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 Normativa >> Ley 7333 >> Fecha 05/05/1993 >> Texto completo
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Texto Completo Norma 7333
Reforma Integral a la Ley Orgánica del Poder Judicial

N° 7333



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2° de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se acordó cambiar la denominación del capítulo IV del título IV de la presente ley. De conformidad con el transitorio de la ley antes mencionada dichas modificaciones entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2020, por lo que a partir de esa fecha  el capítulo se leerá de la siguiente manera: "1) El capítulo IV del título IV para que se denomine: Tribunales de trabajo de menor cuantía y del juez de enlace en materia de niñez y adolescencia.")



 



 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPUBLICA DE COSTA RICA



 



DECRETA:



 



LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL



 



Artículo 1.- Modifícase la Ley Orgánica del Poder Judicial, N° 8 del 29 de noviembre de 1937 y sus reformas cuyo texto dirá:



 



"LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL



 



TITULO I



 



DISPOSICIONES GENERALES



 



CAPITULO UNICO



 



 



ARTICULO 1.- La Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales que la ley establezca ejercen el Poder Judicial.



Corresponde al Poder Judicial, además de las funciones que la Constitución Política le señala, conocer de los procesos civiles, penales, penales juveniles, comerciales, de trabajo, contencioso-administrativos y civiles de hacienda, de familia, agrarios y constitucionales, así como de los otros que determine la ley; resolver definitivamente sobre ellos y ejecutar las resoluciones que pronuncie, con la ayuda de la fuerza pública si fuere necesario.



 



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 2.- El Poder Judicial sólo está sometido a la Constitución Política y la ley. Las resoluciones que dicte, en los asuntos de su competencia, no le imponen más responsabilidades que las expresamente señaladas por los preceptos legislativos.
No obstante, la autoridad superior de la Corte prevalecerá sobre su desempeño, para garantizar que la administración de justicia sea pronta y cumplida.
(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)

Ficha articulo





    ARTICULO 3.- Administran la justicia:



1.-Juzgados y tribunales de menor cuantía, contravencionales y de asuntos sumarios.



2.-Juzgados de primera instancia y penales.



3.-Tribunales colegiados.



4.-Tribunales de casación.



5.-Salas de la Corte Suprema de Justicia.



6.-Corte Plena.



    La Corte Suprema de Justicia establecerá el número de jueces tramitadores y decisores, así como de los otros servidores judiciales que deben tener los tribunales de cualquier categoría y materia; para ello, tomará en consideración las necesidades propias del despacho, en aras de la mejor realización del servicio público de la justicia.



    Cuando en un tribunal existan dos o más jueces, el coordinador del órgano será elegido internamente por sus iguales.



    Si los despachos jurisdiccionales se organizaren en un circuito judicial, los jueces nombrarán entre ellos al coordinador general. 



    El juez que conozca de un proceso tendrá la facultad de ordenar lo que corresponda, para el cumplimiento de sus funciones y, en cada asunto, tendrá la potestad de ejercer el régimen disciplinario. En los demás casos, esa potestad le corresponde al cuerpo de jueces y los acuerdos se tomarán por mayoría; si hubiere empate, el coordinador tendrá doble voto.



    En las resoluciones y las actuaciones, deberán consignarse el nombre y los apellidos del funcionario a cargo del proceso.



    Los tribunales colegiados estarán conformados por el número de jueces que se requieran para el buen servicio público y actuarán individualmente o en colegios de tres de ellos, salvo que la ley disponga otra forma de integración.



    El coordinador distribuirá la carga de trabajo, aplicando los criterios que hayan fijado los jueces con anterioridad y buscando siempre la mayor equidad. Cuando no se pongan de acuerdo, el Consejo Superior del Poder Judicial o la Corte Suprema de Justicia, según corresponda, fijará las reglas.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 4.- Ningún tribunal puede avocar el conocimiento de causas



pendientes ante otro. En casos muy calificados, se puede pedir un



expediente ad effectum videndi, por no más de diez días.



Si el expediente fuere retenido, injustificadamente, por mayor



tiempo, se impondrá al omiso, salvo en el caso de fuerza mayor, una de



las sanciones establecidas en el artículo 195, la cual será acordada si



lo solicita parte interesada.




Ficha articulo



ARTICULO 5.- Los tribunales no podrán ejercer su ministerio sino a petición de parte, a no ser en los casos exceptuados por la ley; pero, una vez requerida legalmente su intervención, deberán actuar de oficio y con la mayor celeridad, sin que puedan retardar el procedimiento valiéndose de la inercia de las partes, salvo cuando la actividad de éstas sea legalmente indispensable.



Los tribunales no podrán excusarse de ejercer su autoridad o de fallar en los asuntos de su competencia por falta de norma que aplicar y deberán hacerlo de conformidad con las normas escritas y no escritas del ordenamiento, según la escala jerárquica de sus fuentes.



Los principios generales del Derecho y la Jurisprudencia servirán para interpretar, integrar y delimitar el campo de aplicación del ordenamiento escrito y tendrán el rango de la norma que interpreten, integren o delimiten. Cuando se trate de suplir la ausencia y no la insuficiencia de las disposiciones que regulen una materia, dichas fuentes tendrán rango de ley.



Los usos y costumbres tendrán carácter supletorio del Derecho escrito.




Ficha articulo



ARTICULO 6.- Los tribunales se prestarán mutuo auxilio para la



práctica de todas las diligencias que fueren necesarias y se ordenaren en



la sustanciación de los asuntos judiciales.




Ficha articulo



ARTICULO 6 bis.- Tendrán la validez y eficacia de un documento



físico original, los archivos de documentos, mensajes, imágenes, bancos



de datos y toda aplicación almacenada o transmitida por medios



electrónicos, informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o producidos



por nuevas tecnologías, destinados a la tramitación judicial, ya sea que



contengan actos o resoluciones judiciales. Lo anterior siempre que



cumplan con los procedimientos establecidos para garantizar su



autenticidad, integridad y seguridad.



Las alteraciones que afecten la autenticidad o integridad de dichos



soportes los harán perder el valor jurídico que se les otorga en el



párrafo anterior.



Cuando un juez utilice los medios indicados en el primer párrafo de



este artículo, para consignar sus actos o resoluciones, los medios de



protección del sistema resultan suficientes para acreditar la



autenticidad, aunque no se impriman en papel ni sean firmados.



Las autoridades judiciales podrán utilizar los medios referidos para



comunicarse oficialmente entre sí, remitiéndose informes, comisiones y



cualquier otra documentación. Las partes también podrán utilizar esos



medios para presentar sus solicitudes y recursos a los tribunales,



siempre que remitan el documento original dentro de los tres días



siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se



tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación.



(NOTA DE SINALEVI:  Mediante el artículo 62 inciso b) de la ley N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, se indica derogar  del artículo 6 Bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial la frase que indica "siempre que remitan el documento original dentro de los tres días siguientes, en cuyo caso la presentación de la petición o recurso se tendrá como realizada en el momento de recibida la primera comunicación."  Dicha derogación fue practicada en el texto de la Ley N° 8 de 29 de noviembre de 1937 que es la Ley Orgánica original y vigente del Poder Judicial, ya que la No. 7333 es un reforma integral de aquélla).



La Corte Suprema de Justicia dictará los reglamentos necesarios para



normar el envío, recepción, trámite y almacenamiento de los citados



medios; para garantizar su seguridad y conservación; así como para



determinar el acceso del público a la información contenida en las bases



de datos, conforme a la ley.



(Así adicionado este artículo por el numeral 9º de la Ley de



Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 7.- Para ejecutar resoluciones o practicar las actuaciones



que ordenen, los tribunales podrán requerir el auxilio de la fuerza



pública y de los otros medios de acción conducentes.



Los particulares quedan obligados a prestar el auxilio que se les



solicite y que puedan dar.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 8.- Los funcionarios que administran justicia no podrán:



1.- Aplicar leyes ni otras normas o actos de cualquier naturaleza,



contrarios a la Constitución Política o al derecho internacional



o comunitario vigentes en el país. Si tuvieren duda sobre la



constitucionalidad de esas normas o actos, necesariamente



deberán consultar ante la jurisdicción constitucional.



Tampoco podrán interpretarlos ni aplicarlos de manera contraria a



los precedentes o la jurisprudencia de la Sala Constitucional.



2.- Aplicar decretos, reglamentos, acuerdos y otras disposiciones



contrarias a cualquier otra norma de rango superior.



3.- Expresar y aun insinuar privadamente su opinión respecto de los



asuntos que están llamados a fallar o conocer.



Aparte de la sanción disciplinaria que se impondrá al



funcionario, el hecho deberá ser puesto en conocimiento del



Ministerio Público.



4.- Comprometer u ofrecer su voto, o insinuar que acogerán esta o



aquella otra designación al realizar nombramientos



administrativos o judiciales. Se sancionará con suspensión a



quien se compruebe ha violado esta prohibición.



Las prohibiciones establecidas en los incisos 3) y 4) son aplicables



a todos los servidores judiciales, en el ejercicio de sus funciones.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 9.- Se prohíbe a todos los funcionarios y empleados del



Poder Judicial:



1.- Ejercer, fuera del Poder Judicial, la profesión por la que



fueron nombrados, con derecho a recibir por ello, en los casos



en que legalmente corresponda, pago por dedicación exclusiva o



prohibición, aunque estén con licencia, salvo en los casos de



excepción que esta Ley indica.



La prohibición a que se refiere este inciso no será aplicable a



los profesionales que la Corte autorice, siempre que no haya



superposición horaria y no se desempeñen como administradores de



justicia o sus asesores, fiscales o defensores públicos, jefes



de oficina, ni en otros cargos en que la Corte lo considere



inconveniente. Los profesionales autorizados no percibirán



sobresueldo por dedicación exclusiva ni por prohibición; tampoco



podrán reingresar a ninguno de estos regímenes.



2.- Facilitar o coadyuvar, en cualquier forma, para que personas no



autorizadas por la ley ejerzan la abogacía, o suministrarles a



estas datos o consejos, mostrarles expedientes, documentos u



otras piezas.



Será destituido de su cargo, el funcionario o empleado que



incumpla lo establecido en los incisos 1) y 2) de este artículo.



3.- Desempeñar cualquier otro empleo público. Esta prohibición no



comprende los casos exceptuados en la ley ni el cargo de



profesor en escuelas universitarias, siempre que el Consejo



Superior del Poder Judicial así lo autorice y las horas lectivas



que deba impartir, en horas laborales, no excedan de cinco por



semana.



4.- Dirigir felicitaciones o censura por actos públicos, a



funcionarios y corporaciones oficiales. Se exceptúan los asuntos



en que intervengan, en defensa de intereses legítimos y derechos



subjetivos y en los casos en que la ley lo permita.



5.- Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo



la emisión de su voto en elecciones generales.



6.- Tomar parte activa en reuniones, manifestaciones y otros actos



de carácter político electoral o partidista, aunque sean



permitidos a los demás ciudadanos.



7.- Interesarse indebidamente y de cualquier modo, en asuntos



pendientes ante los tribunales, o externar su parecer sobre



ellos.



8.- Servir como peritos en asuntos sometidos a los tribunales, salvo



si han sido nombrados de común acuerdo por todas las partes o en



causas penales, o si deben cumplir esa función por imperativo



legal. En ningún caso, podrán recibir pago por el peritaje



rendido.



