SECCION PRIMERA

Planificación Nacional

CAPITULO PRIMERO

Plan Nacional de Desarrollo Urbano

Artículo 2º.- Las funciones que requiere la Planificación Urbana,

nacional o regional, serán cumplidas por la Oficina de Planificación y el

Instituto, a fin de promover:

a) La expansión ordenada de las centros urbanos;

b) El equilibrio satisfactorio entre el desenvolvimiento urbano y el

rural, por medio de una adecuada distribución de la población y de las

actividades económicas;

c) El desarrollo eficiente de las áreas urbanas, con el objeto de

contribuir al mejor uso de los recursos naturales y humanos; y

d) La orientada inversión en mejoras públicas.

Artículo 3º.- Conforme a los objetivos antes indicados, el Instituto

preparará, revisará y mantendrá al día un Plan Nacional de Desarrollo

Urbano, en que estén representados los elementos necesarios,

especialmente:

a) La política de desarrollo que tienda a cumplir las principales

finalidades, requerimientos y recomendaciones, sobre el crecimiento y

desarrollo de las áreas urbanas;

b) El factor de población, con las proyecciones de su crecimiento y

distribución, a nivel nacional, regional y urbano, incluyendo normas

recomendables sobre densidad;

c) El uso de la tierra con planes sobre la extensión y forma de

aprovechamiento de las porciones requeridas para el crecimiento urbano;

d) El desarrollo industrial, con indicación de los sitios apropiados

para efectuarlos en las áreas urbanas;

e) La vivienda y la renovación urbana, con exposición de las

necesidades, metas y programas para una y otra línea de operación;

f) Los servicios públicos, para analizar y ubicar en forma general los

proyectos sobre transportes, comunicaciones, electrificación,

abastecimiento de agua, drenajes pluviales y sanitarios, instalaciones

educativas y asistenciales, y todos los demás que por su función, tamaño,

extensión, situación legal u otra causa, deban incluirse dentro del

referido Plan; y

g) La recreación física y cultural, que propicie la conservación y el

disfrute racional de los recursos naturales, de las reservas forestales,

de las vida silvestre y de los lugares escénicos y sitios o edificios de

interés histórico o arqueológico.

Artículo 4º.- Compete a la Junta Directiva del Instituto proponer el

Plan Nacional de Desarrollo Urbano al Poder Ejecutivo, el cual previas

las modificaciones que estime necesarias, lo aprobará y remitirá a las

municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas que juzgue

conveniente. Igual procedimiento se observará respecto a la adopción de

partes, adiciones o enmiendas que se le hagan.

Artículo 5º.- En asocio de la Oficina de Planificación, el Instituto

se encargará de renovar periódicamente el Plan Nacional de Desarrollo

Urbano, y presentará al Poder Ejecutivo, en el primer bimestre de cada

año, un informe sobre el estado de aplicación del Plan, copia del cual

pasará dicho poder a la Asamblea Legislativa durante el mes de mayo

inmediato siguiente.

Dicho Plan será debidamente divulgado y el Instituto lo presentará

directamente a las municipalidades.

Artículo 6º.- Las recomendaciones del Plan Nacional servirán para

orientar a la Asamblea Legislativa y a todos los organismo rectores de la

Administración Pública, nacionales o locales, respecto a la realización y

prioridad de aquellos proyectos de su incumbencia que, como los de obras

o mejoras, trascienden al desarrollo físico.

CAPITULO SEGUNDO

Dirección de Urbanismo

Artículo 7º.- Créase la Dirección de Urbanismo, adscrita al

Departamento de Urbanismo del Instituto, encargada de:

1) Elaborar el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, revisarlo para

mantenerlo al día e informar sobre su estado de aplicación;

2) Promover la coordinación de los proyectos públicos y privados que

por su función, magnitud, extensión o cualquier otro motivo, interesen a

la vigencia del mismo Plan;

3) Asesorar y prestar asistencia a las municipalidades y a los demás

organismos públicos dedicados a la planificación, en todo cuanto convenga

al establecimiento o fomento de esa disciplina; y

4) Ejercer vigilancia y autoridad para el debido cumplimiento de las

normas de interés nacional comprendidas en esta ley y en los reglamento

de desarrollo urbano.

Artículo 8º.- Deberá esa Dirección, en asocio necesario de la

Oficina de Planificación, y para cumplir la labor coordinadora enunciada

en el inciso 2) del artículo anterior:

1) Colaborar con dicha oficina a efecto de organizar y mantener un

centro de información que recoja datos sobre planes o proyectos de

desarrollo físico, para su debida coordinación, evaluación y divulgación;

2) Dar su asesoramiento en asuntos de planificación urbana y regional,

y organizar relaciones directas entre los funcionarios encargados por los

distintos organismos de los respectivos proyectos;

3) Preparar y mantener al día un Mapa Oficial de Proyectos y Mejoras,

ubicando en forma general las obras y servicios que convengan al Plan

Nacional; y

4) Resolver y conciliar, en asocio de la Oficina de Planificación, las

incongruencias que se adviertan en el Plan Nacional, o entre los

proyectos propuestos por las diferentes instituciones y dependencias,

informando de tales incompatibilidades a las entidades correlacionadas

junto con las recomendaciones del caso.

