03
de junio de 2026
PGR-OJ-077-2026
Señora
Daniella Agüero Bermúdez
Jefe, Área Legislativa VII
Asamblea Legislativa
Estimada señora:
Con la aprobación
del señor Procurador General de la República, Lic. Iván Vincenti Rojas, nos
permitimos dar respuesta al oficio AL-CPESEG-0288-2025, mediante el cual se
solicita el criterio técnico-jurídico de este Órgano Consultivo, sobre el
proyecto denominado “REFORMA DEL ARTÍCULO
174 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES LEY N.º 7732 DE 17 DE DICIEMBRE
DE 1997 Y SUS REFORMAS, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 16 BIS, 25, 69 BIS Y 72 Y
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 16 TER Y 69 TER DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES,
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS,
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO LEY N°7786, DEL 30 DE
ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS.”, expediente legislativo número 25.208,
tramitado en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
I. CONSIDERACIONES PREVIAS:
A) Opinión Jurídica sin
efectos vinculantes:
Antes de referirnos al proyecto de ley sobre el
cual se requiere nuestro criterio, debemos advertir que la labor consultiva de la Procuraduría General de la República está
reservada para los órganos del Estado en ejercicio de una función
administrativa (artículo 4 de la Ley Orgánica institucional), razón por la cual
emitiremos en este caso, una opinión jurídica carente de efectos vinculantes,
con la única intención de colaborar con la importante labor a cargo de la
Asamblea Legislativa.
Además, y en razón
de que en la nota de solicitud se nos requirió este criterio en el plazo de
ocho días hábiles a partir del recibido de dicha nota, en virtud de lo que establece
el artículo 157 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, no omito manifestar
que ese numeral se refiere a las consultas que deben ser formuladas
obligatoriamente a ciertas instituciones del Estado, por lo que ha sido
criterio de esta Procuraduría que no resulta de aplicación en el presente
asunto (Véanse al respecto, entre otros muchos, los pronunciamientos OJ-053-98,
de 18 de junio de 1998; OJ-049-2004, de 27 de abril de 2004; OJ-060-2011, de 19
de setiembre de 2011; OJ-037-2012, de 6 de julio de 2012; OJ-055-2012, de 20 de
setiembre de 2012; OJ-138-2017, de 15 de noviembre de 2017; OJ-141-2017, de 16
de noviembre de 2017; OJ-052-2018, de 12 de junio de 2018; OJ-009-2020, de 13
de enero de 2020, OJ-055-2021, 8 de marzo de 2021, OJ-122-2021 de 30 de julio
de 2021, PGR-OJ-031-2022 de 22 de febrero de 2022 y PGR-OJ-035-2023 de 27 de
marzo de 2023).
B) Participación de la Procuraduría en el proceso
de trabajo interinstitucional:
Debemos señalar que no se procederá a efectuar un análisis del contenido
del proyecto en los términos acostumbrados, debido al apoyo técnico que hemos
brindado para la elaboración de la iniciativa de ley en consulta, como
integrantes del grupo de trabajo interinstitucional que se encuentra
colaborando en el proceso de cumplimiento de recomendaciones dadas a Costa Rica
en la Fase 2 de la evaluación e implementación de la
Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) y en su lugar, nos permitiremos ofrecer una explicación
sobre algunos aspectos de la propuesta legislativa que cobran especial
relevancia.
De previo a realizar un análisis sobre el proyecto de ley, debe
indicarse que las regulaciones jurídicas referentes al tema de responsabilidad penal
en general y sus respectivas sanciones penales, corresponden a un tema de
política criminal, cuya competencia exclusiva corresponde al Poder Legislativo,
por lo que el enfoque de la presente opinión jurídica abarcará aspectos
relacionados con los principios constitucionales de proporcionalidad,
razonabilidad, igualdad, así como de legalidad y tipicidad penal, como también
de los requerimientos de la Convenciones internacionales en la materia
antilavado y anticorrupción suscritas por el país.
En relación con el diseño de la política criminal, la Sala
Constitucional mediante voto 2006-5977 de las quince horas con dieciséis
minutos del tres de mayo de dos mil seis, indicó:
“VII.- El
diseño de la política criminal es competencia del legislador. Es la propia
Constitución Política en su artículo 39 la que le asigna al legislador la
competencia exclusiva para dictar la política criminal, es decir de determinar
que conductas se penalizan y con qué quantum de pena, cuando señala que la
creación de los delitos y las penas, está reservado a la ley, de modo que esta
Sala lo que puede controlar, es únicamente que ésta se dicte en armonía con el
marco constitucional. Si la política criminal es particularmente buena o mala,
es un tema que escapa - como se dijo-, de las competencias constitucionalmente
asignadas a este Tribunal.”.
Asimismo,
mediante resolución 13625-2012 de las catorce horas treinta minutos del
veintiséis de setiembre de dos mil doce, la citada Sala expresó:
“En
atención a lo previsto en el artículo 39 constitucional, compete a la Asamblea
Legislativa definir cuáles conductas deben ser calificadas y sancionadas como
delito. La definición de cuáles bienes jurídicos deben ser resguardados por el
Derecho Penal, es una decisión de carácter político criminal, que corresponde
adoptar al legislador; no obstante, como ha advertido en diversas oportunidades
esta Sala, el ejercicio de dicha competencia encuentra limitaciones que derivan
de los principios, derechos y garantías consagrados por el Derecho de la Constitución,
dentro de los cuales, tienen un papel preponderante los principios
constitucionales de ofensividad o lesividad y de proporcionalidad y de
razonabilidad. Así, en la sentencia número 2012004790 de las 14:30 horas del 18
de abril de 2012, se indicó: ³ («) el diseño de la política criminal es
competencia del legislador. Es la propia Constitución Política en su
artículo 39 la que le asigna al legislador la competencia exclusiva para dictar
la política criminal, es decir, determinar las conductas que deben penalizarse
y el quantum de la pena, al disponer que la tipificación de conductas y la
determinación de las penas está reservado a la ley. De modo que la
jurisdicción constitucional lo que puede controlar es, únicamente, que la
legislación y la política criminal del Estado se dicte en armonía con el marco
constitucional. Si la política criminal es particularmente buena o mala, es un
tema que se encuentra fuera del ámbito de las competencias constitucionalmente
asignadas a la Sala. Lo que sí está dentro de las competencias de este
Tribunal, es verificar la razonabilidad y la proporcionalidad de la política
criminal expresada por medio de la tipificación y penalización de conductas
específicas, para lo cual debe tomar en cuenta, al menos, los siguientes
aspectos: la relevancia del bien jurídico tutelado, el respeto al principio de
legalidad y tipicidad penal, y la razonabilidad y proporcionalidad de la pena
con respecto al bien jurídico tutelado”.
En este particular, los
principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, han sido
estudiados de manera reiterada por la Sala Constitucional y sobre ellos, ha
dicho:
“… III.- Sobre
el principio de proporcionalidad o prohibición de exceso como parámetro de
constitucionalidad. En un Estado democrático de derecho, la utilización del
derecho penal, por suponer la mayor ingerencia –sic- en la libertad de la
persona, debe limitarse a los casos en que no sea posible utilizar un medio
menos lesivo. Según el principio de prohibición de exceso o proporcionalidad
en sentido amplio, la libertad solo puede limitarse en aras de la tutela de las
propias libertades o derechos de los demás ciudadanos y solo en la medida de lo
estrictamente necesario. Expresiones de este principio son los de
adecuación, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. El principio
de adecuación exige que el derecho penal, sea apto para la tutela del bien
jurídico y que la medida adoptada sea también adecuada a la finalidad
perseguida. Eso implica que solo es legítimo hacer uso del derecho penal,
cuando la pena sea adecuada para la tutela del bien jurídico y cuando además se
persiga algún tipo de finalidad, debiendo rechazarse las teorías absolutas de
la pena, donde no se persigue ningún fin, sino la sanción por la sanción misma.
Según el principio de necesidad, la pena ha de ser la menor de las posibles
sanciones que se puede imponer, y cuando la pena resulta innecesaria, es
injusta. Donde sea posible sustituir la pena privativa de libertad por
otras, debe hacerse. De ahí el carácter subsidiario del derecho penal, que
solo puede utilizarse cuando los demás medios resulten insuficientes y solo
cuando sea útil para la protección del bien jurídico. Y, el principio de
proporcionalidad en sentido estricto, se refiere a la ponderación que debe
darse entre la gravedad de la conducta, el objeto de tutela y la consecuencia
jurídica. No deben preverse ni imponerse penas o medidas que resulten
desproporcionadas, en relación con la gravedad de la falta. (…). Ahora bien,
también en la definición de las conductas punibles, en abstracto, el legislador
debe realizar una valoración de proporcionalidad entre el hecho y los montos
mínimos y máximos de las penas, de manera que la gravedad de los hechos debe
reflejarse en la magnitud de la sanción que se prevé. Por supuesto, la
individualización de la pena que se produce ya en sede jurisdiccional y no
legislativa, atiende a una serie de factores tanto subjetivos como objetivos
que deben estimarse, que son de resorte exclusivo del juez quien, entre un mínimo
y un máximo de sanción otorgado por la ley, debe imponer la sanción que mejor
se ajuste a las circunstancias particulares del hecho. Es por lo anterior que
cualquier tipificación de una conducta, así como la pena que se pretenda
imponer debe responder no sólo a la existencia de una norma legal, sino también
a parámetros de razonabilidad y proporcionalidad según el bien jurídico que se
pretende tutelar.” Lo anterior implica
que, si bien es el legislador quien tiene la competencia para diseñar los tipos
penales que pretenden proteger los diversos bienes jurídicos, esa tarea debe
responder a los parámetros de razonabilidad y proporcionalidad y a los fines
constitucionales de la pena…” Resolución 2011-11.697. En similar sentido, votos
2010-8298 y 2004-2009 (destacado es del original).
Es incuestionable que todo Estado Democrático de Derecho debe establecer
el desarrollo del derecho penal, como última ratio de intervención
estatal, bajo una serie de lineamentos o principios que permiten velar por una
intrusión del Estado que sea garantía de respeto para los derechos
fundamentales de toda persona, y que no sean reflejo de actuaciones antojadizas
o arbitrarias.
Partiendo de la proposición de que las libertades no son irrestrictas y
resultando altamente necesitado el establecimiento de regulaciones que permitan
alcanzar un mejor grado de convivencia social, la creación y aplicación de
normas penales vienen a contribuir, de alguna manera, en el esfuerzo estatal de
mejorar el orden social.
La creación de leyes de naturaleza penal, debe estar gobernada bajo su
adaptación a los principios constitucionales de legalidad, tipicidad y
seguridad jurídica, los cuales se encuentran íntimamente relacionados. El contenido
de estos principios, ha sido expuesto y mantenido por la Sala Constitucional
desde hace dos décadas. Así, mediante
voto 2008-16.969, se retoma lo dicho mediante resolución 1990-01877:
“Contenido
de los principios de legalidad y tipicidad penal. El principio de legalidad
es consustancial al Estado de Derecho, tiene su origen histórico en la
Revolución Francesa y su origen ideológico en el pensamiento de la Ilustración.
Vino a suponer el deseo de sustituir el gobierno caprichoso de los hombres
por la voluntad general, por la voluntad expresada a través de la norma, de la
ley. La Constitución Política recepta dicho principio en el artículo 11 al
señalar que: “Los funcionarios públicos son simples depositarios de la
autoridad. Están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no
pueden arrogarse facultades no concedidas en ella. Deben prestar juramento de
observar y cumplir esta Constitución y las leyes...” Del principio de
legalidad, surge la reserva de ley, prevista en el artículo 28 de la
Constitución Política, según la cual, sólo mediante norma emitida por el Poder
Legislativo pueden regularse determinadas materias, dentro de las que se
encuentra la limitación de derechos fundamentales. Particularmente, en
el campo del derecho penal, el principio de legalidad está previsto en el
artículo 39 de la Constitución Política, el cual señala: Artículo·39: “A
nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por
ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente,
previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante
la necesaria demostración de culpabilidad”. Tal regulación encuentra origen en
el conocido aforismo latino de Feuerbach: “nullum crimen sine lege praevia, stricta
et scripta; nulla poena sine lege; nemo damnetur nisi per legale iudicium”.