9.- Recibir cualquier tipo de remuneración de los interesados en un



proceso, por actividades relacionadas con el ejercicio del



cargo.



Los servidores que incurran en los hechos señalados en este artículo



serán corregidos disciplinariamente, según la gravedad de la acción, con



una de las sanciones establecidas en el artículo 195 de la presente Ley.



Las prohibiciones a las que se refieren los incisos 1) y 3) no son



aplicables a los servidores que no se desempeñen a tiempo completo.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 10.- Cuando hayan de practicarse diligencias fuera del



perímetro judicial de la oficina, que ameriten gastos de traslado,



alimentación y hospedaje, que deban cubrir los interesados en un proceso,



el Despacho dictará resolución indicando los correspondientes montos,



conforme se establezca legalmente. Esa suma deberá depositarla, de



previo, el interesado en la cuenta corriente del respectivo despacho



judicial, el cual girará el monto al servidor que prestó el servicio.




Ficha articulo



ARTICULO 11.- Todo servidor judicial deberá prestar el juramento



requerido por la Constitución Política y en los casos que la ley señala.



Prestado el juramento, queda autorizado para tomar posesión del cargo y



gozará de un término de hasta quince días para rendir caución, con



excepción de los Magistrados, quienes deberán rendirla previamente.



Los Magistrados prestarán el juramento ante la Asamblea Legislativa.



Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los jueces y sus



respectivos suplentes, los Inspectores Judiciales, el Fiscal General de



la República, el Director y el Subdirector del Organismo de Investigación



Judicial, el Jefe y el Subjefe de la Defensa Pública, el Director



Ejecutivo, el Auditor, el Secretario General de la Corte y los miembros



de consejos o comisiones que nombre la Corte Suprema de Justicia o el



Consejo Superior del Poder Judicial, prestarán el juramento ante el



Presidente de la Corte. Los jueces de menor cuantía y contravencionales,



así como sus suplentes y los árbitros, ante el juez civil de la provincia



o del circuito judicial respectivo; los demás servidores subalternos de



los tribunales o los departamentos administrativos, ante el superior



jerárquico respectivo.



Los miembros del Ministerio Público prestarán juramento ante el



Fiscal General; los servidores de la Defensa Pública, ante el jefe; los



servidores del Organismo de Investigación Judicial, ante su Director, y



los restantes servidores del Poder Judicial, ante el Director Ejecutivo.



Todas las juramentaciones se asentarán en un libro que, para tal



efecto, se llevará en el despacho respectivo.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 12.- Sin perjuicio de los otros requisitos exigidos por la



ley, para ingresar al servicio judicial se requiere estar capacitado,



mental y físicamente, para desempeñar la función, según su naturaleza.



Sin embargo, no podrán ser nombradas las personas contra quienes



haya recaído auto firme de apertura a juicio; tampoco los condenados por



delito a pena de prisión; los que estén sometidos a pena de



inhabilitación para el desempeño de cargos u oficios públicos; ni los



declarados judicialmente en estado de quiebra o insolvencia; los que



habitualmente ingieran bebidas alcohólicas en forma excesiva, consuman



drogas no autorizadas o tengan trastornos graves de conducta, de modo que



puedan afectar la continuidad y la eficiencia del servicio.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 13.- ANULADO.



(ANULADO por Resolución de la Sala Constitucional Nº 4425-94 de las



8:06 horas del 19 de agosto de 1994)




Ficha articulo



ARTICULO 14.- Cuando quedare vacante un puesto de administración de



justicia, con la excepción del de Magistrado, para llenar la vacante en



propiedad, la Corte o el Consejo deberá pedir al Consejo de la Judicatura



que le envíe una terna constituida entre los funcionarios elegibles. Si



abierto el concurso no se presentare ningún candidato, se seguirá el



procedimiento establecido en la Ley de Carrera Judicial.



Igual procedimiento se aplicará para hacer un nombramiento interino



por más de tres meses.




Ficha articulo



ARTICULO 15.- Los nombramientos se realizarán mediante votación



secreta. En las actas no podrán consignarse manifestaciones, votos



salvados o protestas de los miembros del órgano encargado del



nombramiento.




Ficha articulo



ARTICULO 16.- Al efectuarse un nombramiento en propiedad, el Consejo



puede disponer que la persona elegida sea ubicada en otro despacho por un



período no mayor de tres meses, para que, bajo la dirección del titular



de esa otra oficina, se capacite para el desempeño del cargo. Lo anterior



se efectuará en coordinación con la Escuela Judicial.




Ficha articulo



ARTICULO 17.- Los Magistrados durarán en sus funciones el tiempo que



determine la Constitución Política y los restantes funcionarios que



administran justicia, que no se encuentran admitidos en la Carrera



Judicial, durarán seis años.



Si iniciado el período de un funcionario, ocurriere una vacancia por



cualquier motivo, quien lo reponga se tendrá por nombrado para el resto



de ese período, salvo en lo dispuesto por la Constitución Política, en



cuanto a Magistrados.




Ficha articulo



ARTICULO 18.- Cuando la Corte Suprema de Justicia o el Consejo



Superior del Poder Judicial, en su caso, tenga duda sobre la corrección



de cualquier servidor judicial, de modo que se dé una pérdida de



confianza, podrá separarlo de su cargo para el mejor servicio público.



Cuando no se trate de funcionarios o empleados de confianza, deberá



tramitarse la correspondiente información, en cumplimiento del debido



proceso, que garantice el derecho de defensa del interesado.




Ficha articulo



ARTICULO 19.- Para poder ejercer válidamente los cargos, los



Magistrados deben rendir caución por la suma correspondiente a veintiocho



salarios base. Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, el



Director Ejecutivo, el Subdirector Ejecutivo, el Auditor, el Jefe y



Subjefe de los Departamentos Financiero Contable y de Proveeduría, los



jefes de las Secciones de Tesorería y de Almacén, y los jefes y



encargados de las unidades administrativas regionales y subregionales, la



rendirán por catorce salarios base; los jueces de casación y los jueces



del Tribunal Colegiado, por siete salarios base; los jueces, por cuatro



salarios base y todos los demás servidores del Poder Judicial, que por



ley deban rendir garantía, por tres salarios base. Esta disposición no



comprende a los suplentes ni a los interinos que sustituyan a un servidor



judicial por un tiempo menor de tres meses.



Para los efectos de este artículo, se entenderá por salario base el



salario base mensual del oficinista 1 del Poder Judicial, de acuerdo con



la relación de puestos de la Ley de Presupuesto Ordinario de la



República.



En caso de traslado o permuta de servidores judiciales de la misma



categoría, las cauciones rendidas serán válidas para el ejercicio de los



nuevos cargos, sin perjuicio de que se ordene completarlas, de ser



necesario. En el documento respectivo, se hará constar que el garante



consiente en que si el servidor se traslada al desempeño de otro cargo de



igual categoría, se tenga por subsistente la garantía para el nuevo



puesto.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 20.- La garantía puede consistir en hipoteca, fianza,



póliza de fidelidad del Instituto Nacional de Seguros o un depósito en



efectivo.



Para la calificación de la garantía y el otorgamiento de la



escritura, en su caso, se seguirán, en lo conducente, las prescripciones



del Código Fiscal y los decretos respectivos.




Ficha articulo



ARTICULO 21.- La garantía se extingue un año después de la fecha en



que el funcionario terminó su período o cesó en sus funciones. Pero si ya



hubiere juicios pendientes de responsabilidad contra él, la garantía



quedará afecta a lo que en ellos se declare.



Si hubiere reelección de algún funcionario, deberá rendirse y



calificarse de nuevo su garantía.




Ficha articulo



ARTICULO 22.- Para cancelar la garantía, el interesado ocurrirá al



Ministerio de Hacienda, el cual, si ha transcurrido el tiempo necesario,



citará mediante edictos publicados en el diario oficial, a quienes tengan



alguna objeción que hacer a la cancelación, para que, dentro de quince



días, se presenten a ejercitar su derecho. Si nadie ocurriere en ese



término, que contará desde el día siguiente de la publicación del primer



edicto, el Ministerio de Hacienda mandará a hacer la cancelación de la



hipoteca o la devolución del depósito; pero si ocurre alguno que



justifique haber entablado en tiempo el juicio de responsabilidad, se



suspenderá la orden de cancelación o devolución, mientras no se concluya



el juicio.




Ficha articulo



ARTICULO 23.- Los trámites indicados en el artículo anterior no son



necesarios cuando se trate de garantía fiduciaria, la cual queda



extinguida cuando se realicen las condiciones indicadas en el artículo



21.




Ficha articulo



ARTICULO 24.- La extinción de la que se habla en el artículo 21 se



refiere únicamente a la garantía, pues la acción de responsabilidad



contra el funcionario se rige por los términos ordinarios de la



prescripción.




Ficha articulo



ARTICULO 25.- No pueden administrar justicia:



1.- Quien sea cónyuge, ascendiente o descendiente, hermano, cuñado,



tío, sobrino carnal, suegro, yerno, nuera, padrastro, hijastro,



padre o hijo adoptivo de un superior que pueda conocer en grado



de sus resoluciones. Esta prohibición no compromete las



relaciones de familia entre los Magistrados-suplentes, que



accidentalmente puedan integrar una Sala, de acuerdo con lo



dispuesto en la Constitución Política, y los funcionarios



ordinarios del Poder Judicial. Aquellos deben declararse



inhibidos para conocer los asuntos en que hayan intervenido sus



parientes.



2.- Quien sea pariente por consanguinidad o afinidad, dentro del



segundo grado inclusive, de un integrante de un tribunal



colegiado.



3.- Quien tenga motivo de impedimento o que haya sido separado por



excusa o recusación en determinado negocio.




Ficha articulo



ARTICULO 26.- En cumplimiento de las condiciones y procedimientos



que establece esta Ley, las funciones de los que sirven puestos



judiciales cesan por:



1.- Muerte del funcionario o empleado.



2.- Haber terminado el período de su nombramiento o el negocio que



le tocó conocer, o la falta que hubiera sido llamado a suplir,



salvo lo dispuesto en los artículos 64 y 65 de esta Ley, en



cuanto a Magistrados suplentes.



3.- Revocatoria de nombramiento.



4.- Separación para el mejor servicio público.



5.- Renuncia aceptada.



6.- Impedimento material del funcionario o empleado, que dure más de



seis meses.



7.- Encontrarse un juez inferior, respecto de un juez superior, en



el caso de parentesco indicado en el inciso 1) del artículo 25.



8.- Haber contraído matrimonio que lo haga incurrir en la



prohibición prevista en los incisos 1) y 2) del artículo 25.



9.- Haber sido condenado, en sentencia firme, por algún delito que



merezca pena de inhabilitación para el desempeño de cargos u



oficios públicos, y por haber sido declarado, judicialmente, en



estado de quiebra o insolvencia.




Ficha articulo



ARTICULO 27.- Los servidores que desempeñan puestos judiciales serán



suspendidos por las siguientes causas:



1.- Hallarse detenidos preventivamente y mientras dure esa medida.