Artículo 9º.- Las asesoría y asistencia local enunciada en el inciso

3) del artículo 7º, comprenderá la colaboración de la mencionada

Dirección con miras a lo siguiente:

1) Preparar, aplicar y modificar el Plan Regulador y sus reglamentos;

2) Estudiar y recomendar mejoras a los sistemas administrativos y a los

recursos de las municipalidades, con el objeto de posibilitar un mayor

desarrollo de los programas locales de planificación; y

3) Proponer a las municipalidades proyectos de financiación

cooperativa, tendientes a efectuar mejoras de especial trascendencia que

impulsen la aplicación de los planes reguladores.

Artículo 10.- Corresponden asimismo a la Dirección de Urbanismo,

dentro de las funciones de control que le asigna el inciso 4) del

artículo 7º, las siguiente:

1) Revisar y aprobar los planes reguladores y sus reglamentos, antes de

su adopción por las municipalidades;

2) Examinar y visar, en forma ineludible, los planos correspondientes a

proyectos de urbanización o de fraccionamiento para efectos de

urbanización, previamente a su aprobación municipal;

3) Informar o denunciar a las corporaciones municipales, la comisión de

infracciones graves a esta ley o al Plan Regulador Local, cometidas en el

aprovechamiento de terrenos o en la factura de construcciones;

4) Ordenar la suspensión de aquella obra en que ha habido las

infracciones contempladas en el inciso anterior cuando, después de

transcurrido un término prudencial desde que formule la respectiva

denuncia, no actúe la municipalidad como le corresponde, en el sentido de

impedir o corregir la transgresión apuntada; y

5) Requerir el auxilio de las autoridades de policía para dar

efectividad a las órdenes que expida, conforme al inciso anterior y, en

general, para la mejor vigilancia en el control del desarrollo urbano.

Las autoridades requeridas estarán obligadas a prestar esa colaboración.

Artículo 11.- La Dirección de Urbanismo organizará el procedimiento

de consulta a las comisiones asesoras que la Junta Directiva del

Instituto disponga integrar ad-honorem, con los elementos entendidos o

representativos en campos especializados.

Artículo 12.- El jefe de la Dirección de Urbanismo, quien deberá

tener titulo o experiencia profesional en el ramo, someterá a la

consideración superior, los asuntos de su despacho de mayor

trascendencia.

Artículo 13.- Las municipalidades y las partes afectadas podrán

pedir a la Junta Directiva del Instituto revisión de las decisiones de la

Dirección de Urbanismo.

De lo que resuelva la Junta Directiva en las materias comprendidas

en los incisos 1), 2) y 4) del artículo 10, podrá recurrirse dentro del

plazo de quince días hábiles que se contarán a partir de la fecha en que

notifique la resolución, ante el Poder Ejecutivo, el cual oirá cuando lo

estimare conveniente, la opinión de la Junta Directiva del "Colegio de

Ingenieros y Arquitectos" dentro del Plazo que le señalará al efecto y

que no podrá ser mayor de treinta días. Pasado ese plazo, el Poder

Ejecutivo resolverá dentro de los treinta días siguientes y quedará

agotada la vía administrativa.

Artículo 14.- El Instituto sufragará los gastos de planta y de

funcionamiento administrativos de la Dirección de Urbanismo, destinando

para ese efecto no menos del dos por ciento de su presupuesto anual. Para

todos los demás aspectos funcionales de la mencionada Dirección, se

estará a lo que la Ley Orgánica, los reglamentos y disposiciones

directivos, determinen en general para los Departamentos del Instituto y

para el Departamento de Urbanismo en particular.

SECCION SEGUNDA

Planificación Local

CAPITULO PRIMERO

Planes Reguladores

Artículo 15.- Conforme al precepto del artículo 169 de la

Constitución Política, reconócese la competencia y autoridad de los

gobiernos municipales para planificar y controlar el desarrollo urbano,

dentro de los límites de su territorio jurisdiccional. Consecuentemente,

cada uno de ellos dispondrá lo que proceda para implantar un plan

regulador, y los reglamentos de desarrollo urbano conexos, en las áreas

donde deba regir, sin perjuicio de extender todos o algunos de sus

efectos a otros sectores, en que priven razones calificadas para

establecer un determinado régimen contralor.

Artículo 16.- De acuerdo con los objetivos que definan los propios y diversos organismos de gobierno y administración del Estado, el plan

regulador local contendrá los siguientes elementos, sin tener que limitarse a ellos:

a) La política de desarrollo, con enunciación de los principios y normas en que se fundamente, y los objetivos que plantean las necesidades

y el crecimiento del área a planificar; 

b) El estudio de la población, que incluirá proyecciones hacia el futuro crecimiento demográfico, su distribución y normas recomendables

sobre densidad;

c) El uso de la tierra que muestre la situación y distribución de terrenos respecto a vivienda, comercio, industria, educación, recreación,

fines públicos y cualquier otro destino pertinente;

d) El estudio de la circulación, por medio del cual se señale, en forma general, la localización de las vías pública principales y de las rutas y

terminales del transporte;

e) Los servicios comunales, para indicar ubicación y tamaño de las áreas requeridas para escuelas, colegios, parques, campos de juego,

unidades sanitarias, hospitales, bibliotecas, museos, mercados públicos y cualquier otro similar;

f)  Los servicios públicos, con análisis y ubicación en forma general de los sistemas e instalaciones principales de cañerías, hidrantes, alcantarillados sanitarios y pluviales, recolección y disposición de basuras, así como cualquier otro de importancia análoga.

