DESAHUCIOS ADMINISTRATIVOS DEL INVU

C-013.80

San José, 22 de enero de 1980

Señorita

Licda. Nísida Jiménez Dam

Jefa del Departamento legal

Ministerio de Gobernación y Policía

Estimada señorita:

Con la aprobación del señor Subprocurador General de la República, me

es grato referirme a su oficio Nº 1416 de 2 de enero en curso, en el cual requiere

pronunciamiento de este Despacho en el sentido de determinar si los desahucios

solicitados por el INVU, deben tramitarse de conformidad con lo establecido en

el artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles o de acuerdo con lo dispuesto

en la ley Nº 4898 de 16 de noviembre de 1971.

Del estudio de su estimable consulta, así como de los testados que

gentilmente nos remitiera, se concluye que la materia sobre la cual versa nuestro

pronunciamiento tiene relación con las gestiones de desahucio administrativo

incoado por el INVU, en contra del señor...

Ahora bien, de conformidad con lo estatuido en el inciso c) del artículo

10 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República (ley 3848 de

10 de enero de 1967), corresponde a esta Dependencia rendir dictámenes, informes

y asesoramiento acerca de cuestiones legales que le soliciten los organismos

públicos.

Así las cosas, y sin entrar al análisis concreto del desahucio interpuesto

por el INVU, y sin perjuicio de lo que en definitiva resuelvan las autoridades

competentes, seguidamente nos permitimos dar respuesta al punto sometido a

nuestra consideración.

De la lectura del artículo 691 del Código de Procedimientos Civiles se

desprende que esa normativa regula dos situaciones jurídicas distintas: una se

refiere al desahucio judicial y la otra al desahucio administrativo.

Pues bien, en el primer evento (inciso 1 y párrafo primero del inciso 2)

se trata del desahucio en contra de todo arrendatario y/o subarrendatario; así

como el caso de aquellas personas que disfrutan o tengan en precario un inmueble

o parte de él, con el consentimiento o por pura tolerancia de su dueño,

arrendatario o subarrendatario.

Situación distinta se da en el desahucio administrativo, pues éste procede

contra quien no ejerce posesión precaria ni de ninguna especie, al tenor de la

ley, tal es el caso de administradores, porteros, guardas, empleados, peones y

otros de igual índole, en relación con las casas, apartamentos, locales oficinas

y otros que ocupan. Igualmente cuando se trate de trabajadores de fincas rurales.

(Párrafo segundo y tercero del inciso 2) del artículo 691 del Código Procesal

Civil).

Ahora bien, para el cas de desahucio administrativo -como bien lo

resolvió la jurisprudencia de la Sala Primer civil- corresponde su conocimiento

a las autoridades de Policía.

Por otra parte, la Ley Orgánica del INVU (ley Nº 1788 de 24 de agosto

de 1954) establece en su artículo 48 que las disposiciones contenidas en la ley

Nº 6 de 21 de setiembre de 1939 y sus reformas (Ley de Subsistencia o de Inquilinato)

no le son aplicables a aquel Instituto. Es decir, que el legislador por

su propia voluntad, en forma expresa, decidió excluir de las normativas de la

referida ley al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

Ahora bien, es importante indicar que le INVU en su carácter de ente

público está facultado para suscribir arriendos relativos a sus bienes inmuebles.

Igualmente también podría facilitar a sus trabajadores, de conformidad

con la relación laboral de que se trate, casas, departamentos o locales para un

mejor cumplimiento de sus labores, situación que, en todo caso, cesaría en el

momento en que dejaran de desempeñar los servicios que prestan.

Planteado así el asunto, estimamos que la solución al caso objeto de

análisis ofrece dos soluciones, a saber:

a) Como se dijo en su oportunidad las disposiciones contenidas en la Ley de

Inquilinato no le son aplicables al INVU. Ello quiere decir, que los contratos

de arriendo que suscrita con personas particulares se regirán por

las normativas estatuidas en el Código Civil.

Pues bien, en el evento de que el INVU considerare que procede, de conformidad

con la ley, plantear el respectivo juicio de desahucio el trámite

a seguir debe sujetarse a lo dispuesto en los artículos 668 a 701, ambos

inclusive, del Código Procesal Civil; y

b) En el caso de que estemos en presencia de personas que no ejerzan,

sobre los inmuebles en cuestión, posesión precaria ni de ninguna naturaleza,

tal y como lo disponen los párrafos dos y tres del artículo 691

del supracitado Código, la acción de desahucio, en caso de negativa de

desalojar la propiedad de que se trate, debe tramitarse ante las autoridades

de policía con fundamento en aquella disposición procesal, por

tratarse en al especie de un desahucio administrativo.

Atentamente:

Lic. Fernando Chinchilla Cooper

Procurador Civil.