Diversos instrumentos internacionales también recogen ese principio (…). El
principio de legalidad se erige entonces como una verdadera garantía del
ciudadano frente al poder punitivo del Estado, que cumple una doble función: la
política, al expresar el predominio del Poder Legislativo sobre los otros
poderes del Estado y que se traduce en una garantía de seguridad jurídica para
el ciudadano, y la técnica, que es donde se puede enmarcar el principio de
tipicidad penal, en el sentido de exigencia para el legislador de utilizar
fórmulas taxativas, claras y precisas al momento de creación de las figuras
penales. El principio de legalidad penal debe entenderse inmerso en todas las fases
de creación y aplicación de los tipos penales: no hay delito sin ley previa,
escrita y estricta; no hay pena sin ley; la pena no puede ser impuesta sin en
virtud de un juicio justo y de acuerdo con lo previsto por la ley y la
ejecución de la pena ha de ajustarse a lo previsto en la ley, por ello se habla
de legalidad criminal, penal, procesal y de ejecución. Se trata por tanto, de
que el Estado actúe con total sometimiento al imperio de la ley y dentro de sus
límites, pero también de que los ciudadanos conozcan en todo momento cuáles
serán las consecuencias de su conducta y el modo en que dichas consecuencias
les van a ser aplicadas, con la absoluta seguridad de que si la ley no las
establece, nunca podrán afectarles.- El principio de tipicidad, por su
parte, se conceptúa como un principio de naturaleza constitucional, integrante
del debido proceso, derivado a su vez del principio de legalidad penal e
íntimamente relacionado con la seguridad jurídica, por cuanto, garantiza a las
personas que no podrán ser perseguidas penalmente por una acción que no haya
sido previamente definida como delito en forma clara y precisa, por una norma
de rango legal. Al respecto, ha señalado este Tribunal: “El artículo 39 de
la Constitución Política recepta el principio de reserva de la ley mediante el
cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades
públicas, deben estar acordados en una ley formal. Dicho principio adquiere
marcada importancia en materia penal, pues tratándose de delitos y penas, la
ley es la única fuente creadora. En esta materia es de común aceptación el
contenido del aforismo latino "nullum crimen, nulla paena, sine praevia
lege". (…) “. En igual sentido, voto 2008-11623.
Los principios constitucionales supra indicados, resultan elementales
para valorar los aspectos más relevantes del contenido de los artículos del
proyecto de ley que serán indicados y refieren a la creación reforma de un tipo
penal.
II. PROPÓSITO DE LA
INICIATIVA DE LEY:
Tal y como se
menciona en la Exposición de Motivos, el proyecto de ley sometido a
consideración de este Despacho, pretende ajustar el ordenamiento jurídico
costarricense a los requerimientos más actuales en materia de combate de la
corrupción, legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva. Por ello, se fundamenta la
necesidad de reformar la normativa costarricense para fortalecer la lucha
contra la legitimación de capitales mediante la incorporación de mecanismos que
permitan mejorar el sistema anti lavado del país. Los puntos clave son:
El compromiso de
Costa Rica de adecuar su legislación interna en el sentido indicado, el cual
deviene de las obligaciones adquiridas a través de la suscripción de los
principales tratados internacionales en materia anticorrupción, a saber, la
Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de Naciones
Unidas contra la Corrupción, y más recientemente, la Convención para Combatir
el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones Comerciales
Internacionales de la OCDE. Pero además deriva de la necesidad de fortalecer
continuamente el ordenamiento jurídico anticorrupción y anti lavado, de tal
forma que se pueda contar con las herramientas más idóneas para el combate de
estos terribles flagelos.
El proyecto
también está enfocado en recomendaciones que se han realizado al país por
organismos internacionales en las materias apuntadas.
Costa Rica, como
miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) y de la OCDE,
está sujeta a evaluaciones periódicas. El proyecto busca cerrar brechas
identificadas respecto a las 40 Recomendaciones del GAFI, específicamente para
evitar ser incluido en listas grises o negras (como la de la Unión Europea o el
GAFI), lo cual tendría graves consecuencias reputacionales y económicas.
Al igual que
recomendaciones puntuales que se realizaron al país en la evaluación de Fase 2
del Grupo de Trabajo de Cohecho (WGB por sus siglas en inglés), el cual monitorea
la implementación y cumplimiento de la Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la Organización para la Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE).
Adicionalmente, se destaca la necesidad de llevar a cabo las reformas
propuestas, de cara a las evaluaciones que tendrá el país por parte de GAFILAT
entre 2026 y 2027 y el WGB en el año 2026.
El proyecto de ley n° 25.208 se enfoca
principalmente en que se reconoce que la legitimación de capitales y delitos
precedentes (actividades delictivas en nuestra normativa vigente) conexos
(narcotráfico, corrupción) socavan el orden socioeconómico, la estabilidad
social y la imagen internacional del país. Además, que la corrupción nacional e
internacional, también generan un grave daño al país y a terceros.
Grosso modo, el proyecto identifica los
siguientes vacíos o necesidades de incorporación de normativa:
·
Enfoque Basado
en Riesgo: Se enfatiza la necesidad de incorporar legislativamente el enfoque
basado en riesgo en cuanto al sistema anti lavado, permitiendo a los
supervisores y sujetos obligados asignar recursos de manera más eficiente hacia
las áreas de mayor vulnerabilidad.
·
Financiamiento
de la Proliferación: Se identifica un vacío legal en la tipificación y sanción
del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un
requisito clave del GAFI (Recomendación 7) que actualmente no se cumple
cabalmente.
·
Supervisión y
Recursos: Se detectó la insuficiencia de recursos en las superintendencias
(como SUGEF) para supervisar adecuadamente, especialmente al sector de
Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFDs). La reforma al
artículo 174 de la Ley 7732 busca ajustar el modelo de financiamiento para
dotar de recursos a los órganos supervisores.
·
Actualizar lo
relacionado con el tema de personas expuestas políticamente (PEPs) para que la
cobertura y medidas adicionales sean más amplios que el PEP propiamente dicho,
también con un enfoque basado en riesgos.
El
proyecto se compone de 3 artículos y un transitorio.
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TEXTO
VIGENTE |
TEXTO
PROPUESTO |
|
Artículo
174- Financiamiento El
presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), la
Superintendencia General de Valores (Sugeval), la Superintendencia de
Pensiones (Supén) y la Superintendencia General de Seguros (Sugese) será
financiado en un cincuenta por ciento (50%) con recursos provenientes del
Banco Central de Costa Rica y en un cincuenta por ciento (50%) mediante
contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados. Para estos efectos,
se entenderá que el presupuesto de cada Superintendencia incluye el gasto del
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif), el cual se
asignará anualmente, de manera proporcional, al monto de sus respectivos
presupuestos. Asimismo,
el Banco Central será el responsable de que las superintendencias reciban
oportunamente los fondos para cubrir su presupuesto. Las
propuestas de presupuesto de las superintendencias y del Conassif serán
enviadas en consulta a los sujetos supervisados. Sus observaciones serán
analizadas pero no serán vinculantes para la versión final de los
presupuestos que se envíen para conocimiento de la Junta Directiva del Banco
Central y para la respectiva aprobación de la Contraloría General de la
República. Las observaciones deberán ser enviadas, en la forma y el medio que
se indique reglamentariamente, en un plazo máximo de diez días hábiles
después de recibidas las propuestas de presupuesto. El resultado del análisis
de las observaciones recibidas, tanto de las aceptadas como de aquellas
rechazadas, se publicará dentro de los siguientes diez días naturales después
de cerrado el periodo de recepción, en los sitios web de cada
superintendencia, del Conassif y del Banco Central de Costa Rica.
|
Artículo
174- Financiamiento El
presupuesto de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF),
la Superintendencia General de Valores (SUGEVAL), la Superintendencia
de Pensiones (SUPÉN) y la Superintendencia General de Seguros (SUGESE)
será financiado en un cincuenta por ciento (50%) con recursos provenientes
del Banco Central de Costa Rica y en un cincuenta por ciento (50%) mediante
contribuciones obligatorias de los sujetos fiscalizados. Para estos efectos,
se entenderá que el presupuesto de cada Superintendencia incluye el gasto del
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), el
cual se asignará anualmente, de manera proporcional, al monto de sus
respectivos presupuestos. Por
su parte, los sujetos obligados por los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado,
Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al
Terrorismo, Ley N. º 7786, de 30 de abril de 1998 y sus reformas,
contribuirán con un canon que se pagará anualmente y será definido por el
Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF) a propuesta
de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF) en función de
los costos necesarios para cumplir con las responsabilidades asignadas a la
superintendencia por las leyes correspondientes. Asimismo,
el Banco Central será el responsable de que las superintendencias reciban
oportunamente los fondos para cubrir su presupuesto. Las
propuestas de presupuesto de las superintendencias y del Conassif serán
enviadas en consulta a los sujetos supervisados. Sus observaciones serán
analizadas, pero no serán vinculantes para la versión final de los
presupuestos que se envíen para conocimiento de la Junta Directiva del Banco
Central y para la respectiva aprobación de la Contraloría General de la
República. Las observaciones deberán ser enviadas, en la forma y el medio que
se indique reglamentariamente, en un plazo máximo de diez días hábiles
después de recibidas las propuestas de presupuesto. El resultado del análisis
de las observaciones recibidas, tanto de las aceptadas como de aquellas
rechazadas, se publicará dentro de los siguientes diez días naturales después
de cerrado el periodo de recepción, en los sitios web de cada
superintendencia, del Conassif y del Banco Central de Costa Rica. |
Nota:
la reforma adiciona o modifica lo que está en destacado y elimina del artículo
vigente lo que está tachado.
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TEXTO PROPUESTO |
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Artículo 16 bis.- Se crea en la Superintendencia
General de Entidades Financieras (Sugef) la base de datos con información de
la política Conozca a su Cliente de los sujetos obligados, de acuerdo con las
reglas que se establecen en los incisos siguientes: a) Los sujetos obligados,
establecidos en el artículo 14 de la presente ley, b) c) La Superintendencia General de
Entidades Financieras habilitará el acceso a la información de la base de
datos a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en ejercicio de sus potestades para prevenir y combatir
la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva. d) e) f) g) Será aplicable el tipo penal
contenido en los artículos 196 y 196 bis del Código Penal a los funcionarios,
los empleados y los administradores de las entidades fiscalizadas y de las
superintendencias, que realicen o ejecuten las conductas descritas en dichas
normas, relacionada con el mal manejo de la información contenida en la base
de datos a que se refiere este artículo. El funcionario, el empleado o el
administrador que infrinja lo señalado en este artículo será destituido de su
cargo, sin responsabilidad patronal. h) La Superintendencia deberá
establecer las medidas internas y de acatamiento por parte de los sujetos
obligados que estimen necesarias para salvaguardar la confidencialidad de la
información a que se refiere este artículo. i) La información que otorgue la
plataforma administrada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras sobre los datos del
|
Artículo 16 bis.- Se crea en la Superintendencia
General de Entidades Financieras (SUGEF) una base de datos en la
que se mantendrá la información de los clientes que han recolectado los
sujetos obligados para el cumplimiento de la Política Conozca a su
Cliente, a que se refiere el artículo 16 de esta ley, de acuerdo con las
siguientes reglas: a) Los sujetos obligados,
establecidos en el artículo 14 de la presente ley, previo a brindar el
servicio a sus clientes deben registrar en la base de datos la información de
los clientes con quienes establezca una relación comercial, así como
actualizarla y verificarla conforme a los procedimientos y demás condiciones
que el CONASSIF defina reglamentariamente. b) Los sujetos
obligados por el artículo 14 tendrán acceso a la información de sus clientes,
en tanto se mantenga la relación comercial y serán responsables por el uso
que hagan de ella. El CONASSIF definirá reglamentariamente el tipo y el nivel de acceso a la
información, de acuerdo con la naturaleza de éstos bajo un enfoque de
riesgos de legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva. En el caso de las entidades
sujetas a obligaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades
Financieras se exceptúan del acceso de la información de la base de datos a
las personas físicas o jurídicas a las que se refieren los artículos 15, 15
bis y 15 quáter de la presente ley. c) Se autoriza el
acceso a la información que consta en la base de datos, a la Superintendencia
General de Entidades Financieras, la Superintendencia General de Seguros, la
Superintendencia General de Valores y la Superintendencia de Pensiones,
cuando así lo requieran para el ejercicio de sus funciones. La Superintendencia General de
Entidades Financieras habilitará el acceso a la información de la base de
datos a la Unidad de Inteligencia Financiera, del Instituto Costarricense
sobre Drogas (ICD), en ejercicio de sus potestades para prevenir y combatir
la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y la
proliferación de armas de destrucción masiva. d) Todo sujeto obligado
por el artículo 14, en la evaluación de apertura de cualquier producto o
servicio, debe revisar de previo la información del solicitante en la base
de datos, para lo cual debe contar con su autorización para la consulta
temporal correspondiente. e) La base de datos podrá
alimentarse de información sobre los clientes contenida en bases de datos
públicas de acceso general; y aquellas de acceso restringido siempre y cuando
el titular de la información brinde su consentimiento informado. f) El cliente podrá