(Así reformado el inciso anterior por el artículo 6° de la Ley 8641 del 11 de junio del 2008)

g) La vivienda y renovación urbana con exposición de las necesidades y objetivos en vivienda, y referencia a las áreas que deben ser sometidas a

conservación, rehabilitación y remodelamiento.

Artículo 17.- Previamente a implantar un plan regulador o alguna de

sus partes, deberá la municipalidad que lo intenta:

1) Convocar a una audiencia pública por medio del Diario Oficial y

divulgación adicional necesaria con la indicación de local, fecha y hora

para conocer del proyecto y de las observaciones verbales o escritas que

tengan a bien formular los vecinos o interesados. El señalamiento deberá

hacerse con antelación no menor de quince días hábiles;

2) Obtener la aprobación de la Dirección de Urbanismo, si el proyecto

no se hubiere originado en dicha oficina o difiera del que aquélla

hubiere propuesto, sin perjuicio de los recursos establecidos en el

artículo 13;

3) Acordar su adopción formal, por mayoría absoluta de votos; y

4) Publicar en "La Gaceta" el aviso de la adopción acordada, con

indicación de la fecha a partir de la cual se harán exigibles las

correspondientes regulaciones.

Igualmente serán observados los requisitos anteriores cuando se

trate de modificar, suspender o derogar, total o parcialmente, el

referido plan o cualquiera de sus reglamentos.

Artículo 18.- La Dirección de Urbanismo podrá negar la aprobación de

partes del plan o sus reglamentos, respaldada en principios legales o

técnicos, cuya vigencia sea de absoluto interés nacional o regional.

De no acogerse los reparos hechos por la Municipalidad, quedará en

suspenso sólo la parte objetada, sin perjuicio de que la corporación

inconforme haga uso de los recursos establecidos en el artículo 13 o se

avenga a someter la controversia a la decisión de la comisión

conciliadora que las partes convengan constituir para el caso.

CAPITULO II

Reglamentos del Desarrollo Urbano

Artículo 19.- Cada Municipalidad emitirá y promulgará las reglas

procesales necesarias para el debido acatamiento del plan regulador y

para la protección de los intereses de las salud, seguridad, comodidad y

bienestar de la comunidad.

Artículo 20.- De consiguiente, esos reglamentos contendrán normas y

condiciones para promover:

a) Protección de la propiedad contra la proximidad de usos prediales

molestos o peligrosos;

b) Una relación armónica entre los diversos usos de la tierra;

c) Conveniente acceso de las propiedades a las vías públicas;

d) División adecuada de los terrenos;

e) Facilidades comunales y servicios públicos satisfactorios;

f) Reserva de suficientes espacios para usos públicos;

g) Rehabilitación de áreas y prevención de su deterioro;

h) Seguridad, salubridad, comodidad y ornato de las construcciones; e

i) En general, cualquier otro interés comunitario que convenga al buen

éxito del plan regulador.

Artículo 21.- Los principales reglamentos de Desarrollo Urbano

serán:

1) El de Zonificación, para usos de la tierra;

2) El de Fraccionamiento y Urbanización, sobre división y habilitación

urbana de los terrenos;

3) El de Mapa Oficial, que ha de tratar de la provisión y conservación

de los espacios para vías públicas y áreas comunales;

4) El de Renovación Urbana, relativo al mejoramiento o rehabilitación

de áreas en proceso o en estado de deterioro; y

5) El de Construcciones, en lo que concierne a las obras de

edificación.

Artículo 22.- (ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº

6706-93 de las 15:21 horas del 21 de diciembre de 1993).

Artículo 23.- El vecino, propietario o cualquier otra persona, que

se oponga al proyecto que tienda a adoptar un plan regulador o alguno de

sus reglamentos, tendrá oportunidad de exponer sus objeciones en la

audiencia pública que previene el inciso 1) del artículo 17. Por lo

demás, cualquier persona inconforme que invoque ilegalidad y perjuicio

propio contra el acto o disposición administrativa que sea, podrá usar

todos los recursos que la ley le brinda.

CAPITULO TERCERO

Zonificación

Artículo 24.- El Reglamento de Zonificación dividirá el área urbana

en zonas de uso, regulando respecto a cada una de ellas:

a) El uso de terrenos, edificios y estructuras, para fines agrícolas,

industriales, comerciales, residenciales, públicos y cualquier otro que

sea del caso; las zonas residenciales se clasificarán como unifamiliares

y multifamiliares, según la intensidad del uso que se les dé; las zonas

unifamiliares se clasificarán, a su vez, de acuerdo con el área y las

dimensiones de los lotes que mejor convenga a su ubicación;

b) Localización, altura y área de piso de las edificaciones;

c) Superficie y dimensiones de los lotes;

d) Tamaño de los retiros, patios y demás espacios abiertos, y la

cobertura del lote por edificios y estructuras;

e) La provisión de espacio para estacionamientos, carga y descarga de

vehículos fuera de las calles;

f) Tamaño, ubicación y características de rótulos o anuncios; y

g) Cualquier otro elemento urbanístico o arquitectónico relativo al uso

de la tierra, cuya regulación tenga interés para la comunidad local.

