N° 10881
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA
DE COSTA RICA
DECRETA:
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE
CONTROL INTERNO, EL CÓDIGO MUNICIPAL Y
LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE
LA REPÚBLICA,
PARA FORTALECER LA NATURALEZA DE LAS
AUDITORÍAS INTERNAS Y SU RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN ACTIVA
ARTÍCULO 1- Se reforman los
artículos 5, los incisos b) y f) del artículo 22, los artículos 25, 30, el
inciso a) del 34, el 35, el inciso a) del 36 y el 37 de la Ley 8292, Ley
General de Control Interno, de 31 de julio de 2002. Los textos son los
siguientes:
Artículo 5- Congreso
Nacional de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública. La Contraloría
General de la República convocará, al menos una vez al año, a un Congreso Nacional
de Gestión y Fiscalización de la Hacienda Pública, en la modalidad virtual o
presencial, con la participación de los auditores y subauditores
internos del sector público, de los encargados del control interno y de los
demás funcionarios o especialistas que se estime pertinente, con el objeto de
mantener actualizados el sistema y los procesos de fiscalización y de control,
fortalecer las competencias y habilidades del personal de las auditorías,
propiciar mejoras en los procesos de fiscalización y control, revisar
procedimientos y normas de control interno, presentar propuestas que tiendan a
mejorar o agilizar la gestión sustantiva en el sector público y discutir
cualquier tema de interés relativo a los fines de esta ley, lo cual será
considerado por la Contraloría General de la República y los entes u órganos
sujetos a su fiscalización a efectos de sus competencias, responsabilidades y
obligaciones establecidas en los artículos 3, 7 y 10 de esta ley.
El objeto del congreso
deberá contemplar marcos de referencia internacional para la implementación,
gestión y control de un adecuado sistema de control interno.
La participación al congreso
es de carácter obligatorio y corresponde a la Contraloría General de la
República incorporar un informe de los resultados obtenidos del congreso,
dentro de su informe de rendición de cuentas anual.
El Ministerio de Hacienda
transferirá los recursos que el órgano de fiscalización superior le solicite
para realizar esta actividad, procurando un balance entre lo que el órgano
fiscalizador solicite y la situación fiscal nacional posibilite, de acuerdo con
la normativa fiscal vigente.
Artículo 22- Competencias.
Compete a la auditoría interna, primordialmente, lo siguiente:
(...)
b) Verificar el
cumplimiento, la validez, la suficiencia y la madurez del sistema de control
interno de su competencia institucional, informar de ello y proponer las
medidas correctivas que sean pertinentes, a través de sus servicios preventivos.
(…)
f) Preparar los planes de
trabajo de conformidad con el artículo 36 de esta ley y los lineamientos que
establece la Contraloría General de la República. Estos planes deben
incorporarlos aspectos sujetos a control por parte de la auditoría interna,
determinados con base en criterios técnicos y legales, así como el seguimiento
y la evaluación de las recomendaciones derivadas de
las
auditorías externas y los estudios especializados externos que la
Administración haya contratado, en atención a las sanas prácticas y normativa
vigente. La auditoría interna deberá verificar la implementación efectiva de
dichas recomendaciones e incorporar sus resultados en sus informes de
seguimiento. El plan de trabajo deberá estar disponible para consulta pública,
en la forma y los términos que al efecto disponga la Contraloría General de la
República.
(...)
Artículo 25- Independencia
funcional y de criterio. El auditor interno, el subauditor
interno y los funcionarios de la Auditoría Interna ejercerán sus atribuciones
con total independencia funcional y de criterio respecto del jerarca, de los
demás órganos de la administración activa y de los funcionarios del ente u
órgano sujetos a esta ley; tal independencia no los exime de cumplir las normas
de conducta y de orden del ente y órgano para el que laboran, siempre que tales
normas no afecten negativamente la actividad de la Auditoría Interna.
Sin menoscabo de la
independencia funcional y de criterio de la Auditoría Interna, le corresponde
al jerarca del ente u órgano evaluar periódicamente el desempeño del auditor,
el subauditor y los funcionarios de la Auditoría, en
cuanto al cumplimiento de sus deberes y funciones.
Artículo 30- Jornada
laboral. La jornada laboral del auditor, el subauditor
interno y los funcionarios de la Auditoría será de tiempo completo y deberá
ajustarse al horario laboral del ente u órgano para el que labora. En casos muy
calificados, el jerarca podrá solicitar, a la Contraloría General de la
República, una reducción de la jornada, la cual no podrá ser inferior a medio
tiempo.
Las municipalidades cuyo
presupuesto ordinario sea igual o inferior a doscientos millones de colones
(¢200 000 000,00), podrán contratar, sin la autorización de la Contraloría
General de la República, al auditor y al subauditor
internos únicamente por medio tiempo.
