OJ-020-2016
08 de marzo de 2016
Ingeniero
Johnny Leiva
Badilla
Diputado Partido
Unidad Social Cristiana
Asamblea
Legislativa
Estimado señor:
Me refiero a su atento oficio N. D-JLB-024-02-16 de 23 de
febrero último, mediante el cual señala que el Banco Nacional de Costa Rica
planea una nueva emisión internacional de bonos por 500 millones de dólares.
Ante lo cual consulta si ese endeudamiento externo implica una obligación
contingente para el Estado costarricense, si requiere contar con aprobación
legislativa previa o del Banco Central y del Ministerio de Hacienda.
Los bancos estatales están facultados para endeudarse en el país o en el
exterior. Dicho endeudamiento externo puede contar con la garantía del Estado,
en cuyo caso debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa en el tanto implica
endeudamiento.
A-. EN CUANTO
LA FUNCION CONSULTIVA DE LA PROCURADURIA
De previo a
referirnos al fondo de lo consultado, procede aclarar algunos aspectos propios
de la labor consultiva que, por imperio de la ley, ejerce la Procuraduría
General de la República en relación con los órganos de la Administración
Pública.
La “función
consultiva” de la Procuraduría General se materializa en la emisión de
dictámenes y opiniones jurídicas para las diferentes autoridades
administrativas que componen la Administración Pública activa y que, por
disposición de ley, se encuentran legitimadas para solicitar el criterio de
este Órgano Consultivo. El fin último que se persigue con la emisión de
dictámenes y opiniones jurídicas es el de ayudar a esclarecer a la autoridad
administrativa, mediante el criterio técnico jurídico, sobre los principios y
modalidades de sus competencias en relación con las diversas actuaciones
administrativas, así como sobre el alcance de las diversas normas que integran
el ordenamiento jurídico. Todo a efecto de que la Administración adopte la
conducta que el ordenamiento prescriba. En ese sentido, la función de
orientación y la función consultiva tienen de común que ambas preceden la
decisión administrativa.
El sustento
normativo de la función consultiva se encuentra en los artículos 2, 3, 4 y 5 de
nuestra Ley Orgánica. Interesa aquí destacar que la función consultiva se
ejerce en relación con la Administración Pública y a solicitud de la autoridad
administrativa. Lo anterior tiene consecuencias respecto de la Asamblea
Legislativa y los señores Diputados. La Asamblea Legislativa sólo
excepcionalmente puede ser considerada Administración Pública. Para tal efecto
se requiere que ejerza función administrativa. Por demás, la calidad de
diputado es incompatible con la de autoridad administrativa.
No obstante, en
un afán de colaborar con la Asamblea Legislativa, la Procuraduría ha venido
evacuando las consultas que los señores Diputados formulan, a efecto de
facilitarles el ejercicio de las altas funciones que la Constitución les
atribuye. Es este el caso de las opiniones no vinculantes que se rinden en
relación con un determinado proyecto de ley o en relación con aspectos que
pueden considerarse cubiertos por la función de control político y que
razonablemente puedan considerarse de interés general. Es claro que esta forma
de colaboración no dispuesta en la Ley tiene como objeto, reiteramos, colaborar
en la satisfacción de las funciones parlamentarias y ello mediante un
asesoramiento de índole estrictamente jurídico. Asesoramiento que no puede
desnaturalizar la función consultiva de la Procuraduría y particularmente
mediatizar su función, al punto de impedirle suministrar la asesoría a quien
está legitimado para solicitársela, sea la Administración Pública. En ese
sentido, el asesoramiento a los señores diputados tiene como límite el
contenido propio de la función consultiva, su eficiente ejercicio respecto de
la Administración Pública y la razonabilidad y mesura de la consulta que se
formule.
Se sigue de lo anterior que la función consultiva respecto de los
señores Diputados se sujeta los requisitos de admisibilidad establecidos en
orden a las consultas de la Administración Pública. Así, la consulta no puede
concernir un caso concreto, no debe concernir asuntos objeto de conocimiento y
resolución por parte de la Administración Pública o de los tribunales de
justicia; debe respetarse el deslinde de competencias consultivas entre la
Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República.