Artículo 25.- En dicho reglamento figurarán como zonas especiales,

las que soporten alguna reserva en cuanto a su uso y desarrollo, como en

el caso de los aeropuertos, los sitios con importancia histórica o los

recursos naturales conservables y las áreas demarcadas como inundables,

peligrosas o necesarias al propósito de contener el crecimiento urbano

periférico.

Artículo 26.- Las zonas mencionadas en los dos artículos anteriores,

en cuanto a número, forma y tamaño que convenga a los objetivos de las

zonificación, serán indicadas en uno o varios mapas que, junto con los

textos dispositivos, gráficos y diagramas complementarios, constituirán

el Reglamento de Zonificación.

Artículo 27.- Las normas y requisitos de la zonificación, pueden

variar respecto a una misma zona por el diferente uso que se diere a los

inmuebles, pero habrán de ser uniformes para cada clase de uso, dentro de

una misma zona.

Artículo 28.- Prohíbese aprovechar o dedicar terrenos, edificios,

estructuras, a cualquier uso que sea incompatible con la zonificación

implantada.

En adelante, los propietarios interesados deberán obtener un

certificado municipal que acredite la conformidad de uso a los

requerimientos de la zonificación. Los usos ya existentes no conformes,

deberán hacerse constar también con certificado que exprese tal

circunstancia.

Cada reglamento de zonificación fijará la fecha a partir de la cual

dichos certificados serán obligatorios.

Artículo 29.- Sin el certificado de uso correspondiente, no se

concederán patentes para establecimiento comerciales o industriales. En

caso de contravención, se procederá a la clausura del local, sin

perjuicio de la responsabilidad penal en que se incurra.

Artículo 30.- En uso no conforme, sólo podrá transformarse en otro

compatible o concordante con la zonificación. El reglamento precisará las

condiciones y requisitos a que deberá sujetarse ese y cualquier otro

cambio de uso, lo mismo que la admisión calificada de excepciones o

variantes.

Artículo 31.- Habrá lugar para que el propietario arrendante pida

rescisión del alquiler, cuando el arrendatario contravenga el Reglamento

de Zonificación, dándole al inmueble o construcción un uso distinto del

convenido. Si el uso contratado fuese preexistente y no conforme a la

zonificación, la regla anterior se referirá a una mayor inconformidad. En

tal forma quedan adicionadas las disposiciones legales sobre inquilinato.

CAPITULO CUARTO

Fraccionamiento y Urbanización

Artículo 32.- El Reglamento de Fraccionamiento y Urbanización, al

puntualizar las condiciones municipales para permitir fraccionamientos,

urbanizaciones o ambas operaciones, entre otros requisitos, incluirá los

correspondientes al acceso a vía pública, a notificación y amanzanamiento

y a la cesión de áreas para uso público; establecerá, asimismo, previa

consulta a los organismos competentes, normas mínimas sobre construcción

de calles y aceras pavimentos, cañerías, drenajes pluviales y sanitarios,

y electrificación y alumbrado público.

Los Reglamentos de Fraccionamiento y Urbanización establecerán un

plazo prudencial para el estudio de los proyectos de urbanización; si

transcurrido ese plazo no se hubiera producido la resolución oficial

sobre el caso, se considerará autorizado el proyecto para efectos de su

ejecución.

Artículo 33.- Para todo fraccionamiento de terrenos o inmuebles

situados en distritos urbanos y demás áreas sujetas a control

urbanístico, será indispensable haber visado antes, en la oficina

municipal autorizada, el plano que indique la situación y cabida de las

porciones resultantes y que, además, el notario o funcionario público

autorizante, dé fe en el acto de extensión u otorgamiento del documento

respectivo, de que la división coincide con la que exprese dicho plano.

Los fraccionamientos que se hagan por documento privado, al igual que en

los documentos públicos, se reputarán ineficaces si carecen de razón

notarial o municipal sobre la preexistencia del plano visado.

Artículo 34.- El Registro Público suspenderá la inscripción de

documentos, sobre fraccionamiento de fincas comprendidas en distritos

urbanos, sin la constancia que indica el artículo anterior.

El visado municipal de planos o croquis, los cuales no es necesario

que hayan sido catastrados, lo extenderá el ingeniero o ejecutivo

municipales, o la persona en quien ellos delegaren tales funciones,

dentro de los quince (*) días siguientes a su presentación y en forma

gratuita, sin estar sujeto al pago de timbres o cualquier otro tributo,

ni al pago de impuestos, contribuciones o servicios que debieren las

partes. De no aceptarse lo anterior, valdrá, como visado municipal, una

constancia notarial en el plano sobre esa circunstancia. Queda a salvo

la negativa fundada, de la municipalidad respectiva o de los funcionarios

indicados, hecha por escrito dentro del citado plazo.

(*) Así reformado dicho plazo por el artículo 4º de la ley Nº 6595 de 6 de

agosto de 1981 )

Las oficinas públicas, instituciones o corporaciones estatales o

cualquier otra entidad pública que deba tramitar permisos de construcción

o de urbanización, proveer servicios, otorgar patentes o conceder

préstamos, tendrán como inexistentes, para estos efectos, las

parcelaciones hechas sin observar lo dispuesto en el artículo anterior.