2.- Haberse dictado contra ellos auto firme de apertura a juicio,



por cualquier delito, doloso o culposo, cometido en ejercicio de



sus funciones. La suspensión se verificará si la Corte Plena o



el Consejo Superior, según corresponda, la considerare



conveniente, por la naturaleza de los hechos atribuidos y para



obtener un mejor servicio público. Para ello, la autoridad



judicial que conozca del asunto, comunicará, a la Corte o al



Consejo, lo resuelto en el procedimiento penal, en el momento



procesal en que el auto adquiera firmeza.



3.- Licencia concedida.



4.- Imposición de la corrección disciplinaria de suspensión.



5.- Separación preventiva.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 28.- Podrá ser destituido de su cargo, siguiendo el



procedimiento establecido y con la previa oportunidad de defensa, el



servidor:



1.- Al que se imponga pena de inhabilitación para el desempeño de



cargos públicos.



2.- Que, por incorrecciones o fallas en el ejercicio de su cargo o



en su vida privada, que pueden afectar el buen servicio o la



imagen del Poder Judicial, se haya hecho acreedor a esa sanción.



3.- Que hubiere llegado a perder alguna de las condiciones



esenciales para el ejercicio de su cargo, o incurra en alguna de



las prohibidas para ello.



4.- Que resultare incompetente o inadecuado para el desempeño de su



cargo.



5.- Que, habitualmente ingiera bebidas alcohólicas de forma



excesiva; consuma drogas no autorizadas o tuviere trastornos



graves de conducta, de forma tal que puedan afectar el servicio.




Ficha articulo



ARTICULO 29.- Cuando, por impedimento, recusación, excusa u otro



motivo, un servidor tenga que separarse del conocimiento de un asunto



determinado, su falta será suplida del modo siguiente:



1.- A los jueces los suplirán otros del mismo lugar, en la forma que



establezca el Presidente de la Corte. Si estos, a su vez,



tampoco pudieren conocer, serán llamados los suplentes



respectivos y, si la causal comprendiere también a los



suplentes, deberá conocer el asunto el titular del despacho en



que radica la causa, a pesar de la causal que le inhibe y sin



responsabilidad disciplinaria por ese motivo.



2.- Los Magistrados, por los suplentes llamados al efecto. Los



miembros de los tribunales colegiados se suplirán unos a otros



y, en caso de que a todos o a la mayoría les cubra la causal,



por sus suplentes. Cuando la causal cubra a propietarios y



suplentes, el caso deberá ser conocido por los propietarios, no



obstante la causal y sin responsabilidad disciplinaria respecto



de ellos.



3.- Los demás servidores serán suplidos por otros del mismo despacho



y de igual categoría; si no los hubiere, por el inferior



inmediato y a falta de estos se designará a un servidor para el



caso.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 30.- Cuando por impedimento, recusación o excusa, un



funcionario que administra justicia haya sido reemplazado por otro, según



las reglas del artículo anterior, el expediente, si hubiere sido enviado



a otro despacho, volverá a la oficina de origen para su fenecimiento, al



desaparecer el motivo que originó el reemplazo.




Ficha articulo



ARTICULO 31.- A falta de regla expresa sobre impedimentos, excusas y



recusaciones, se estará a lo dispuesto en el Código Procesal Civil, en



cualquier materia, salvo en la jurisdicción constitucional la cual se



regirá por sus propias normas y principios.



Los motivos de impedimento y recusación, previstos en los códigos y



leyes procesales, comprenden a los servidores judiciales, incluso a los



auxiliares y administrativos que, de algún modo, deban intervenir en el



asunto, debiendo ser sustituidos para el caso concreto.




Ficha articulo



ARTICULO 32.- Las faltas temporales se llenarán del modo siguiente:



1.- Las del Presidente de la Corte, por el Vicepresidente o el



Magistrado que la Corte designe; las de los presidentes de las



Salas, por el Magistrado con mayor tiempo de servicio en el



respectivo tribunal o, en igualdad de tiempo, por el de título



más antiguo en el Catálogo del Colegio de Abogados. Esta última



regla se aplicará en los Tribunales Superiores o en cualquier



otro tribunal colegiado.



2.- Las de los demás Magistrados, por Magistrados suplentes,



escogidos en sorteo por el Presidente de la Corte. Si el número



de suplentes fuere insuficiente, se pedirá a la Asamblea



Legislativa que, siguiendo el procedimiento para la selección de



Magistrados suplentes, designe los que resulten necesarios para



el caso.



3.- Las de los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, por



sus suplentes.



4.- Las de los jueces, por los suplentes, cuando sea necesaria la



sustitución.



Los suplentes deben reunir los mismos requisitos que los



propietarios.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 33.- En los tribunales colegiados de la misma materia y



categoría, sus integrantes podrán sustituirse recíprocamente, cuando por



cualquier motivo justificado no puedan asistir al despacho o conocer de



determinados asuntos.



La misma regla podrá aplicarse a los integrantes de las diferentes



secciones de un mismo tribunal o de tribunales diferentes, siempre que



sean de igual materia y categoría.



La designación será efectuada por los tribunales o secciones, en la



forma en que lo estimen más conveniente o, en su defecto, por el



Presidente de la Corte.



Todo caso de sustitución, de conformidad con este artículo, deberá



comunicarse, inmediatamente, a la Secretaría del Consejo.




Ficha articulo



ARTICULO 34.- Las faltas absolutas se llenarán del modo siguiente:



1.- Las de los Magistrados, en la forma prevista en la Constitución



Política. En este caso, el Presidente de la Corte, de inmediato,



deberá poner la falta en conocimiento de la Asamblea



Legislativa, a fin de que llene la vacante.



2.- Las de los demás funcionarios y empleados, mediante nuevos



nombramientos.




Ficha articulo



ARTICULO 35.- En los casos de falta absoluta de jueces el órgano



competente podrá demorar el nombramiento definitivo hasta por tres meses,



mientras tanto llamará al suplente respectivo al ejercicio de las



funciones o nombrará un sustituto en forma interina.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 36.- Los funcionarios judiciales que puedan tener a su



orden personas detenidas, deben residir a una distancia no mayor de



treinta kilómetros del asiento del tribunal, siempre que entre éste y el



lugar de su residencia existan buenos medios de comunicación, de modo que



no se afecte el deber de asistencia.




Ficha articulo



ARTICULO 37.- La obligación de residencia cesa cuando el funcionario



o empleado goce de licencia o de vacaciones.




Ficha articulo



ARTICULO 38.- La obligación de asistencia cesa:



1.- En los mismos casos que expresa el artículo anterior.



2.- En los días inhábiles, considerándose por tales los que por ley



sean feriados, los días sábados y domingos y los que el Consejo



Superior del Poder Judicial declare de asueto para los



servidores del ramo, con la debida anticipación. Lo anterior,



sin perjuicio de la obligación de asistencia que tienen los



servidores que deben desempeñar sus funciones en esos días u



horas inhábiles, con reconocimiento de los derechos y beneficios



contemplados en la legislación laboral.




Ficha articulo



    Artículo 39.-Los servidores judiciales tendrán derecho a vacaciones anuales, en la siguiente forma:



a. Durante los primeros cinco años, dos semanas.



b. Del sexto al décimo año, quince días hábiles.



c. Del undécimo al décimo quinto año, veinte días hábiles.



d. Del décimo sexto al vigésimo, veintitrés días hábiles.



e. Después del vigésimo año, veinticinco días hábiles.



La vigencia de esta reforma regirá para quienes comiencen a laborar en el Poder Judicial en el futuro.



(Así reformado mediante el artículo único de la Ley N° 8527 del 20 de junio del 2006)

 



 




Ficha articulo



ARTICULO 40.- El Consejo Superior del Poder Judicial dictará,



anualmente, un plan de vacaciones en el que dispondrá las medidas que



estime necesarias para que no se afecte el servicio público y procurará



que los Despachos Judiciales no cierren por ese motivo.



Con excepción de la Sala Constitucional, la Corte dictará el plan de



vacaciones para las demás Salas.




Ficha articulo



ARTICULO 41.- Podrán conceder licencias sin goce de sueldo y con



justa causa:



1.- El Presidente de la Corte a los Magistrados, cuando el permiso



no exceda de tres meses.



2.- La Corte a los Magistrados, cuando el permiso exceda de tres



meses.



3.- El Consejo Superior del Poder Judicial, a sus miembros y a los



jefes de todos los despachos judiciales, administrativos y



auxiliares.



4.- Los jefes de oficina, a sus respectivos subalternos.




Ficha articulo



ARTICULO 42.- Cuando un servidor judicial sea incapacitado por



enfermedad, la Dirección Ejecutiva tramitará la licencia con goce de



sueldo. Cuando se trate de un Magistrado, esa función le compete al



Presidente de la Corte. El servidor recibirá lo necesario hasta completar



su salario a partir del monto que reciba de la Caja Costarricense del



Seguro Social y, en materia de riesgos profesionales, lo que indique la



ley respectiva.



Tanto el servidor sustituto como los subalternos que hubiere



necesidad de ascender o nombrar interinamente, por causa de la licencia,



devengarán las dotaciones ordinarias asignadas a los puestos que vengan a



desempeñar.



Cuando el servidor recupere su salud y no se reintegre a sus



labores, se suspenderá el goce de salario. Si se sospecha que hay



malicia, por parte del empleado al simular una enfermedad, el jefe



inmediato solicitará una nueva valoración del caso al médico tratante.



Si se comprobare simulación, se pondrán los hechos en conocimiento



del órgano competente para ejecutar las sanciones del caso. Si se tratare



de un Magistrado, se comunicará lo pertinente a la Asamblea Legislativa.




Ficha articulo



ARTICULO 43.- Toda enfermedad que motive licencia con goce de sueldo



deberá ser comprobada con documento en el que conste la incapacidad



extendida por la Caja Costarricense del Seguro Social, el Instituto



Nacional de Seguros, el servicio médico de los empleados del Poder



Judicial, el médico de la respectiva localidad y, si no hubiere alguno de



estos en el lugar, por el de cualquier otro médico.



En todo caso, el documento médico se podrá mandar a ratificar o



ampliar a costa del interesado, bien sea por el mismo médico que lo



extendió, por su superior o por otro.




Ficha articulo



ARTICULO 44.- Las licencias con goce de sueldo o sin él no pueden



exceder de seis meses. Tampoco pueden exceder de ese término, las que



sumadas en un mismo año se conceden a un empleado o funcionario.



Esta disposición no rige en cuanto a las licencias concedidas al



empleado o funcionario, para desempeñar otro puesto dentro del ramo



judicial o mediante permutas condicionales o de las que se conceden con



goce de sueldo o sin él, por motivos de enfermedad debidamente comprobada



con certificado médico.



Tampoco regirá lo dispuesto en el párrafo primero de este artículo,



respecto a las licencias con goce o sin goce de sueldo, que conceda la



Corte a los Magistrados, o el Consejo a los demás servidores para



realizar estudios que interesen al Poder Judicial.



En casos muy calificados y para asuntos que interesen al Poder



Judicial, la Corte podrá conceder licencias con goce de sueldo o sin él a



los Magistrados y el Consejo a los demás servidores hasta por un año



prorrogable por períodos iguales, a fin de que los servidores judiciales



se desempeñen temporalmente en otras dependencias del Estado, o bien



cuando les encargue labores y estudios especiales.



Para servir en otra dependencia del Estado, el acuerdo habrá de



adoptarse por las tres cuartas partes del total de Magistrados o miembros



del Consejo, en su caso.



