08 de julio del 2024

PGR-C-140-2024

Señor:

Enrique Otárola Flores

Viaje con nosotros S.A.

Estimado señor:

Con la aprobación del Sr. Procurador General de la República, me refiero a la consulta formulada mediante nota recibida en esta Procuraduría el día 3 de julio de 2024.

I.                   OBJETO DE LA CONSULTA

Mediante la nota indicada, el Sr. Otalora Flores en su condición personal y como representante de la empresa Viaje con nosotros Sociedad Anónima, plantea las siguientes consultas a este Órgano Asesor:

“(…) Así las cosas, solicito a esta Institución emitir criterio en cuanto a las siguientes interrogantes:

1) Corresponde al Ministerio de Ambiente y Energía definir el tránsito por vías acuáticas, específicamente si es potestad de esta dependencia definir si se autoriza el tránsito por Caño Sirena- Río Sierpe. Tomándose en cuenta que este sitio no conforma territorio del Parque Nacional Tortuguero.

2) Corresponde al Ministerio de Obras Públicas y transportes definir el tránsito sobre el Caño Sirena- Río Sierpe.

3) Siendo que el inmueble partido de Limón, matrícula 83880-000, Naturaleza: Terreno destinado a Conservación y Mantenimiento de Montaña y Recursos Naturales, Situado en Distrito sexto Colorado, Cantón segundo Pococí, de la Provincia de Limón, Linda al Norte: Zona Protectora del Río Sierpe, al Sur: Odir Otárola Flores y Servidumbre de Paso de cuatro metros de ancho, al Este: Alberto Velásquez Artavia y Zona Protectora del Río Sierpe, al Oeste: Zona Protectora del Caño Sirena, mismo que fue adquirido mediante diligencias de Información Posesoria y de lo cual adjunto copia de sentencia de aprobación. Consulto si el suscrito y mi representada, puede utilizar los accesos por el Río Sierpe y Caño Sirena, para ingresar al inmueble.

4) Existe criterio legal emitido por esta Institución, para que sea JAPDEVA quien regule la navegación por el Río Sierpe y el Caño Sirena.

5) Mediante la sentencia No 33-96, emitida por la Jueza de la República Damaris Vargas Vásquez, jueza agraria que emite dicha sentencia en fecha 21 de octubre del año mii novecientos noventa y seis, en el Por tanto de dicha sentencia se indica que el Cause de los Ríos Sirena y Sierpe, son de dominio Público. Sentencia que quedara en firme y se inscribiera ante el Registro Nacional. Consulto a la Procuraduría sí esta disposición conlleva algún error, el cual no fue apelado o si bien esta disposición debe ser considerada como un derecho de tránsito sobre el río Sierpe y el caño Sirena, adquirido por el suscrito mediante dicha sentencia.”

II.                INADMISIBILIDAD DE LA CONSULTA PLANTEADA

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1° de nuestra Ley Orgánica (no. 6815 de 27 de setiembre de 1982), la Procuraduría es el órgano superior consultivo, técnico jurídico de la Administración Pública. En esa condición, los artículos 3° inciso b) y 4° de esa misma ley disponen que la Procuraduría es competente para atender las consultas que soliciten el Estado, los entes descentralizados, los demás organismos públicos y las empresas estatales. Es decir, solo la Administración Pública puede requerir nuestro criterio acerca de cuestiones jurídicas genéricas.

De este modo, tomando en consideración las atribuciones fijadas por ley y en atención al principio de legalidad (artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública), solo las instituciones públicas, por medio de su jerarca administrativo, se encuentran facultadas para requerir el criterio jurídico de la Procuraduría.

Así las cosas, al no existir una norma expresa que faculte a la Procuraduría a rendir su criterio jurídico ante las consultas de particulares, carecemos de atribuciones legales para atender la gestión formulada. (Al respecto, véanse los dictámenes números PGR-C-140-2023 de 17 de julio de 2023, PGR-C-009-2024 de 30 de enero de 2024, PGR-C-031-2024 de 26 de febrero de 2024, PGR-C-083-2024 de 2 de mayo de 2024, entre otros).

Además de la imposibilidad legal expuesta, como ya hemos señalado en otras ocasiones, rendir nuestro criterio jurídico a solicitud de un sujeto de derecho privado, implicaría desviar el ejercicio de nuestra función consultiva a fines e intereses particulares y ajenos a la Administración Pública. (Véanse los pronunciamientos nos. OJ-147-2005 de 26 de setiembre de 2005, OJ-003-2008 de 15 de enero de 2008, OJ-018-2018 de 29 de enero de 2018, C-316-2019 de 30 de octubre de 2019, C-011-2020 de 15 de enero de 2020, C-071-2020 de 2 de marzo de 2020, C-226-2020 de 15 de junio de 2020, PGR-C-318-2021 de 23 de noviembre de 2021).

Adicionalmente, debe indicarse que lo solicitado no es una petición pura y simple de información en poder de la Procuraduría, sino que se requiere la emisión de un criterio técnico jurídico. Y, en ese sentido, la Sala Constitucional ha indicado que los casos en los que se requiere que la administración realice un análisis o estudio jurídico, como, por ejemplo, en el caso de las consultas o solicitud de asesoría, no estamos frente a peticiones de información pura y simple amparables bajo lo dispuesto en el artículo 27 de la Constitución Política y en la Ley de Regulación del Derecho de Petición. (Votos nos. 17155-2014, 14230-2016, 4726-2017, 23112-2019 y 9216-2020).

Finalmente, y a modo de colaboración con su persona, le remito a la existencia del dictamen número PGR-C-125-2024 de 14 de junio de 2024 que analiza temas vinculados con sus inquietudes.

Conforme a lo expuesto, la consulta que se nos plantea resulta inadmisible.

Atentamente;

Sandra Sánchez Hernández                 

Procuradora

SSH/cpb