ARTÍCULO 5.- Principios generales
Los
siguientes principios generales fundamentan la gestión integral de residuos:
a) Responsabilidad
compartida: la gestión integral de los residuos es una
corresponsabilidad social, requiere la participación conjunta, coordinada y
diferenciada de todos los productores, importadores, distribuidores,
consumidores, gestores de residuos, tanto públicos como privados.
b) Responsabilidad
extendida del productor: los productores o importadores tienen la
responsabilidad del producto durante todo el ciclo de vida de este, incluyendo
las fases posindustrial y posconsumo. Para efectos de esta Ley, este principio
se aplicará únicamente a los residuos de manejo especial.
c) Internalización
de costos: es responsabilidad del generador de los residuos el manejo
integral y sostenible de estos, así como asumir los costos que esto implica en
proporción a la cantidad y calidad de los
residuos que genera.
d) Prevención en la
fuente: la generación
de residuos debe ser prevenida
prioritariamente en la fuente y en cualquier actividad.
e) Precautorio:
cuando exista peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza
científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción
de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del
ambiente o la salud.
f) Acceso a la
información: todas las personas tienen derecho a acceder la
información que tengan las instituciones públicas y las municipalidades sobre
la gestión de residuos.
g) Deber de informar: las
autoridades competentes y las municipalidades tienen la obligación de informar
a la población por medios idóneos sobre los riesgos e impactos a la salud y al
ambiente asociados a la gestión integral de residuos. Asimismo, los generadores y gestores estarán
obligados a informar a las autoridades públicas sobre los riesgos e impactos a
la salud y al ambiente asociados a estos.
h) Participación
ciudadana: el Estado, las municipalidades y las demás instituciones
públicas tienen el deber de garantizar y fomentar el derecho de todas las
personas que habitan la República a participar en forma activa, consciente,
informada y organizada en la toma de decisiones y acciones tendientes a
proteger y mejorar el ambiente.