B-. LOS BANCOS TIENEN LA FACULTAD DE ENDEUDARSE PARA FINANCIAR SUS
OPERACIONES
Dispone la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional en relación con los
medios de financiamiento de las operaciones de los bancos de dicho Sistema:
“Artículo 58.-
Los bancos financiarán sus
operaciones con los siguientes recursos financieros:
1) Con su capital y las
reservas que, conforme a las disposiciones de esta ley, puedan mantener.
2) Con la recepción de todo
tipo de depósitos y otras captaciones en moneda nacional o extranjera. Cuando
se trate de bancos privados que capten recursos en cuenta corriente o de ahorro
a la vista, siempre que se cumpla con los requisitos establecidos en el
artículo 59 de esta ley.
3) Con la obtención de
fondos del Banco Central, mediante la realización de las operaciones de crédito
que con él puedan efectuar.
4) Con la contratación de
empréstitos en el país o en el extranjero.
(Así reformado por el
artículo 162, inciso b), de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Nº
7558 del 3 de noviembre de 1995)
El endeudamiento en el país o en el extranjero se
constituye, así, en un mecanismo de financiamiento autorizado por el ordenamiento
para los bancos, incluidos los estatales.
Una
autorización que reafirma el artículo 4 de la misma Ley:
“Artículo 4.-
Los bancos comerciales del Estado contarán con la garantía
y la más completa cooperación del Estado y de todas sus dependencias e
instituciones. La garantía estatal establecida en este artículo no será
aplicable a los instrumentos financieros subordinados o préstamos subordinados
que emitan o contraten los bancos comerciales del Estado, tampoco a las
obligaciones o los derechos que de ellos emanen. Los instrumentos financieros
subordinados o los préstamos subordinados, así como las obligaciones y los
derechos que de ellos emanen solo podrán ser adquiridos o contratados por
bancos multilaterales de desarrollo o por organismos bilaterales de desarrollo.
Ningún tenedor
de deuda subordinada emitida o contratada por los bancos comerciales del Estado
podrá poseer, individualmente, un monto que supere el veinticinco por ciento
(25%) del capital primario de cada banco emisor”. (Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 8917 del 16 de diciembre
de 2010 "Reforma y Adiciona las Leyes Orgánica del Sistema Bancario
Nacional, N° 1644 y Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica Ley, N°
7558")
La deuda subordinada
(tipo de deuda a que nos referimos en pronunciamientos C-349-2008 de 25
de setiembre de 2008, C-077-2009 de 17 de marzo y OJ-017-2009 de 20 de febrero de
2009) está dirigida a un determinado tipo de inversionista: bancos
multilaterales o bilaterales de desarrollo, lo que implica un endeudamiento en
el exterior. Como su nombre lo indica, dicha deuda no puede recibir la garantía
del Estado.
Se consulta si el
endeudamiento de los bancos del Estado debe sujetarse a los trámites de
aprobación de los créditos externos. En último término si el crédito externo de
los bancos está sujeto a la aprobación legislativa.
Dados los efectos
que el endeudamiento produce en las finanzas públicas, el ordenamiento
establece mecanismos de control sobre el crédito público, con el objeto de
controlarlo y sujetar a los entes concernidos a una política de financiamiento.
Estas disposiciones constituyen una respuesta estatal frente al grave problema
del endeudamiento público y procuran una reducción del déficit público.
El objeto de un
crédito público debe enmarcarse dentro de las políticas públicas y las
condiciones financieras deben estar en consonancia con los objetivos de la política
económica y monetaria del país. Los controles que se establecen parten de que
el endeudamiento de un ente público no solo afecta, positiva o negativamente,
sus finanzas sino que repercute en general en las finanzas públicas y en la
capacidad de endeudamiento del país en su conjunto. Ergo, las condiciones del
crédito no sólo son analizadas respecto de las necesidades de inversión y
posibilidades de endeudamiento y de pago de la entidad contratante, sino desde
la perspectiva del país y los límites del endeudamiento público, interno o
externo. Por consiguiente, los efectos que ese endeudamiento puede tener sobre
la situación económica del Estado.
