06 de enero de 2026

PGR-OJ-006-2026

 

Señora

Mariana Zamora Guzmán

Área Comisiones Legislativas VIII

Asamblea Legislativa

 

Estimada señora:

     Con la aprobación del señor Procurador General de la República, damos respuesta al oficio AL-CPGOB-0425-2025, del 1 de setiembre del 2025, en cuya virtud se solicita nuestro criterio en relación con el proyecto de ley denominado: “LEY PARA GARANTIZAR EL SEGURO VEHICULAR DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRA DAÑOS A LA PROPIEDAD DE TERCEROS”, y que se tramita bajo el expediente n.° 24.982.

A.    CONSIDERACIONES PREVIAS ACERCA DE LOS ALCANCES DE ESTE PRONUNCIAMIENTO

     Como solemos advertir en estos casos, el criterio que a continuación se expone es una opinión jurídica de la Procuraduría que, como tal, carece de los efectos vinculantes propios de los dictámenes strictu sensu, al no haber sido formulada por la Administración Pública en ejercicio de sus competencias en los términos de los artículos 2, 3.b) y 4 de nuestra Ley Orgánica (n.° 6815 del 27 de setiembre de 1982), pero que se emite movidos por un afán de colaboración con la Asamblea Legislativa, en razón de las funciones tan importantes que constitucionalmente desempeña.

     En ese entendido, nos limitaremos a señalar los aspectos más relevantes del proyecto de ley en cuestión desde una perspectiva estrictamente jurídica y, principalmente, su conformidad o no con el bloque de constitucionalidad. Por ende, no nos referiremos ni a la conveniencia o a la oportunidad de su aprobación, como tampoco a juicios económicos o de otra índole que no se circunscriban al ámbito dicho.

     Finalmente, debemos advertir que el plazo de ocho días previsto en el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa no es aplicable a este tipo de asuntos, por no tratarse de la audiencia a la que se refiere el artículo 190 de la Constitución Política (ver, entre otros, los pronunciamientos OJ-053-98 del 18 de junio 1998, OJ-055-2013 del 9 de setiembre de 2013, OJ-08-2015 del 3 de agosto de 2015, OJ-164-2019 del 18 de diciembre del 2019, OJ-108-2020, del 20 de julio de 2020, OJ-159-2020 del 16 de octubre del 2020, OJ-173-2020 del 23 de noviembre del 2020, OJ-007-2021 del 8 de enero del 2021, PGR-OJ-145-2021 del 31 de agosto del 2021 y PGR-OJ-119-2022 del 8 de setiembre de 2022).

     De cualquier forma, la presente opinión jurídica se emite dentro del menor tiempo que lo permite la atención de nuestras competencias ordinarias asignadas legalmente.

B.     ACERCA DEL TEXTO DEL PROYECTO DE LEY CONSULTADO.

     En términos generales, el texto bajo estudio plantea implementar el Seguro de Responsabilidad Civil por daños a la propiedad de terceros, como un seguro de carga obligatoria para todos los conductores del país y como requisito indispensable para aprobación de la Inspección Vehicular.

     Para ello, propone reformar el artículo 24 y adicionar un artículo 24 bis, ambos de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, del 04 de octubre de 2012.

     Asimismo, propone reformar el artículo 35 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, N.° 8956, del 17 de junio de 2011.

     Finalmente, la reforma propuesta incluye dos transitorios mediante los cuales se impone la obligación de emitir documento o certificación que acredite la vigencia de la póliza para los efectos de las normas antes descritas, así como señalando la obligatoriedad de dictaminar el reglamento correspondiente.

a)      En cuanto a la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, del 04 de octubre de 2012

     El artículo 24 propuesto, se leería de la siguiente manera:

“Artículo 24- Obligatoriedad de la IVE

La IVE comprende la verificación mecánica, eléctrica y electrónica en los sistemas del vehículo, de sus emisiones contaminantes y lo concerniente a los dispositivos de seguridad activa y pasiva, así como, del Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad de Terceros, según lo establecido en la presente ley y su manual de procedimientos.

