Considerando:

1º.- Que el artículo 56 de la Constitución Política eleva el trabajo

al rango de derecho del individuo y obligación para con la sociedad;

2º.- Que el mismo artículo constitucional pone en manos del Estado

el deber de procurar que todos los habitantes de la República tengan

ocupación honesta y útil, debidamente remunerada, y de impedir que por

causa de esa ocupación se establezcan condiciones que en alguna forma

menoscaben la libertad del hombre o degraden su trabajo o condición de

simple mercancía;

3º.- Que, igualmente, el artículo 56 de la Constitución instituye al

Estado como garante del derecho de libre elección de trabajo;

4º.- Que, de conformidad con la Declaración Universal de Derechos

Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, todo

individuo tiene derecho a la vida, toda persona tiene derecho al trabajo

de su libre elección y a la protección contra el desempleo y a igual

salario por trabajo igual, todo ello sin discriminación alguna por

razones de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política, origen

nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra

condición, como podrían ser la filiación, el estado civil o la edad;

5º.- Que el Convenio III y la Recomendación III adoptados por la

Organización Internacional del Trabajo, de la cual Costa Rica es miembro,

relativos a la discriminación en materia de empleo y ocupación, abundan

en los mismos propósitos que la Declaración Universal de Derechos

Humanos, mencionados en el Considerando anterior, los que amplían y

desarrollan;

6º.- Que es de conveniencia la urgente emisión de una ley que

realice, mediante normas de general acatamiento, el mandato del artículo

56 de la Carta Magna, informada en los principios pertinentes de la

Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el Convenio III y la

Recomendación del mismo número de la Organización Internacional del

Trabajo, sobre discriminación en materia de empleo y ocupación,

impidiendo así que, tanto en los organismos del Estado como en las

empresas privadas, ocurran situaciones que impliquen odiosa

discriminación en perjuicio de los sagrados derechos que, por naturaleza

y por humanidad, constituyen patrimonio de todo individuo,

DECRETA:

Artículo 1º.- Prohíbase toda suerte de discriminación, determinada

por distinciones, exclusiones o preferencias, fundada en consideraciones

sobre raza, color, sexo, edad, religión, estado civil, opinión política,

ascendencia nacional, origen social, filiación o situación económica, que

limite la igualdad de oportunidades o de trato en materia de empleo u

ocupación.