En razón de esos
controles y del propio principio de legalidad financiera, la regla para las
entidades públicas es la ausencia de libertad para endeudarse. Se requiere que
exista una norma que les permita recurrir a ese mecanismo de financiamiento y,
de previo a contraer el endeudamiento, deben sujetarse a los controles externos
expresados por las autorizaciones administrativas dispuestas por la leyes. Se
trata de las autorizaciones del Ministerio de Planificación Nacional y Política
Económica y de la Autoridad Presupuestaria, así del dictamen favorable del
Banco Central de Costa Rica.
En efecto, la Ley
N° 7010 de 25 de octubre de 1985, Ley que aprueba los Contratos de
Financiamiento Externo con bancos privados extranjeros hace necesaria estas
autorizaciones para contratar créditos internos y externos:
“ARTICULO
7.- Ninguna institución pública del sector descentralizado del Estado, ni
empresa en la que el Estado o sus instituciones posean más del cincuenta por
ciento de las acciones, podrá contratar créditos, externos o internos, si no
cuenta con la autorización previa del proyecto elaborado por el Ministerio de Planificación
Nacional, así como con el dictamen favorable del Banco Central de Costa Rica y
con la autorización de la Autoridad Presupuestaria.
El dictamen que rinda el Banco, en relación con el crédito que se
pretenda contratar, será vinculante con la respectiva institución o empresa.
Las autorizaciones de la Autoridad Presupuestaria y
de MIDEPLAN, a las que alude este numeral, no serán exigibles para los bancos
del Estado”.
Empero, ese
procedimiento general se flexibiliza cuando se trata de los bancos estatales.
Como reza el último párrafo del artículo, los créditos internos y externos que
suscriban dichos bancos no requieren la autorización de la Autoridad
Presupuestaria ni de MIDEPLAN.
Esta última excepción es conforme con la Ley de MIDEPLAN. El artículo 10 de la
Ley de Planificación Nacional, N° 5525 de 2 de mayo de 1974 prohíbe a los
ministerios, entes autónomos y semiautónomos iniciar trámites "para
obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación del Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica". La participación de MIDEPLAN
comprende la aprobación final de los proyectos de inversión que requieran
financiamiento externo. El párrafo tercero de dicho artículo señala, además,
que el Ministerio participará en toda negociación de crédito para el sector
público, con el objeto de que se cumpla con la política de financiamiento
externo. Dispone el artículo:
“Artículo 10.- Ningún
ministerio u organismo autónomo o semiautónomo podrá iniciar trámites para
obtener créditos en el exterior sin la previa aprobación del Ministerio de
Planificación Nacional y Política Económica.
La aprobación final de los
proyectos de inversión de los organismos públicos, cuando estos proyectos
incluyan total o parcialmente financiamiento externo o requieren aval del
Estado para su financiación, será otorgada por el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica, en cuanto a su prioridad dentro del Plan
Nacional de Desarrollo. Este último trámite de aprobación conjunta se seguirá
también en el caso de los proyectos de inversión del sector privado que
necesiten el aval o garantía del Estado para su gestión financiera. La
prioridad de cada proyecto se establecerá tomando en cuenta, entre otras cosas,
los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, todo sin perjuicio de lo que
establece el inciso 15 del artículo 121 de la Constitución Política.
Para asegurar el cumplimiento de la
política general de financiamiento externo, el Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica participará en las negociaciones de crédito para
el sector público. En lo referente a los bancos del Sistema Bancario Nacional,
se mantienen vigentes las normas establecidas en las leyes del Banco Central de
Costa Rica y del Sistema Bancario Nacional”.