En los casos de plazas extraordinarias, por licencias o interinidad,



el Consejo podrá llenarlas con servidores judiciales que estén nombrados



en propiedad.



Los servidores judiciales tendrán derecho a licencia con goce de



sueldo durante una semana, en los casos de matrimonio del servidor o de



fallecimiento del padre, la madre, un hijo, el cónyuge, compañero o



compañera de convivencia de por lo menos tres años, un hermano o los



suegros que vivieran en su casa.



Asimismo, los servidores varones tendrán derecho a una licencia con



goce de sueldo, durante una semana, cuando naciere un hijo suyo, y las



servidoras a tres meses con goce de sueldo, cuando adopten a un menor de



edad.



Toda servidora judicial en estado de gravidez tendrá derecho a



licencia con su salario completo por cuatro meses, distribuidos un mes



antes y tres meses después del parto. Durante ese período, se pagará a la



respectiva servidora en la forma dispuesta en el artículo 42 de esta Ley,



y la Corte le garantizará los derechos acordados en el artículo 97 del



Código de Trabajo.




Ficha articulo



ARTICULO 45.- La Corte Plena determinará, mediante acuerdo, los



distintivos personales y los vehículos que puedan usar, exclusivamente,



los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. El Consejo Superior del



Poder Judicial lo hará respecto de sus propios miembros, los inspectores



judiciales, el Secretario General de la Corte, los jueces, los defensores



públicos y los miembros del Organismo de Investigación Judicial, y lo



comunicará al Poder Ejecutivo, para que las autoridades dependientes de



ese otro Poder les guarden las consideraciones propias de su posición y



les faciliten el ejercicio de sus funciones. Asimismo, el Consejo



determinará los distintivos que se usarán en todos los demás vehículos



del Poder Judicial.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 46.- Los acuerdos y las disposiciones de la Corte relativas



al establecimiento y la definición de una circunscripción territorial, o



los que conciernan al recargo de competencias, el traslado y la



conversión de despachos judiciales y de cargos o puestos, deberán



fundamentarse en la ineludible eficiencia del servicio, la



especialización de los órganos judiciales y de los tribunales



jurisdiccionales y la equidad necesaria de las cargas de trabajo.



En razón del volumen de trabajo y la obligada eficiencia del



servicio público de la justicia, la Corte podrá nombrar más integrantes



de los tribunales, en forma temporal o definitiva; también podrá abrir y



cerrar - por esas mismas razones- nuevas oficinas y órganos adscritos a



los tribunales, en cualquier lugar del país.



En los tribunales mixtos, la Corte podrá dividir funciones por



materia, de manera que se especialicen los servicios de administración de



justicia. Cuando las necesidades del servicio lo impongan, la Corte podrá



dividir un tribunal mixto en tribunales especializados.



Cuando la carga de trabajo no amerite abrir otro órgano



jurisdiccional ni judicial, la Corte o el Consejo podrán asignar jueces y



otros servidores itinerantes, para que se trasladen a los lugares donde



deba brindarse el servicio con mayor eficiencia.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 47.- Quienes laboran en el Poder Judicial se denominan, en



general, "servidores". Sin embargo, cuando esta Ley se refiere a



"funcionarios que administran justicia" ha de entenderse por tales a los



magistrados y jueces; el término "funcionarios" alude a los que, fuera de



los antes mencionados, tengan atribuciones, potestades y



responsabilidades propias, determinadas en esta Ley y por "empleados", a



todas las demás personas que desempeñen puestos, remunerados por el



sistema de sueldos.



Las prohibiciones establecidas en esta ley se aplicarán tanto a los



servidores judiciales nombrados en propiedad como a los interinos, salvo



disposición legal en contrario. Cuando esta ley mencione "Corte" habrá de



entenderse Corte Suprema de Justicia o Corte Plena y cuando, en los



códigos procesales, se hable de "Ley Orgánica", sin especificación



alguna, se alude a la presente ley; además, las menciones del "Consejo",



deberán entenderse como Consejo Superior del Poder Judicial.



(Así reformado por el artículo 1º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 47 bis.- La Corte Suprema de Justicia podrá ordenar la



destrucción o el reciclaje de los expedientes, siempre que no sean



necesarios para algún trámite judicial futuro, que no tengan interés



histórico, o cuando se encuentren respaldados por medios electrónicos,



informáticos, magnéticos, ópticos, telemáticos o cualquier otro medio con



garantía razonable de conservación. Al efecto se publicarán las listas de



expedientes por destruir en el Boletín Judicial.



Dentro del plazo de ocho días hábiles luego de la primera



publicación, el Archivo Nacional podrá solicitar los expedientes que



estime pertinentes. Las partes también podrán solicitar la devolución de



los documentos aportados, certificación integral o parcial del



expediente, o la entrega del expediente original, salvo en materia penal.



(Así adicionado este artículo por el numeral 9º de la Ley de



Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



TITULO II



DE LA ESTRUCTURA Y ORGANIZACION DE LA



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



CAPITULO I



DISPOSICIONES GENERALES



ARTICULO 48.- La Corte Suprema de Justicia es el Tribunal Superior



del Poder Judicial y como órgano superior de éste ejercerá las funciones



de gobierno y de reglamento.




Ficha articulo



ARTICULO 49.- La Corte Suprema de Justicia se compone de tres Salas



de Casación: Primera, Segunda y Tercera y la Sala Constitucional,



integradas por cinco Magistrados, con excepción de la última que lo será



con siete. En la Sala en que se desempeña el Presidente de la Corte,



cuando las circunstancias lo requieran, a juicio suyo, podrá haber un



Magistrado suplente de tiempo completo que lo sustituirá mientras no



ejerza el cargo, en todos los casos en que no concurra a conocer de los



asuntos propios de su Sala. Dicho Magistrado suplente no integrará la



Corte Plena.



Los asuntos se distribuirán entre las Salas, fundamentalmente por



materias. Si no hubiere ley aplicable que regule la distribución del



trabajo o la competencia entre las Salas, la Corte decidirá el punto,



mediante un acuerdo que publicará en el Boletín Judicial.




Ficha articulo



ARTICULO 50.- Cada Magistrado podrá contar, al menos, con un abogado



asistente, de su nombramiento, con aprobación del Consejo Superior del



Poder Judicial. Para separarse de su propuesta, el Consejo deberá hacerlo



con el voto de todos sus miembros, en resolución debidamente



fundamentada, en cuyo caso solicitará al Magistrado el envío de otro



candidato. El Presidente de la Corte contará con un Director del Despacho



del Presidente, quien desempeñará las funciones que éste le asigne.




Ficha articulo



ARTICULO 51.- Los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia se



juramentarán ante la Asamblea Legislativa y tomarán posesión de su cargo



a partir de la fecha designada por la Asamblea, siempre que hayan rendido



la garantía.




Ficha articulo



ARTICULO 52.- Salvo excepción expresa en contrario, para que las



Salas puedan ejercer sus funciones se requiere de la concurrencia de



todos sus miembros.



Cada Sala elegirá a uno de sus miembros como Presidente, con las



facultades y deberes que esta Ley establece. En los casos de separación



del Presidente, o cuando no formara parte del tribunal por cualquier



causa, el Magistrado que corresponda ejercerá la Presidencia, de



conformidad con el artículo 32, inciso 1) de esta Ley.




Ficha articulo



ARTICULO 53.- La sede de la Corte Suprema de Justicia está en la



capital de la República.




Ficha articulo



Artículo 54.-     La Sala Primera conocerá:  



1) De los recursos de casación y revisión, que procedan, conforme a la ley, en los procesos ordinarios y abreviados, en las materias civil y comercial, con salvedad de los asuntos referentes al Derecho de familia y a juicios universales.  



2) Del recurso extraordinario de casación en materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda, cuando intervenga alguno de los siguientes órganos y no sean competencia del Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda :  



a) El presidente de la República.  



b) El Consejo de Gobierno.  



c) El Poder Ejecutivo, entendido como el presidente de la República y el respectivo ministro del ramo.  



d) Los ministerios y sus órganos desconcentrados.  



e) La Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, el Tribunal Supremo de Elecciones, la Contraloría General de la República y la Defensoría de los Habitantes, cuando ejerzan función administrativa.  



f) Las instituciones descentralizadas, incluso las de carácter municipal y sus órganos desconcentrados.  



g) Los órganos con personería instrumental.  



3) Cuando la conducta objeto de impugnación emane, conjuntamente de algunos de los órganos señalados con anterioridad y de los que se indican en el primer párrafo del artículo 94 bis de esta Ley, siempre que el acto sea complejo o se trate de autorizaciones o aprobaciones dictadas en el ejercicio de la tutela administrativa.  



4) A esta Sala también le corresponderá conocer y resolver, con independencia del ente u órgano autor de la conducta, los recursos de casación en los procesos en que se discutan la validez y eficacia de los reglamentos, así como lo relativo a la materia  tributaria y al recurso de casación, en interés del ordenamiento jurídico establecido en el Código Procesal Administrativo.  



5) De los recursos de revisión que procedan conforme a la ley, en la materia contencioso-administrativa y civil de Hacienda.  



6) De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción agraria, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley.  



7) Del cumplimiento de sentencias pronunciadas por tribunales extranjeros, con arreglo a los tratados, las leyes vigentes y los demás casos de exequátur.  



8) De los conflictos de competencia que se susciten en los tribunales civiles o entre estos y los de otra materia, siempre que aquellos hayan prevenido en el conocimiento del asunto.  



9) De los conflictos de competencia que se susciten entre un juzgado o Tribunal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, con cualquier otro de materia diversa.  



10) De la inconformidad formulada dentro del tercer día, por cualquiera de las partes, sobre la resolución emitida por órganos de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda, definiendo su competencia.  



11) De las competencias entre juzgados civiles pertenecientes a la jurisdicción de tribunales superiores diferentes, siempre que se trate de juicios ordinarios civiles o comerciales, excepto en juicios universales y en asuntos de familia y Derecho laboral.  



12) De los conflictos de competencia que se planteen respecto de autoridades judiciales y administrativas.  



13) De los demás asuntos que indique la ley, cuando, por su naturaleza, no correspondan a otra de las salas de la Corte.



(Así reformado por el artículo 212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo).




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CAPITULO III



DE LA SALA SEGUNDA



ARTICULO 55.- La Sala Segunda conocerá:



1.- De los recursos de casación y revisión que procedan, con arreglo a la ley, en juicios ordinarios o abreviados de familia o de derecho sucesorio y en juicios universales, o en las ejecuciones de sentencia en que el recurso no sea del conocimiento de la Sala Primera.



2.- De la tercera instancia rogada en asuntos de la jurisdicción de trabajo, cuando el recurso tenga cabida de conformidad con la ley.



3.- De las demandas de responsabilidad civil contra los jueces integrantes de los tribunales colegiados de cualquier materia, excepto los de trabajo de menor cuantía.



4.- De las cuestiones de competencia que se susciten en asuntos de la jurisdicción laboral, cuando no corresponda resolverlos a otros tribunales de esa materia.



5.- De las competencias entre jueces civiles que pertenezcan a la circunscripción de tribunales colegiados de diferente territorio, en cualquier clase de asuntos, cuando no corresponda



resolver la cuestión a la Sala Primera.



