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Ficha del Pronunciamiento
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Texto Dictamen 197
 
  Dictamen : 197 del 05/10/1999   
( RECONSIDERADO PARCIALMENTE )  

C-197 -99


San José, 5 de octubre de 1999.


 


Señor


Bernardo Benavides Benavides


Presidente del Consejo Directivo de Pensiones


Ministerio de Trabajo y Seguridad Social


Su Despacho


 


Estimado señor:


   Con la aprobación del señor Procurador General de la República nos es grato referirnos a la petición consultiva contenida en su oficio número CDP-124-99, de 17 de agosto de este año, en la que solicita el criterio jurídico sobre la situación de los exfuncionarios del Banco Anglo Costarricense, pensionados bajo el régimen de Pensiones de Hacienda, introducido por la ley 7013 de 18 de noviembre de 1985, reforma que amplió el régimen ordinario regulado por ley No. 148 de 23 de agosto de 1943. Así, se consulta qué debe hacerse para revalorizar las pensiones en que resulta aplicable el artículo 1, inciso ch) de la Ley originaria, tomando en consideración que no es posible contar con las escalas salariales del Banco. Relata Ud. que los pensionados han solicitado equiparlos a la escala de otro Banco, solicitud que ha sido rechazada por la Dirección Nacional de Pensiones, en virtud de que requiere conocer las variaciones existentes dentro de la escala de puestos para determinar la variación del mismo y el nuevo monto de pensión. Que como esa situación corresponde a una competencia exclusiva interna de cada una de las instituciones, la Dirección debe conocer dicha variaciones; que existe imposibilidad material para la aplicación del sistema de revalorización previsto en la Ley de Hacienda, al encontrarse el archivo del Banco Anglo cerrado; que la Dirección no es el órgano competente para homologar puestos de instituciones bancarias. Se indica que la Dirección ha procedido a revalorar las pensiones por costo de vida al monto, según las prescripciones de aumento determinadas por el Poder Ejecutivo para los empleados públicos. Por lo que consulta:


"1.- No tenemos las escalas salariales para revalorizar, no hay ninguna institución que nos pueda dar dicha información y en vista de que no podemos realizar homologaciones de puestos, se nos indique cómo revalorar a los pensionados que les cabe el inciso ch) del artículo 1 de la ley 148 de Hacienda (...)"


"2.- ¿Cuál es el órgano legitimado para hacer entrega de dicha información necesaria, para efectos de hacer las revalorizaciones de pensiones y en el caso de que no se hiciese entrega de la información aludida, se nos señale cómo proceder en esta situación?"


"3.- ¿Nos encontramos ante un evidente problema de conflicto de competencias entre órganos? En el caso de que así fuere, ¿a quién le corresponde resolverlo?


"4.- Por otro lado, no es nuestra intención violar el derecho de petición de los señores pensionados, ni perjudicarlos cuando nos presentan recursos señalando esta situación. Sin embargo, al no tener las escalas salariales correspondientes y necesarias para efectos de realizar la debida revalorización, la Dirección Nacional de Pensiones revalora según el costo de vida decretado por el Gobierno cada 6 meses. ¿Es ese procedimiento correcto o cómo proceder diferente si no lo fuese?


   El punto fundamental está determinado por el procedimiento que debe seguirse para revalorizar las anteriores pensiones, constatada la inexistencia de una escala de puestos en vigor en el Banco Anglo.


I- EL MECANISMO DE REVALORIZACION INTEGRA EL DERECHO A LA PENSION


   A toda persona le asiste el derecho a la jubilación como consecuencia de la prestación directa de su trabajo; derecho que es reconocido en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna, de conformidad con los artículos 33 (igualdad ante la ley) y 73 (seguros sociales) de nuestra Constitución Política. Este último numeral regula el régimen universal de jubilación, denominado Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, que protege a todos los trabajadores asalariados de los sectores público y privado, con las excepciones contempladas en la Ley Constitutiva de la Caja. Empero, al lado de este régimen general encontramos regímenes específicos, dirigidos a ciertos funcionarios de los poderes públicos. Tal es el caso del llamado Régimen de Hacienda.


