Nº 43808-H

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

Y EL MINISTRO DE HACIENDA

En ejercicio de las facultades que les confieren los artículos 140, incisos 3) y 18) y 146 de la Constitución Política, y los artículos 25, inciso 1), 27, inciso 1) y 28, inciso 2), acápite b) de la Ley Nº6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978 y sus reformas.

CONSIDERANDO:

I. Que por la Ley Nº 9986 de 27 de mayo de 2021, publicada en el Alcance 109 del Diario Oficial La Gaceta N°103 del 31 de mayo de 2021, se promulgó la Ley General de Contratación Pública, vigente a partir del 1° de diciembre del 2022.

II. Que la nueva normativa incorpora disposiciones para un actuar ético, íntegro y probo de todos los actores vinculados en el procedimiento de contratación pública y regula aspectos de la compra pública estratégica, rectoría y la contratación mediante el sistema digital unificado, entre otros aspectos, lo cual tiene como norte una contratación pública más ágil, eficiente, transparente y oportuna que responda a las necesidades públicas e interés público, mediante el ahorro y uso razonable de los recursos públicos, en atención al principio del valor por el dinero.

III. Que la Ley General de Contratación Pública procura la elaboración de pliegos de condiciones claros, precisos y transparentes que aseguren una igualitaria participación de los potenciales interesados, así como la obtención de bienes, obras o servicios de calidad y una correcta y oportuna ejecución del contrato, a fin de satisfacer el interés público.

IV. Que la Ley General de Contratación Pública parte de una concepción de que el Estado, como el mayor comprador del mercado costarricense, puede utilizar los procedimientos de compras públicas, como un mecanismo para asegurar economías de escala, así como para conseguir una mejor distribución de la riqueza como lo ordena el artículo 50 de nuestra Carta Magna, a través de los mecanismos de la compra pública estratégica, instrumentados mediante el Plan Nacional de Compra Pública que deberá emitir la Autoridad de Contratación Pública.

V. Que la Ley General de Contratación Pública busca como uno de sus objetivos fundamentales reunificar el sistema de compras públicas y simplificarlo, mediante la utilización de procedimientos realizados en un único sistema digital, aplicable a toda la Administración Central y Descentralizada, bajo la rectoría de la Autoridad de Contratación Pública, con el objetivo de conseguir vincular la planificación, la presupuestación y la oportuna promoción de los procedimientos de compra, para dar satisfacción adecuada y de calidad a las necesidades públicas.

VI. Que para conseguir los objetivos propuestos con la Ley General de Contratación Pública, es imprescindible conseguir la profesionalización de los funcionarios encargados de las áreas de compras y mantener una constante actualización y mejora en su capacitación.

VII. Que conforme al artículo 136 de la Ley General de Contratación Pública, el Poder Ejecutivo debe reglamentar dicha Ley con el propósito de permitir el cumplimiento de sus objetivos y su adecuada ejecución.

VIII. Que el anteproyecto del presente Decreto fue divulgado para consulta pública en el Diario Oficial La Gaceta N°67, Alcance N°70, de fecha 07 de abril de 2022, de conformidad con lo establecido en el artículo 361 inciso 2) de la Ley General de la Administración Pública, lo que enriqueció su contenido.

IX. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 12 y 12 bis- del Decreto Ejecutivo N°37045- MP-MEIC, de fecha 22 de febrero de 2012, denominado Reglamento a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos y sus reformas, esta regulación cumple con los principios de mejora regulatoria, de acuerdo al informe DMR-DAR-INF-103- 2022, de fecha 08 de setiembre de 2022 emitido por la Dirección de Mejora Regulatoria del Ministerio de Economía, Industria y Comercio.

Por tanto,

Decretan:

REGLAMENTO A LA LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

TÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

GENERALIDADES Y PRINCIPIOS

SECCIÓN I

ASPECTOS GENERALES

Artículo 1. Ámbito de aplicación. El ámbito de aplicación de este Reglamento está regulado en el artículo 1 de la Ley N º 9986, denominada Ley General de Contratación Pública.

Cuando los sujetos privados que administran o custodian fondos públicos, o sean receptores de beneficios patrimoniales gratuitos o sin contraprestación alguna provenientes de la Hacienda Pública, realicen contrataciones que no superen el 50% del límite inferior del umbral para la licitación menor del régimen ordinario, deberán cumplir con el régimen de prohibiciones, los principios constitucionales y legales de la contratación pública y los lineamientos establecidos por la Autoridad de Contratación Pública, pudiendo instrumentalizarlos mediante procedimientos internos. Caso contrario, cuando se supere el porcentaje indicado, deben aplicar la Ley General de Contratación Pública.

En el caso de los entes públicos no estatales a los que no les aplique la Ley General de Contratación Pública, deberán instrumentar sus procedimientos de adquisiciones conforme a los principios de contratación pública definidos en la Ley General de Contratación Pública y apoyados en los lineamientos que al respecto emita la Autoridad de Contratación Pública.

Al momento en que se publiquen los umbrales de contratación por parte de la Contraloría General de la República, se deberá especificar el monto actualizado que servirá de referencia para que los sujetos privados apliquen la Ley General de Contratación Pública.

(Así reformado por el artículo 1° del decreto ejecutivo N° 45782 del 8 de abril de 2026)