(Así reformado por el artículo 2º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 184 aparte 4) del Código Procesal Civil, N° 9342 del 3 de febrero de 2016, se indica adicionar un nuevo inciso 6). De conformidad con el transitorio VI de la norma antes referida, el mismo empezará a regir 30 meses después de su publicación es decir el 9 de octubre de 2018, por lo que a partir de esa fecha el nuevo inciso será el siguiente: 6) Del auxilio judicial internacional y del reconocimiento y eficacia de sentencias y laudos extranjeros en materia laboral, familia, sucesoria y concursal, con la salvedad de lo que corresponda conocer a las otras salas de la Corte".)




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CAPITULO IV



DE LA SALA TERCERA



ARTICULO 56.-La Sala Tercera conocerá:



1) De los recursos de casación y revisión en materia penal de adultos y penal juvenil.



2) De las causas penales contra los miembros de los Supremos Poderes y otros funcionarios equiparados.



3) De los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de apelación de sentencia penal.



4) De los demás asuntos que las leyes le atribuyan.



(Así reformado por el artículo 8° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)




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CAPITULO V



DE LA SALA CONSTITUCIONAL



ARTICULO 57.- La Sala Constitucional conocerá:



1.- De los recursos de hábeas corpus y de amparo.



2.- De las acciones de inconstitucionalidad.



3.- De las consultas de constitucionalidad.



4.- De los conflictos de competencia entre los Poderes del Estado,



incluido el Tribunal Supremo de Elecciones y los de competencia



constitucional entre éstos y la Contraloría General de la



República, municipalidades, entes descentralizados y demás



personas de Derecho Público.




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CAPITULO VI



DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ARTICULO 58.- La Corte será presidida por su Presidente y estará



formada por todos los Magistrados que componen las Salas, incluyendo los



suplentes que, temporalmente, repongan a Magistrados o que sustituyan a



cualquiera de estos que estuviere impedido para resolver el asunto,



excepto el que suple al Presidente de la Corte en su Sala.



El quórum estará formado por quince Magistrados, salvo en los casos



en que la ley exija un número mayor o la concurrencia de todos los



miembros.



Las decisiones se tomarán por mayoría de los votos presentes, salvo



en los casos en que la ley disponga otra cosa.



Los Magistrados deben abstenerse de votar en los asuntos en que



tengan motivo de impedimento y solo serán sustituidos por Magistrados



suplentes, cuando ello sea necesario para formar quórum.



Cuando en una votación se produjere empate, se votará nuevamente el



asunto. Si el empate persistiere, se convocará a una sesión



extraordinaria para decidirlo y si aún persistiere, el asunto se votará



cuando hubiere número impar de Magistrados presentes.



La Corte tendrá sesión ordinaria una vez al mes; además, se reunirá



cada vez que sea convocada por el Presidente, cuando lo considere



conveniente o por solicitud de siete Magistrados. Contra sus acuerdos y



resoluciones no cabe recurso alguno, salvo el de reposición cuando se



tratare de cuestiones administrativas; podrán ejecutarse inmediatamente.



Además, se reunirá una vez al año en una sesión solemne durante el



mes de marzo, para inaugurar el año judicial. En esta sesión, el



Presidente dará un informe sobre la administración de justicia.



Las sesiones y votaciones serán públicas, salvo en los casos en que



la ley disponga lo contrario o cuando la Corte acuerde que sean privadas.




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ARTICULO 59.- Corresponde a la Corte Suprema de Justicia:



1.- Informar a los otros Poderes del Estado en los asuntos en que la Constitución o las leyes determinen que sea consultada, y emitir su opinión, cuando sea requerida, acerca de los proyectos de reforma a la legislación codificada o los que afecten la organización o el funcionamiento del Poder Judicial.



2.- Proponer las reformas legislativas y reglamentarias que juzgue convenientes para mejorar la administración de justicia.



3.- Aprobar el proyecto de presupuesto del Poder Judicial, el cual, una vez promulgado por la Asamblea Legislativa, podrá ejecutar por medio del Consejo.



4.- Nombrar a los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Supremo de Elecciones.



5.- Resolver las competencias que se susciten entre las Salas de la Corte, excepto lo dispuesto por la ley respecto de la Sala Constitucional.



6.- Designar, en votación secreta, al Presidente y al Vicepresidente de la Corte, por períodos de cuatro años y de dos años, respectivamente, quienes podrán ser reelegidos por períodos iguales y, si hubiere que reponerlos por cualquier causa, la persona nombrada lo será por un nuevo período completo. En los casos de faltas temporales, se procederá en la forma que indica el inciso 1) del artículo 32.



7.- Promulgar, por iniciativa propia o a propuesta del Consejo Superior del Poder Judicial, los reglamentos internos de orden y servicio que estime pertinentes.



8.- Conocer del recurso de apelación de sentencia, de casación y del procedimiento de revisión de las sentencias dictadas por las Salas Segunda y Tercera, cuando estas actúan como tribunales de juicio o de única instancia.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 5° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)



9.- Nombrar en propiedad a los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial, los inspectores generales del tribunal de la inspección judicial, los jueces de casación y los de los tribunales colegiados, el Fiscal General de la República, el Director y el Subdirector del Organismo de Investigación Judicial; asimismo, al jefe y al subjefe de la Defensa Pública.



Cuando se trate de funcionarios nombrados por un período determinado, la Corte deberá realizar el nuevo nombramiento en la primera sesión ordinaria de diciembre en que termine el período y los nombrados tomarán posesión el primer día hábil de enero siguiente.



También le corresponde a la Corte, nombrar a los suplentes de los funcionarios mencionados en este inciso.



10.- Conocer el informe anual del Consejo Superior del Poder Judicial.



11.- Avocar el conocimiento y la decisión de los asuntos de competencia del Consejo Superior del Poder Judicial, cuando así se disponga en sesión convocada a solicitud de cinco de sus miembros o de su Presidente, por simple mayoría de la Corte.



Desde que se presenta la solicitud de avocamiento, se suspende la decisión del asunto por parte del Consejo Superior del Poder Judicial, mientras la Corte no se pronuncie, sin perjuicio de las medidas cautelares que disponga la Corte.



La Corte dispondrá de un mes para resolver el asunto que dispuso avocar ante ella. En tal supuesto, el agotamiento de la vía administrativa se producirá con la comunicación del acuerdo final de la Corte. Al disponer el avocamiento, podrá ordenarse suspender los efectos del acuerdo del Consejo.



12.- Ejercer el régimen disciplinario sobre sus propios miembros y los del Consejo Superior del Poder Judicial, en la forma dispuesta en esta Ley.



13.- Establecer los montos para determinar la competencia, en razón de la cuantía, en todo asunto de carácter patrimonial.



14.- Establecer los montos para determinar la procedencia del recurso de casación, por votación mínima de dos terceras partes de la totalidad de los Magistrados. Este monto podrá disminuirse o aumentarse, una vez transcurrido el plazo aquí fijado, para lo cual previamente se solicitará al Banco Central de Costa Rica, un informe sobre el índice inflacionario.



Si transcurriere un mes sin haberse recibido el informe, la Corte prescindirá de él y hará la fijación que corresponda. La fijación que se realice, tanto en este caso como en el del inciso anterior, regirá un mes después de su primera publicación en el Boletín Judicial, por un período mínimo de dos años.



15.- Proponer, a la Asamblea Legislativa, la creación de Despachos Judiciales en los lugares y las materias que estime necesario para el buen servicio público.



16.- Refundir dos o más despachos judiciales en uno solo o dividirlos, trasladarlos de sede, fijarles la respectiva competencia territorial y por materia, tomando en consideración el mejor servicio público.



También podrá asignarle competencia especializada a uno o varios despachos, para que conozcan de determinados asuntos, dentro de una misma materia, ocurridos en una o varias circunscripciones o en todo el territorio nacional.



17.- Conocer de las demandas de responsabilidad que se interpongan contra los Magistrados de las Salas de la Corte.



l8.- Disponer cuáles comisiones de trabajo serán permanentes y designar a los Magistrados que las integrarán.



19.- Incorporar al presupuesto del Poder Judicial, mediante modificación interna, todo el dinero que pueda percibir por liquidación o inejecución de contratos, intereses, daños y perjuicios, y por el cobro de los servicios de fotocopiado de documentos, microfilmación y similares. Este dinero será depositado en las cuentas bancarias del Poder Judicial.



20.- Fijar los días y las horas de servicio de las oficinas judiciales y publicar el aviso respectivo en el Boletín Judicial.



21.- Emitir las directrices sobre los alcances de las normas, cuando se estime necesario para hacer efectivo el principio constitucional de justicia pronta y cumplida.



22.- Las demás que señalan la Constitución Política y las leyes.



(Así reformado por el artículo 2º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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CAPITULO VII



DEL PRESIDENTE DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



ARTICULO 60.- El Presidente de la Corte lo será también del Poder



Judicial y, fuera de las otras atribuciones que por ley o reglamento se



le confieren, le corresponden las siguientes:



1.- Representar al Poder Judicial.



2.- Tramitar los asuntos que deben resolver la Corte Suprema de



Justicia y el Consejo Superior del Poder Judicial.



3.- Presidir y fijar el orden del día de las sesiones de la Corte y



del Consejo Superior y convocarlos extraordinariamente, cuando



fuere necesario.



4.- Dirigir los debates durante las sesiones de la Corte y del



Consejo Superior; fijar las cuestiones que hayan de discutirse y



las proposiciones sobre las cuales haya de recaer votación.



5.- Poner a votación los puntos discutidos, cuando a su juicio esté



concluido el debate.



6.- Autorizar con su firma los informes que deben rendirse a los



Poderes del Estado, y los proyectos de ley a los que se refiere



el inciso 2) del artículo anterior.



7.- Presidir cualquier comisión que nombre la Corte o el Consejo,



cuando él lo estime pertinente.



8.- Ejercer el régimen disciplinario sobre los servidores de su



Despacho.



9.- Solicitar el parecer de los demás integrantes de la Corte, para



la decisión de asuntos que le corresponda resolver en forma



exclusiva a él o al Consejo Superior del Poder Judicial.



10.- Proponer a la Corte el nombramiento y la remoción del Secretario



General de la Corte Suprema de Justicia, del Director y



Subdirector Ejecutivos. Por ser estos funcionarios de confianza,



podrán ser removidos discrecionalmente.



11.- Realizar los sorteos para la escogencia de los Magistrados



suplentes que deban sustituir a los titulares.



12.- Comunicar, por medio de la Secretaría, los acuerdos de la Corte



y del Consejo.



13.- Ejecutar, por medio de la Dirección Ejecutiva, las decisiones



administrativas de la Corte y del Consejo.



14.- Ejercer la suprema vigilancia y dirección del Poder Judicial,



sin perjuicio de lo que pueda resolver la Corte o el Consejo.



15.- Efectuar la distribución del trabajo, entre los miembros del



Consejo Superior del Poder Judicial.



16.- Nombrar comisiones especiales para el mejor cumplimiento de las



funciones del Consejo Superior del Poder Judicial.



17.- Resolver las recusaciones e inhibitorias de los miembros del



Consejo Superior del Poder Judicial.



18.- Ejercer la vigilancia del trabajo de la Secretaría y de la



Dirección Ejecutiva del Poder Judicial.



19.- Elevar a conocimiento del Consejo, lo resuelto por una comisión



nombrada por ese Consejo o por el propio Presidente, cuando a



criterio de éste, lo resuelto deba ser revisado.