No se aplicarán las disposiciones de éste ni del artículo precedente

a los documentos, actos o contratos, en que sean parte o tengan interés

el Estado en forma directa (Gobierno Central) o las propias

municipalidades donde estuviere ubicado el inmueble.

( Así reformado por el artículo 16 de la ley Nº 6575 de 27 de abril de

1981)

Artículo 35.- Quien haya adquirido por compraventa u otro título

oneroso una finca o un derecho real sobre un inmueble, y resulte

perjudicado por la ineficacia dicha del acto adquisitivo, podrá demandar

la rescisión de éste y la reparación civil consiguiente.

Artículo 36.- Se negará la visación municipal de los planos

relativos a fraccionamientos de áreas sujetas a control, por cualquiera

de las siguientes razones:

a) Cuando del simple fraccionamiento se originen lotes que tengan menos

tamaño del permitido, inadecuado acceso a la vía pública o carentes de

servicios indispensable;

b) Que no cuenten con el permiso del caso, si se trata de

notificaciones con fines o efectos de urbanización;

c) En tanto pese sobre el inmueble que intente dividir, algún

impedimento, como el que recae sobre áreas a renovar o reservadas a usos

públicos; y

d) Por cualquier otra causa técnica o de trámite que con base en esta

ley, indique el reglamento.

Entre los motivos del último inciso puede comprenderse, el atraso en

el pago de impuestos o servicios municipales.

Artículo 37.- El funcionario municipal que autorice o responda por

el visado de un plano, con violación evidente de los reglamentos de

desarrollo urbano, se hará acreedor a la pena que señala el artículo 372

del Código Penal.

Artículo 38.- No se dará permiso para urbanizar terrenos:

a) Cuando el proyecto no satisfaga las normas mínimas reglamentarias, o

los interesados no hayan cumplido los trámites pertinentes, entre los que

está la aprobación indispensable de los planos por la Dirección de

Urbanismo y el Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillado;

b) Por no estar garantizado el importe de las obras de habilitación

urbana del inmueble, o no haberse hecho o garantizado el traspaso formal

al municipio, del área reservada a uso público, ni, en su defecto,

satisfecho en dinero el valor equivalente; y

c) En tanto el desarrollo del área localizada fuera del límite

zonificado se considere prematuro por carecer de facilidades y servicios

públicos o por el alto costo de tales facilidades y servicios, por su

distancia de otras áreas habitadas o debido a cualquier otra deficiencia

determinante de condiciones adversas a las seguridad y a la salubridad

públicas.

Los proyectos de urbanización ubicados dentro o fuera del área

zonificada que tengan los servicios de acueductos, alcantarillado

sanitario y electricidad alejados de sus linderos, deben ser aceptados

para su análisis por la Municipalidad y la Dirección de Urbanismo, si el

urbanizador se compromete a costear las obras ejecutadas fuera de su

propiedad, para ofrecer todos los servicios necesarios.

En este caso, todos los proyectos futuros de urbanización que

intenten usar los servicios citados en el párrafo anterior en el período

de cinco años, contado desde la terminación de esas construcciones,

abonarían al urbanizador una cantidad por cada unidad de vivienda que

contenga el nuevo proyecto. La cantidad a abonar será determinada por la

institución que tenga a su cargo el servicio correspondiente y se cubrirá

al hacerse la conexión física de cada unidad de vivienda.

Artículo 39.- Para asegurar la ejecución de las obras de

urbanización, el urbanizador, cuando venda una parcela no urbanizada,

deberá rendir póliza, fianza, hipoteca u otra forma de garantía

satisfactoria, que determinará y calificará en cada caso la

municipalidad, de acuerdo con el Instituto. La garantía se hará efectiva

si en el término de cinco años no se ejecutan las obras de urbanización

especificadas en los planos aprobados. En el caso de que por

incumplimiento del urbanizador se haga efectiva la garantía, la

municipalidad queda obligada a la ejecución de las obras.

CAPITULO QUINTO

Mapa Oficial

Artículo 42.- El reglamento del Mapa Oficial establecerá las normas

sobre reservas, adquisición, uso y conservación de las áreas necesarias

para vías, parques, plazas, edificios y demás usos comunales, expresando

la localización y el tamaño de las ya entregadas al servicio público y de

las demarcadas sólo preventivamente.

Artículo 43.- El Mapa Oficial, junto con los planos o el catastro

que lo complemente, constituirá registro especial fehaciente sobre

propiedad y afectación a dominio público de los terrenos o espacios ya

entregados a usos públicos.

Artículo 44.- El dominio municipal sobre las áreas de calles,

plazas, jardines, parques u otros espacios abiertos de uso público

general, se constituye por ese mismo uso y puede prescindirse de su

inscripción en el Registro de la Propiedad, si consta en el Mapa Oficial.

El Registro citado pondrá último asiento a aquellas fincas, restos o

lotes que el propietario, en concepto de fraccionador, ceda al municipio

por mandato de esta ley, si en el documento inscribible consta el destino

público que se le da al inmueble y el Notario da fe del acuerdo municipal

en que aprueba la cesión y se dispone entregar dicho bien a ese mismo

destino.