dirigirse a cualquier sujeto obligado del que sea cliente, a efecto de que se
le entregue copia de la información que consta en la base de datos,
para que pueda revisar su veracidad. Cuando el cliente estime
que los datos no reflejan su situación real en materia de la política Conozca
a su Cliente, podrá requerir a cualquier sujeto obligado del que sea cliente,
a efectos de que se rectifique su información. g) Será aplicable el tipo penal
contenido en los artículos 196 y 196 bis del Código Penal a los funcionarios,
los empleados y los administradores de las entidades fiscalizadas y de las
superintendencias, que realicen o ejecuten las conductas descritas en dichas
normas, relacionada con el mal manejo de la información contenida en la base
de datos a que se refiere este artículo. El funcionario, el empleado o el
administrador que infrinja lo señalado en este artículo será destituido de su
cargo, sin responsabilidad patronal. h) La Superintendencia deberá
establecer las medidas internas y de acatamiento por parte de los sujetos
obligados que estimen necesarias para salvaguardarla confidencialidad de la
información a que se refiere este artículo. Toda entidad que tenga acceso
a la base de datos, deberá tener procedimientos y políticas de control
conforme a lo que se defina reglamentariamente por parte del Consejo Nacional
de Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF). i) La información que otorgue la
plataforma administrada por la Superintendencia General de Entidades
Financieras sobre los datos del cliente en materia de la política
Conozca a su Cliente no implica calificación alguna sobre el nivel de riesgo
de los clientes, lo cual deberá establecer cada entidad fiscalizada en sus
políticas y procedimientos. La información que
consta en la base de datos forma parte de los insumos que los sujetos
obligados deben requerir conforme a lo dispuesto en el artículo 16 de esta
ley, para la atención de sus obligaciones de debida diligencia sobre el
conocimiento permanente de sus clientes. La consulta a la base de datos no
exime al sujeto obligado de conocer a su cliente de conformidad con lo que
dispone el artículo 16 de la presente ley. EL Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero (CONASSIF), a propuesta de la
Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), definirá vía
reglamento la metodología y el procedimiento para establecer un canon a cargo
de las entidades supervisadas a que se refiere el artículo 14 de la presente ley,
por los costos que implican el desarrollo, operación, mantenimiento operativo
y mejoras de la base de datos, en aras de garantizar un funcionamiento
adecuado, seguro y sostenible. Para el caso de las entidades sujetas a
obligaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades
Financieras, se exceptúan de este cobro a las personas físicas o jurídicas a
las que se refieren los artículos 15, 15 bis y 15 quáter de la
presente ley. El acceso y divulgación
no autorizada de la información contenida en el Centro de Información Conozca
a su Cliente (CICAC) será sancionado conforme al artículo 203 del Código
Penal sobre la divulgación de secretos, salvo si el hecho no configure un
delito más severamente penado. |
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Artículo 25.- Si se sospecha que las
transacciones descritas en el artículo anterior representan un riesgo de
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o que provienen de
una actividad ilícita o se relacionan con ellas, incluso las transacciones
que se deriven de transferencias desde el exterior o hacia él, Estas acciones no les acarrearán
responsabilidades administrativas, civiles, penales, ni de ninguna otra
índole a las entidades o a los funcionarios que las realicen, en tanto no se
acredite que actuaron con dolo o culpa grave, de conformidad con lo que disponen
el artículo 271 de la Ley N° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de
1996, y el artículo 199 de la Ley N.° 6227, Ley General de la Administración
Pública, de 2 de mayo de 1978. |
Artículo 25- Si se sospecha que las
transacciones descritas en el artículo anterior representan un riesgo de
legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo o que provienen de
una actividad ilícita o se relacionan con ellas, incluso las transacciones
que se deriven de transferencias desde el exterior o hacia él, los sujetos
obligados establecidos en la presente ley y sus reformas, deberán
comunicarlo, confidencialmente y de forma inmediata, a la Unidad de
Inteligencia Financiera (UIF) del Instituto Costarricense sobre Drogas, no
pudiendo poner en conocimiento bajo ninguna circunstancia comunicación al
cliente o a ninguna otra instancia interna o externa, persona física o
jurídica, pública o privada, a excepción de la intervención que en materia
exclusiva de supervisión de legitimación de capitales y financiamiento al
terrorismo y de manera posterior deban realizar la Superintendencia General
de Entidades Financieras (SUGEF), la Superintendencia General de
Valores (SUGEVAL), la Superintendencia de Pensiones (SUPEN), la
Superintendencia General de Seguros (SUGESE) y la Dirección
Nacional de Notariado (DNN). En todas aquellas
operaciones de ingreso de dinero que sean consideradas sospechosas, de
conformidad con la aplicación del enfoque basado en riesgos por parte del
sujeto obligado, en el mismo acto de detección, los sujetos obligados tendrán
la obligación de congelar o inmovilizar este dinero preventivamente hasta por
el plazo máximo de setenta y dos horas, cuya medida deberá ser informada a la
UIF dentro del plazo máximo de un día hábil, para que proceda conforme a lo
establecido en el artículo 86 de la presente Ley, sin que ello implique la
alerta al cliente. Estas acciones no les acarrearán
responsabilidades administrativas, civiles, penales, ni de ninguna otra
índole a las entidades o a los funcionarios que las realicen, en tanto no se
acredite que actuaron con dolo o culpa grave, de conformidad con lo que
disponen el artículo 271 del Código Procesal Penal, Ley N.º7594, de 10 de
abril de 1996, y el artículo 199 de la Ley General de la Administración
Pública, Ley N.º 6227, de 2 de mayo de 1978. El Ministerio Público
podrá utilizar, como fuente de información de inteligencia, la producida por
la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre
Drogas, guardando su carácter confidencial. El reporte de operación
sospechosa no podrá ser divulgado a terceros ni agregado en el expediente
judicial y su uso incorrecto será sancionado como falta grave, sin perjuicio
de las responsabilidades penales correspondientes. |
|
Artículo 69 bis.- Será reprimido con prisión de cinco
a quince años quien, por cualquier medio y de manera directa o indirecta,
recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma
coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros,
recursos o instrumentos, u otros activos, medios o servicios de cualquier
clase, en el país o en el extranjero, con la intención o el conocimiento de
que estos se utilicen o destinen, total o parcialmente, al financiamiento de: a) Los actos terroristas, aunque
estos no lleguen a ejecutarse. b) Las organizaciones o los
individuos declarados como terroristas o que tengan fines terroristas. c) Cualquier acto destinado a
causar la muerte a una persona o que no participe directamente en las
hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando el propósito de
dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una población u
obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto o
a abstenerse de hacerlo, aunque estos no lleguen a ejecutarse. d) Cualquier acto destinado a
causar lesiones leves, graves o gravísimas a una persona que no participe
directamente en las hostilidades en una situación de conflicto armado, cuando
el propósito de dicho acto, por su naturaleza o contexto, sea intimidar a una
población u obligar a un gobierno o a una organización internacional a
realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, aunque estos no lleguen a
ejecutarse. e) El viaje de una persona o varias
personas a países distintos de sus países de nacimiento o residencia, con el
propósito de cometer, planificar, preparar o participar en actos terroristas,
o proporcionar o recibir entrenamiento, aun sin que se cometan actos
terroristas. Las conductas penalizadas en este
artículo serán juzgadas en Costa Rica, conforme se establece en el artículo 7
del Código Penal. |
Artículo 69 bis-
Financiamiento al Terrorismo: Será reprimido con prisión de cinco
a quince años quien, por cualquier medio y de manera directa o indirecta,
recolecte, oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma
coopere con la recolección o la entrega de los fondos, productos financieros,
recursos o instrumentos, u otros activos, medios o servicios de cualquier
clase, incluyendo los activos virtuales en el país o en el extranjero,
con la intención o el conocimiento de que estos se utilicen o destinen, total
o parcialmente, al financiamiento de: […] |
|
Artículo 72.- Los delitos
tipificados en esta Ley podrán ser investigados, enjuiciados o sentenciados
por el tribunal o la autoridad competente, independientemente de que el
delito de tráfico ilícito, los delitos conexos |
Artículo 72- Los delitos tipificados en esta ley
podrán ser investigados, enjuiciados o sentenciados por el tribunal o la autoridad
competente, independientemente de que la actividad ilícita relacionada
con el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas,
los delitos conexos, legitimación de capitales y las actividades
delictivas que se refiere el artículo 69 de esta ley, hayan ocurrido en
otra jurisdicción territorial, sin perjuicio de la extradición, cuando
proceda conforme a derecho. |
Nota:
la reforma adiciona o modifica lo que está en destacado y elimina del artículo
vigente lo que está tachado.
TEXTO PROPUESTO
Artículo 16
ter- Relación con personas expuestas políticamente y funcionarios
gubernamentales o judiciales de alto nivel (PEPs):
Son personas
expuestas políticamente (PEPs) las siguientes:
1- Las personas que de conformidad con la
Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública,
Ley N° 8422 del 06 de octubre de 2004 y
cualquier otro funcionario que se ordene debe rendir declaración jurada sobre
su situación patrimonial ante la Contraloría General de la República por ocupar
algunos de los siguientes cargos: los diputados de la Asamblea Legislativa, el
Presidente de la República, los vicepresidentes; los ministros, con cartera o
sin ella, o los funcionarios nombrados con ese rango; los viceministros, los
Magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo
de Elecciones, el Contralor y el Subcontralor Generales de la República, el
Defensor y el Defensor Adjunto de los Habitantes, el Procurador General y el
Procurador General Adjunto de la República, el Fiscal General de la República,
todos los fiscales del Ministerio Público, los jueces de la jurisdicción Penal
y Contencioso Administrativa, los rectores y vicerrectores, el Regulador
General de la República, los superintendentes de las instituciones públicas y
de servicios públicos, así como los respectivos intendentes; el Contador
Nacional, el Tesorero Nacional, los oficiales mayores de los ministerios, los
presidentes ejecutivos, los directores y subdirectores de cuerpos de policía,
Director General y Subdirector General de Aduanas, gerentes y subgerentes de
Aduanas, los alcaldes municipales y alcaldes suplentes o vicealcaldes, los
regidores propietarios y suplentes; los jefes de misiones diplomáticas; así
como cualquier otro cargo definido reglamentariamente según los estándares
internacionales de lucha contra el lavado de activos, el financiamiento del
terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción
masiva, ratificados por Costa Rica.
2- Las personas nacionales que ocupen
cargos de alto nivel dentro de las estructuras de los partidos políticos.
3- La misma condición de PEP se establece
para los cargos que se definan a nivel nacional con relación a los funcionarios
extranjeros que se desempeñen o se hayan desempeñado en instituciones
gubernamentales o judiciales de alto nivel, personas que desempeñan cargos
políticos y de alto nivel en los partidos políticos, así como cargos policiales
o militares de alta jerarquía, todos los anteriores, en un país extranjero.
4- Las personas que cumplen o a quienes se
les han confiado cargos de directores, subdirectores y miembros del consejo de
administración o personas que desempeñen funciones equivalentes en un organismo
internacional en una organización internacional pública o intergubernamental.
Se entiende
por alto nivel, el de aquellas personas –nacionales o extranjeras- que
desempeñen funciones de alta gerencia, directores, subdirectores, gerentes,
subgerentes, superintendentes, intendentes, así como los miembros de juntas
directivas o funciones equivalentes.
Las entidades
y los sujetos obligados establecidos en la presente ley deben implementar
sistemas de manejo de riesgos, aplicando una diligencia debida reforzada, con un
enfoque basado en riesgos, para determinar si un cliente o beneficiario final
es una persona expuesta políticamente, sea este nacional o extranjero,
incluyendo la adopción de las siguientes medidas:
a) Establecer procedimientos para conocer
el origen de la riqueza y el origen de los fondos de los clientes y
beneficiarios finales identificados como PEP, incluyendo los registros
documentales y trazabilidad.
b) Monitoreo permanente intensificado sobre
esa relación comercial y cuando existan motivos suficientes se considere la
elaboración de un reporte de operación sospechosa a la Unidad de Inteligencia
Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).
c) En caso de identificar una nueva PEP
producto de la aplicación de la debida diligencia del cliente, se deberá
comunicar de forma inmediata a la Unidad de Inteligencia Financiera por los
medios que esta defina.
Los mismos
requisitos serán aplicados con un enfoque basado en riesgos, a los clientes que
tengan relaciones financieras, comerciales, económicas o patrimoniales con un
PEP, que se encuentran en las siguientes condiciones:
a) Los asociados o socios cercanos que
participen conjuntamente en personas jurídicas y estén estrechamente vinculadas
con un PEP, social o profesionalmente, que comparten la propiedad (efectiva) de
personas jurídicas o fideicomisos con la
PEP, que tienen un beneficio económico compartido en transacciones
financieras, incluyendo a quienes se beneficien de las transacciones u
operaciones financieras, también titulares de cuentas donde figura la PEP o
quienes actúen como representantes que mantengan activos o transacciones
relacionadas para la PEP.
b) El mismo criterio del punto anterior
aplicará con un enfoque basado en riesgos para los miembros de la familia de la
persona expuesta políticamente hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad: cónyuge, conviviente, padres, hijos, abuelos, nietos, hermanos,
suegros, yerno o nuera, cuñados.
c) Cualquier otra persona beneficiario
final de la PEP.