20.- Convocar a los miembros suplentes del Consejo, cuando fuere



necesario.



21.- Llamar, en casos de urgencia, al ejercicio del cargo a los



suplentes de los funcionarios judiciales o designar interinos en



caso de inopia, para períodos no mayores de dos meses.



22.- Conceder licencias con goce de sueldo, hasta por el plazo de un



mes, en casos justificados, cuando lo considere procedente.



23.- Ejercer las demás atribuciones que le confieran las leyes, la



Corte Suprema de Justicia o el Consejo Superior del Poder



Judicial.



Las funciones anteriores serán desempeñadas por el Vicepresidente de



la Corte, cuando deba suplir al Presidente, en sus ausencias temporales.




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CAPITULO VIII



DE LOS PRESIDENTES DE SALA



ARTICULO 61.- Además de las atribuciones que por ley o reglamento se



les confieren a los Presidentes de las Salas, les corresponde:



1.- Abrir y cerrar las sesiones del tribunal, anticipar o prorrogar



las horas del Despacho en caso de que así lo requiera algún



asunto urgente y grave, y convocar extraordinariamente al



tribunal, cuando fuere necesario.



2.- Dar las órdenes convenientes para completar el tribunal, cuando



por cualquier motivo faltare el número de miembros necesarios.



3.- Fijar, conforme a la ley, el orden en que deban verse los



asuntos sujetos al conocimiento del tribunal.



4.- Dirigir los debates y las proposiciones sobre las cuales haya de



recaer la votación.



5.- Poner a votación los asuntos discutidos, cuando el tribunal



estime concluido el debate.



Las resoluciones que el Presidente dictare, en uso de las



atribuciones que se le confieren en este artículo, no podrán prevalecer



contra el voto de la mayoría del tribunal.




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CAPITULO IX



DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTES



 



Artículo 62.-La Corte Suprema de Justicia tendrá, al menos, cuarenta y cuatro magistrados suplentes, de los cuales diez estarán asignados a cada una de las Salas de Casación y catorce a la Sala Constitucional. Serán nombrados por la Asamblea Legislativa, durarán en sus funciones cuatro años, prestarán juramento ante la misma Asamblea, y deberán reunir los requisitos exigidos a los titulares, excepto el de rendir garantía.



Para la elección de los magistrados suplentes, cada una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia convocará a un concurso público de antecedentes, con el fin de escoger a dos candidatos por cada plaza vacante. La nómina será sometida al conocimiento de la Corte Plena y, de ser aprobada, se enviará a la Asamblea, la cual realizará la designación correspondiente entre los nominados.



Transitorio.-Todos los actuales magistrados suplentes continuarán desempeñando su cargo hasta completar su período. Los nuevos magistrados suplentes serán elegidos por el resto del período.



(Así reformado por el artículo 4° de la Ley N° 8503 de 28 de abril de 2006).




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    ARTICULO 63.- Los Magistrados suplentes, escogidos por sorteo para reponer la falta temporal de un propietario, desempeñarán sus funciones por el tiempo que dure ésta; los llamados para reponer una falta absoluta, por todo el tiempo que transcurre sin que la Asamblea Legislativa llene la vacante y dé posesión al Magistrado nuevamente electo.



    Sin embargo, si el Suplente estorbare el funcionamiento normal del tribunal, por su irregular asistencia o por cualquier otro motivo calificado, la Sala dará cuenta al Presidente de la Corte para que sea repuesto por nuevo sorteo.



    Cuando algún Magistrado suplente debiera ejercer la Magistratura por un lapso mayor de tres meses, entrará en receso de sus funciones de abogado y notario por todo el tiempo de ese ejercicio; pero al vencer su cargo recobrará, por el mismo hecho, las citadas funciones, sin necesidad de reponer la garantía vigente.



    Los Magistrados suplentes devengarán dietas por día de trabajo o sesión, proporcionales a la remuneración de los propietarios. Cuando fuesen pensionados o jubilados de cualquier régimen, el desempeño del cargo por más de un mes, suspenderá el goce de su pensión o jubilación.



    Cuando el magistrado suplente sea servidor judicial y deba conocer de uno o varios casos en sustitución de un titular, su labor se retribuirá mediante un suplemento salarial, calculado conforme a las reglas que al efecto dictará la Corte Suprema de Justicia; se tendrá como base la forma en que se retribuye la labor de los suplentes, según lo dispuesto en el párrafo anterior. Cuando deba reponer la falta temporal o absoluta de un magistrado propietario, entrará en receso en su puesto en propiedad y se le pagará el salario correspondiente a un magistrado. 



    Las reglas establecidas en el párrafo anterior se aplicarán en el caso en que los servidores judiciales sean nombrados para suplir a jueces".  Rige a partir de su publicación.



   (Así adicionados los dos últimos párrafos por el artículo 1° de la ley N° 8553 del 19 de octubre del 2006)




Ficha articulo



ARTICULO 64.- Los Magistrados suplentes escogidos por sorteo, para



conocer de un asunto determinado, no podrán separarse de su conocimiento,



salvo en el caso de excusa o impedimento conforme a la ley. Aquel que se



negare sin motivo legal al desempeño de su cargo o el que hiciere



dificultades para que se conozca el asunto será repuesto por otro



Magistrado suplente, escogido mediante sorteo para ese fin. Al remiso, la



Corte le aplicará suspensión por seis meses del ejercicio de la suplencia



y dará cuenta a la Asamblea Legislativa, por si estima del caso separarlo



del todo.




Ficha articulo



ARTICULO 65.- El Presidente de la Corte podrá, a solicitud del



respectivo Presidente de Sala, llamar Magistrados suplentes al ejercicio



del cargo, por determinados períodos, para que se desempeñen en las Salas



en que estuvieren asignados, para colaborar cuando la Sala no se



encontrare al día en la resolución de los asuntos de su conocimiento o



fuere necesario dedicar, exclusivamente, a un titular para resolver



asuntos de suma complejidad.




Ficha articulo



CAPITULO X



DE LAS COMISIONES



ARTICULO 66.- Corresponde a la Corte nombrar comisiones permanentes,



especiales y temporales.



Son comisiones permanentes:



1.- El Consejo de Personal, con las atribuciones señaladas en el



Estatuto Judicial y leyes conexas.



2.- El Consejo Directivo de la Escuela Judicial, con las



atribuciones establecidas en la Ley de Creación de la Escuela



Judicial.



3.- La de enlace con el Organismo de Investigación Judicial, que



tendrá como atribuciones principales la de pronunciarse,



previamente, sobre los asuntos relativos a ese Organismo que



deban ser resueltos por la Corte y mantener sobre él una labor



de vigilancia para garantizar una eficiente y correcta función



policial.



4.- La de salud y seguridad ocupacional, que se encargará,



fundamentalmente, de hacer recomendaciones a la Corte y al



Consejo Superior del Poder Judicial, tendientes a lograr una



adecuada política institucional sobre salud y seguridad



ocupacional, según lo dispuesto sobre esa materia en el Código



de Trabajo.



5.- La de relaciones laborales, que debe pronunciarse, por petición



de los interesados, sobre los conflictos derivados de la



fijación y aplicación de la política laboral en general y sobre



el régimen disciplinario, en relación con los empleados del



Poder Judicial, de previo a que esos asuntos sean conocidos por



el órgano que agote la vía administrativa. La consulta deberá



ser evacuada dentro del término de quince días, plazo en el que



no correrá la prescripción.



Esta Comisión estará integrada por seis miembros, tres de ellos



elegidos por la Corte, entre una lista que le someterán a su



consideración todas las organizaciones de empleados del Poder



Judicial. Los otros tres los escogerá libremente la Corte.



6.- Cualquier otra que determine la Corte.



Las comisiones especiales son aquellas que se nombren para el



estudio de un asunto determinado o para el cumplimiento de una misión



específica.



Serán temporales cuando, por la naturaleza del encargo, se



establezca que su cometido debe ser cumplido en un plazo determinado.



Salvo disposición legal en contrario, la Corte integrará las



comisiones, les fijará su competencia, las reglamentará y les designará



su Presidente.



Los dictámenes, informes y recomendaciones de las comisiones no



serán vinculantes para la Corte, pero ésta deberá fundamentar su decisión



cuando se separe de ellos.



El Presidente de la Corte podrá formar parte de cualquier comisión y



cuando lo haga la coordinará.




Ficha articulo



TITULO III



DEL CONSEJO SUPERIOR DEL PODER JUDICIAL



CAPITULO I



DE SU ORGANIZACION Y ESTRUCTURA



ARTICULO 67.- El Consejo Superior del Poder Judicial es un órgano



subordinado de la Corte Suprema de Justicia y le corresponde ejercer la



administración y disciplina de ese Poder, de conformidad con la



Constitución Política y de acuerdo con lo dispuesto en esta Ley, con el



propósito de asegurar la independencia, eficiencia, corrección y decoro



de los tribunales y de garantizar los beneficios de la carrera judicial.




Ficha articulo



Artículo 68.- Los miembros del Consejo, con excepción de los



magistrados que lo integren, tendrán el mismo salario base de los jueces



del Tribunal de Casación.



(Así reformado por el artículo 3º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 69.- El Consejo estará integrado por cinco miembros, cuatro



de ellos serán funcionarios del Poder Judicial y un abogado externo,



todos de reconocida competencia.




Ficha articulo



ARTICULO 70.- El Presidente de la Corte es, a su vez, el Presidente



del Consejo. Los restantes miembros serán nombrados, libremente, por la



Corte, por períodos de seis años y no podrán ser reelectos, salvo que las



tres cuartas partes del total de los Magistrados acuerden lo contrario.




Ficha articulo



ARTICULO 71.- Salvo el Presidente, los tres miembros del Consejo,



que a su vez son funcionarios judiciales, deberán haber laborado para el



Poder Judicial, como mínimo durante cinco años. Dos de ellos serán



escogidos entre los funcionarios que administren justicia y los demás



abogados que trabajan en el Poder Judicial. El otro, entre los restantes



servidores judiciales. Para elegir a este último, la Corte solicitará a



todas las organizaciones de empleados del Poder Judicial, el envío de una



lista de cinco candidatos.



El abogado externo deberá tener experiencia profesional como



litigante, no menor de diez años.




Ficha articulo



ARTICULO 72.- Excepto el Presidente de la Corte, que será sustituido



según la forma establecida para ese cargo, los restantes miembros del



Consejo tendrán dos suplentes cada uno, quienes deberán reunir los mismos



requisitos que el titular electo por la Corte.



El cese anticipado de un miembro del Consejo dará lugar a su



sustitución por el resto del período.




Ficha articulo



ARTICULO 73.- Los miembros del Consejo atenderán sus funciones a



tiempo completo y tendrán las mismas prohibiciones e incompatibilidades



que los demás servidores judiciales.




Ficha articulo



ARTICULO 74.- A quien haya sido designado miembro del Consejo



Superior y ocupe algún cargo dentro del Poder Judicial, se le suspenderá



en el ejercicio de este último, pero conservará el derecho de



reintegrarse a ese puesto, con el salario que corresponda a tal cargo,



una vez que termine en sus funciones como miembro del Consejo. Todo ello



siempre que no hubiere vencido el período para el que fue nombrado en ese



otro puesto o no hubiere sido reelecto en él, o que no hubiere sido



despedido.




