultas optativas o voluntarias como la presente, que no están reguladas por la normativa de cita. En todo caso, estamos atendiendo con gusto su estimable solicitud, dentro de la mayor brevedad que nuestras labores ordinarias lo permiten.


II.-       ANALISIS DEL PROYECTO DE LEY:


Respecto al contenido propiamente del proyecto debemos señalar - como indicáramos en nuestros oficios O.J.-036-95, de 17 de octubre de 1995 y OJ-001-97, de 7 de enero de 1997, en los cuales este Despacho ha  tenido la oportunidad de analizar los proyectos anteriores que pretenden reformar la Ley Nacional de Emergencias- que cualquier modificación o interpretación a dicha ley debe tomar en consideración lo resuelto por la Sala Constitucional en resolución No. 3410-92 de las 14:45 horas del 14 del 10 de noviembre de 1992, en la cual se define y aclaran los alcances del artículo 180 Constitucional, en torno al concepto mismo de emergencia y de las potestades del Poder Ejecutivo en las circunstancias excepcionales que la norma indica.


El nuevo proyecto de ley plantea una reforma integral a la Ley Nacional de Emergencias No. 4374, proponiendo un marco legal para que el Poder Ejecutivo pueda hacer frente y dar solución de manera eficaz a las situaciones de ese tipo que se pudieran presentar; integrando en tal labor a los distintos sectores de la sociedad.


ARTICULO 1º.- En este numeral el proyecto consultado establece que "El Poder Ejecutivo podrá, por decreto, declarar el estado de emergencia en cualquier parte del territorio nacional cuando ocurra una situación de calamidad pública o conmoción, en los términos que prevé el artículo 180 de la Constitución Política".


Al respecto debemos indicar que tal y como está redactada la norma, la misma resulta conforme con el texto constitucional. Sin embargo, debe tenerse presente que su conformidad con la Constitución no sólo se fundamenta en lo dispuesto en el párrafo tercero del numeral 180 Constitucional, sino también en el principio constitucional de "estado de necesidad y urgencia", el cual constituye fuente suprema del orden normativo estatal e integrante del bloque de constitucionalidad.


De conformidad con el artículo 180 Constitucional, la ley de presupuesto establece un límite de acción de los Poderes Públicos para el uso y disposición de los recursos del Estado, los cuales sólo pueden ser modificados por la misma Asamblea Legislativa a través de leyes de presupuestos extraordinarios, dictadas a iniciativa del propio Poder Ejecutivo. Sea, que se establece una reserva de ley para el uso y  disponibilidad de recursos.


No obstante, el párrafo tercero del citado artículo 180 Constitucional, prevé un procedimiento especial para modificar el Presupuesto por motivos de urgencia, a saber "Cuando la Asamblea Legislativa esté en receso, el Poder Ejecutivo podrá variar el destino de una partida autorizada, o abrir créditos adicionales, pero únicamente para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas en casos de guerra, conmoción interna o calamidad pública. En tales casos, la Contraloría no podrá negar su aprobación a los gastos ordenados y el decreto respectivo implicará convocatoria a la Asamblea Legislativa a sesiones extraordinarias para su conocimiento".


Conforme se podrá apreciar, la potestad modificatoria del Poder Ejecutivo, en materia presupuestaria, sólo es fáctible cuando la Asamblea se encuentre en receso. Además, la potestad conferida al Poder Ejecutivo para decretar el estado de emergencia queda limitada a las circunstancias de urgencia que prevé la misma norma constitucional, a saber, en caso de guerra, conmoción interna o calamidad pública.


Sin embargo, si interpretáramos que la declaratoria de estado de emergencia únicamente podría ser declarada por el Poder Ejecutivo en la condición que establece el párrafo tercero del artículo 180 constitucional, a saber que la Asamblea Legislativa se encuentre en receso, se limitaría en extremo su ejercicio.


Por consiguiente, debemos entender que la potestad que se pretende conferir al Poder Ejecutivo, para declarar por decreto el estado de emergencia, también encuentra fundamento en el principio constitucional, conocido en doctrina como "estado de necesidad y urgencia". De conformidad con dicho principio, bajo determinadas circunstancias de urgencia y necesidad (provocadas por circunstancias de guerra, conmoción pública o calamidad), el Gobierno tiene que asumir funciones y entrar en ciertos campos que, en principio, están reservados a la Asamblea Legislativa.


En tales casos el presupuesto habilitante -sin cuya existencia el decreto que declare el estado de emergencia sería inconstitucional- es el estado de necesidad y urgencia, el cual no requiere la condición de que la Asamblea Legislativa se encuentre en receso, sino simplemente la urgente necesidad de enfrentar y regular una determinada situación, que no es posible hacerlo por los cauces legislativos ordinarios pues exige una rápida respuesta que no podría producirse por esa vía.


Al no haber ningún requisito formal previo, es el propio Gobierno quien aprecia por sí mismo si existe o no la necesidad urgente y extraordinaria, especificando y dejando constancia de ello en las resoluciones y decretos respectivos, sujeto luego a examen por el