Artículo 45.- Los inmuebles a que se refiere el artículo anterior,

podrán ser transferidos a otro uso público, conforme a las

determinaciones del Plan Regulador; más si tuvieren destino señalado en

la ley, el cambio deberá ser aprobado por la Asamblea Legislativa.

Artículo 46.- Si llegare a ser necesario constituir título

inscribible en el Registro Público, sobre un terreno no inscrito de uso

público que, por rectificación de vía o mandato legislativo, deba pasar

al dominio privado municipal o particular, servirá al efecto la escritura

que el personero municipal otorgue con base en el Mapa Oficial.

Artículo 47.- Las porciones de dominio privado que el Mapa Oficial

reserve a algún uso público, no podrán ser fraccionadas ni tampoco

transformadas con obras o mejoras que encarezcan su adquisición al Estado

o sus Instituciones. Tal limitación, y las modalidades y condiciones en

que esas porciones acrecen el dominio público, se regirán por las

disposiciones pertinentes de los artículos 40, 48 y siguientes de esta

ley.

Artículo 48.- Cuando sea negado el permiso para construir o

urbanizar, por estar reservada a uso público la totalidad de la finca o

parte de ella que exceda el porcentaje establecido en el artículo 40, la

Municipalidad, el Estado o sus instituciones, deberán negociar la compra

de todo inmueble o iniciar las correspondientes diligencias de

expropiación dentro del año inmediato siguiente.

( Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 4971 de 28 de abril de

1972 ).

Artículo 49.- El permiso de edificación supeditado al retroceso en

la línea de edificación, no motivará acción indemnizatoria por reducción

de cabida, mientras la sección respectiva no sea entregada al servicio

público por disposición o acto de la Administración Pública nacional o

local. Entre tanto no se pague o expropie dicha sección, su propietario

podrá utilizarla en la forma que permitan los reglamentos.

Artículo 50.- Pero si, en el caso del artículo anterior o en los de

apertura o rectificación del derecho de vía pública, el predio es

inutilizado para los usos de la zona donde esté ubicado, deberá, entonces

la municipalidad, el Estado o el instituto promoviente, proceder conforme

a las estipulaciones del artículo 48. La misma regla regirá para cuando

el fundo pierda todo acceso directo, a consecuencia de cierre o

rectificación de vía pública.

CAPITULO SEXTO

Renovación Urbana

Artículo 51.- El Reglamento de Renovación Urbana contendrá las

regulaciones que localmente se adopten para conservar, rehabilitar o

remodelar las áreas urbanas defectuosas, deterioradas o en decadencia,

tomando en cuenta la inconveniente parcelación o edificación, la carencia

de servicios y facilidades comunales, o cualquier otra condición adversa

a la seguridad, salubridad y bienestar generales.

Artículo 52.- Las zonas a mejorar indicadas anteriormente, serán

incluidas en el Mapa de Zonificación, tan luego la municipalidad

interesada en corregir sus deficiencias apruebe formalmente el

correspondiente programa de renovación.

Desde entonces, y por el término de cinco años, pesarán sobre esas

áreas restricciones para fraccionar o construir, en tanto no sean

subsanadas sus deficiencias. Vencido dicho plazo, quedará por el mismo

hecho insubsistente cualquier restricción debida a remodelamiento

predial, y los permisos de construcción se ajustarán a los requisitos

comunes.

Artículo 53.- En programa de renovación urbana, la facultad

remodeladora permite a la municipalidad abrir y cerrar calles, así como

rectificar su trazado.

La municipalidad o el instituto gestionarán con los propietarios de

los inmuebles sujetos a remodelación, lo correspondiente a redistribución

de lotes, para arreglar por convenio el modo de reubicarles dentro de la

misma zona, trasladarles a otra y efectuar compensaciones en dinero o en

especie. De no haber acuerdo, podrá estarse a lo dispuesto en el artículo

69.

Artículo 54.- La municipalidad y el Instituto podrán comprar,

permutar y vender bienes inmuebles comprendidos dentro de un programa de

renovación urbana y traspasarse entre sí esos mismos bienes, con solo que

la Contraloría General de la República lo autorice previamente, sin

perjuicio de la adjudicación de lotes y viviendas que el Instituto

realiza en su tráfico ordinario. Quedan así adicionados en lo conducente

el artículo 109 de la Ley de la Administración Financiera de la República

y el inciso a), artículo 5º de la Ley Adicional de Organización

Municipal, Nº 11 de 10 de setiembre de 1925.

Artículo 55.- Los propietarios afectados por remodelación, estarán

exentos de gastos referentes a otorgamiento e inscripción en el Registro

Público de las escrituras de traspaso, canje o rectificación de fincas.

Cualquier gasto por esos conceptos, correrá por cuenta de la

municipalidad, el Instituto o ambos, según corresponda.

CAPITULO SETIMO

Construcciones

Artículo 56.- El Reglamento de Construcciones particularizará las

reglas locales que interesen a la seguridad, salubridad y ornato de las

estructuras o edificaciones, sin detrimento de las pertinentes de esta

ley y de las demás vigentes o aplicables a este ramo.

Artículo 57.- Está prohibido realizar obras de construcción contra

lo prescrito en la ley, los reglamentos y el respectivo permiso

municipal.