Ficha articulo



ARTICULO 75.- Los miembros del Consejo Superior del Poder Judicial,



propietarios o suplentes en el ejercicio del cargo, no podrán, durante su



mandato, ser promovidos en ascenso mediante nombramientos que dependan



del Consejo.




Ficha articulo



ARTICULO 76.- El Consejo Superior del Poder Judicial deberá



reunirse, ordinariamente, como mínimo dos veces por semana y,



extraordinariamente, cuando sea convocado por su Presidente o por tres de



sus miembros. El quórum se formará con el total de sus miembros.



Salvo norma en contrario, las decisiones se tomarán por mayoría de



votos. De no lograrse mayoría, el Presidente tendrá doble voto.



Sin perjuicio de la aplicación del régimen disciplinario, la



inasistencia injustificada a las sesiones del Consejo por tres veces



consecutivas, o por seis veces alternas durante un semestre, se



considerará como causal de remoción del cargo de miembro del Consejo.




Ficha articulo



ARTICULO 77.- Las sesiones del Consejo serán privadas, a menos que



por mayoría de los miembros, se acuerde en casos especiales, sesionar



públicamente.



El Consejo podrá invitar a sus sesiones a las personas que a bien



tenga, con el objeto de oír sus criterios, respecto de los asuntos de su



competencia.




Ficha articulo



ARTICULO 78.- En lo no dispuesto en la presente Ley, el régimen de



los actos del Consejo será el establecido para los actos administrativos,



sin que, en ningún caso, deba consultarse a la Procuraduría General de la



República.




Ficha articulo



ARTICULO 79.- En los asuntos de su competencia, el Consejo podrá



integrar comisiones de trabajo.




Ficha articulo



ARTICULO 80.- El Consejo rendirá un informe anual a la Corte Suprema



de Justicia, sobre su funcionamiento y el de los tribunales de la



República y demás órganos, departamentos y oficinas del Poder Judicial.



En dicho informe, incluirá las necesidades que, a su juicio, existan en



materia de personal, de instalaciones y recursos, para el desempeño



debido y correcto de la función judicial. Antes de elaborarlo, pedirá a



los tribunales, los juzgados y los demás órganos, oficinas y



departamentos, un informe anual sobre la labor realizada y las



necesidades concretas.



(Así reformado por el artículo 3º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO II



DE SUS ATRIBUCIONES



ARTICULO 81.- Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial:



1.- Ejecutar la política administrativa del Poder Judicial, dentro



de los lineamientos establecidos por la Corte Suprema de



Justicia.



2.- Designar, con excepción de los que corresponden a la Corte, a



los funcionarios que administran justicia, de conformidad con



las normas legales y reglamentarias correspondientes;



trasladarlos, provisional o definitivamente, suspenderlos y



concederles licencias con goce de sueldo o sin él y removerlos,



todo con arreglo de las disposiciones correspondientes, sin



perjuicio de las potestades atribuidas al Presidente.



3.- Designar funcionarios interinos o suplentes que administran



justicia, cuando se compruebe que los Despachos no se



encontraren al día.



4.- Ejercer la potestad disciplinaria respecto de los servidores



judiciales, de conformidad con la ley y sin perjuicio de las



facultades conferidas a la Corte Plena, al Presidente de la



Corte y al Tribunal de la Inspección Judicial.



5.- Designar interinos para suplir las vacancias, incluso de los



funcionarios cuyo nombramiento en propiedad corresponde a la



Corte.



6.- Trasladar, provisional o definitivamente, suspender, conceder



licencias con goce de sueldo o sin él, remover y rehabilitar,



con arreglo a las disposiciones correspondientes, a todos los



servidores judiciales, sin perjuicio de las potestades



atribuidas al Presidente de la Corte.



7.- Aprobar o improbar la designación del personal subalterno que



hiciere cada jefe administrativo en su respectivo Despacho,



departamento u oficina judicial. Al hacerlo, verificará que el



nombramiento se haya ajustado al procedimiento establecido para



ello en el Estatuto de Servicio Judicial.



8.- DEROGADO.



( Derogado por el artículo 23 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997).



9.- Resolver sobre los reclamos de carácter económico que se hagan



al Poder Judicial, en cualquier concepto, y ordenar a los



servidores judiciales, los reintegros de dineros que procedan



conforme a la ley.



1O.- Resolver sobre las licitaciones y solicitar a la Corte Plena que



acuerde las expropiaciones de inmuebles o la afectación de



derechos reales que interesen al Poder Judicial. Acordada la



expropiación de un inmueble o la afectación de derechos reales,



la Corte Plena publicará el acuerdo en La Gaceta y pasará el



expediente respectivo al Consejo Superior para que nombre uno o



varios peritos, según se requiera, que rindan un avalúo del



inmueble o derechos reales afectados. El avalúo no tomará en



cuenta la eventual plusvalía originada en la construcción de la



obra que motiva la expropiación o afectación de derechos.



Rendido el avalúo, se pondrá en conocimiento de los interesados,



mediante notificación personal o en la casa de habitación, a fin



de que manifiesten, dentro de los quince días hábiles



siguientes, si están de acuerdo en traspasar el inmueble o



derecho real en cuestión, por el precio señalado en el avalúo



acogido por el Consejo; caso en el cual formalizarán el traspaso



ante la Notaría del Estado, dentro de los tres meses siguientes.



Si por cualquier razón no convinieren en el traspaso, el Consejo



remitirá el expediente administrativo, dentro de los diez días



hábiles siguientes, al Juzgado de lo Contencioso-administrativo



y Civil de Hacienda que, por turno corresponda, para que inicie



las diligencias judiciales de avalúo por expropiación, conforme



el procedimiento contemplado en la Ley de expropiaciones y



afectación de derechos reales del Poder Judicial.



11.- Invertir, en el mantenimiento y construcción de locales y en



otros rubros que lo ameritan, los excedentes que pudieran



producirse de acuerdo con lo que disponga la Corte Plena.



l2.- Administrar el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder



Judicial, de acuerdo con las políticas de inversión de ese



Fondo, establecidas por la Corte.



13.- Reconocer a los servidores judiciales, el tiempo laborado en el



sector público y ordenar el reintegro que corresponde al Fondo.



14.- Resolver sobre la devolución de cuotas del Fondo de Jubilaciones



y Pensiones del Poder Judicial a otros regímenes de seguridad



social.



15.- Otorgar toda clase de jubilaciones y pensiones judiciales.



l6.- Dirigir, planificar, organizar y coordinar las actividades



administrativas del Poder Judicial y proponer a la Corte, los



reglamentos correspondientes.



l7.- Conocer y aprobar el anteproyecto de Presupuesto del Poder



Judicial.



l8.- Conceder licencias con goce de sueldo a los servidores



judiciales, para realizar estudios o proyectos que interesen al



Poder Judicial.



19.- Conocer en alzada, en los casos establecidos por la ley o por el



reglamento, de lo resuelto por el Director o el Subdirector



Ejecutivo.



20.- Conocer y aprobar el plan de vacaciones del Poder Judicial; con



excepción del plan de vacaciones de las Salas de la Corte.



21.- Dictar las normas internas para el mejor desempeño de sus



funciones, con excepción de los reglamentos.



22.- Regular la distribución de los asuntos judiciales entre los



Despachos de igual competencia territorial, para obtener la



equiparación del trabajo.



23.- Las demás actividades que sean propias de su cometido, en todo



lo que no esté previsto de modo expreso en la presente Ley.



24.- Cualquier otra que le atribuya la ley.



Cuando existiere duda sobre si un asunto es o no es de competencia



del Consejo, éste resolverá, salvo que el conflicto sea con la Corte



Suprema de Justicia, en el cual se estará a lo que ésta resuelva; en



ambos casos sin recurso alguno.



En cualquier caso, todas las potestades del Consejo respecto de los



servidores judiciales corresponderán a la Corte Plena, cuando se trate de



Magistrados propietarios o suplentes.




Ficha articulo



ARTICULO 82.- Para los efectos de ejecutar el presupuesto del Poder



Judicial promulgado por la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo



girará al primero, por mensualidades adelantadas, los montos



correspondientes a las transferencias que se le asignen, con excepción de



los rubros que correspondan a salarios.



El Consejo está autorizado para abrir cuentas a nombre del Poder



Judicial en los bancos del Estado, con el propósito de depositar esos



fondos y ordenar pagos contra ellos.



Cuando las necesidades del servicio lo requieran, el Consejo podrá



crear subpartidas y realizar traspasos entre gastos que le estén



autorizados en las leyes de presupuesto, sin que exceda el monto total de



los recursos asignados más el superávit acumulado. No obstante, no se



podrán modificar los recursos destinados a cubrir sueldos o servicios



personales, salvo que se trate de sumas acumuladas o no gastadas.




Ficha articulo



ARTICULO 83.- Sin perjuicio del derecho de avocamiento de la Corte



Suprema de Justicia, cuando el Consejo resuelva aspectos de carácter



administrativo, su pronunciamiento agota la vía administrativa y solo



tendrá recurso de reconsideración, que deberá ser interpuesto por el



interesado dentro del plazo de tres días, a partir del día siguiente al



de su notificación. En este último caso, el Consejo podrá disponer la



suspensión del acto que pueda causar daño o perjuicio de imposible o



difícil reparación.




Ficha articulo



CAPITULO III



DE LOS ORGANOS DEPENDIENTES DEL CONSEJO



SECCION I



DE LAS DEPENDENCIAS



ARTICULO 84.- Del Consejo Superior dependerán el Tribunal de la



Inspección Judicial, la Dirección Ejecutiva, la Auditoría, la Escuela



Judicial, el Departamento de Planificación, el Centro Electrónico de



Información Jurisprudencial, el Departamento de Personal y cualquiera



otra dependencia establecida por ley, reglamento o acuerdo de la Corte.



Asimismo, dependerán del Consejo, pero únicamente en lo



administrativo y no en lo técnico profesional, el Ministerio Público, el



Organismo de Investigación Judicial y la Defensa Pública.



(Así reformado por el artículo 3º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 85.- En el Poder Judicial, funcionarán los departamentos,



secciones y jefaturas administrativas que el buen servicio demande, con



las atribuciones que la Corte señale.




Ficha articulo



SECCION II



DE LA DIRECCION EJECUTIVA DEL PODER JUDICIAL



ARTICULO 86.- La Dirección Ejecutiva estará a cargo de un



funcionario que se denominará Director Ejecutivo del Poder Judicial,



deberá ser costarricense, mayor de treinta años, abogado con



conocimientos y experiencia en Administración o licenciado en



Administración.



Con excepción de los órganos previstos en el artículo 84 y de otros



que así se establezca por reglamento o acuerdo de la Corte Plena, las



demás oficinas administrativas del Poder Judicial dependerán de la



Dirección Ejecutiva.




Ficha articulo



ARTICULO 87.- En la Dirección habrá un Subdirector, que estará



subordinado al Director y colaborará con él en el desempeño de su cargo.



Debe reunir los mismos requisitos que se exigen para el Director, a quien



reemplazará en sus ausencias temporales. Se procurará, en todo caso, que



no tenga la misma especialidad profesional del Director.




