16 de octubre 2020

C-406-2020

Señora

Lineth Artavia González

Secretaria del Concejo Municipal

Municipalidad de San Pablo de Heredia

Estimada señora:

Con aprobación del señor Procurador General de la República nos referimos a su oficio MSPH-CM-SC-EXT-020-2020 del 15 de octubre de 2020, mediante el cual nos remite el acuerdo tomado por el Concejo Municipal en la Sesión Ordinaria 42-20 celebrada el 12 de octubre de 2020 (oficio MSPH-CM-ACUER-658-20), donde se acordó consultar a esta Procuraduría y al Tribunal Supremo de Elecciones lo siguiente:

“… sobre la viabilidad jurídica, procedencia o competencia que poseen los Alcaldes Municipales de presentar mociones en las sesiones del Concejo Municipal.”

A efectos de cumplir con lo requerido por el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, el Concejo de la Municipalidad de San Pablo de Heredia aportó el criterio de la asesoría legal externa, oficio CSP-SP-040-2020 del 12 de octubre de 2020. 

I.  SOBRE LA COMPETENCIA CONSULTIVA DE LA PROCURADURÍA 

De conformidad con los artículos 1, 2 y 3 inciso b) de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) la Procuraduría General de la República es el órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública y, en esa condición, cumple su función rindiendo los criterios legales que le solicite la Administración Pública.

Al respecto, en múltiples ocasiones esta Procuraduría ha analizado las limitaciones fijadas en esta misma Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982) en el desempeño de la función consultiva.

En virtud de ese análisis, se han desarrollado tres requisitos mínimos de admisibilidad de las consultas: a) Que las interrogantes sean planteadas con precisión y claridad sobre temas jurídicos en genérico, lo cual implica que no se cuestione un caso concreto que esté pendiente o deba ser resuelto por la Administración, que no se trate de un asunto sobre el cual ya se emitió un acto administrativo o una decisión concreta, que no involucre una materia que es competencia de otro órgano, que no pretenda la revisión de informes o criterios legales, ni que corresponda a un asunto judicial en trámite; b) Que se acompañe el criterio de la asesoría legal de la institución sobre todos los temas cuestionados, y c) Que la consulta sea formulada por el jerarca administrativo de la institución. (Al respecto ver pronunciamientos Nos. C-158-2008 del 12 de mayo de 2008, C-157-2013 del 19 de agosto de 2013, C-121-2014 del 8 de abril de 2014, C-99-2016 de 29 de abril de 2016, OJ-061-2017 de 29 de mayo de 2017, C-365-2019 del 11 de diciembre de 2019 y C-028-2020 del 27 de enero de 2020).

Respecto al primer requisito de admisibilidad, debemos señalar que, la Procuraduría, al ser un órgano asesor, meramente consultivo, únicamente puede atender consultas que versen sobre temas jurídicos en genérico, sin que se cuestionen casos concretos ni se pretenda la revisión de la legalidad u oportunidad de actos administrativos, pues pronunciarse al respecto implicaría sustituir a la Administración activa en la toma de decisiones y ejercer una función de control de legalidad que no nos corresponde, desconociendo así nuestra competencia consultiva.

Adicionalmente, debe apuntarse que nuestra jurisprudencia administrativa ha anotado que la precisión y claridad en el cuestionamiento de carácter jurídico sobre el cual se requiere nuestro criterio, es un requisito esencial de admisibilidad, pues, la imprecisión en el objeto de la consulta, impide conocer la duda jurídica del consultante y rendir de manera adecuada y precisa nuestro criterio. (Véanse al respecto los pronunciamientos Nos. C-136-2006 de 3 de abril de 2006, C-077-2018 de 19 de abril de 2018, C-247-2018 de 21 de setiembre de 2018, C-146-2019 de 29 de mayo de 2019, C-0089-2020 de 17 de marzo de 2020, entre otros).

Sobre la naturaleza de nuestra función consultiva, en reiteradas ocasiones hemos dispuesto que está contemplada como una atribución para “abordar inquietudes acerca de la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico –que luego la Administración puede utilizar como insumo para tomar las decisiones que le competen” (Dictamen no. C-162-2012 de 28 de junio de 2012). Y que ésta “tiende a la resolución de problemas jurídicos en abstracto considerados y, muy en particular, a partir del discernimiento del recto entendimiento de las normas jurídicas. Es decir, la Procuraduría se convierte por tal vía en un intérprete jurídico calificado, que impone al sector público su peculiar lectura del ordenamiento". (Dictámenes C-257-2006 de fecha 19 de junio del 2006 y C-123-2019 de 8 de mayo de 2019).

