C-117-99

 

8 de junio de 1999

Doctor

Rogelio Pardo Evans

Ministro

Ministerio de Salud

S. D.

 

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de la República, me

refiero a su oficio Nº DM-991-98 de 21 de diciembre último, recibido por

este Despacho el 6 de enero siguiente, por el cual solicita el

otorgamiento de la escritura pública de reversión de un inmueble en el

que se encontraba la Unidad Sanitaria y donde actualmente funciona el

Centro de Salud de Nicoya, toda vez, según su criterio, en la finca del

Partido de Guanacaste, folio real matrícula 54569-000, propiedad de la

Municipalidad de Nicoya, se le dio un destino distinto al establecido

en las Leyes números 4484 de 15-12-69 (reformada por leyes 6394 y 5449)

y 6963 de 30-7-84, las cuales la destinaron a la Casa de la Cultura de

Nicoya. Señala que el cambio de destino se dio en razón de que si bien

la Casa se construyó, ello se hizo al Oeste del citado inmueble.

Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:

Conforme se consigna en la escritura pública otorgada ante la

entonces Notaria del Estado, Zianne Monturiol Varani, N (1533 de 13 hs.

del 25 de setiembre de 1985, con fundamento en las leyes precitadas y

concretamente en el artículo 4 (de la Ley 6394 (que debe relacionarse

con la 5449, art. 2(), se estipuló que: "Es entendido que en la

escritura indicada en el artículo anterior, se estipulará que el

inmueble no puede ser utilizado en otro destino y que volverá a poder

del Estado si la Casa de la Cultura no se ha comenzado a construir a más

tardar el 31 de diciembre de 1985".

Al respecto queda claramente establecido que el destino dado por

Ley para la indicada finca o inmueble en su totalidad (2836.65 m2), es

para la Casa de la Cultura de Nicoya, la cual según reza su oficio ya

se construyó.

De modo tal, es dable concluir, que el hecho o circunstancia de que

la Casa se haya construido al Oeste del citado inmueble, no constituye

una variación del destino dado por ley a la finca sino más bien se

cumple con el mismo. Lo anterior se señala, en razón del plano

topográfico sin catastrar, de segregación de un lote de 1802.41 m2,

remitido por la Licenciada Sandra Miranda Loría, Abogada de la Asesoría

Legal de ese Ministerio, mediante oficio No. AL-SM-3704 de 4 de junio

de este año, lote que corresponde al Puesto de Salud de Nicoya. De tal

manera que jurídicamente no procede una reversión de propiedad o de

lote, sino más bien una eventual donación del lote a que se refiere el

plano topográfico citado e inscrito en el Catastro Nacional.

Ahora bien, esta Procuraduría ha señalado (1), que en tratándose de

bienes estatales, la doctrina ha distinguido lo que denomina: "dominio

público necesario", en cuanto deben pertenecer dichos bienes

necesariamente al Estado y tienen por sí la inalienabilidad absoluta,

de lo que deriva la inexpropiabilidad, la inusucapibilidad e

incomerciabilidad (art. 121 de la Constitución Política), a diferencia

de aquellos que son de "dominio público accidental", en la medida en que

podrían no pertenecer al Estado al salir de su dominio o control y de

los que son del "dominio privado". Tocante a los dos últimos la

diferencia radica en que el bien esté o no destinado a un fin público.

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NOTA (1): Dictamen C-077-99.

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Igualmente ha sostenido que para la enajenación (que incluye la

compraventa, donación) de los bienes públicos, se requiere autorización

legislativa para su desafectación. Cabe advertir que este tipo de

contratación se regula por la Ley de Contratación Administrativa, No.

7494 arts. 68 y 69 y concretamente por su Reglamento General, DE-25038,

toda vez que en su artículo 70 al regular la "enajenación de bienes

inmuebles", impone en el aparte 70.2 como "límite" para la enajenación

de bienes inmuebles afectos a un fin público, que "si no consta el

procedimiento utilizado para la afectación, se requerirá la autorización

de la Asamblea Legislativa para su desafectación".

Lo anterior guarda relación con lo expresado en dictamen de esta

Procuraduría C-208-96 (en relación con C-016-97), que en lo que interesa

señaló:

"Pero no basta con que la Asamblea Legislativa emita una

autorización para que el INCOFER done un bien inmueble. Se

requiere, además, que la Asamblea tome en cuenta la naturaleza del

bien inmueble de que se trate. Ello por cuanto en tratándose de un

bien inmueble afecto a un fin público, la donación no procede si

previamente no se desafecta el bien. Lo cual es una consecuencia

del principio sentado en el artículo 262 del Código Civil...": "...

Por enajenación se entiende cualquier acto de transmisión del

dominio sobre la cosa o de la titularidad del derecho de propiedad

en favor de otra persona, lo que puede comprender tanto la venta

que se regula en los numerales 68 y 69 de la Ley de la Contratación

Administrativa y 70 de su Reglamento, como la donación. Por

consiguiente, debe entenderse que la norma constitucional prohíbe

no sólo la venta de esos bienes sino, a fortiori, la donación...".

"... Por el contrario, el INCOFER podría, en principio, enajenar

los bienes inmuebles de su propiedad que no integren el ferrocarril

siguiendo los procedimientos legalmente establecidos para la venta

de dichos bienes, o bien donándolos si fuere autorizado por la ley

para hacerlo". (El resaltado en negrilla no es del original).

Por lo expuesto, reitero lo que procedería no es la reversión sino

una eventual donación del referido lote a favor del Estado y dado el

"fin público" que tiene la finca madre: "Terreno destinado a Casa de la

Cultura de Nicoya", se precisaría, como reza el anterior dictamen

transcrito, de que la ley además de autorizar a la Municipalidad de

Nicoya (propietaria de la finca) para la donación, desafecte el lote a

donar de la finca madre sometida a tal afectación. Publicada la ley la

Municipalidad de Nicoya tomaría el acuerdo respectivo de donación.

Atentamente,

 

Lic. Fernando Casafont Odor

NOTARIO DEL ESTADO

 

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