En lo
que concierne a la Autoridad Presupuestaria, tenemos que conforme la Ley de
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos le
corresponde contribuir a formular la política de endeudamiento
público del país y de reducción de la deuda pública, pero sobre todo le compete
autorizar la contratación del crédito externo, según indica el artículo 80,
inciso d) de la referida Ley. De acuerdo con ese inciso:
“ARTÍCULO 80.- Órgano rector
La Dirección de Crédito Público del
Ministerio de Hacienda será el órgano rector del Subsistema de Crédito Público.
Como tal, tendrá las siguientes competencias (….).
d) Recomendar
a la Autoridad Presupuestaria la autorización de las solicitudes de las
entidades y los organismos del sector público para contratar operaciones de
crédito público. Sin dicha autorización, ninguna entidad del sector público,
excepto las del sector financiero bancario, podrá realizar préstamos externos
ni internos”.
Al disponer en los términos
indicados, la Ley es congruente con la reglamentación general que excluye la
aplicación del procedimiento de autorizaciones y aprobaciones a los bancos pero
también con su propio ámbito normativo, el cual no se aplica a los bancos
públicos, salvo en lo relativo al trámite de aprobación
de sus presupuestos, así como a lo ordenado en los artículos 57 y 94 y en el
título X de esta Ley.según lo dispone su
artículo 1. Por lo que los bancos
estatales no están sujetos a la competencia de la Autoridad Presupuestaria.
Además, la Ley 8131 excluye los créditos de los bancos de los procedimientos
establecidos en la Ley:
“ARTÍCULO 85.- Ámbito
de aplicación de los lineamientos
Los procedimientos que conforme a
esta Ley determine el órgano rector, serán aplicables a toda operación del sector
público. No obstante, se exceptuarán los siguientes casos:
a) Los créditos externos que contrate el Banco Central de Costa Rica como
único obligado, de acuerdo con su Ley Orgánica.
b) Los créditos que contraten o garanticen los bancos estatales a personas
y entes privados dentro de su actividad ordinaria, los cuales serán normados
por el Banco Central y la Superintendencia General de Entidades Financieras en
lo que corresponda.
c) Los créditos que contraten las universidades.
d) Los créditos que contraten las municipalidades”.
La Ley de MIDEPLAN
remite a la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica. Dicha Ley establece
como requisito para contratar créditos el dictamen vinculante del Banco
Central. El criterio del Banco Central debe ser solicitado obligatoriamente y
sus efectos son vinculantes. Se está en presencia de un dictamen preceptivo y
vinculante, con lo que la actuación del Banco no se diferencia sustancialmente
de los controles que ejercen MIDEPLAN y la Autoridad Presupuestaria. Simplemente,
no es posible endeudarse si el Banco Central considera que no es procedente el
crédito y, por ende, emite un criterio negativo. Empero, dicho dictamen no se
requiere cuando el crédito lo solicita un banco estatal:
“Artículo 106.- Dictamen del Banco Central de Costa Rica
Siempre
que el Gobierno de la República tenga el propósito de efectuar
operaciones de crédito en el extranjero, el Ministerio de Hacienda solicitará
un dictamen del Banco Central, previo a la realización de la operación en
trámite. Igual dictamen deberán solicitar, también, las instituciones públicas,
cuando traten de contratar créditos en el exterior.
El dictamen del Banco deberá basarse en la situación del endeudamiento externo
del país, así como en las repercusiones que pueda tener la operación en trámite
en la balanza de pagos internacionales y en las variables monetarias.
Cuando el Gobierno o las entidades mencionadas intenten contratar empréstitos
en el interior del país, también deberán solicitar su dictamen al Banco, el
cual lo emitirá con el propósito de dar a conocer su criterio sobre la
situación de endeudamiento del sector público y de coordinar su política
monetaria y crediticia, con la política financiera y fiscal de la
República. Se exceptúan del requisito de solicitar el dictamen anterior a las
municipalidades y los concejos municipales de distrito existentes en el país.