Asimismo, debemos advertir que, el numeral 5 de la Ley Orgánica de la Procuraduría se refiere al impedimento para contestar consultas relacionadas con materias cuyo conocimiento sea competencia exclusiva y prevalente de otro órgano de la Administración con jurisdicción especial para conocer el asunto, pues, ello implicaría la invasión de un ámbito de competencias que no nos concierne. (Dictámenes Nos. C-289-2000 del 20 de noviembre de 2020, C-151-2004 del 19 de mayo de 2004 y C-74-2018 del 18 de abril de 2018).

Señala el artículo 5 de nuestra Ley Orgánica:

“Artículo 5. Casos de excepción:

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, no son consultables los asuntos propios de los órganos administrativos que posean una jurisdicción especial establecida por ley.”

En consecuencia, para el adecuado ejercicio de nuestra función consultiva es necesario que el jerarca institucional –unipersonal u órgano colegiado por medio de acuerdo firme- plantee uno o varios cuestionamientos puntuales de carácter, sobre temas que alcancen nuestra competencia, y no sobre materias asignadas a otro órgano, y, se adjunte el informe de la asesoría legal que exige el artículo 4° de nuestra Ley Orgánica.

II. INADMISIBILIDAD DE LA PRESENTE CONSULTA

El Concejo Municipal del cantón de San Pablo de Heredia solicita nuestro criterio sobre la viabilidad jurídica para que los Alcaldes Municipales presenten mociones en las sesiones del Concejo Municipal.

Cabe advertir que, tal y como se desprende del acuerdo del Concejo Municipal (Sesión Ordinaria 42-20 del 12 de octubre de 2020, oficio MSPH-CM-ACUER-658-20), esta misma interrogante fue planteada tanto a la Procuraduría General de la República como al Tribunal Supremo de Elecciones. A partir de lo anterior, de brindar nuestro criterio y ante el supuesto que efectivamente el Tribunal Supremo de Elecciones admita su competencia en la materia y evacúe la consulta, podrían generarse eventualmente dictámenes contradictorios.

Adicionalmente, conviene reiterar que la Procuraduría tiene impedimento para referirse sobre consultas relacionadas con materias cuyo conocimiento sea competencia exclusiva y prevalente de otro órgano de la Administración con jurisdicción especial para conocer el asunto (numeral 5 de nuestra Ley Orgánica).

En el caso concreto del Tribunal Supremo de Elecciones, el Código Electoral le otorga competencias exclusivas y prevalentes en materia electoral. Al respecto, señala:

“ARTÍCULO 219.- Objeto de la jurisdicción electoral

La jurisdicción electoral es ejercida de manera exclusiva y excluyente por el TSE y tiene como objeto garantizar la correcta aplicación del ordenamiento jurídico electoral.”

“ARTÍCULO 221.- Carácter vinculante

En materia electoral, la jurisprudencia del TSE es vinculante erga omnes, salvo para sí mismo.”

En consecuencia, la consulta planteada por el Concejo Municipal del cantón de San Pablo de Heredia resulta inadmisible, hasta tanto no exista claridad sobre la competencia del Tribunal Supremo de Elecciones en esta materia y si éste se avocará el conocimiento de la consulta planteada (en igual sentido, puede consultarse el dictamen C-354-2020 del 7 de setiembre de 2020).

Por lo anterior, la consulta resulta inadmisible y, lamentablemente, nos encontramos imposibilitados para emitir el criterio requerido.

III. CONCLUSIÓN:

A partir de lo expuesto, debe concluirse que la solicitud planteada resulta inadmisible, en tanto, la misma interrogante fue planteada ante el Tribunal Supremo de Elecciones, quien goza de una competencia prevalente y exclusiva en materia electoral. Así las cosas, pronunciarnos sobre las interrogantes planteadas podría implicar la emisión de dictámenes contradictorios, en caso de que el Tribunal se avoque la competencia en este asunto.

Atentamente,

Silvia Patiño Cruz                                                                           Yolanda Mora Madrigal

Procuradora                                                                                    Abogada de la Procuraduría