La condición
de PEP no se perderá por cesar en el puesto, cargo o comisión,
independientemente del motivo, el plazo durante el cual serán considerados PEPs
abarcará todo su periodo de nombramiento y hasta ocho años posteriores a la
finalización de sus funciones.
En el caso de
los presidentes o jefes de Estado serán considerados como PEPs indefinidamente.
Todas las
dependencias institucionales del sector público costarricense, encargadas de la
oficina gestión de recursos humanos deberán proveer a la Contraloría General de
la República, en el plazo y forma que ésta determine, la información
actualizada, precisa y oportuna de las personas catalogados como PEPS, con la
finalidad de mantener una lista oficial y actualizada de éstos, incluyendo como
mínimo los siguientes datos:
a) Nombre de la institución.
b) Nombre completo de la persona que ocupa
el puesto.
c) Nombre del puesto
d) Tipo de identificación.
e) Número de identificación.
f) Nacionalidad
g) Fecha de nacimiento.
h) Fecha de inicio en el cargo.
i) Fecha de finalización del cargo.
La lista
oficial de PEPs se declara de interés público, pero de acceso restringido. Se
debe garantizar el acceso a la misma por razones justificadas. Se faculta a la
Unidad de Inteligencia Financiera para compartir, previa solicitud fundada y
bajo el principio de reciprocidad, la información contenida en el registro
oficial de Personas Expuestas Políticamente (PEP) con las homólogas extranjeras,
exclusivamente para fines de prevención del lavado de activos, financiamiento
del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva conforme a lo
dispuesto en esta ley. El uso de la información estará sujeto a la protección
de datos, confidencialidad, y el uso exclusivo de la información para fines
oficiales relacionados con la prevención de los delitos señalados.
El Ministerio
de Relaciones Exteriores y Culto deberá suministrar los datos de las
representaciones extranjeras en Costa Rica, así como los presidentes, jefes de
Estado y otros dignatarios de los que se disponga información para alimentar el
registro oficial de Personas Expuestas Políticamente. La información debe ser
enviada a la Unidad de Inteligencia Financiera por los medios que esta
disponga.
La
Contraloría General de la República en coordinación con el Instituto
Costarricense sobre Drogas, así como la Superintendencia General de Entidades
Financieras (SUGEF), deberán poner a disposición dicha lista para las
instituciones preventivas y represivas para fines de cumplimiento de la
prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, de acuerdo
con los estándares internacionales que rigen la materia.
Para
establecer relaciones comerciales con las PEP, sean estos nacionales o
extranjeros, así como las personas jurídicas donde participa la PEP, se debe
obtener la aprobación expresa de la alta gerencia o puesto equivalente del
sujeto obligado; independientemente si se trate de una persona nacional o
extranjera, o las personas jurídicas donde participa la PEP y los familiares o
socios cercanos, bajo un enfoque basado en riesgos. Cuando un cliente ha sido
aceptado y posteriormente se determina que éste o el beneficiario final de una
cuenta, es una PEP, o pasa a serlo, se debe contar con la aprobación de la alta
gerencia, para continuar con su relación comercial.
Al iniciar
una relación comercial con personas extranjeras, las entidades y los sujetos
obligados deben confeccionar una declaración jurada, en donde el cliente manifieste
expresamente si se encuentra incluido dentro de los puestos o categorías
establecidas como personas expuestas políticamente. Lo anterior no excluye la
posibilidad de verificar dicha condición por otros medios que se hayan
implementado mediante el uso de sistemas enfocados en el manejo del riesgo para
determinar si el cliente o el beneficiario final es una persona expuesta
políticamente.
Para el caso
de las pólizas de seguros de vida, se deberán adoptar las medidas razonables
para determinar si los beneficiarios y otras partes involucradas, cuando
corresponda, son personas políticamente expuestas. Cuando al momento del pago
se identifiquen riesgos mayores y el tomador o beneficiario sea una PEP, deberá
informarse a la alta gerencia para que se realice una debida diligencia
reforzada de toda la relación comercial con el titular de la póliza y se
considere realizar un reporte de operación sospechosa.
________________________________________________________________________________________________
Artículo 69
ter- Sanción al financiamiento de
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva:
Será
reprimido con prisión de cinco a quince años quien, por cualquier medio y de
manera directa o indirecta, recolecte, oculte, provea, movilice, utilice,
transforme, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la
recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o
instrumentos, u otros activos, medios o servicios de cualquier clase,
incluyendo activos virtuales, en el país o en el extranjero, con la intención o
el conocimiento de que estos se utilicen o destinen, total o parcialmente, al
financiamiento de:
a) Las personas físicas o jurídicas
vinculadas directa o indirectamente con el financiamiento de la proliferación
de armas de destrucción masiva y las que sean designadas en virtud de las
Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, aun cuando los
actos no lleguen a ejecutarse.
b) Cualquier acto destinado a financiar la
proliferación de armas de destrucción masiva aun cuando no participe
directamente, aunque estos no lleguen a ejecutarse.
El Ministerio
Público ordenará la investigación correspondiente pudiendo aplicar las medidas
inmediatas establecidas en los artículos 33 y el 86 de la presente ley a través
de la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre
Drogas (ICD), a fin de asegurar que ningún fondo u otro activo, incluyendo
activos virtuales, se pongan a disposición del financiamiento de la
proliferación de armas de destrucción masiva.
Las conductas
penalizadas en este artículo serán juzgadas en Costa Rica, conforme se
establece en el artículo 7 del Código Penal, Ley Nº 4573, de 4 de mayo de 1970
y sus reformas.
TEXTO PROPUESTO
TRANSITORIO
ÚNICO- En un plazo de dieciocho meses
a partir de la entrada en vigencia de esta Ley, la Superintendencia de
Entidades Financieras (SUGEF) realizará los ajustes reglamentarios y
tecnológicos para adecuar la base de datos con la información de política
conozca a su cliente que se dispone en el artículo 16 bis de la Ley sobre
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado,
Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo,
Ley N.º 7786, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, a los cambios dispuestos
en esta ley.
III. ALGUNAS CONSIDERACIONES ENTORNO AL PROYECTO DE LEY EN CONSULTA:
a)
Compromisos internacionales del país.
La Convención para
Combatir el Cohecho de Servidores Públicos Extranjeros en Transacciones
Comerciales Internacionales de la OCDE le pide a Costa Rica –como país
miembro-, tomar las medidas que sean necesarias, de conformidad con sus
principios jurídicos, para actualizar su evaluación de exposición de riesgos a
la legitimación de capitales relacionados con corrupción y adoptar las medidas
apropiadas para hacer frente a esos riesgos.
Además, Costa Rica
es miembro del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), como tal,
debe implementar las 40 recomendaciones de GAFI, para prevenir la legitimación
de capitales, financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva
y financiamiento del terrorismo.
Adicionalmente, Costa Rica debe castigar como
delito el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva y
actualizar a la realidad actual el tipo penal de financiamiento al terrorismo.
b)
Consideraciones específicas del proyecto
consultado:
Mediante el artículo
1 del proyecto, se propone reformar el artículo 174 de la Ley Reguladora
del Mercado de Valores, Ley N.º 7732 de 17 de diciembre de 1997 y sus
reformas.
Encuentra
lógica la reforma, de cara a las obligaciones que tienen las superintendencias,
dentro del marco del sistema antilavado del país. Ya que, se requiere que la
Base de Datos de la política Conozca su Cliente (KYC por siglas en inglés),
tenga un contenido presupuestario y lo que propone el proyecto de ley, es algo
que ya se encuentra regulado, pero supone legislarlo con mayor rigor técnico,
que es la reforma al artículo 174 de la Ley 7732, y la obligación de que los
sujetos obligados contribuyan con un canon -que ya pagan por vía reglamentaria-
a la base de datos referida.
De
la comparativa del artículo 174 vigente y el propuesto, que se expuso en el
acápite II, B, 1), es claro que lo introducido da coherencia y eleva de nivel
de reglamento a nivel legal la obligación de financiar la base de datos por
parte de los sujetos obligados. Además, clarifica el texto vigente de la norma e
incluye a todas las superintendencias entre las entidades a consultar la
información de UIF, ya que en la actualidad únicamente lo puede realizar SUGEF.
Por otra parte, propone
eliminar el siguiente párrafo de dicho artículo: “El gasto corriente del
presupuesto de las superintendencias y el Conassif, anualmente no crecerá más
del sesenta y cinco por ciento (65%) del crecimiento promedio del producto
interno bruto nominal, para los últimos cuatro años previos al año de
formulación de dicho presupuesto. Para determinar el crecimiento anual se
tomará como referencia el gasto corriente del presupuesto institucional
aprobado, inmediato anterior.” La
eliminación del párrafo que se transcribe no implica una afectación, sino que
tiene su fundamento en que, para el CONASSIF y las superintendencias, esta
reforma es urgente, ya que actualmente hay un tope al gasto corriente de las
superintendencias. La legislación actual impide invertir en la tecnología
necesaria para supervisar nuevos mercados, como el de activos virtuales -recién
aprobado en primer debate en expediente legislativo 25.340 y que podría llegar
a ser Ley próximamente- y limita la capacidad de organización interna, pese a
las crecientes funciones en el sistema antilavado por parte de la
superintendencia y particularmente la base de datos de Conozca a su Cliente.
Partiendo de lo anterior, es evidente que a menudo se asignan nuevas
responsabilidades sin el presupuesto para cumplirlas. En este caso, esa falta
de recursos no solo afecta localmente, sino que impide cumplir con los
estándares internacionales del GAFI, lo que expone al país a una mala
evaluación ante GAFILAT.
La reforma es
necesaria para solucionar tres problemas graves de la ley vigente:
1. Falta de
tecnología por carecer de recursos: ya que actualmente se impide adquirir el
software necesario para vigilar nuevos sectores, como los activos virtuales.
2. Rigidez
organizacional: No permite adaptar la estructura para ser efectivos,
incumpliendo los requisitos del GAFI.
3.
Desfinanciamiento: Se asignan tareas sin presupuesto. Esto genera brechas de
supervisión que provocarán una mala evaluación internacional para el país.
Por ello, la
reforma propuesta es vital, porque la ley actual no otorga los recursos ni la
flexibilidad tecnológica necesaria para supervisar activos virtuales y cumplir
con los estándares globales del GAFI, lo que pone en riesgo la calificación
internacional del país.
Mediante el artículo 2 del proyecto
de ley, se propone reformar 4 artículos de la Ley n° 7786, estos son los
artículos 16 bis, 25, 69 bis y 72, de seguido se realizan comentarios en ese
orden:
El artículo 16 bis de la Ley 7786,
regula temas relacionados con la base de datos de la Política Conozca a su
Cliente (Know your client, KYC por sus siglas en inglés), llamada Centro de
Información Conozca a su Cliente (CICAC por sus siglas).
Se observa que, el espíritu del cambio, se
da para actualizar la disposición normativa, en varios sentidos:
·
Aclarar que la información de la base de datos, es la
que han recolectado los sujetos obligados.
·
Las reglas para la recolección de la información de
los clientes.
·
Se establece que el CONASSIF definirá el nivel de
acceso a la información, con un enfoque basado en riesgos de legitimación de
capitales, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de
destrucción masiva.
·
Se autoriza el acceso a la información de la base de
datos a todas las superintendencias y no solamente a la SUGEF.
·
Se establece la obligatoriedad de que todo sujeto
obligado del artículo 14 de la ley (superintendencias, entidades o empresas
integrantes de los grupos financieros supervisados por los órganos anteriores,
incluidas las transacciones financieras que realicen los bancos o las entidades
financieras domiciliadas en el extranjero, por medio de una entidad financiera
domiciliada en Costa Rica), debe revisar de previo la
información del solicitante en la base de datos. Esto es importante, porque antes era una posibilidad.
·
Además, que el cliente, puede pedir que se le entregue
copia de la información que consta en la base de datos, para verificar su
veracidad, y por supuesto, que pueda solicitar la rectificación de la
información incorrecta.
·
Que el CONASSIF definirá vía reglamentaria, el canon a
cargo de las entidades supervisadas.
·
Se adiciona en la lista de excepciones, los sujetos
obligados del artículo 15 quáter.
·
Se remite prevé la comisión del delito de Divulgación
de Secretos, en caso de acceso y divulgación no autorizada de la información
contenida en el CICAC.
De lo expuesto, se estima que la
modificación, regula de manera más completa lo referente a la base de datos
CICAC, además de cumplir con los requerimientos y mejores prácticas señaladas
por GAFI, como el enfoque basado en riesgos.
Sobre la reforma propuesta al artículo
25 de la Ley 7786, la modificación es mínima, en el sentido de que, se
elimina la referencia exacta a los artículos 14, 15 y 15 bis, y se inserta en
su lugar “sujetos obligados”, lo que genera que, con la nueva descripción, los
sujetos obligados actuales, así como cualquier otro en el futuro, queden
cobijados dentro de la obligación de reportar transacciones sospechosas (ROS
por sus siglas), lo que da actualidad a la norma y evita tener que estar
reformándola posteriormente, en caso de que se agreguen nuevos sujetos
obligados a reportar.