El Banco publicará sus dictámenes en el diario oficial La Gaceta”. (Así reformado por el artículo 2° de la ley
N° 9108 del 19 de diciembre del 2012).
El principio es
que las operaciones de crédito del Gobierno y de “las instituciones públicas”
requieren el dictamen del Banco Central. En la medida en que los bancos del
Estado son instituciones públicas puede concluirse que para suscribir créditos
externos requiere el criterio del Banco Central. No obstante, para los bancos
se aplica lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley Orgánica del Banco Central,
a cuyo tenor:
“Artículo 72.- Información
de endeudamiento
Todo endeudamiento en moneda nacional o extranjera, así como la emisión de
bonos, títulos u otros valores mobiliarios, por parte de las entidades
financieras supervisadas por la Superintendencia y reguladas por el Banco
Central, deberán ser previamente informados al Banco Central. Se exceptúan de
esta disposición las cuentas corrientes y las de ahorros”.
De esa
disposición, que forma parte de la normativa sobre estabilización económica y
monetaria, no se determina cuál es el efecto de esa información. Por ende, cómo
podría reaccionar el Banco Central ante la información que proporciona un banco
público, si lo informado es susceptible de afectar su política monetaria o de estabilización económica.
Empero, debe tomarse en cuenta que la Ley Orgánica del Banco Central modificó
el artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, para eliminar
la necesidad de que los créditos de los bancos contaran con autorización de la
Autoridad Monetaria. Antes de esa reforma, ese numeral disponía en su inciso
4):” Con
la contratación de empréstitos en el país o en el extranjero, previa
autorización del Banco Central”. Lo cual implicaba
una sujeción de las decisiones de los bancos estatales al criterio del Banco
Central. La Ley Orgánica del Banco Central modifica dicho inciso, eliminando el
control del Ente Emisor. Con lo que los bancos comerciales devienen autorizados
para contratar sin sujetarse a ese control. Cabe interpretar, por ende, que al
eliminar el requisito de la autorización, el interés del legislador es liberar
de controles el endeudamiento de esos entes, interés al que se contrapondría
exigir un dictamen favorable. Por consiguiente, es dable concluir que en
materia de endeudamiento los bancos estatales sólo requieren informar al Banco
Central. Interpretación que es conforme con la concepción que irradia la
modificación al sector financiero, de una mayor autonomía de gestión de parte
de las entidades financieras en relación con el Banco Central, lo que no impide
una regulación de la actividad por parte de los órganos reguladores y
supervisores.
Se consulta si ese endeudamiento implica una obligación
contingente para el Estado y si requiere aprobación de la Asamblea Legislativa.
Lo cual plantea el tema de la garantía del Estado.
C-. LA
APROBACION LEGISLATIVA ES NECESARIA CUANDO EL CREDITO ES GARANTIZADO POR EL
ESTADO
Forma de control
político, la aprobación de los contratos de crédito permite a la Asamblea
Legislativa determinar las condiciones bajo las cuales el Estado se endeuda y,
por ende, establecer si los créditos suscritos respetan la soberanía nacional, la integridad del régimen democrático, la estabilidad político-social y
el respeto de los valores fundamentales del ordenamiento jurídico y ello aún cuando la función de la Asamblea consista en aprobar o
improbar el contrato de préstamo, sin posibilidad de variarlo. Lo que no
excluye que a través de la ley de aprobación, la Asamblea establezca normas de
ejecución necesarias para la regulación interna del contrato, que garanticen su
puesta en práctica. Debiendo entenderse que
esas disposiciones deben ser conformes con el convenio de préstamo, ya que de
lo contrario se estaría ante una modificación subrepticia del contrato de
préstamo.
