ARTICULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán:

1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza,

contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional

o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la

constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente

deberán consultar ante la jurisdicción constitucional.

Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a

los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional.

2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones

contrarias a cualquier otra norma de rango superior.

3.- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los

asuntos que están llamados a fallar o conocer.

Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al

funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del

Ministerio Público.

4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o

aquella otra designación al realizar nombramientos

administrativos o judiciales. Se sancionará con suspensión a

quien se compruebe ha violado esta prohibición.

Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son aplicables

a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones.

(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización

Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)