Solo se autorizará la circulación de los vehículos que cumplan las condiciones citadas, así como los demás requisitos que determinen esta ley y su reglamento. El resultado satisfactorio de las pruebas realizadas por los CIVE se acreditará con la confección y entrega de la tarjeta de IVE, así como la calcomanía adhesiva de aprobación, documentos cuyas características serán establecidas por el Cosevi.

Sin perjuicio de lo anterior, en cualquier momento y en cualquier vía pública las autoridades de tránsito podrán verificar, mediante procedimiento técnico y con el equipo necesario, el cumplimiento de las disposiciones de esta sección.

En el caso de equipo especial, de acuerdo con la calificación que establezca el MOPT, únicamente estarán obligados a la verificación de las características del fabricante para efectos de su inscripción inicial. Lo anterior sin perjuicio de los controles aleatorios que puedan establecerse con posterioridad.

Los vehículos de colección, los históricos o los diseñados para competencia deportiva podrán circular de acuerdo con las disposiciones reglamentarias respectivas, las cuales seguirán las mejores prácticas internacionales.

En la actividad de inspección vehicular no se permitirá la manipulación ni el desprendimiento de ninguna pieza o componente de los vehículos; tampoco, ningún tipo de reparación o modificación, con el fin de asegurar la total independencia y objetividad del servicio.” Resaltado no es del original

     Por su parte, el artículo 24 bis -que se propone adicionar-, se leería de la siguiente manera:

“Artículo 24 bis-Seguro Vehicular de Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad a Terceros

Para acreditar la obtención y renovación de la tarjeta de Inspección Técnica Vehicular (IVE), todo vehículo automotor inscrito en el Registro Nacional deberá contar con un Seguro de Responsabilidad Civil por daños a la propiedad de terceros, vigente al momento del trámite, como requisito previo de documentación. Este seguro cubre la responsabilidad civil por daños materiales ocasionados a bienes de terceros, cuando la causa directa fuere un accidente de tránsito ocurrido en el territorio nacional, con motivo de la propiedad, uso o mantenimiento del vehículo, cuya placa esté asegurada mediante este seguro. Durante la revisión técnica vehicular, el organismo competente verificará su vigencia; la falta de este seguro constituirá una infracción grave.

Las aseguradoras establecerán las tarifas de las primas, las cuales deberán ser adecuadas para cubrir los compromisos estipulados en dicho seguro. La póliza tendrá una duración de un año calendario, comenzando el 1 de enero y finalizando el 31 de diciembre del mismo año. Si el pago se realiza después del 1 de enero, la cobertura iniciará en la fecha de pago, la cual se ajustará y mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre de ese año. Además, deberán emitir un documento o certificación que acredite la vigencia de la póliza, la cual deberá ser presentada al momento de llevar a cabo la Inspección Técnica Vehicular (IVE).

La prima se cobrará ajustada de acuerdo con las tablas de primas diarias adjuntas a la oferta de seguro. Las aseguradoras, mediante acuerdo de partes, podrán aplicar el pago fraccionado de las respectivas primas, de acuerdo con lo estipulado en la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, N.° 8956, del 17 de junio de 2011, y sus reformas.

Se garantiza al usuario la libertad de elección respecto de la entidad aseguradora con la cual desee contratar la póliza correspondiente; sin embargo, dicha póliza deberá incluir, de manera obligatoria, la cobertura de responsabilidad civil por daños a la propiedad de terceros. Esta cobertura podrá ser emitida por cualquier entidad aseguradora que se encuentre debidamente autorizada y registrada ante la Superintendencia General de Seguros de Costa Rica (Sugese), conforme a la normativa vigente en materia de seguros. Asimismo, la póliza deberá encontrarse vigente al momento de la inspección técnica vehicular, independientemente de si el pago de la prima se realiza de forma total o fraccionada.