Ahora
bien, ese carácter tutelar de la aprobación legislativa no significa que la
Asamblea Legislativa deba aprobar todo contrato de crédito interno o externo
que se celebre por un ente público. El texto del artículo 121 de la
Constitución en su inciso 15 determina que ese control se ejerce respecto de
los contratos de crédito público que celebre el Poder Ejecutivo. En general,
cuando el crédito se otorga al Gobierno Central o Gobierno de la República, que
es el término que normalmente se utiliza en los contratos con entidades financieras
internacionales para designar al deudor. A contrario sensu, no todo contrato de
crédito público está sujeto a aprobación legislativa. Ello implica que los
contratos suscritos por entes públicos distintos del Gobierno de la República
no son objeto de control. En consecuencia, cabría señalar que los bancos del
Estado no están sujetos al control de mérito, salvo el supuesto que se
analizará más adelante. Se sigue de ello que, por regla de principio, los
créditos que suscriban dichos bancos no están sujetos a aprobación legislativa.
Como
excepción a la ausencia de aprobación legislativa de los créditos suscritos por
otros entes públicos, debe anotarse el supuesto de otorgamiento de una garantía
por el Estado. El artículo 121, inciso 15 sujeta a aprobación legislativa los
empréstitos y los convenios similares relacionados con el crédito público. En
esa medida comprende todo convenio en que sea parte el Poder Ejecutivo y que
esté relacionado con el crédito público.
Como indicamos en la OJ-149-2006 de 25 de octubre del 2006:
“… el
crédito público abarca toda operación por la cual el intermediario financiero provee fondos o
facilidades crediticias en forma directa a otra persona, independiente de cómo
se instrumente o documente. Por lo que es crédito no sólo el otorgamiento de
préstamos, sino el descuento de documentos, compra de títulos valores u otros
activos financieros, operaciones de compra de títulos con pacto de reventa,
anticipos, sobregiros en cuenta corriente, intereses, cartas de crédito
vencidas.
El
endeudamiento público puede provenir, entonces, no sólo de la suscripción de un
contrato de préstamo sino de la emisión y colocación de títulos valores
(empréstito) o del otorgamiento de garantías en un préstamo”.
Criterio que se
funda en lo dispuesto en el artículo 81 de la Ley de Administración Financiera
y Presupuestos Públicos, en tanto dispone:
“ARTÍCULO 81.-
Mecanismos de endeudamiento
El endeudamiento resultante
de las operaciones de crédito público se denominará deuda pública y podrá
originarse en:
a) La emisión y colocación de títulos de deuda y obligaciones de mediano y
largo plazo, es decir, aquellas cuyo vencimiento supere el ejercicio económico
en el cual son contraídas.
b) La contratación de créditos con instituciones financieras, sean estas
nacionales o internacionales.
c) El otorgamiento de avales, fianzas y garantías, cuyo vencimiento supere
el período del ejercicio económico en que se contraen.
d) La consolidación, conversión y renegociación de deudas”.
En
el mismo sentido, el artículo 10 de la Ley de Equilibrio Financiero en
tratándose de deuda interna, comprende el aval, la garantía como forma de
endeudamiento.
Existe
endeudamiento tanto en cuanto el Poder Ejecutivo sea el deudor del convenio de
crédito como cuando sea el garante de la obligación que contrae otro organismo
público. Es decir, cuando el Poder
Ejecutivo comparece en el contrato de crédito suscrito por otro organismo con
un tercero, comprometiéndose, subsidiaria o solidariamente, por las
obligaciones que el organismo asume. Por consiguiente, en caso de que dicho
organismo no cumpla su obligación en los términos que ha pactado, el Estado
deviene obligado a responder por el pago del capital, intereses y cualquier
otra obligación que derive del crédito garantizado. Una garantía soberana que
normalmente exigen los intermediarios financieros internacionales, a efecto de
paliar los riesgos presentes en el crédito.
Precisamente
porque el Estado a través del Poder Ejecutivo se compromete a cubrir las
obligaciones que el prestatario asume, el convenio correspondiente debe ser
aprobado por la Asamblea Legislativa.