Adicionalmente, sobre este artículo, se
introduce un nuevo párrafo que hace referencia a que los ROS que se realicen,
sean basados en un enfoque en riesgos, así como la obligación de los sujetos
obligados de congelar o inmovilizar el dinero sospechoso, pero sólo por un
plazo máximo de 72 horas, además de que debe informarse a la UIF dentro de
máximo un día hábil, para que proceda conforme lo regula la misma ley en el
artículo 86 y se aplica en la actualidad.
Toda la regulación nueva, se estima que es
compatible con el principio de razonabilidad y con el de proporcionalidad,
siendo absolutamente necesaria para regular temas de prevención de la
legitimación de capitales, y que los dineros se inmovilicen por un plazo
razonable, de cara a las coordinaciones que tendrá que realizar la UIF con la
Fiscalía y eventualmente ante el juez.
Así, la recomendación 4 de los Estándares
Internacionales sobre la Lucha contra el Lavado de Activos, el Financiamiento
del Terrorismo, y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción
Masiva (actualización a agosto de 2025) de GAFILAT, con relación al decomiso y
medidas provisionales establece:
“4.
Decomiso y medidas provisionales *
Los países
deben asegurarse de contar con políticas y marcos operativos que prioricen la
recuperación de activos tanto en el contexto nacional como internacional.
Tomando en
cuenta la Convención de Viena, la Convención de Palermo, la Convención de las
Naciones Unidas contra la Corrupción y el Convenio Internacional para la
Represión de la Financiación del Terrorismo, los países deben tener medidas,
incluyendo medidas legislativas, que permitan a sus autoridades competentes:
a)
Identificar, rastrear y valuar bienes delictivos y bienes de valor equivalente;
b)
suspender o retener el consentimiento a una transacción;
c) tomar
las medidas de investigación adecuadas;
d) llevar
a cabo de forma expeditiva medidas provisionales, como el congelamiento y la
incautación, para impedir cualquier negociación, transferencia o
enajenación de bienes delictivos y bienes de valor equivalente;
e)
decomisar bienes delictivos y bienes de valor equivalente mediante decomiso
basado en condena;
f)
decomisar bienes delictivos mediante decomiso no basado en condena;
g) ejecutar
una orden de decomiso aplicable; y
h)
garantizar una administración eficaz de los bienes congelados, incautados o
decomisados.”
Si bien, el tema de la inmovilización o
congelamiento de fondos en la vía administrativa, ha sido objeto de
cuestionamiento a nivel constitucional, particularmente en lo que a temas de
dinero en efectivo que no se declara se refiere, ya la Sala Constitucional ha
resuelto el tema, avalando la acción administrativa de congelamiento o
inmovilización, de cara a los compromisos internacionales que ha suscrito y
ratificado el país en la lucha contra la legitimación de capitales, como se
indica:
“Mencionada anteriormente, la recomendación 4
prevé el decomiso y medidas provisionales, donde asimila las obligaciones
estatales a las de la Convención de Viena, la Convención de Palermo y el
Convención Internacional para la Represión de la Financiación del Terrorismo,
incluyendo medidas legislativas, que permitan congelar o incautar y decomisar
lo siguiente: “[…] sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe: (a)
bienes lavados, (b) producto de, o instrumentos utilizados en, o destinados al
uso en, delitos de lavado de activos o delitos determinantes, (c) bienes que
son el producto de, o fueron utilizados en, o que se pretendía utilizar o
asignar para ser utilizados en el financiamiento del terrorismo, actos
terroristas u organizaciones terroristas, o (d) bienes de valor equivalente.
Estas medidas deben incluir la autoridad: […] (b) ejecutar medidas
provisionales, como congelamiento y embargo, para prevenir manejos,
transferencias o disposición de dichos bienes; … Los países deben considerar la
adopción de medidas que permitan que tales productos o instrumentos sean
decomisados sin que se requiera de una condena penal (decomiso sin condena), o
que exijan que el imputado demuestre el origen lícito de los bienes en cuestión
que están sujetos a decomiso, en la medida en que este requisito sea compatible
con los principios de sus legislaciones nacionales” (lo resaltado no es del
original).
Como se ve,
aparte de la posibilidad de retener los montos decomisados hasta tanto no se
aclare el origen de los dineros, es importante puntualizar el que la resolución
definitiva, sea si se devuelve o no los montos equivalentes o superiores a los
$10.000.00 no declarados (en moneda equivalente), no requiere de una condena
penal, sino incluso de una medida administrativa, como está regulado en nuestro
país. Esto es importante para la
forma en que deberíamos decidir esta acción, porque debe proporcionarse
protección a los derechos fundamentales, pues no habría otra razón cuando la
recomendación 4 se refiere a los principios de sus legislaciones
nacionales. Esta idea se repite, en
cuanto a la cooperación internacional, en las recomendaciones que se establecen
en el número 38, al expresar lo siguiente:
“Los países
deben asegurar que cuenten con la autoridad para tomar una acción rápida en
respuesta a solicitudes para identificar, congelar, embargar y decomisar bienes
lavados; productos del lavado de activos, de los delitos determinantes y del
financiamiento del terrorismo; instrumentos utilizados en, o destinados para
ser usados en, la comisión de estos delitos; o bienes de valor equivalente.
Esta autoridad debe incluir, ser capaz de responder a solicitudes emitidas
partiendo de procesos de decomiso sin la base de una condena y medidas
provisionales relacionadas, a menos que ello no se corresponda con los
principios fundamentales de sus leyes internas. Los países deben contar también
con mecanismos eficaces para administrar dichos bienes, instrumentos o bienes
de valor equivalente, así como acuerdos para coordinar procesos de embargo y
decomiso, lo cual debe incluir la repartición de activos decomisados”.
Correlativamente,
aunque existe una nota interpretativa de la recomendación 38 (asistencia legal
mutua: congelamiento y decomiso), no tiene relación directa con la cuestión que
ahora dilucida esta Sala, de si el decomiso de moneda con pérdida para el
derecho a la propiedad es un asunto de pleno derecho, por lo que no se le
transcribirá o comentará. Este tema, en
todo caso, fue zanjado por sentencia No. 2015-18946 de las once horas y dos
minutos del dos de diciembre de dos mil quince.
No cabe
duda, que dentro de la expresión de los principios fundamentales de las leyes
internas, están los derechos fundamentales, que, en el caso costarricense,
existe abundante jurisprudencia de este Tribunal. Pero, en el contexto que nos
ocupa, el glosario general de las notas de las recomendaciones indica que: “En
el contexto de la decomiso y medidas provisionales (ej.: las Recomendaciones 4,
32 y 38), el término congelar significa prohibir la transferencia, conversión,
disposición o movimiento de bienes, equipos u otros instrumentos sobre la base
de, y durante el tiempo de duración de la validez de, una acción iniciada por
una autoridad competente o un tribunal bajo un mecanismo de congelamiento o
hasta que una autoridad competente tome una determinación sobre el embargo o
decomiso”. Más aún, debe indicarse que: “El término decomiso, que incluye
extinción, cuando corresponda, significa la privación permanente de fondos u
otros activos por orden de una autoridad competente o un tribunal. El decomiso
o embargo se efectúa mediante un procedimiento judicial o administrativo que
transfiere la titularidad de fondos u otros activos especificados a ser
transferidos al Estado. En este caso, la(s) persona(s) o entidad(es) que tiene
una participación en los fondos u otros activos especificados en el momento de
la decomiso o embargo, pierde todos los derechos, en principio, con respecto a
los fondos u otros activos decomisados o embargados. Las órdenes de decomiso o embargo usualmente
están ligados a una sanción penal o a una decisión del tribunal en la que se
determina que los bienes decomisados o embargados se han derivado de una
violación de la ley o estaban destinados a ser utilizados para una violación de
la ley”.
También
define Principios Fundamentales de derecho interno: “Esto se refiere a los
principios jurídicos básicos sobre los cuales se basan los sistemas jurídicos
nacionales y que ofrecen un marco dentro del cual se hacen las leyes nacionales
y se ejercen los poderes. Estos principios fundamentales normalmente están
contenidos o expresados dentro de una Constitución nacional o un documento
similar o mediante decisiones del más alto nivel judicial con potestad para
hacer interpretaciones o determinaciones vinculantes de las leyes nacionales.
Aunque varían entre uno y otro país, entre los ejemplos de estos principios
fundamentales están los derechos al debido proceso, la presunción de inocencia
y el derecho de una persona a la protección eficaz de los tribunales” (lo
resaltado y subrayado no es del original).
Como se
evidencia de todo lo anterior, se espera de que los ordenamientos nacionales
mantengan aquellos estándares que son compatibles con los principios generales
de derecho comunes a los ordenamientos jurídicos modernos, que si bien se puede
argumentar que la legislación internacional persigue, tanto a los delitos más
graves como también otras infracciones que responden a obligaciones civiles y/o
administrativas menores, como es el cumplimiento de una exigencia como la
declaración jurada en la entrada a una aduana, lógicamente deben ser respetuosa
de las exigencias del propio Derecho interno, pero, de ningún modo, obliga a
disminuir las protecciones constitucionales a favor de los infractores;
contrario a lo que sugiere la coadyuvante ICD, debe cumplirse con el debido
proceso, sea mediante la tutela efectiva de los derechos que el ordenamiento
jurídico otorga a los individuos, sea sede administrativa o sede judicial.
F.- Sobre
la interpretación conforme. Como consecuencia de todo lo dicho, consideramos
que se debería buscar una interpretación para que nuestro país cumpla con los
importantes compromisos internacionales asumidos para la represión del crimen
organizado y el combate al financiamiento del terrorismo, teniendo lógicamente
de base el bloque de constitucionalidad y de convencionalidad, que obliga a no
dejar de lado el cumplimiento de los elementos fundamentales del debido
proceso, que forma parte integral de los derechos fundamentales de todos los
administrados. Como se ve de todo lo anterior, con ese fin debe dársele una
interpretación conforme al artículo 35 de la Ley impugnada en cuanto a los
efectos que produce, al establecer el decomiso de pleno derecho como una
sanción única y automática para todo caso en que se ingrese o salga del país, y
no se haya declarado los montos iguales o superiores a diez mil dólares, o su
equivalente en instrumentos u otras monedas. De este modo, para interpretarse
en congruencia con el Derecho de la Constitución, las protecciones deben
abarcar los Instrumentos de Derechos Humanos, los que son claros en establecer
la obligación de la autoridad administrativa de darle audiencia al
administrado, antes de que se pronuncie sobre la pérdida definitiva de la
propiedad de dinero o valores portados no declarados. Esto se debe brindar al administrado al menos
dándole una oportunidad suficiente y razonable para acreditar la legitimidad o
licitud del dinero o valores, con un debido proceso sumario en la sede
administrativa.
Lo
anterior, no debilita la lucha de los Estados contra el narcotráfico, el terrorismo y el crimen
internacional organizado, por la elemental razón que uno de los pilares
centrales de la comunidad internacional descansa en la medida cautelar de
congelamiento o aseguramiento de los dineros o valores no declarados, porque
sobre ellos pesa una sospecha razonable de haber sido ocultados como producto
del lavado de dinero, o el movimiento de dinero transfronterizo irregular de
fondos, producto tanto del narcotráfico como del terrorismo” Resolución Nº
2016008508 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. San José,
a las once horas y treinta minutos del veintidós de junio del dos mil dieciséis.
Por ello, estima
esta Procuraduría, que la inmovilización o congelamiento administrativo, está
debidamente justificado, y se explica claramente el debido proceso a seguir en
la propia ley, pero, además, algo trascendental, que es el plazo en el que
procede.
También se
adiciona un párrafo, con relación a que el Ministerio Público podrá utilizar
los ROS como fuente de información de inteligencia, lo cual es consonante con
las convenciones internacionales que así catalogan dichos reportes. Se trata de
un tema que no es novedoso, ya que en el mismo sentido se encuentra regulado en
el artículo 63 de la Ley 8422. Por ello, se estima necesario garantizar que la
información generada en ROS no sea divulgada, por su carácter de inteligencia y
además se debe mantener en ese sentido en el artículo que se está modificando,
por un tema de coherencia normativa.
Con relación a la
reforma del artículo 69 bis de la Ley 7786, es importante apuntar, que,
la primera observación es que se le dio nombre al tipo penal, de financiamiento
al terrorismo, situación que no se realizó para los otros tipos penales de
dicha ley, sin embargo, es una cuestión de técnica legislativa, y
definitivamente beneficia y facilita el ejercicio de la acción penal por el
Ministerio Público, ya que se está dando un nombre al delito de dicho artículo.