Artículo 58.- Las municipalidades no permitirán obras de

construcción:

1) Cuando ellas no guarden conformidad por razones de uso, ubicación,

retiros, cobertura y demás condiciones de la zonificación;

2) Si el predio de la edificación se ha originado en fraccionamiento

hecho sin el visado de la ley;

3) Siempre que el interesado tratare de utilizar fundos sin requisitos

de urbanización o faltos de acceso adecuado a la vía pública;

4) Para impedir que se edifique más de una vivienda en un lote de

cabida o dimensiones equivalentes o menores a los mínimos establecidos;

5) En tanto lo vede alguna limitación impuesta por reserva uso público

o una declaratoria formal de inhabitabilidad del área, motivada en

renovación urbana o protección contra inundaciones, derrumbes y otros

peligros evidentes; y

6) En los demás casos que señala el reglamento, con base en las leyes

aplicables y para la mejor protección de los intereses comunales. Por lo

que corresponde al inciso 2), podrá dispensarse la presentación del plano

visado, si la certificación de propiedad acredita que la segregación se

operó con fecha anterior a la vigencia de esta ley. Antes de aplicar

alguna declaratoria de inhabitabilidad de área, de las contempladas en el

inciso 5), es preciso llenar las formalidades exigidas por el artículo

17.

SECCION TERCERA

Disposiciones Complementarias

CAPITULO PRIMERO

Organos Especializados de Planificación Local y Regional

Artículo 59.- Para participar en la preparación y aplicación del

Plan Regulador, la municipalidad del cantón podrá crear una oficina de la

administración local, o una comisión o junta que habrá de formarse con

regidores, funcionarios de la planta administrativa y vecinos

interesados. En uno u otro caso, la corporación señalará la organización

y cometido de la nueva oficina.

Artículo 60.- Las juntas o comisiones locales de planificación,

estarán integradas, eso sí, por no menos de tres ni más de siete

miembros, cuyo período coincidirá con el de los miembros de la

corporación que lo designe, o lo que reste e él. Sus integrantes pueden

ser reelegidos y desempeñarán sus cargos ad honórem.

Artículo 61.- La municipalidad podrá contratar la confección de

determinados estudios o proyectos de planificación, con el Instituto o

firmas particulares especializadas.

Artículo 62.- Las municipalidades de territorios contiguos pueden

concretar entre sí convenios para fundar y mantener servicios conjuntos

de planificación, conforme lo dispongan las leyes de organización

municipal. Respecto al Area Metropolitana de San José, regirá lo

dispuesto en el capítulo siguiente.

CAPITULO SEGUNDO

Oficina de Planeamiento del Area Metropolitana de San José

Artículo 63.- Créase la Oficina de Planeamiento del Area

Metropolitana de San José, para que, en carácter de órgano especial

intermunicipal, planifique el desarrollo urbanístico de esta área. Se

ocupará primordialmente esa oficina de preparar y recomendar el Plan

Regulador Metropolitano, sus reglamentos y las enmiendas que sean

necesarias para mantenerlos al día. Siempre que sus funciones lo

permitan, prestará además ayuda a las municipalidades del área, para

formular planes y proyectos específicos relativos a planificación urbana.

Dicha oficina contará con una Comisión Consultiva y Coordinadora,

integrada cuando menos por un representante de la Oficina de

Planificación, de los Ministerios de Transportes, Educación y Salubridad

Pública, del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, del Servicio

Nacional de Acueductos y Alcantarillado, del Instituto Costarricense de

Electricidad y de cada una de la Corporaciones Municipales del Area

Metropolitana de San José.

Cuando la Comisión Consultiva y Coordinadora trate de asuntos que

circunstancialmente afecten a otros organismos, se solicitará al

organismo afectado el envío de un representante.

Artículo 64.- El Plan Regulador Metropolitano, sus reglamentos y las

enmiendas respectivas, adquirirán fuerza de ley para todas las

municipalidades del circuito que haya acordado su adopción.

Artículo 65.- La Oficina de Planeamiento del Area Metropolitana de

San José, estará anexa a la Dirección de Urbanismo, mientras por ley no

se disponga otra cosa. Para su mantenimiento, las municipalidades de los

cantones de San José, Escazú, Desamparados, Goicoechea, Alajuelita,

Coronado, Tibás, Moravia, Montes de Oca y Curridabat, contribuirán

anualmente con el uno por ciento de sus presupuestos ordinarios de

ingresos. Dichas cuotas serán deducidas por el Fisco de lo que a cada uno

de esos municipios corresponda por concepto de cualquier recaudación o

renta, girándose su importe al Instituto directamente, en el transcurso

del primer trimestre de cada año fiscal. De su parte, el Instituto

aportará anualmente un tanto igual a la suma de todas las cuotas

municipales.

CAPITULO TERCERO

Expropiaciones

Artículo 66.- Para efectos de expropiación serán considerados de

utilidad pública los bienes inmuebles que sean requeridos por la

aplicación de los planes reguladores y cualquier disposición de esta ley,

especialmente las relacionadas con la apertura o ampliación de vías

públicas y la adquisición de reservas para programas de vivienda popular,

desarrollos industriales planificados o parques y para proveer

facilidades de educación y cultura, salubridad, nutrición, bienestar

social, deportes, mercados municipales e instalaciones de aguas potables

y servidas, electrificación, disposición de basuras y mercados públicos.