A-. EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PERMITE INGRESAR AL RÉGIMEN Y A SUS BENEFICIOS


   Como todo derecho, el régimen de pensión o jubilación se rige por una serie de condiciones objetivas, establecidas para determinar quién ha adquirido el derecho a percibir las prestaciones que contempla.


   Condiciones entre las cuales se encuentran la edad para pensionarse o la contribución por un tiempo determinado. El derecho se consolida cuando estas exigencias legales se han cumplido. Requisitos que deben ser cumplidos tanto si la persona se beneficia del indicado régimen general o bien, si tiene derecho a uno de los tres regímenes especiales, entre los cuales está el de Hacienda, que es el que tiene relevancia para efectos de la presente consulta.


   Sobre este punto, ha establecido la Sala Constitucional:


"...la pertenencia a un régimen determinado de pensiones o jubilaciones se adquiere desde el momento en que se comienza a cotizar en dicho régimen, pero el derecho concreto a la jubilación se adquiere cuando el interesado cumple con todos los presupuestos establecidos por ley, y no antes, como lo reclaman los accionantes, al considerar que la modificación de las condiciones para obtener este derecho es inconstitucional..." (Sala Constitucional, resolución N. 6124-93 de las 14:30 hrs. del 23 de noviembre de 1993, reiterada entre otras en la N. 6491-98 de 9:45 hrs. del 10 de setiembre de 1998).


   Una vez que la persona tiene el derecho a la jubilación, su goce no puede limitarse, condicionarse o suprimirse, pero sí podrían cambiarse las condiciones de quienes cotizando para el Régimen no tienen todavía un derecho a la pensión. Entre esos elementos que no pueden ser modificados, están los beneficios propios del régimen. De modo que una vez que la persona se ha pensionado bajo un determinado Régimen, tiene derecho a que se le aplique la totalidad de los beneficios que éste comporta:


"...Es decir, dentro de un régimen de pensiones cualquiera, el derecho a la pensión se constituye y adquiere cuando acaecen en cada caso particular las condiciones de hecho previstas legalmente para que tal derecho pueda válidamente concederse. Pero simultáneamente con el derecho a la pensión, se adquieren simultáneamente, en ese mismo momento, los beneficios que el régimen específico establezca: por ejemplo, el beneficio a que el monto de la pensión aumente año a año. Este beneficio no es una mera expectativa de derecho para quienes se jubilan cuando el beneficio está previsto, sino que es parte del derecho que han adquirido, y como derecho adquirido que es, resulta intangible para la ley posterior, que, en consecuencia, no puede válidamente suprimirlo, aunque sí puede mejorarlo. La misma regla se aplica al monto establecido legalmente para el porcentaje de aumento anual: quien adquiere el derecho a una pensión, adquiere con él el derecho a que la pensión aumente anualmente, sí así está prescrito, y a que aumente en un cierto porcentaje, si la ley lo autoriza; porcentaje que, por consiguiente, la ley posterior no puede variar en perjuicio del derecho adquirido...", Sala Constitucional, resolución N. 5817-93 de las 17:09 hrs. del 10 de noviembre de 1993.


   Conforme el principio de legalidad, si la ley no puede modificar los beneficios que ha adquirido el pensionado, menos puede hacerlo el reglamento o un acto administrativo. Lo que significa que la Administración debe respetar los citados beneficios, entre ellos el derecho a la revalorización de la pensión, cuando así estuviere previsto en el Régimen.