Se advierte entonces, que es decisión legislativa, conforme a su
discrecionalidad, si se sigue la tradición de la norma de no ponerle nombre a
los delitos o si por el contrario sí se le da un nombre al tipo penal.
Sobre el fondo de
la reforma, se observa que la única adición, es agregar activos virtuales en el
país o el extranjero para facilitar el financiamiento al terrorismo.
Claramente, esta introducción en la norma, es absolutamente necesaria, de cara
a que, la evolución de los activos virtuales, impone la imperiosa necesidad de
considerarlos como moneda de pago, en el ilícito como el que nos ocupa. Sobre
este tema, también existen otros tipos penales, donde se ha insertado los
activos virtuales, como el delito de soborno transnacional, artículo 55 de la
Ley 8422. Lo anterior, evidencia que, por coherencia normativa, también es
necesaria la adición al delito del artículo 69 bis de dicha ley.
A mayor abundamiento, los mismos
estándares de GAFILAT, señalan en el estándar 1, la necesidad de regular las
nuevas tecnologías, en cuenta, los activos virtuales:
“15. Nuevas
tecnologías *
Los países
y las instituciones financieras deben identificar y evaluar los riesgos de
lavado de activos o financiamiento del terrorismo que pudieran surgir con
respecto a (a) el desarrollo de nuevos productos y nuevas prácticas
comerciales, incluyendo nuevos mecanismos de envío, y (b) el uso de nuevas
tecnologías o tecnologías en desarrollo para productos tanto nuevos como los
existentes. En el caso de las instituciones financieras, esta evaluación
del riesgo debe hacerse antes del lanzamiento de los nuevos productos,
prácticas comerciales o el uso de tecnologías nuevas o en desarrollo. Los
países y las instituciones financieras deben tomar medidas apropiadas para
administrar y mitigar esos riesgos.
Para
gestionar y mitigar los riesgos que surjan de los activos virtuales, los países deben garantizar que
los proveedores de servicios de activos virtuales estén regulados para propósitos
ALA/CFT, y tengan licencia o registro y estén sujetos a sistemas de monitorea
efectivo y asegurar el cumplimiento de las medidas relevantes requeridos en las
Recomendaciones del GAFI.”
Finalmente, la propuesta de reforma del artículo
72 de la Ley 7786, sustituye la frase “delito de tráfico ilícito…” por la
frase “actividad ilícita relacionada con el tráfico ilícito de estupefacientes
y sustancias psicotrópicas”. Esta sustitución, no es antojadiza, sino que
encuentra su necesidad en que el artículo 69 vigente de la Ley 7786, se
modificó la frase “sabiendo que estos se originan en un delito” y
en su lugar se incorporó la frase “sabiendo o previendo y aceptando como
posible que estos se originan, directa o indirectamente, en una actividad
delictiva, cometida por él o terceras personas”.
Resultado de lo anterior, es necesario
actualizar el texto del artículo 72 de comentario, para que encuentre sentido
con la nueva frase, que hace referencia a actividad delictiva.
Pese a lo expuesto, sí es necesario emplear
la misma terminología del artículo 69 vigente, en el entendido que se
recomienda a la Asamblea Legislativa, por una cuestión de coherencia, que se
utilice la frase “actividad delictiva” en lugar de “actividad ilícita”
como lo propone el texto del proyecto de ley.
Con relación al artículo 3 del proyecto
de ley, este propone adicionar dos artículos a la ley 7786:
Este encuentra su fundamento en dos
normativas de carácter internacional, tal y como fue explicado en la exposición
de motivos del proyecto de ley:
1. La Recomendación 12 del GAFI, que
explícitamente señala:
“12.
Personas expuestas políticamente *
Debe
exigirse a las instituciones financieras, con respecto a las personas expuestas
políticamente (PEP) extranjeras (ya sea un cliente o beneficiario final),
además de ejecutar medidas normales de debida diligencia del cliente, que:
a) cuenten con sistemas apropiados de
gestión de riesgo para determinar si el cliente o el beneficiario final es una
persona expuesta políticamente;
b) obtengan la aprobación de la alta
gerencia para establecer (o continuar, en el caso de los clientes existentes)
dichas relaciones comerciales;
c) tomen medidas razonables para establecer
la fuente de riqueza y la fuente de los fondos; y
d) lleven a cabo un monitoreo continuo
intensificado de la relación comercial.
Debe
exigirse a las instituciones financieras que tomen medidas razonables para
determinar si un cliente o beneficiario final es una PEP local o una persona
que tiene o a quien se le ha confiado una función prominente en una
organización internacional. En los casos de una relación comercial de mayor
riesgo con dichas personas, debe exigirse a las instituciones financieras que
apliquen las medidas a las que se hace referencia en los párrafos (b), (c) y
(d).
Los
requisitos para todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros
de la familia o asociados cercanos de dichas PEP.”
2. El Grupo de Trabajo, que monitorea el
cumplimiento e implementación de la Convención Antisoborno antes referida,
puntualmente recomendó a Costa Rica en su evaluación de Fase 2: “ampliar su
definición de PEPs para incluir a los socios cercanos y a los miembros de la
familia del PEPs, así como a los altos funcionarios de organizaciones
internacionales” traducción de cortesía, idioma oficial en inglés.
De lo expuesto, es claro e indispensable
cumplir tanto con la recomendación del GAFI como la del Grupo de Trabajo de
Cohecho, considerando que la definición de Persona Políticamente Expuesta
incluya a asociados cercanos, familiares del PEP y altos funcionarios de
organizaciones internacionales.
Ahora, la pregunta es ¿a cuáles
familiares, hasta qué línea de parentesco? El proyecto de ley, se basó en un
análisis de las relaciones a nivel costarricense, donde se tiene mayor cercanía
y contacto con familia de primer y segundo grado.
Cabe mencionar que, a la hora de plantear
la extensión, se tomó en cuenta regulaciones de legislación comparada y
regulación internacional, como por ejemplo las siguientes:
PERÚ:
La Ley 27.693
creó la Unidad de Inteligencia Financiera. El tema de Persona Expuesta
Políticamente y su regulación, está a cargo de la Superintendencia de Banca,
Seguros y AFP (SBS), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú
(UIF-Perú).
El marco
normativo clave se regula mediante Resolución SBS N° 4349-2016, que estableció
la lista original de funciones y cargos PEP. Dicha norma fue actualizada
posteriormente mediante la Resolución SBS N° 00199-2025 y, de forma más
determinante, la Resolución SBS N° 02868-2025, que modificaron
drásticamente el alcance del PEP, para dinamizar los controles de compliance.
Así, los PEP
en Perú son “Las personas expuestas políticamente (PEP) son personas
naturales, nacionales o extranjeras, que cumplen o que en los últimos dos (2)
años hayan cumplido funciones públicas destacadas, o funciones prominentes en
una organización internacional, sea en el territorio nacional o en el
extranjero, y cuyas circunstancias financieras puedan ser objeto de un interés
público. Asimismo, se considera como PEP al colaborador directo de la máxima
autoridad de la institución.”
Perú
actualmente tiene la siguiente lista de PEPs:
“Se
encuentran en la categoría de personas expuestas políticamente quienes cumplan
o hayan cumplido, de acuerdo con lo establecido en la presente norma, las
siguientes funciones y cargos, en el territorio nacional o en el extranjero:
a.
Presidentes, jefes de estado o cargos similares.
b.
Presidente del consejo de ministros, ministros, viceministros y secretarios
generales del Poder Ejecutivo.
c.
Gobernadores regionales y alcaldes o máxima autoridad de gobiernos regionales y
locales, vicegobernadores regionales, regidores y gerentes de gobiernos
regionales y locales.
d.
Congresistas, miembros del parlamento o cargos similares; miembros de la
oficialía mayor del Congreso o cargos similares.
e.
Presidente del Poder Judicial y presidente de la Corte Suprema de Justicia;
jueces supremos, jueces superiores, jueces especializados o mixtos, gerente
general, secretario general y cargo equivalente en el fuero militar.
f. Fiscal
de la Nación, fiscales supremos, fiscales adjuntos supremos, fiscales
superiores, fiscales provinciales; el gerente general y el secretario general
del Ministerio Público; así como cargos equivalentes en el fuero militar
(fiscales encargados de la justicia militar).
g.
Comandante General de la Marina de Guerra, Comandante General de la Fuerza
Aérea, Comandante General del Ejército y Director General de la Policía
Nacional, o cargos similares de las fuerzas armadas y de las fuerzas de
seguridad pública.
h. La máxima
autoridad, directores, miembros de órganos colegiados, secretarios generales y
jefes de gabinete de asesores de entidades públicas, organismos públicos
reguladores y/o supervisores especializados, ejecutores y organismos
constitucionalmente autónomos.9 4Anexo publicado el 19/08/2016.
j.
Embajadores.
k.
Funcionarios del órgano encargado de las contrataciones y adquisiciones, en el
marco de la normativa aplicable sobre contrataciones del Estado de todas las
entidades públicas. Asimismo, los titulares de las áreas de tesorería,
presupuesto, finanzas y logística del sector público.
l. La
máxima autoridad del organismo internacional en la ejecución de las políticas y
decisiones del directorio; y sus directores o cargos similares. Debe entenderse
por organizaciones internacionales a aquellas entidades establecidas mediante
acuerdos políticos oficiales entre los distintos Estados, los cuales tienen el
estatus de tratados internacionales, su existencia es reconocida por ley en sus
propios Estados y que dichas organizaciones se puedan diferenciar del país en
donde se encuentren radicadas.
m.
Fundadores, miembros de los órganos directivos, representantes legales,
contador y tesorero de los partidos políticos o alianzas electorales, así como
sus candidatos a cargos de elección popular.
3.
Asimismo, se consideran como PEP a los colaboradores directos de las personas
indicadas en el listado anterior, siempre que sean la máxima autoridad de la
institución a la que pertenecen, entendiendo por “colaboradores directos” a
aquellas personas que siguen a estas en la línea de mando y tienen capacidad de
decisión.“
Además, por Resolución
SBS 2660-2015, se aplica debida diligencia reforzada según artículo 32 a “e)
Personas expuestas políticamente (PEP). Las empresas también deben reforzar sus
procedimientos de conocimiento del cliente cuando uno de sus clientes se
convierta en un PEP, luego de haber iniciado relaciones comerciales. f)
Identificados como: i) parientes de PEP hasta el segundo grado de
consanguinidad y segundo de afinidad y ii) cónyuge o conviviente de PEP. g)
Personas jurídicas o entes jurídicos en las que un PEP tenga el 25% o más del
capital social, aporte o participación. h) Que tengan la calidad de socios,
accionistas, asociados o título equivalente, y los administradores de personas
jurídicas o entes jurídicos donde un PEP tenga el 25% o más del capital social,
aporte o participación.“
COLOMBIA:
La regulación en Colombia está articulada por el Gobierno
Nacional, pero su supervisión se divide según el sector económico mediante
sistemas de administración de riesgos, como el SARLAFT de la Superintendencia
Financiera y el SAGRILAFT de la Superintendencia de Sociedades.
El Decreto 830 de 2021, emitido por la Presidencia de
la República regula el régimen de las Personas Expuestas Políticamente. Este
decreto modificó el Decreto Único Reglamentario del Sector Presidencia (Decreto
1081 de 2015) para ampliar la lista de cargos e incluir criterios basados en
funciones específicas.
Colombia tiene un Registro Centralizado sobre el tema
de PEPs y es administrado por el Estado. El Departamento Administrativo de la
Función Pública (DAFP) consolida este registro a través del SIGEP (Sistema de
Información y Gestión del Empleo Público), permitiendo la consulta de los PEP.
Sobre la regulación específica de PEPs y quiénes lo
son, se tiene:
“"ARTICULO
2.1.4.2.3. Personas Expuestas Políticamente. Se considerarán como Personas
Expuestas Políticamente (PEP) los servidores públicos de cualquier sistema de
nomenclatura y clasificación de empleos de la administración pública nacional y
territorial, cuando tengan asignadas o delegadas funciones de: expedición de
normas o regulaciones, dirección general, formulación de políticas
institucionales y adopción de planes, programas y proyectos, manejo directo de
bienes, dineros o valores del Estado, administración de justicia o facultades
administrativo sancionatorias, y los particulares que tengan a su cargo la
dirección o manejo de recursos en los movimientos o partidos políticos. Estas
funciones podrán ser ejercidas a través de ordenación de gasto, contratación
pública, gerencia de proyectos de inversión, pagos, liquidaciones,
administración de bienes muebles e inmuebles. Se considerarán como Personas
Expuestas Políticamente (PEP), de manera enunciativa, las siguientes:
1.
Presidente de la República, Vicepresidente de la República, consejeros,
directores y subdirectores de departamento administrativo, ministros y
viceministros.
2.
Secretarios Generales, Tesoreros, Directores Financieros de (i) los
Ministerios, (ii) los Departamentos Administrativos, y (iii) las
Superintendencias o quien haga sus veces.
3.