( Así reformado por el artículo 1º de la ley No. 4971 de 28 de abril de

1972. Su párrafo segundo fue derogado por el artículo 64 inc. h) de la

Ley de Expropiaciones Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).

Artículo 67.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inc. h), de la Ley de Expropiaciones

Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).

Artículo 68.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inc. h), de la Ley de Expropiaciones

Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).

Artículo 69.- DEROGADO.-

(Derogado por el artículo 64, inc. h), de la Ley de Expropiaciones

Nº 7495 de 3 de mayo de 1995).

CAPITULO CUARTO

Contribuciones Especiales

Articulo 70.- Se autoriza a las municipalidades para establecer

impuestos, para los fines de la presente ley, hasta el 1% sobre el valor

de las construcciones y urbanizaciones que se realicen en el futuro, y

para recibir contribuciones especiales para determinadas obras o mejoras

urbanas. Las corporaciones municipales deberán aportar parte de los

ingresos que, de acuerdo con este artículo se generen, para sufragar los

gastos originados por la centralización que de los permisos de

construcción se realice. No pagarán dicha tasa las construcciones del

Gobierno Central e instituciones autónomas, siempre que se trate de obras

de interés social, ni las de instituciones de asistencia médico-social o

educativas.

Artículo 70 bis.- Las personas físicas o jurídicas, privadas o
públicas, que requieran permisos o autorizaciones del Instituto Nacional
de Vivienda y Urbanismo, relativos a la aprobación de anteproyectos,
permisos de construcción, usos del suelo y segregaciones, así como
cualesquiera otros de su competencia, contribuirán económicamente con el
pago del servicio, según las normas que dicte la Junta Directiva de ese
Instituto y con las limitaciones estipuladas en la Ley de la
Administración Financiera de la República.

(Así adicionado por el artículo 115 de la Ley Orgánica del Ambiente
No.7554 del 4 de octubre de 1995)

CAPITULO FINAL

Reformas y Transitorios

Artículo 72.- Adiciónase el artículo 272 del Código Civil, con el

siguiente inciso:

"3) Cuando, tratándose de inmuebles, su fraccionamiento contraviene las

normas de urbanismo."

Artículo 73.- Refórmase el inciso 5) del artículo 159 del Código de

Policía, en la siguiente forma:

"5) El que violare los reglamentos del desarrollo urbano."

Artículo 74.- Refórmase el párrafo segundo del artículo 28 de la Ley

de Hacienda Municipal, Nº 180 de 28 de agosto de 1923, así:

"Pero si la obra o trabajo, siendo de beneficio comunal es dirigida

o auxiliada económicamente por el Ministerio de Salubridad Pública o el

de Transportes, o bien se ejecuta con la dirección o coparticipación del

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo o del Servicio Nacional de

Acueductos y Alcantarillado, las municipalidades podrán contribuir

discrecionalmente a su costo, si sus posibilidades económicas se lo

permiten, lo que en todo caso, bastanteará la Contraloría General de la

República al impartirle la aprobación del caso."

Artículo 75.- Adiciónase en lo conducente, el artículo 17 de la Ley

de Protección y Desarrollo Industrial, Nº 2426 del 3 de setiembre de

1959, en el sentido de que el factor de localización de las industrias

que contempla el inciso g), se calificará de acuerdo con la zonificación

que establezca el plan regulador de la respectiva localidad o, en su

defecto, con el dictamen específico de la Dirección de Urbanismo.

Artículo 76.- Deróganse el artículo 17 de la ley Nº 2760 del 16 de

junio de 1961; los apartes segundos del inciso ch) del artículo 5º y del

transitorio X, ambos de la Ley Orgánica del Instituto, Nº 1788 del 24 de

agosto de 1954, y el Decreto-Ley Nº 578 del 6 de julio de 1949.

Artículo 77.- Esta ley es de orden público y adiciona, reforma o

deroga en lo conducente, y sólo en lo que se le opongan, las siguientes

leyes: Nº 1788 de 24 de agosto de 1954 ; Decreto-Ley Nº 833 de 4 de

noviembre de 1949; Nº 2760 del 16 de junio de 1961; Nº 36 de 26 de junio

de 1896; Nº 1882 de 7 de julio de 1955; y las demás anteriores que

extienden sus efectos al campo del urbanismo.

Artículo 78.- Rige a partir de su publicación.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Transitorio I.- Las municipalidades y el Instituto propondrán a los
demás organismos del Estado que intervinieren en la concesión de permisos
de construcción y urbanización, la adopción de un sistema centralizado de
control, que expedita la tramitación de esos permisos.

Transitorio III.- El Instituto podrá establecer inmediatamente en
sus urbanizaciones y conjuntos residenciales, el certificado de uso para
los inmuebles que venda, adjudique o traspase. De acuerdo con esa
limitación y mientras ella no sea refundida en el régimen general de
zonificación de la respectiva localidad, ninguna municipalidad otorgará
permisos de construcción o patentes para el uso de esos inmuebles, que
no se ajusten al certificado municipal de uso, salvo que el referido
Instituto lo autorice.