B-. LOS AJUSTES A LA PENSION DE HACIENDA


   Mediante la norma general 49 del artículo 9° de la ley No. 6542 de 22 de diciembre de 1980, se introdujo el inciso ch) al artículo 1 de la ley 148 de 23 de agosto de 1943, Ley de Pensiones de Hacienda, posteriormente declarado inconstitucional por resolución de la Sala Constitucional, N. 2136-91 de 14:00 hrs. de 23 de octubre de 1991. Dicho artículo establecía, en lo conducente:


"ARTICULO 1: Los funcionarios o empleados del Ministerio de Economía y Hacienda y sus diversas dependencias, así como los empleados que cita el artículo 13 de la presente ley, excepto los de la Contraloría General de la República, no regidos por leyes especiales en cuanto a jubilaciones y pensiones, ni amparados por la Ley de Seguro Social, que hayan servido más de treinta años y tengan más de cincuenta años de edad, podrán pedir su jubilación con derecho a pensión conforme a las siguientes normas:


a)..., b)...,c)...


ch) Este beneficio se reajustará en el tanto equivalente al incremento alcanzando o que llegue a alcanzar la remuneración del cargo respectivo".


   El Régimen comprende, entonces, un derecho al reajuste equivalente al incremento alcanzado por la remuneración del cargo respectivo. De allí la importancia de conocer la escala salarial de la entidad en la cual se pensionó el beneficiario del Régimen. Se ha considerado que el fin de esta reforma legal es, precisamente:


"...que las pensiones otorgadas bajo este régimen tengan relación no sólo con el fenómeno inflacionario y el costo de la vida, sino, y en esto es clara la intención del legislador, que las pensiones se vayan adaptando, de forma automática, a los movimientos que se operen en la remuneración del cargo respectivo de la clase activa. Ello fue sin duda lo que se dedujo de la finalidad de la norma". (Dictamen N. 24-93 de 12 de febrero de 1993).


   La declaratoria de inconstitucionalidad del inciso ch) antes transcrito no afecta el derecho de quienes se habían pensionado o tenían derecho a pensionarse antes de dicha declaratoria, ya que al efecto se considera que tienen un derecho adquirido a la aplicación de tal procedimiento. Así lo estableció esta Procuraduría en el dictamen antes citado.


C-. LOS PENSIONADOS DEL BANCO ANGLO


   El artículo primero de la ley 7013 de 18 de noviembre de 1985 adicionó un nuevo artículo, con el número 1bis, a la original Ley de Pensiones de Hacienda No. 148, a cuyo tenor:


"Artículo 1°bis: Además de las personas expresamente enumeradas con derecho a acogerse a este régimen de Pensiones, incluidas las que hayan obtenido ese derecho por diversas leyes o normas presupuestarias, quedan igualmente amparados por las disposiciones de esta ley todos los servidores del sector público, centralizado y descentralizado, del Estado y sus instituciones, incluidos los empleados y funcionarios de la Fábrica Nacional de Licores. Exceptúense de lo dispuesto en el párrafo anterior a los servidores amparados por los regímenes especiales de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional y del Poder Judicial".


   Se amplió el Régimen de Hacienda, lo que permitió que funcionarios de los Bancos Estatales, entre otros servidores, fueran incluidos en el Régimen. No obstante, mediante resolución No. 1633-93 de las 14:33 hrs. del 13 de abril de 1993, la Sala Constitucional declaró nula la ley No. 7013 por el hecho de obligar a la Caja Costarricense de Seguro Social a trasladar al Régimen de Hacienda, las cuotas aportadas por el interesado. En dicha resolución se dimensionaron los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad hasta por 18 meses después de su publicación, con el objeto de proteger a los servidores que ya casi habían cumplido los requisitos para pensionarse. En otras palabras, los interesados debían estar prestando sus servicios para el Estado o sus instituciones, y cumplir los requisitos establecidos en el artículo 17 de la referida ley 7013; todo durante el período de su vigencia, que es el comprendido entre el 3 de diciembre de 1985 al 19 de mayo de 1993.