Para reducir la jornada
laboral de la plaza del auditor o del subauditor
internos, el jerarca ordenará un estudio técnico, que deberá presentarse a la
Contraloría General de la República, la que resolverá en definitiva lo que
proceda.
Cualquier modificación en el
horario laboral o la concesión de permisos deberá estar suficientemente
motivada y justificada, además, se deberá informar al jerarca de la
institución, para su visto bueno.
Artículo 34- Prohibiciones.
El auditor interno, el subauditor interno y los demás
funcionarios de la Auditoría Interna tendrán las siguientes prohibiciones:
a) Realizar funciones y
actuaciones de administración activa; con excepción única de las potestades
administrativas otorgadas expresamente en el artículo 24 de esta ley.
(...).
Artículo 35.- Materias
sujetas a informes de auditoría interna. Los informes de auditoría interna
deben versar sobre diversos asuntos de su competencia, así como sobre asuntos
de los que pueden derivarse posibles responsabilidades, civiles y penales, para
funcionarios, exfuncionarios de la institución y terceros.
Los servicios preventivos
comprenden la asesoría, los criterios, las opiniones, las advertencias, las
observaciones, por lo que cuando de un estudio se deriven hallazgos,
conclusiones y
recomendaciones
sobre asuntos de responsabilidad y otras materias, la Auditoría Interna deberá
comunicarlas, en informes independientes para cada materia, al jerarca o a los
titulares subordinados de la administración activa, con competencia y autoridad
para ordenar la implantación de las respectivas recomendaciones.
Estos servicios, dada su
naturaleza preventiva y oportuna, se brindarán independientemente de su
inclusión en el Plan de Trabajo Anual, siempre que versen sobre asuntos de su
competencia y se deberán fundamentar y justificar en criterios técnicos y
jurídicos pertinentes, preservando la independencia y objetividad necesarias
para el ejercicio posterior de las demás competencias de la Auditoría Interna.
Los informes deberán señalar las posibles responsabilidades civiles y penales
de la conducta administrativa que les dio origen.
La comunicación oficial de
resultados de un informe de auditoría se regirá por las directrices emitidas
por la Contraloría General de la República.
Artículo 36.- Informes
dirigidos a los titulares subordinados. Las recomendaciones incluidas en los
informes o estudios especiales de la Auditoría Interna deberán especificar su
relación con los objetivos del Plan de Trabajo, sobre asuntos que deriven en
posibles responsabilidades o con las medidas de control interno establecidas en
la LCGI.
Cuando los informes de
auditoría contengan recomendaciones dirigidas a los titulares subordinados, se
procederá de la siguiente manera:
a) El titular subordinado,
en un plazo improrrogable de diez días hábiles contado a partir de la fecha de
recibido el informe, podrá ordenar la implantación de las recomendaciones. Si
discrepa de ellas, en el transcurso de dicho plazo elevará el informe de
auditoría al jerarca, con copia a la Auditoría Interna, expondrá por escrito
las razones por las cuales objeta las recomendaciones del informe y propondrá
soluciones alternas para los hallazgos detectados.
(...).
Artículo 37- Informes y
servicios preventivos dirigidos al jerarca. Las recomendaciones incluidas en
los informes de la Auditoría Interna deberán estar vinculados con los objetivos
del Plan de Trabajo y con las medidas de control interno establecidas en la Ley
General de Control Interno; asimismo, deberán acompañarse de las posibles
responsabilidades administrativas, civiles y penales de la conducta
administrativa que dio origen a tales recomendaciones.
Los criterios, las
opiniones, las advertencias u observaciones que emita la Auditoría Interna, que
coadyuven a la toma de decisiones de la administración activa de la que son
parte, tienen carácter vinculante y deberán estar relacionados con asuntos
estrictamente de su competencia, sin que menoscabe o comprometa la
independencia y objetividad en el desarrollo posterior de sus demás
competencias, por lo que la Auditoría deberá fundamentar y justificar estos
servicios preventivos en normas técnicas y jurídicas que le sean aplicables.
El informe de Auditoría
dirigido al jerarca tendrá carácter vinculante y sugerirá al titular
subordinado correspondiente la aplicación de las recomendaciones, en un plazo
improrrogable de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de recibido
el informe. Si existe alguna duda razonable para la toma de una decisión, la
administración deberá someter el asunto a consideración de instancias internas
o externas atinentes que brinden orientación sobre la materia. Si finalmente
discrepa de las recomendaciones sugeridas en los informes o en los servicios
preventivos de la Auditoría Interna, deberá ordenar las soluciones alternas que
motivadamente disponga dentro de un plazo adicional de ocho días hábiles. Todo
ello tendrá que comunicarlo debidamente a la Auditoría Interna y al titular
subordinado correspondiente.