De modo que si el Poder Ejecutivo otorga su garantía a un crédito
externo, suscrito por uno de los bancos estatales, esa operación deberá
necesariamente ser sometida a la aprobación legislativa, por cuanto existe
endeudamiento del Estado. Nótese que en este supuesto es la obligación en que
incurre dicho Poder lo que determina el control por la Asamblea. Control que se
ejerce en ese supuesto con independencia de la entidad pública que reciba el
aval o garantía del Estado. En ese sentido, la situación en que el Banco
estatal puede encontrarse es la misma que puede llegar a tener otro ente
autónomo, semiautónomo, empresa pública, etc, que
recibe la garantía estatal en un préstamo.
Por ende, el supuesto para que opere
lo dispuesto en el artículo 121, inciso 15 de la Constitución es distinto al
previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario
Nacional. El principio de este artículo
presente en su texto original es que los bancos del Estado cuentan con la
garantía y la más completa cooperación del Estado y sus organismos.
Sobre esta garantía nos pronunciamos en el dictamen C-024-2004 de 20 de
enero de 2004, a solicitud del Banco Nacional de Costa Rica. Solicitud motivada
en el interés del Banco de hacer una emisión estandarizada de bonos para ser
colocada a través de la Bolsa Nacional de Valores. En el pronunciamiento se
indicó:
“… en
tratándose de la garantía por las operaciones bancarias pasivas de los bancos
estatales, el problema del carácter subsidiario o solidario carece de sentido.
En primer término, la garantía tiene su origen en una ley y es de carácter general.
Se impone la garantía fuera de toda relación obligatoria. Luego, no se trata de
garantizar una determinada operación pasiva: se garantiza el conjunto de las
operaciones pasivas que el banco realiza. En el fondo es el funcionamiento del
banco en tanto realiza operaciones pasivas lo que se está garantizando. En
tercer término, está el fin de la garantía. La garantía estatal tiene
como objeto proteger al depositante y mantener la estabilidad del sistema
financiero, que se ve altamente afectado en situación de crisis de uno de sus
integrantes. El fin es más amplio que en la garantía solidaria o subsidiaria
propias del Derecho Civil y Comercial. Podría decirse que en estas ramas del
Derecho lo que importa es exclusivamente el interés del acreedor. En cuarto
lugar, el fin de la garantía del Estado a los bancos está unido con el carácter
excepcional de la garantía. El Estado no responde por cualquier situación de
incumplimiento que tenga la entidad bancaria estatal. Puesto que se trata de
evitar situaciones de crisis, el Estado responde ante una situación de crisis
en que existen graves problemas de solvencia y liquidez del banco estatal, que
impiden hacer frente a las obligaciones contraídas: retiro de depósitos y
obligaciones corrientes e incluso la continuidad misma del operar bancario. La
entidad bancaria evidencia deficiencia patrimonial o indicios de
irregularidades que la ponen en peligro o está en una situación en que su
funcionamiento es casi imposible. Por lo cual se acude al Estado para que haga
efectiva la garantía.(…).
En situaciones normales no podría concebirse que en virtud de lo dispuesto por
el artículo 4 antes transcrito, el acreedor del banco estatal pueda dirigirse
contra el Estado, reclamando la garantía. Y ello aún
cuando se pretendiera que la garantía es solidaria. La garantía estatal no
puede hacerse efectiva en situaciones normales, no sólo por la responsabilidad
del banco por su operar y la titularidad de un patrimonio propio sino,
fundamentalmente, porque al hacerse efectiva la garantía del Estado, se está
transfiriendo el riesgo tanto del ahorrante como de la propia entidad bancaria
al contribuyente. De modo que la ausencia o insuficiencia de solvencia y
liquidez del banco serán cubiertas en último término por el contribuyente del
Estado. Transferencia que debe ser excepcional y, por ende, fundarse en
circunstancias excepcionales. Ergo, la garantía estatal sólo debería hacerse
efectiva si se presenta la situación de crisis y se acredita la situación de
insolvencia del banco estatal.