   Con la modificación introducida a la ley 148 de 23 de agosto de 1943 por la derogada ley 7013, se crearon dos clases de servidores amparados por el Régimen de Pensiones de Hacienda: Por un lado, los originalmente previstos por la Ley No. 148, más los que fueron incluidos por reformas posteriores. Por otro lado, los servidores de otros organismos, beneficiados mediante la ley 7013, quienes a su vez configuran dos subgrupos:


a) los que al momento de entrar en vigencia la norma, tenían satisfechos absolutamente todos los requisitos exigidos por el régimen para ser titulares de sus derechos, y


b) todos aquellos servidores del Sector Público, centralizado y descentralizado del Estado y sus instituciones, incluidos los empleados y funcionarios de la Fábrica Nacional de Licores, que sin tener a esa fecha los requisitos, optativa y libremente decidían ingresar al Régimen. En cuyo caso debían someterse a sus postulados para disfrutar de sus beneficios a futuro. Ingreso al régimen que le da derecho a los beneficios.


   Cabe recordar que con ocasión del Proyecto de ley de "Reforma Integral a la Ley de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional", la Sala Constitucional consideró que:


"...el ingreso del servidor al régimen le otorga el derecho legítimo a aspirar al disfrute de sus beneficios, lo que se consolida cuando se han cumplido todos los requisitos objetivos señalados en la ley, el derecho al retiro con sus implicaciones jurídicas ha sido declarado por la administración..." (Voto No. 1925-91 de las 12:00 hrs. del 27 de setiembre de 1991).


   Se sigue de lo expuesto que los funcionarios de la Administración Descentralizada que se pensionaron con base en la Ley 7013, tenían derecho a todos sus beneficios, incluido el mecanismo de revalorización.


   Por ende, dicho beneficio debe ser respetado en el caso de los pensionados del Banco Anglo bajo el Régimen de Hacienda. Por consiguiente, a esos funcionarios pensionados bajo el Régimen de Hacienda no se les puede aplicar el sistema de revalorizaciones previsto en el artículo 7 de la Ley Marco de Pensiones (No. 7302 de 8 de julio de 1992)


   La propia Sala Constitucional, en el mismo Voto que anuló el inciso ch) de cita, estableció lo siguiente:


"De conformidad con lo preceptuado en el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, la presente declaratoria tiene efectos retroactivos y declarativos a la fecha de vigencia de las normas anuladas, sin perjuicio de aquellos derechos adquiridos de buena fe, respecto de aquellas personas que actualmente estén disfrutando de los beneficios que otorgaban esas normas y de aquellos otros derechos nacidos con anterioridad a la primera publicación a que alude el artículo 90, párrafo primero de la Ley que regula a esta jurisdicción, se hayan o no reclamado, o declarado el reconocimiento o comenzado a percibir el monto de la jubilación. De igual forma, se dimensionan los efectos de la presente declaratoria, en el sentido de que todas aquellas personas que hubieren ingresado y cotizado para el Régimen de Pensiones de Hacienda con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley # 7013 de 18 de noviembre de 1985, por haberlo permitido así cualquiera de las normas presupuestarias que se declaran nulas y que esa ley contemple, tendrán derecho a permanecer en él...".


   De modo que la situación jurídica de quienes se habían acogido al Régimen de Hacienda con anterioridad a la fecha señalada por la Sala, no resulta afectada por la declaratoria de inconstitucionalidad del inciso ch) de mérito. Consecuentemente, tienen derecho, repetimos, a que su pensión se revalorice conforme lo allí establecido.


   Establecido que los pensionados del Anglo tienen derecho al sistema de revalorización del referido inciso ch), corresponde referirnos al procedimiento que puede seguir la Dirección Nacional de Pensiones para tal efecto.


II- LA HOMOLOGACION DE PUESTOS.