Presidentes, Directores, Gerentes, Secretarios Generales, Tesoreros, Directores
Financieros de: (i) los Establecimientos Públicos, (ii) las Unidades
Administrativas Especiales, (iii) las Empresas Públicas de Servicios Públicos
Domiciliarios, (iv) las Empresas Sociales del Estado, (v) las Empresas
Industriales y Comerciales del Estado y (vi) las Sociedades de Economía Mixta.
4.
Superintendentes y Superintendentes Delegados.
5.
Generales de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Inspectores de la
Policía Nacional. Así como los Oficiales y Suboficiales facultados para ordenar
el gasto o comprometer recursos de las instituciones públicas.
6.
Gobernadores. Alcaldes, Diputados, Concejales, Tesoreros, Directores
Financieros y Secretarios Generales de: (i) gobernaciones, (ii) alcaldías,
(iii) concejos municipales y distritales, y (iv) asambleas departamentales.
Decreto 830 de 2021 2 EVA - Gestor NormativoDepartamento Administrativo de la
Función Pública
7.
Senadores, Representantes a la Cámara, Secretarios Generales, secretarios de
las comisiones constitucionales permanentes del Congreso de la República y
Directores Administrativos del Senado y de la Cámara de Representantes.
8. Gerente
y Codirectores del Banco de la República.
9.
Directores y ordenadores del gasto de las Corporaciones Autónomas Regionales.
10.
Comisionados Nacionales del Servicio Civil, Comisionados de la Comisión de
Regulación de Energía y Gas, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y
Saneamiento Básico y, de la Comisión de Regulación de Comunicaciones.
11.
Magistrados, Magistrados Auxiliares de Aitas Cortes y Tribunales, jueces de la
República, Fiscal General de la Nación, Vicefiscal General de la Nación,
Delegados y directores de la Fiscalía General de la Nación.
12.
Contralor General de la República, Vicecontralor General de la República,
Contralores Delegados, Contralores territoriales, Contador General de la
Nación, Procurador General de la Nación, Viceprocurador General de la Nación,
Procuradores Delegados, Defensor del Pueblo, Vicedefensor del Pueblo,
Defensores Delegados y Auditor General de la República.
13.
Tesoreros y ordenadores del gasto de la Altas Cortes y Tribunales, Fiscalía
General de la Nación, Contraloría General de la República, Procuraduría General
de la Nación, Defensoría del Pueblo, Contaduría General de la Nación y
Auditoria General de la República.
14.
Magistrados del Consejo Nacional Electoral, Registrador Nacional del Estado
Civil y Registradores Delegados.
15.
Notarios y Curadores Urbanos.
16.
Ordenadores del gasto de universidades públicas.
17.
Representantes legales, presidentes, directores y tesoreros de partidos y
movimientos políticos, y de otras formas de asociación política reconocidas por
la ley.
18. Los
fideicomitentes de patrimonios autónomos o fideicomisos que administren
recursos públicos.”
Sobre los PEPs también se incluye los requisitos para
todos los tipos de PEP deben aplicarse también a los miembros de la familia o
asociados cercanos de dichas PEP:
"ARTICULO
2.1.4.2.4. Obligación de las Personas Expuestas Políticamente y de las entidades.
Personas consideradas como Personas Expuestas Políticamente (PEP) informarán su
cargo, fecha de vinculación y fecha de desvinculación durante la debida
diligencia realizada en los procesos de vinculación, monitoreo y actualización
de los datos del cliente, a los sujetos obligados del artículo 2.1.4.2.2. Las
Personas Expuestas Políticamente deberán, además, declarar: (i) los nombres e
identificación de las personas con las que tengan sociedad conyugal, de hecho,
o de derecho; (ii) los nombres e identificación de sus familiares hasta segundo
grado de consanguinidad, primero afinidad y primero civil; (iii) la existencia
de cuentas financieras en algún país extranjero en caso de que tengan derecho o
poder de firma o de otra índole sobre alguna; y (iv) los nombres e
identificación de las personas jurídicas o naturales, patrimonios autónomos o
fiducias conforme lo dispuesto en el artículo 2.1.4.2.3. del presente Decreto.
"ARTICULO
2.1.4.2.9. Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. También se
considerarán como Personas Expuestas Políticamente (PEP) aquellas personas que
desempeñen funciones prominentes en otro país, las cuales se denominarán
Personas Expuestas Políticamente Extranjeras. Se entienden como Personas
Expuestas Políticamente Extranjeras: (i) jefes de Estado, jefes de Gobierno,
ministros, subsecretarios o secretarios de Estado; (ii) congresistas o
parlamentarios; (iii) miembros de tribunales supremos, tribunales
constitucionales u otras altas instancias judiciales cuyas decisiones no
admitan normalmente recurso, salvo en circunstancias excepcionales; (iv)
miembros de tribunales o de las juntas directivas de bancos centrales: (v)
embajadores, encargados de negocios altos funcionarios de las fuerzas armadas,
(vi) miembros de los órganos administrativos, de gestión o de supervisión de
empresas de propiedad estatal y (vii) representantes legales, directores,
subdirectores y/o miembros de las juntas directivas de organizaciones
internacionales. En ningún caso, dichas categorías comprenden funcionarios de
niveles intermedios o inferiores respecto a los mencionados en el inciso
anterior.
"ARTICULO
2.1.4.2.10. Asociados cercanos. Se entenderá por asociados cercanos a las
personas jurídicas que tengan como administradores, accionistas, controlantes o
gestores alguno de los PEP enlistados en el artículo 2.1.4.2.3., o que hayan
constituido patrimonios autónomos o f iducias en beneficio de éstos, o con
quienes se mantengan relaciones comerciales, a quienes se les aplicará la
debida diligencia de acuerdo con la normatividad vigente".
PORTUGAL:
El tema de PEPs en Portugal, está definido por La Ley
portuguesa 83/2017, de 18 de agosto de 2017 y fue actualizada por la Ley n.º
58/2020, de 31 de agosto de 2020, que transpuso la Quinta Directiva de la Unión
Europea, endureciendo los controles de transparencia y actualizando los
listados de funciones públicas prominentes.
Los cargos políticos que ostentan la
condición de PEP serán:
“cc)
«Pessoas politicamente expostas», as pessoas singulares que desempenham, ou desempenharam
nos últimos 12 meses, em qualquer país ou jurisdição, as seguintes funções
públicas proeminentes de nível superior:
i)
Chefes de Estado, chefes de Governo e membros do Governo, designadamente
ministros, secretários e subsecretários de Estado ou equiparados;
ii)
Deputados;
iii)
Juízes do Tribunal Constitucional, do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo
Tribunal Administrativo, do Tribunal de Contas, e membros de supremos
tribunais, tribunais constitucionais e de outros órgãos judiciais de alto nível
de outros estados e de organizações internacionais;
iv)
Representantes da República e membros dos órgãos de governo próprio de regiões
autónomas;
v)
Provedor de Justiça, Conselheiros de Estado, e membros da Comissão Nacional da
Proteção de Dados, do Conselho Superior da Magistratura, do Conselho Superior
dos Tribunais Administrativos e Fiscais, da Procuradoria--Geral da República,
do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Superior de Defesa
Nacional, do Conselho Económico e Social, e da Entidade Reguladora para a
Comunicação Social;
vi)
Chefes de missões diplomáticas e de postos consulares;
vii)
Oficiais Generais das Forças Armadas em efetividade de serviço;
viii)
Presidentes e vereadores com funções executivas de câmaras municipais;
ix)
Membros de órgãos de administração e fiscalização de bancos centrais, incluindo
o Banco Central Europeu;
x)
Membros de órgãos de administração e de fiscalização de institutos públicos,
fundações públicas, estabelecimentos públicos e entidades administrativas
independentes, qualquer que seja o modo da sua designação;
xi)
Membros de órgãos de administração e de fiscalização de entidades pertencentes
ao setor público empresarial, incluindo os setores empresarial, regional e
local;
xii)
Membros dos órgãos executivos de direção de partidos políticos de âmbito
nacional ou regional;
xiii)
Diretores, diretores -adjuntos e membros do conselho de administração ou pessoas
que exercem funções equivalentes numa organização internacional;
dd)
«Pessoas reconhecidas como estreitamente associadas»:
i)
Qualquer pessoa singular, conhecida como comproprietária, com pessoa
politicamente exposta, de uma pessoa coletiva ou de um centro de interesses
coletivos sem personalidade jurídica;
ii)
Qualquer pessoa singular que seja proprietária de capital social ou detentora
de direitos de voto de uma pessoa coletiva, ou de património de um centro de
interesses coletivos sem personalidade jurídica, conhecidos como tendo por
beneficiário efetivo pessoa politicamente exposta;
iii)
Qualquer pessoa singular, conhecida como tendo relações societárias, comerciais
ou profissionais com pessoa politicamente exposta;”
Traducción libre de Google Traductor:
“cc)
«Personas políticamente expuestas», las personas físicas que desempeñan, o han
desempeñado en los últimos 12 meses, en cualquier país o jurisdicción, las
siguientes funciones públicas prominentes de alto nivel:
i)
Jefes de Estado, jefes de Gobierno y miembros del Gobierno, concretamente
ministros, secretarios y subsecretarios de Estado o equivalentes;
ii)
Diputados;
iii)
Jueces del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo de Justicia, del
Tribunal Supremo Administrativo, del Tribunal de Cuentas, y miembros de
tribunales supremos, tribunales constitucionales y de otros órganos judiciales
de alto nivel de otros estados y de organizaciones internacionales;
iv)
Representantes de la República y miembros de los órganos de gobierno propio de
regiones autónomas;
v)
Defensor del Pueblo (Provedor de Justiça), Consejeros de Estado, y miembros de
la Comisión Nacional de Protección de Datos, del Consejo Superior de la
Magistratura, del Consejo Superior de los Tribunales Administrativos y
Fiscales, de la Fiscalía General de la República, del Consejo Superior del
Ministerio Público, del Consejo Superior de Defensa Nacional, del Consejo
Económico y Social, y de la Entidad Reguladora para la Comunicación Social;
vi)
Jefes de misiones diplomáticas y de oficinas consulares;
vii)
Oficiales Generales de las Fuerzas Armadas en servicio activo;
viii)
Presidentes y concejales con funciones ejecutivas de ayuntamientos (câmaras
municipais);
ix)
Miembros de órganos de administración y fiscalización de bancos centrales,
incluyendo el Banco Central Europeo;
x)
Miembros de órganos de administración y de fiscalización de institutos
públicos, fundaciones públicas, establecimientos públicos y entidades
administrativas independientes, cualquiera que sea la forma de su
designación;
xi)
Miembros de órganos de administración y de fiscalización de entidades
pertenecientes al sector público empresarial, incluyendo los sectores
empresarial, regional y local;
xii)
Miembros de los órganos ejecutivos de dirección de partidos políticos de ámbito
nacional o regional;
xiii)
Directores, directores adjuntos y miembros del consejo de administración o
personas que ejerzan funciones equivalentes en una organización
internacional;
dd)
«Personas reconocidas como estrechamente asociadas»:
i)
Cualquier persona física, conocida como copropietaria, junto con una persona
políticamente expuesta, de una persona jurídica o de un centro de intereses
colectivos sin personalidad jurídica;
ii)
Cualquier persona física que sea propietaria de capital social o titular de
derechos de voto de una persona jurídica, o de patrimonio de un centro de
intereses colectivos sin personalidad jurídica, conocidos por tener como
beneficiario real a una persona políticamente expuesta;
iii)
Cualquier persona física, conocida por tener relaciones societarias,
comerciales o profesionales con una persona políticamente expuesta;
También hay referencia exacta a la
familia, en el mismo artículo 2 de la ley de cita:
“w) «Membros
próximos da família»: i) Os ascendentes e descendentes diretos em linha reta de
pessoa politicamente exposta; ii) Os cônjuges ou unidos de facto de pessoa
politicamente exposta e das pessoas referidas na subalínea anterior;
Traducción de Google Traductor de
cortesía:
“w)
"Familiares cercanos": i) Ascendientes y descendientes directos en
línea directa de una persona políticamente expuesta; ii) Cónyuges o parejas de
una persona políticamente expuesta y de las personas a que se refiere el
subpárrafo anterior;”
Por lo anterior, se entiende que la
normativa de Portugal alcanza y aplica a los siguientes familiares del PEP: i)
El cónyuge o la pareja de hecho, ii) parientes y afines hasta el 2º grado, en
línea directa o colateral.
La definición de PEP también está
estrechamente vinculada a las relaciones comerciales del PEP. Por lo que, si se
comparte la titularidad de una persona jurídica con un PEP, así como derechos
de voto de una entidad social, o si se tiene una relación empresarial con un
PEP; entenderemos que estamos ante una persona estrechamente vinculada.
CHILE
En Chile, a través de la Circular 49 y la
62 Unidad de Análisis Financiero. También mediante Ley 19.913 en el título IV
establece que se considerarán como PEP a los chilenos o extranjeros que
desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas destacadas en un país, hasta
lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas.