Esta disposición no se aplicará a los vehículos automotores diseñados para operar sobre rieles, ni a aquellos que, por sus características, no estén destinados a transitar por las vías públicas. Asimismo, quedarán exentos los vehículos clasificados como equipo especial, incluyendo maquinaria pesada, equipos de construcción, vehículos agrícolas y otros destinados exclusivamente a labores industriales o productivas en terrenos privados. No obstante, en caso de que estos vehículos requieran circular por la vía pública, deberán cumplir con las disposiciones legales vigentes y contar con la cobertura de dicho seguro”

b)     En cuanto a la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, N.° 8956, del 17 de junio de 2011

     El artículo 35 propuesto, se leería de la siguiente manera:

“Artículo 35-  Pago de la prima

La prima es debida por adelantado desde el perfeccionamiento del contrato y, en el caso de primas de pago fraccionado, en las fechas acordadas. Si las partes no pactan un pago fraccionado se entenderá que la prima cubre el plazo del contrato en su totalidad. Deberá ser pagada en dinero dentro de los diez días hábiles siguientes, salvo pacto en contrario en beneficio de la persona asegurada, excepto en el caso de los seguros autoexpedibles o con una duración menor a este plazo, en cuyo caso deberá cancelarse al momento de suscribirse el contrato.

Para el seguro de Responsabilidad Civil por Daños a la Propiedad de Terceros Autoexpedible, se podrá aplicar el pago fraccionado de la prima, previo acuerdo entre las partes, conforme a las disposiciones de esta sección sobre la prima y a las demás disposiciones establecidas en la presente ley.

La prima deberá ser pagada en el domicilio del asegurador, en el de sus representantes o intermediarios debidamente autorizados, salvo que las partes hubieran acordado otro lugar” Resaltado no es del original.

     Importante es mencionar que, a la fecha de emisión del criterio de esta Procuraduría, no existe pronunciamiento de la Asesoría Jurídica de la Asamblea Legislativa respecto de las reformas consultadas.

C.    Sobre el seguro obligatorio automotor (SOA)

     De conformidad con la doctrina, los seguros obligatorios son los “que por Ley son de suscripción obligatoria para los patronos o trabajadores independientes, y para los dueños de vehículos automotores”[1]

     Dentro de nuestro ordenamiento jurídico, sólo existen dos tipos de seguro obligatorios: a) Seguro obligatorio de automóviles y b) Seguro de riesgos del trabajo. ​

     El Seguro Obligatorio de Automóviles -conocido como SOA-, fue creado por la Ley de Tránsito No. 9078, con el fin de cubrir la lesión o la muerte de las personas víctimas de un accidente de tránsito, de acuerdo con lo establecido en el artículo 64 de dicha ley.

     Por su parte, el Seguro de Riesgos del Trabajo -conocido como RT-, es un seguro obligatorio estipulado en la Ley sobre Riesgos del Trabajo, y tiene como fin brindar cobertura a todos los trabajadores del país en relación con los accidentes y las enfermedades que sufran en sus trabajos o como consecuencia de estos.

     Tal y como se indicó líneas atrás, dichos seguros fueron creados por ley, reservándose a estas la posibilidad de establecer sus regulaciones específicas.

     En el caso que nos ocupa, de conformidad con el artículo 56 de la Ley de Tránsito, se dispone lo relativo al Seguro Obligatorio de Vehículos, el cual expresa

“ARTÍCULO 56.- Seguro obligatorio de vehículos

Todo vehículo automotor deberá estar asegurado de conformidad con lo dispuesto en este capítulo y su reglamento, así como por lo que dispone la Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 22 de julio de 2008, y sus reformas, y demás sobre la materia.

Las entidades aseguradoras que ofrezcan el seguro obligatorio no podrán negarse a emitir el seguro por la cobertura obligatoria establecida en esta ley, siempre que el vehículo cumpla los requisitos exigidos por la legislación para circular en el país.

El reglamento definirá las pautas para la emisión de la póliza.

Las tarifas de las primas serán determinadas por cada una de las entidades aseguradoras y deberán ser suficientes para hacer frente a los compromisos definidos para el seguro obligatorio. La Superintendencia General de Seguros no tramitará solicitudes de autorización de tarifas cuyo margen de utilidad sea superior al seis por ciento (6%). La nota técnica que sustenta la tarifa deberá cumplir las formalidades requeridas en la normativa que emita el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero.

No obstante, si a pesar de dicha limitación se producen excedentes, se constituirá una reserva acumulativa para hacerle frente a futuras pérdidas del seguro obligatorio, hasta de un veinticinco por ciento (25%) de las primas percibidas en el año. Si el excedente supera este porcentaje, el remanente se trasladará a título de contribución especial a la Caja Costarricense de Seguro Social para mitigar el costo por la atención de personas lesionadas, cuando se agote la cobertura del seguro obligatorio”.