   El Banco Anglo Costarricense fue disuelto mediante la ley 7471 de 20 de diciembre de 1994. A raíz de esa disolución, muchos de sus funcionarios se acogieron a su derecho jubilatorio, con base en la ley 7013 del Régimen especial de Hacienda. Estos, igual a los que se pensionaron con anterioridad tienen derecho a que se les reconozca lo establecido en el artículo 1 inciso ch) de la Ley de Pensiones No. 148. Por ello, los exfuncionarios beneficiados por el sistema de revalorización contenido en el inciso ch) mencionado anteriormente, han presentado administrativamente solicitudes de revisión de pensión, argumentando que dicho inciso dejó de aplicárseles a partir de setiembre de 1996. En ausencia de una escala de puestos, piden se les equipare a la escala de otro Banco, alegando el perjuicio económico que se les está causando.


   El problema que se afronta al conocer de la solicitud planteada para la revisión de los montos de pensión de esos exfuncionarios, radica en el hecho de que al disolverse el Banco no existe una escala de puestos, por lo que resulta difícil en la actualidad concretar una equivalencia de funciones con algún cargo existente, para efectos de establecer una equiparación - o al menos una relación salarial justa- que permita resolver con equidad esta situación. Además, la Dirección de Pensiones alega que dada la liquidación de que fue objeto el Banco Anglo, no existe ninguna posibilidad real de obtener las escalas salariales que éste tuvo, las cuales son necesarias para realizar las revalorizaciones a dichos pensionados, por mantenerse cerrado el archivo de dicho Banco.


   El meollo del asunto está en encontrar un cargo al cual equiparar el que desempeñaban dichos exfuncionarios, con lo que se lograría resolver las solicitudes actuales. No obstante para establecer esta equiparación, habría que realizar un estudio técnico tendiente a determinar los deberes, las atribuciones y demás factores de clasificación y valoración del cargo. No puede dejar de desconocer que una equiparación con puestos de otros bancos se dificulta porque cada Banco estatal tiene su propia política interna tanto de funciones como de salarios (cfr, al efecto, dictamen N. 258-98 de 30 de noviembre de 1998). El artículo 34 inciso 4 ) de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional confiere a las Juntas Directivas de cada uno de los bancos, el fijar la remuneración de cada plaza, correspondiéndole a cada Banco concretizar la política que se defina. Es más, entre ellos existe un ambiente competitivo, ya que existen diferencias en cuanto a patrimonio, niveles de ganancias, políticas crediticias y otros aspectos. En otras palabras, los bancos pueden establecer sus políticas salariales tendientes a cumplir los objetivos fijados para cada uno de ellos, tendiendo a la eficiencia individual de los funcionarios, y los parámetros para determinar esa eficiencia no tienen que ser los mismos en cada Banco.


   De allí que no estimemos viable el mecanismo de la equiparación simple con los puestos de alguno de los bancos estatales. Empero, una investigación técnica, que acuda a las fuentes idóneas, podría determinar las funciones, responsabilidades y deberes que incumbían a esos exfuncionarios, para efectos de establecer una equitativa relación salarial con otros entes estatales. De allí que a fin de dar solución a la situación planteada y dadas las diferencias entre los distintos bancos, estimamos que la Dirección Nacional de Pensiones puede solicitar, a manera de colaboración, a la Dirección General de Servicio Civil, que la asesore en ese punto. El Departamento Técnico de Instrumentación Tecnológica del Servicio Civil, podría efectuar el correspondiente estudio de las funciones, responsabilidades, deberes y otros factores de clasificación y valoración del cargo ocupado últimamente por cada gestionante de la revisión de pensión, a efecto de establecer una equitativa equiparación salarial, si es que existe, con otros bancos estatales u otras entidades del sector público. Estimamos que el hecho de tratarse de cargos excluidos del Régimen, no impide a un órgano técnico como el citado Departamento realizar una investigación de la índole que se requiere.