Se incluye en esta categoría a:
Jefes de estado o de un gobierno,
políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas de
partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de
alta jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges,
sus parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales
con las que hayan celebrado un pacto de actuación conjunta mediante el cual
tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en
Chile. No obstante, la legislación chilena no contempla en su definición a las
PEP a quienes una organización internacional les ha confiado una función
destacada.
La normativa chilena extiende directamente
la condición de riesgo PEP a su círculo cercano:
·
Cónyuges o convivientes civiles.
·
Familiares por consanguinidad hasta el segundo grado:
Esto abarca a padres, hijos (primer grado), así como a hermanos, abuelos y
nietos (segundo grado).
·
Colaboradores cercanos y/o asociados: Personas
naturales con las que el PEP haya celebrado un pacto de actuación conjunta
mediante el cual tengan poder de voto suficiente para influir en sociedades
constituidas en Chile.
PARAGUAY
El artículo 1 de la resolución SEPRELAD 50/2019
de Paraguay, identifica como una PEP a toda persona, nacional o extranjera, que
desempeña o ha desempeñado funciones públicas en algunos de los cargos
detallados en el Art. 2 (Cargos que deben ser tenidos en cuenta para ser
considerado como una PEP Extranjero), Art. 3 (Personas que ocupan cargos
prominentes en organismos internacionales) y Art. 4 (Cargos que deben ser
tenidos en cuenta para ser considerado como un PEP Nacional).
También, sobre la aplicación a la familia,
se regula que que también se entenderá por PEP (extranjero o nacional) a
i) los parientes de la PEP, en línea
ascendente, descendente, colateral, hasta el segundo grado de consanguinidad o
afinidad;
ii) las personas jurídicas, entes o
estructuras jurídicas en las que una PEP tenga cuanto menos el diez por ciento
(10%) o más del capital social, aporte o participación, y;
iii) las personas físicas que tengan la
calidad de socios, accionistas, asociados o título equivalente, y los
administradores de personas jurídicas o entes jurídicos donde una PEP tenga el
diez por ciento (10%) o más del capital social, aporte o participación.
Las Recomendaciones GAFI actualizadas a
nov 2023 señalan sobre el tema:
“Politically Exposed Persons (PEPs)
Foreign PEPs are individuals who are or have been
entrusted with prominent public functions by a foreign country, for example
Heads of State or of government, senior politicians, senior government,
judicial or military officials, senior executives of state owned corporations,
important political party officials.
Domestic PEPs are individuals who are or have been entrusted
domestically with prominent public functions, for example Heads of State or of
government, senior politicians, senior government, judicial or military
officials, senior executives of state owned corporations, important political
party officials. Persons who are or have been entrusted with a prominent
function by an international organisation refers to members of senior
management, i.e. directors, deputy directors and members of the board or
equivalent functions.
The definition of PEPs is not intended to cover middle
ranking or more junior individuals in the foregoing categories.”
Esto traducido de manera libre, es:
Personas
políticamente expuestas (PEP)
Las PEP
extranjeras son personas a quienes un país extranjero les ha confiado o han
confiado funciones públicas destacadas, por ejemplo, Jefes de Estado o de
gobierno, altos políticos, altos funcionarios gubernamentales, judiciales o
militares, altos ejecutivos de empresas estatales. corporaciones, importantes
funcionarios de partidos políticos. Las PEP nacionales son personas a las que
se les han confiado funciones públicas destacadas en el país, por ejemplo,
jefes de Estado o de gobierno, políticos de alto nivel, funcionarios gubernamentales,
judiciales o militares de alto nivel, altos ejecutivos de corporaciones de
propiedad estatal, funcionarios importantes de partidos políticos. Las personas
a quienes una organización internacional les ha confiado o han confiado una
función destacada se refieren a los miembros de la alta dirección, es decir,
directores, subdirectores y miembros del consejo de administración o funciones
equivalentes.
La
definición de PEP no pretende abarcar a personas de rango medio o más jóvenes
en las categorías anteriores.
ONU:
La Organización de Naciones Unidas, ha
señalado sobre el tema PEPs:
“Intensificación
del escrutinio de cuentas cuyos titulares sean “personas políticamente expuestas”
Además de las medidas adoptadas en virtud de los epígrafes II.1 y II.2 supra,
los Estados parte intensificarán su escrutinio a fin de detectar operaciones
sospechosas de toda cuenta solicitada o mantenida por o a nombre de personas
que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas prominentes y de sus
familiares y estrechos colaboradores (calificados de personas políticamente
expuestas). Cuando impartan sus directrices en relación con estas personas,
como requiere el artículo, los Estados parte deberán tener en cuenta diversas
cuestiones. En primer lugar, los Estados
parte han de definir claramente qué es una persona políticamente expuesta.
Habida cuenta de los requisitos de los párrafos 5 y 6 y de que se espera que
los Estados parte adopten una aptitud activa y brinden el más amplio apoyo a
otros Estados parte, los Estados podrán considerar la posibilidad de incluir
en la definición no sólo a figuras políticas nacionales sino también a figuras
políticas extranjeras, así como a sus familiares y estrechos colaboradores.
Si bien la inclusión de los familiares no suele ser un problema -la decisión
puede basarse en el grado de parentesco y en las relaciones matrimoniales-
determinar quiénes son “estrechos colaboradores” puede ser más complicado. La
solución depende por lo general del grado de información de que disponen los
supervisores en los Estados de que se trate. Por ejemplo, si los reguladores
pueden acceder con facilidad al registro de bienes inmuebles, vehículos y
sociedades, las directrices pueden exigir que se considere colaboradores a
quienes compartan activos registrados o formen parte de alianzas u otro tipo de
asociaciones comerciales. En otras jurisdicciones, las directrices pueden tener
en cuenta “información pública” y obligar a verificar periódicamente en los
medios la existencia de posibles “estrechos colaboradores”. En segundo lugar, los Estados parte deben
aplicar el concepto de “intensificación del escrutinio”. En los últimos años,
muchas jurisdicciones han comenzado a exigir a sus instituciones financieras
que establezcan un “perfil de cliente”, a fin de determinar las operaciones que
no correspondan al perfil establecido, lo que puede dar lugar a sospechas que
deberán notificarse a las 213 autoridades. La adopción de un enfoque basado en
el perfil de cliente exige que las instituciones financieras comprendan el
origen de la riqueza, los productos financieros que se prevé utilizar, la pauta
y las cantidades de fondos que se prevé entren y salgan de las cuentas y el
rendimiento del negocio en el contexto de un determinado mercado. Otros Estados
han solicitado a sus instituciones financieras que establezcan las medidas
adecuadas que hay que tomar al establecer una relación con personas
políticamente expuestas, incluidos los siguientes requisitos mínimos:
• un proceso de solicitud normalizado que
distinga a las posibles personas políticamente expuestas de otros solicitantes
del extranjero;
•
si el cliente o el beneficiario final es una persona políticamente expuesta, la
identificación del origen de la riqueza comprobando las fuentes de ingresos
verificables y los motivos plausibles para abrir una cuenta en esa
jurisdicción, y la supervisión de las sumas recibidas, por ejemplo, de
organismos públicos o firmas comerciales con sede en otras jurisdicciones; • aunque esta investigación no revele ninguna
irregularidad y se establezca una relación, el banco podrá establecer
procedimientos ordinarios de debida diligencia respecto de ese cliente y de sus
operaciones;
•
cuando el proceso de supervisión revele a alguna irregularidad, se notificará
inmediatamente a las autoridades;
•
el personal directivo de la institución financiera revisará periódicamente
todas las relaciones con personas políticamente expuestas que sean clientes;
•
se realizarán exámenes periódicos de las cuentas existentes, teniendo en cuenta
la posibilidad de que un antiguo cliente haya pasado a ser una persona
políticamente expuesta después de comenzar su relación con el banco. (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.unodc.org/lpomex/uploads/documents/Publicaciones/Corrupcion/Guia_tecnica_corrupcion.pdf)
Como nota al margen del proyecto
consultado, pero relacionado con él, conoce esta Procuraduría de la opinión
jurídica PGR-OJ-090-2025, de 05 de junio de 2025. El cual, refería al proyecto
de ley n° 22.837, el cual se comparte. Sin embargo, es necesario apuntar, que
precisamente el tema de PEPs fue retirado de dicho proyecto, para ser
trasladado al presente n° 25.208. Manteniéndose el proyecto 22.837 únicamente
con temas relacionados a la regulación de proveedores de activos virtuales.
Además, dicho proyecto de ley al día de hoy se encuentra archivado. Por ello,
el tema no se ha dejado de considerar, y la conclusión vertida en esa opinión
jurídica, se mantiene por la trascendencia de regular el tema, pero no, por la
exclusión del mismo del proyecto de ley 22.837, ya que fue incorporado en el
presente proyecto de ley.
Efectivamente, se estima que, la redacción
del artículo de PEPs, es acorde con los requerimientos internacionales de GAFI,
ONU y OCDE.
Finalmente, el proyecto de ley introduce
un nuevo tipo penal a la Ley 7786, el delito de Sanción al
financiamiento de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, artículo 69 ter
propuesto.
Sobre este delito, es menester señalar
que, es una obligación incumplida por largo tiempo por el país, ya que está
previsto desde la última ronda de evaluación en 2015 y sus seguimientos, que se
sancione como ilícito penal dicha conducta.
La construcción del tipo penal, tiene una
conformación que permite encontrar una pena que, a pesar de que en su extremo
mayor es alta, lo cierto del caso es que su extremo menor es bajo, a pesar de
que, en comparación con otras penas previstas por la misma ley, la pena es
similar. Lo anterior se apunta, porque, el financiar un arma de destrucción
masiva, tiene un efecto muchísimo más devastador que financiar el terrorismo,
dado el alcance que podría tener un arma de destrucción masiva, ello evidencia
un tema de desproporcionalidad, de cara a la gravedad de la conducta. Por ello,
a pesar de ser un tema de discrecionalidad legislativa, se estima que el
extremo inferior de la pena debe ser equiparable a otras conductas como la
legitimación de capitales (de 8 a 20 años de prisión), y debe ser incrementada.
Los verbos utilizados para la construcción
del tipo penal, son los mismos identificados convencionalmente (40
Recomendaciones de GAFI y otros). Además, guardan la misma redacción que el
delito de financiamiento al terrorismo (art 69 bis de la Ley 7786), como se
indica: “recolecte,
oculte, provea, promueva, facilite o de cualquiera otra forma coopere con la
recolección o la entrega de los fondos, productos financieros, recursos o
instrumentos, u otros activos, medios o servicios de cualquier clase…”.
Sí se hace la observación, que tal como se propone en
el artículo 2, con relación al artículo 69 bis, que se introduzca la frase “incluyendo
los activos virtuales en el país o en el extranjero”, la misma también sea
introducida en este tipo penal, para efectos de coherencia normativa y que el
tipo penal responda a situaciones actuales.
Como explicó líneas atrás, en la opinión
jurídica PGR-OJ-090-2025, de 05 de junio de 2025, se hizo ver la necesidad de
que mantener en el proyecto de ley n° 22.837, dos reformas que se excluyeron en
el texto sustitutivo que se consultó, referentes a la adición del artículo 69
ter y la segunda con una modificación al artículo 69 bis y la necesidad de que
se considere volver a integrar dichas reformas en el proyecto de ley. Tal y
como se indicó hace pocas líneas, es necesario apuntar, que dichos contenidos
fueron retirados del proyecto de ley n° 22.837 y su texto sustitutivo, para ser
trasladado al presente n° 25.208. Manteniéndose el proyecto n°22.837 únicamente
con temas relacionados a la regulación de proveedores de activos virtuales,
apuntando que el mismo hoy se encuentra archivado. Por ello, el tema no se ha
dejado de considerar y la conclusión vertida en esa opinión jurídica, se mantiene
por la consecuencia de tipificar el tema, pero no, por la exclusión del mismo
del proyecto de ley 22.837, ya que fue establecido en el actual proyecto de
ley.
El capítulo de transitorios, en su
transitorio único, es necesario, de cara a que CONASIFF y SUGEF puedan tener tiempo y presupuesto
suficiente para adecuar la CICAC según las modificaciones propuestas en el
proyecto de ley de cita, por ello, se estima adecuado el plazo, conforme al
ciclo presupuestario que tiene el país.
IV. CONCLUSIÓN
De esta manera,
damos respuesta a la solicitud formulada por el Área Legislativa VII, mediante
el oficio número AL-CPESEG-0288-2025.
Esperamos que las consideraciones expuestas contribuyan con la labor de
análisis a cargo de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y
Narcotráfico. Su aprobación o rechazo es un asunto de política
legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República.
Se deja así evacuada
su consulta en términos no vinculantes.
De Usted,
atentamente,
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MSc.
Armando López Baltodano
Procurador
Director de la Ética Pública
ALB/ARB/mcq