En resumen, la
garantía del Estado no puede entenderse como un instrumento jurídico al
servicio de cualquier acreedor, como en el caso de la garantía en las
operaciones comerciales y civiles. Si bien el Estado sólo responde ante la
situación de crisis del banco, no puede considerarse que la garantía sea
subsidiaria. No se trata, repetimos, de garantizar la efectividad de un
crédito, forzar el cumplimiento de la obligación a favor del acreedor en una
relación obligatoria. Su objetivo es la estabilidad del sistema financiero, por
ese medio de la economía del país y la confianza del público ahorrante e
inversionista en una entidad bancaria de origen estatal”.
Criterio que se mantuvo en el dictamen C-177-2005 de 12 de mayo
de 2005, emitido a solicitud del Ministerio de Hacienda y en relación con la garantía del Estado en los
contratos de crédito externo contraídos por los bancos comerciales del Estado.
Se enfatizó que
“Se sigue de
lo expuesto que un contrato de crédito externo suscrito por un banco estatal
solo puede considerarse garantizado por el Estado cuando el Ministro de
Hacienda ha comparecido a otorgar la garantía, suscribiendo el documento
correspondiente. De lo contrario, el Gobierno no será garante de las
obligaciones contraídas por el banco prestatario en el contrato de préstamo. Ergo,
en un contrato de crédito externo no va implícita la garantía del Estado
respecto a su cumplimiento. En razón de los alcances del artículo 4, para
garantizar un contrato de crédito externo se requiere la manifestación de
voluntad expresa del Estado, dirigida precisamente a garantizar la obligación
de la entidad bancaria”.
Se consulta si la emisión
de valores por parte de un banco estatal constituye una obligación contingente
para el Estado.
Las obligaciones contingentes son compromisos u obligaciones que pueden
implicar el pago de dinero si se cumplen determinadas condiciones o suceden ciertos
acontecimientos. Obligaciones contingentes pueden derivar de endosos, los
créditos stand by y documentarios pero también de las
garantías. El eventual incumplimiento del servicio de la deuda por una entidad
garantizada obligaría al Gobierno a pagar como deudor solidario. Es por ello
que la garantía a un crédito suscrito por otro ente se constituye para el
Estado en un pasivo contingente.
Puede decirse que un crédito externo suscrito por un banco estatal será
una obligación contingente si ha recibido la garantía del Estado. Crédito que
requiere, en ese caso, la aprobación legislativa. Por el contrario, si el
crédito suscrito por el banco estatal no conlleva la garantía del Estado, no
requiere aprobación legislativa y, consecuentemente, tampoco podría considerarse
un pasivo contingente del Estado.
Así, la garantía del Estado presente en el artículo 4 antes transcrito no puede ser entendida como que en todo endeudamiento de un banco estatal se genera una obligación contingente para el Estado.
CONCLUSION:
Por lo antes
expuesto, es criterio no vinculante de la Procuraduría General de la República,
que:
1-. Los bancos estatales están autorizados
para contraer créditos, internos o externos, como forma de financiamiento de su
operación.
2-.
Los créditos suscritos por los bancos estatales no se sujetan normalmente al
procedimiento de suscripción de crédito previsto en el ordenamiento nacional.
En ese sentido, no requieren autorización de del Ministerio de Planificación
Nacional y Política Económica, de la Autoridad Presupuestaria ni el dictamen
favorable del Banco Central de Costa Rica.
3-.
Empero, si el endeudamiento externo en que incurra el banco estatal recibe la
garantía del Estado, el crédito se sujetará a dicho procedimiento pero además
debe ser aprobado por la Asamblea Legislativa, conforme lo dispuesto en el
artículo 121, inciso 15 de la Constitución Política.
4-.
Puesto que la garantía es una forma de endeudamiento, su otorgamiento
constituye para el Estado una obligación contingente. Condición que tiene la
garantía otorgada a un crédito externo de un banco estatal.
Atentamente,
Dra. Magda Inés Rojas Chaves
PROCURADORA GENERAL ADJUNTA
MIRC/gap