     De igual manera, en el artículo 61 se establece

“ARTÍCULO 61.- Reglamento del seguro obligatorio y registro.

El Poder Ejecutivo reglamentará este capítulo sobre seguro obligatorio de vehículos. El reglamento definirá el monto básico de cobertura por persona; el baremo de indemnizaciones, la clasificación de tipos de vehículos para efectos de tarificación y demás consideraciones necesarias para la aplicación del régimen indemnizatorio establecido en esta ley.

La reglamentación sectorial de la actividad aseguradora se regirá por la Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, de 22 de julio de 2008, y sus reformas. La Superintendencia General de Seguros mantendrá un registro público de vehículos asegurados con el seguro obligatorio y deberá garantizar el acceso oportuno a la información de este. Para ello, las entidades aseguradoras remitirán la información en la forma y con la periodicidad que se determine reglamentariamente.”

     Mediante Decreto Ejecutivo 39303 del 5 de noviembre de 2015, se establece el Reglamento de Seguro Obligatorio para Vehículos Automotores en cuyo artículo 1 se establece:

“Artículo 1. Ámbito de aplicación

Salvo los casos de excepción previstos por el artículo 58 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial N° 9078 del 4 de octubre del 2012, estarán obligados a suscribir el seguro obligatorio para vehículos automotores, en los términos definidos por dicha Ley y este Reglamento, las siguientes personas:

I.                    Todas las personas físicas y jurídicas, públicas o privadas, en su condición de propietarios de vehículos automotores que circulen dentro del territorio nacional.

II.                 Las personas físicas o jurídicas que se dediquen o tengan para la venta vehículos automotores, nuevos o usados, o ensamblados en la etapa de bien final.

III.              Los propietarios o conductores de vehículos de matrícula extranjera que ingresen provisionalmente al país o los vehículos que sean propiedad de cualesquier residente temporal.

IV.              Las personas físicas o jurídicas que tengan para la exhibición vehículos automotores destinados a circular dentro del territorio nacional.”

     Como puede observarse, es requisito fundamental la existencia de norma legal que autorice la creación de un seguro obligatorio, con el fin de garantizar la protección de los derechos e intereses subjetivos, sociales y económicos de los consumidores, asegurados y sus beneficiarios, así como es indispensable se establezca el marco normativo específico que desarrolle aspectos de funcionamiento, coberturas, entre otros. 

D.    Sobre el seguro de responsabilidad civil.

     De conformidad con el artículo 1 de la Ley Reguladora del Contrato de Seguros, N.° 8956, del 17 de junio de 2011, “La presente ley regula los contratos de seguro. Sus normas son de carácter imperativo, salvo que la ley estipule expresamente la posibilidad de acuerdo en contrario de las partes. Supletoriamente, se observarán, por su orden y en lo pertinente, las estipulaciones del Código de Comercio y el Código Civil. Los seguros obligatorios de Riesgos del Trabajo y Seguro Obligatorio Automotor se rigen por sus leyes específicas y, supletoriamente, se observarán, por su orden y en lo pertinente, las estipulaciones de la presente ley, del Código de Comercio y el Código Civil.”

     Del artículo 8, se desprende que los contratos de seguros dispuestos en esta ley, y con las salvedades antes dichas, son de suscripción voluntaria:

“ARTÍCULO 8.- Elementos esenciales del contrato de seguro

Son elementos esenciales del contrato de seguro:

a)   El consentimiento de las partes.

b)   El interés asegurable presente o futuro.

c)    El riesgo asegurable.

d)   La prima del seguro o el procedimiento para determinarla.

e)   La obligación del asegurador.

Será absolutamente nulo el contrato de seguro que carezca de alguno de estos elementos esenciales.” Resaltado no es del original

     En el Capítulo II del mismo cuerpo normativo, se regula lo relativo a las disposiciones generales sobre los seguros de daños, cuyo artículo 62 se dispone:

“ARTÍCULO 62.- Concepto y objeto

Los seguros de daños son los que cubren los riesgos que pudieran causar una pérdida en el patrimonio de la persona asegurada.