   Una vez establecida la correspondiente equivalencia, si así lo determinara el estudio técnico, el monto del beneficio deberá fijarse con base en el salario resultante. En acatamiento del inciso ch) del artículo 1, se deberá proceder a efectuar los aumentos de la jubilación en el porcentaje equivalente al incremento alcanzado, o que llegue a alcanzar la remuneración de la clase de puestos a la cual resultó equiparado el cargo que ocupaba el beneficiario.


   La Sala Constitucional, al resolver un recurso de amparo con ocasión de una situación similar a la que se consulta, indicó que:


"Esta Sala ya ha dicho que, con el derecho a la pensión se adquiere en el mismo momento el beneficio a que el monto de dicha pensión aumente. Estima la Sala razonable el hecho de denegar una solicitud de reajuste de pensión por aspectos propios del interesado, como serían entre otros, la falta de requisitos. Sin embargo, el hecho de denegar tal solicitud por causas atribuibles a la Administración, violentaría los derechos fundamentales de los ciudadanos. En este caso, si bien a la recurrente se le resolvió su solicitud de reajuste, lo cierto es que resolver en forma negativa dicho pedido sin indicar los mecanismos a seguir o que se han seguido para solventar la problemática que ahora nos ocupa, equivale a una denegatoria del derecho a revaloración de pensión, pues hasta tanto no se tomen las medidas del caso, la respuesta a la petición será negativa, y no por aspectos propios del interesado, sino por causas atribuibles a la Administración. En vista de que en el presente caso, a la recurrente, se le ha denegado el reajuste de pensión, basándose en que no se cuenta con las escalas de servicio necesarias para la determinación de la evolución del puesto de quien en vida fue su esposo porque CODESA desapareció, sin que se acredite estar tomando las medidas necesarias para solventar el problema y sin Arg. elementos subjetivos de la accionante para tal denegatoria, procede declarar con lugar el recurso y ordenarle a la Directora Ejecutiva de la Dirección Nacional de Pensiones tomar las medidas necesarias para resolver por el fondo la solicitud de reajuste de pensión de la recurrente dentro del plazo que en la parte dispositiva se dirá, aclarándose que este pronunciamiento no prejuzga sobre el derecho a la revalorización que eventualmente pueda tener la recurrente." (...) (Recurso de amparo promovido por Flory Rojas Solano Expediente No. 99-003523-007-CO-E, Resolución No. 4524-99 de las 14:42 hrs. del 15 de junio de 1999).


   Lo que reafirma el deber de la Dirección Nacional de resolver las gestiones que le han sido presentada, en este caso, por los pensionados del Anglo, aun cuando existan problemas administrativos que dificultan su accionar.


III-. EN CUANTO AL ARCHIVO DEL ANGLO


   Se consulta cuál es el órgano encargado de entregar la información necesaria para efectos de revalorizar las pensiones y se plantea el problema de la administración del Archivo del disuelto Banco Anglo.


   En este momento, el archivo del extinto Banco Anglo se encuentra custodiado por el Banco Central de Costa Rica. Por lo que, mediante una solicitud formal dirigida al Gerente del Banco Central, la Dirección Nacional de Pensiones puede exponer la situación con detalle, solicitando la colaboración diligente de esa Entidad; colaboración que por demás el Ente Rector ha dado, por ejemplo, cuando ha sido solicitada por parte de los Tribunales de Justicia.


   Lo anterior como mecanismo de solución de las gestiones presentadas. No escapa a la Procuraduría que más allá de estas gestiones, se requiere una definición respecto de ese archivo, aspecto que ha sido sumamente litigioso, al punto de que la propia Procuraduría ha tenido posiciones ambivalentes, lo que se refleja en los dictámenes N. C-204-96 de 17 de diciembre de 1996, 59-97 de 23 de abril de 1997 y 258-98 de 30 de noviembre de 1998. Este último en el cual la Procuraduría se declaró incompetente para interpretar a quién corresponde la administración del citado archivo. Ciertamente, la modificación del criterio antes referido con alcance general y efecto vinculante para cada uno de los organismos públicos involucrados en el punto requiere de un procedimiento que les dé participación, según la práctica que ha seguido tradicionalmente esta Procuraduría. Procedimiento que excede, empero, y podría perjudicar la pronta solución del problema que enfrentan los pensionados de Hacienda.