Los seguros de daños son los contratos de mera indemnización y no pueden constituir para la persona asegurada o beneficiaria fuente de enriquecimiento sin causa.

La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero este deberá ser objeto de acuerdo expreso entre las partes, en el que se establezcan claramente los parámetros o la metodología que se utilice para determinar la suma a indemnizar.

     En su sección IV, artículo 83 y siguientes, se regula específicamente sobre los seguros de responsabilidad civil, y se indica:

“ARTÍCULO 83.- Objeto del contrato

El seguro de responsabilidad civil impone al asegurador la obligación de responder de las indemnizaciones que deba pagar la persona asegurada a favor de terceros, por daños causados a la propiedad, por lesión o muerte.

Son asegurables tanto la responsabilidad contractual como la extracontractual, no así la responsabilidad derivada de dolo o culpa grave de la persona asegurada o de las personas por las que este responda civilmente.

El seguro de responsabilidad civil no cubre multas, penas u otras sanciones similares que se impongan en contra de la persona asegurada.”

     Tal y como se deprende de lo anterior, existe norma expresa que dispone lo relativo a los seguros de responsabilidad civil, los cuales han sido dispuestos, hasta la fecha, como contratos de suscripción voluntaria por quien los requiera.

E.       SOBRE LA CONSULTA EN CONCRETO

     Una vez revisados los aspectos anteriores, y analizado el proyecto de ley sometido a consulta en concreto, se considera que el mismo, si bien requiere una mejor técnica de redacción, no contiene posibles roces de constitucionalidad.

     Nuestro ordenamiento jurídico ha dispuesto el principio de reserva de ley, el cual se aplica a materias que solo pueden ser reguladas o modificadas por una ley formal del Poder Legislativo.

     Sobre el particular, mediante sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, se señaló que

“IV. Sobre el principio de reserva de ley. Debe señalarse, que el régimen jurídico de los derechos fundamentales está reservado a la ley. Ello implica que sólo el legislador está habilitado mediante una ley formal y material a establecer las regulaciones o restricciones que se impongan a los derechos fundamentales, siempre y cuando éstas sean razonables y proporcionadas al fin que pretenden alcanzar, y que además, no impliquen vaciar de contenido esencial de dichos derechos (ver en sentido, las sentencias número 1996-3499 y 1992-3550 dictadas por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia”[2]

    La propuesta de reforma que se plantea dentro del proyecto de ley consultado, si bien carece de buena técnica, propone establecer el seguro de responsabilidad civil, no como un seguro de suscripción voluntaria, sino como un seguro de carga obligatoria, ello adicionando el artículo 24 bis a la Ley 9078. Asimismo, y a través del artículo 24 del mismo cuerpo normativo, incluir la constatación de la póliza vigente de dicho seguro, como un requisito previo para la aprobación de la inspección técnica vehicular.

     Aunado a ello, se plantea una modificación al artículo 35 de la Ley 8956, mediante el cual se adiciona un párrafo en el que se dispone la forma de pago de la prima de los seguros de responsabilidad civil.

     De lo anterior, se desprende que es a través de las leyes respectivas, que el legislador determina incluir como seguro obligatorio el de responsabilidad civil por daños a terceros.

     Consecuentemente, esta representación no encuentra posibles vicios de constitucionalidad en la reforma planteada.

F.     CONCLUSIÓN

     De conformidad con lo expuesto, es criterio de la Procuraduría General de la República que:

1.      El texto que se somete a nuestra consideración no presenta posibles vicios de inconstitucionalidad.

2.      Se recomienda revisar la redacción de las modificaciones planteadas, para que su lectura sea más armoniosa y de fácil interpretación.

     Dejamos atendida la consulta, siendo su aprobación o no, parte del arbitrio que la Constitución Política le confirió en exclusiva a la Asamblea Legislativa como parte de sus atribuciones fundamentales.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Atentamente,

 

 

 

Angela M° Garro Contreras

Abogada de Procuraduría



[1] https://www.sugese.fi.cr/seccion-seguros-obligatorios

[2] Tribunal Contencioso Administrativo Sección Sexta. Sentencia 245 de las dieciséis horas del treinta y uno de octubre de dos mil doce. Expediente: 11-005775-1027-CA.