   Por ello, estima la Procuraduría que en el momento actual y sin perjuicio de que el punto pueda ser discutido cuando así lo solicite la Administración Pública, procede por ahora únicamente pronunciarse sobre los expedientes administrativos de los indicados pensionados, en los términos que se indican de seguido.


   Conforme lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley N. 7471 de 20 de diciembre de 1994, el Estado asumió el pago de las obligaciones derivadas por las pensiones otorgadas y vigentes. Dispuso el primer párrafo de ese numeral:


"El Banco Central de Costa Rica asumirá, en forma inmediata, a título de préstamo y con cargo a los resultados de la liquidación, el pago de todas las obligaciones pendientes del Banco Anglo Costarricense, en especial las derivadas de los derechos laborales de sus servidores, excepto el pago de las pensiones otorgadas y vigentes con cargo al presupuesto propio de la entidad disuelta. El Estado deberá asumir estas obligaciones en los mismos términos y las condiciones que sean concedidas y sin modificar, en ninguna forma, los derechos de los beneficiarios". La cursiva no es del original.


   Considera la Procuraduría que puesto que el Estado asume –por mandato legislativo- las obligaciones derivadas de las pensiones, le corresponde resguardar los expedientes administrativos concernientes a esos pensionados y ello a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nacional de Pensiones, órgano competente en materia de pensiones. En consecuencia, la Dirección debe solicitar al Banco Central se le remitan los indicados expedientes, documentos que en todo caso le eran necesarios para otorgar las pensiones y ahora constituirían una base para los estudios de revalorización que deben emprenderse, según lo antes indicado.


CONCLUSIONES


   De conformidad con lo expuesto, este Despacho es del criterio que


1-. Los reajustes de los beneficios jubilatorios nacidos bajo la vigencia de la norma 148, y los que correspondan en su oportunidad a los servidores a quienes la Ley Marco de Pensiones les conservó su situación jubilatoria en los términos de sus Transitorios II y III en su párrafo tercero, deben seguir calculándose en la forma que dicho régimen normativo anterior lo dispuso.


2-. En ese sentido, los pensionados tienen un derecho adquirido al beneficio previsto en el inciso ch) del artículo 1° de la Ley de Pensiones de Hacienda.


3-. Para dicho efecto, la Dirección Nacional de Pensiones, mediante una gestión formal, puede solicitar colaboración técnica a la Dirección de Servicio Civil, para establecer una equitativa relación salarial respecto de otros funcionarios públicos.


4-. La Dirección Nacional de Pensiones debe solicite la documentación necesaria sobre los ex servidores del Banco Anglo al Banco Central de Costa Rica, a fin de que se realicen los estudios técnicos de mérito.


5-. Corresponde, además, a dicha Dirección administrar y custodiar los expedientes administrativos de los ex servidores del Banco Anglo, pensionados bajo el Régimen de Hacienda o de cualquier otro régimen con cargo al Presupuesto Nacional. En ese sentido, se modifica parcialmente el dictamen N. 258-98 de 30 de noviembre de 1998.


6-. Dada la competencia que legalmente ha sido atribuida a la Dirección Nacional de Pensiones y que no existen disposiciones que determinen que otro organismo público se considere competente en la materia, estima la Procuraduría que no se está en presencia de un conflicto de competencias administrativas.


Del señor Viceministro, muy atentamente:


 


Dra. Magda Inés Rojas Chaves                  Licda. Marianella Barrantes Zamora


PROCURADORA ASESORA                   ASISTENTE DE PROCURADOR