Ficha articulo



ARTICULO 88.- Corresponderá al Director, de conformidad con la ley,



el reglamento y las directrices que la Corte, el Presidente del Consejo o



éste le indiquen:



1.- Dirigir, organizar, coordinar y supervisar las funciones



administrativas de sus dependencias.



2.- Velar por que se cumplan los acuerdos del Consejo.



3.- Autorizar los gastos que deban realizarse en las oficinas



judiciales, con motivo de peritajes, honorarios, copias,



diligencias y otros servicios de la misma índole, cuando ese



gasto corresponda al Poder Judicial.



4.- Dictar los acuerdos de pago, una vez que los gastos hayan sido



debidamente aprobados y autorizados.



5.- Otorgar permiso, sin goce de sueldo, por períodos no mayores de



seis meses, al personal de la Dirección y a los jefes de las



dependencias subordinadas a ésta.



6.- Proponer al Consejo, el nombramiento del Subdirector y de los



jefes de los departamentos administrativos subordinados a la



Dirección, mediante el sistema de ternas y de acuerdo con el



Estatuto de Servicio Judicial.



7.- Formular los programas que sean necesarios para el mejor



aprovechamiento de los bienes y servicios del Poder Judicial,



sin perjuicio de los proyectos que el Consejo encomiende a



comisiones especiales.



8.- Firmar las reservas de crédito, solicitudes de mercancías y



todos los demás documentos para la ejecución del presupuesto.



9.- Firmar los giros que expida el Departamento Financiero Contable,



de conformidad con las normas presupuestarias y los que se



emitan contra el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder



Judicial o de Socorro Mutuo.



10.- Endosar los giros que se extiendan a favor de los fondos antes



mencionados, para su depósito en las cuentas respectivas.



11.- Proponer al Consejo reglas para organizar y uniformar los



servicios administrativos de las oficinas judiciales de toda la



República, especialmente en lo que se refiere a los sistemas de



registro, clasificación, circulación y archivo de expedientes,



para lo que oirá el criterio de los jefes de esas oficinas.



12.- Resolver sobre los pagos que deban hacerse contra el Fondo de



Socorro Mutuo. Si se planteare discusión sobre el mejor derecho



al beneficio o en otros casos especiales, que puedan ofrecer



duda, el Director elevará el asunto al Consejo para que éste



decida.



13.- Autorizar los pagos del Poder Judicial.



14.- Ejercer el régimen disciplinario sobre los jefes de las



dependencias subordinadas y sobre el personal de la Dirección,



sin perjuicio de las potestades atribuidas a la Inspección



Judicial, al Consejo Superior y al Presidente de la Corte.



15.- Conceder asuetos, por festejos cívicos o religiosos, a los



servidores de los respectivos lugares, de acuerdo con la ley.



16.- Asistir a las sesiones del Consejo, con voz pero sin voto.



17.- Cualquier otra que le otorgue la ley, el reglamento, la Corte,



el Consejo o el Presidente de la Corte.




Ficha articulo



SECCION III



DE LA AUDITORIA DEL PODER JUDICIAL



ARTICULO 89.- Existirá un Departamento de Auditoría dependiente del



Consejo, a cargo de un Auditor Jefe que deberá ser costarricense, mayor



de treinta años, licenciado en Ciencias Económicas, incorporado al



Colegio de Contadores Públicos autorizados de Costa Rica; y poseer



conocimientos y amplia experiencia sobre el manejo de las disposiciones



legales que rigen la Administración Pública.




Ficha articulo



ARTICULO 90.- Corresponde al Auditor:



1.- Ejercer la suprema vigilancia sobre el régimen económico del



Poder Judicial, sin perjuicio de lo que pueda resolver la Corte



o el Consejo.



2.- Dirigir, programar y fiscalizar las labores de control interno.



3.- Fiscalizar la ejecución del Presupuesto.



4.- Controlar el buen uso y correcto destino de los fondos públicos



puestos a disposición del Poder Judicial, para lo cual tendrá



acceso a todas las dependencias judiciales y a los libros,



archivos y documentos referentes al movimiento económico.



5.- Refrendar, a posteriori, los documentos que impliquen



responsabilidad económica para el Poder Judicial en relación con



el uso de fondos.



6.- Practicar revisiones, con la frecuencia que sea necesaria, sobre



los gastos efectuados por el Poder Judicial, elaborar los



informes financieros que se deriven de esos estudios y si



encontrare alguna irregularidad, dar cuenta de inmediato al



Consejo.



7.- Dar pautas y recomendaciones a los servidores judiciales de las



oficinas que tengan a su cargo actividades de carácter contable.



8.- Colaborar con la Contraloría General de la República, en las



funciones de auditoría externa.




Ficha articulo



ARTICULO 91.- En el caso de ausencia temporal del Auditor, sus



funciones se recargarán en cualquier otro servidor de la Auditoría que



tenga conocimientos contables, según lo disponga el Presidente del



Consejo. Si la ausencia se prolongare por más de ocho días, el Consejo



nombrará a un auditor interino.



Los nombramientos que se realicen, de forma interina, podrán recaer



en personas que no reúnan los requisitos establecidos en esta Ley,



siempre que tales nombramientos no excedan de tres meses. Transcurrido



este término, el Consejo deberá hacer el nombramiento de una persona que



reúna los requisitos establecidos, previo concurso que convocará el



Departamento de Personal.




Ficha articulo



TITULO IV



DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS Y JUZGADOS



(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización



Judicial, 7728 de 15 de diciembre de 1997)



CAPITULO I



DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS



(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización



Judicial, 7728 de 15 de diciembre de 1997)



Artículo 92.-Existirán tribunales colegiados de casación, de apelación de sentencia, civiles, penales de juicio, de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda, de familia, de trabajo, agrarios, penales juveniles, así como otros que determine la ley.



En cada provincia o zona territorial establecida por la Corte Suprema de Justicia, existirán los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda que esta decida.



Los tribunales podrán ser mixtos, cuando lo justifique el número de asuntos que deban conocer.



(Así reformado por el artículo 8° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)


Ficha articulo



    Artículo 93.-Los tribunales de apelación de sentencia penal conocerán:

1) Del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los tribunales unipersonales y colegiados de juicio.



2) De la apelación contra las resoluciones que dicten los jueces del tribunal de juicio, cuando la ley acuerde la procedencia del recurso.



3) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de sus integrantes propietarios y suplentes.



4) De los conflictos de competencia suscitados entre tribunales de juicio de su circunscripción territorial.



5) De los conflictos suscitados entre juzgados contravencionales y tribunales de juicio de su circunscripción territorial.



6) Del recurso de apelación de sentencia en la jurisdicción especializada penal juvenil.



7) De los demás asuntos que se determinen por ley.



 



(Así reformado por el artículo 8° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)  




Ficha articulo



Artículo 93 bis.-Integración de los tribunales de apelación de sentencia: Los tribunales de apelación de sentencia estarán conformados por secciones independientes, integradas cada una por tres jueces, de acuerdo con las necesidades del servicio, y se distribuirán su labor conforme lo dispone la presente Ley.  La jurisdicción penal juvenil contará con los tribunales de apelación de sentencia, especializados en esta materia, según las necesidades del servicio.



(Así adicionado por el artículo 5° de la Ley N° 8503 del 28 de abril de 2006)



(Así reformado por el artículo 8° "Creación del recurso de apelación de la sentencia, otras reformas al régimen de impugnación e implementación de nuevas reglas de oralidad en el proceso penal", ley N° 8837 del 3 de mayo de 2010)



(Nota de SInalevi: Mediante el artículo 18 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de septiembre de 2017, se adicionará el numeral 93 ter. De conformidad con el transitorio de la ley antes referida la entrará en vigencia de la norma antes mencionada será de dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha el nuevo artículo 93 ter será el siguiente: "Artículo 93 ter- Corresponde al Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada conocer:



1-) Del recurso de apelación contra las sentencias dictadas por los tribunales especializados en delincuencia organizada.



2-) De la apelación contra las resoluciones que dicte el Tribunal Especializado en Delincuencia Organizada, cuando la ley acuerde la procedencia del recurso.



3-) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus integrantes propietarios y suplentes.



Los tribunales de apelación de sentencia especializados en delincuencia organizada estarán conformados por secciones independientes, integradas cada una por tres jueces, de acuerdo con las necesidades del servicio, y se distribuirán su labor conforme lo dispone la presente ley.")




Ficha articulo



ARTICULO 94.- Los miembros del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía deberán reunir los mismos requisitos que el juez de menor cuantía. Para ser miembro de los demás tribunales colegiados se requiere:



1.- Ser costarricense en ejercicio de los derechos ciudadanos.



2.- Tener al menos treinta años de edad.



3.- Poseer el título de abogado, legalmente reconocido en Costa Rica, y haber ejercido esta profesión durante seis años, salvo en los casos en que se trate de funcionarios judiciales, con práctica judicial de tres años como mínimo.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



Artículo 94 bis.-  



1) Corresponderá al Tribunal de Casación de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, conocer y resolver el recurso extraordinario de casación, cuando intervenga alguno de los siguientes entes u órganos:  



a) Los colegios profesionales y cualquier ente de carácter corporativo.  



b) Los entes públicos no estatales.  



c) Las juntas de educación y cualquier otra junta a la que la ley le atribuya personalidad jurídica sustancial.  



d) Las empresas públicas que asuman formas de organización distintas de las del Derecho público.  



2) También a ese Tribunal le corresponderá conocer y resolver, con independencia del ente u órgano autor de la conducta, el recurso de casación en los procesos en que se discutan las sanciones disciplinarias, multas y condenas administrativas, y toda ejecución de sentencia correspondiente a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y Civil de Hacienda.  



3) En apelación, de las resoluciones que dicten los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda y los juzgados de la materia, cuando la ley conceda ese recurso.  



4) De los impedimentos, la excusa y las recusaciones de sus jueces, propietarios y suplentes.  



5) De los conflictos de competencia que se susciten entre los órganos que componen la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, siempre que no correspondan a la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.  



6) De los demás asuntos que determine la ley.



(Así adicionado por el artículo 212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo).




Ficha articulo



ARTICULO 95.- Los Tribunales Colegiados Civiles conocerán de los siguientes asuntos:



1.-De los recursos de apelación que procedan contra las resoluciones de los juzgados civiles. También conocerán de las apelaciones provenientes de los juzgados de menor cuantía y especializados en el cobro de obligaciones dinerarias y monitorios arrendaticios. Si el proceso es de menor cuantía será conocido por un integrante del tribunal como órgano unipersonal. 



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 15 aparte a) de la Ley Proceso Monitorio Arrendaticio, N° 9160 del 13 de agosto del 2013)



 



2.- De los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces colegiados propietarios o suplentes.



3.- De los conflictos de competencia en materia civil entre autoridades de su mismo territorio.



4.- De los demás asuntos que determine la ley.



( Así reformado por el numeral 10 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 96.- Los tribunales penales de juicio estarán conformados al menos por cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con tres de ellos, para conocer de los siguientes asuntos:



1.- De la fase de juicio, en los procesos seguidos contra personas que a la fecha de los hechos pertenecieron a los Supremos



Poderes del Estado, o fueron por delitos sancionados con más de cinco años de prisión, salvo que corresponda el procedimiento



abreviado.



2.- De la fase de juicio, en procesos contra funcionarios equiparados, pero que en el momento del juzgamiento no ostentan



esos cargos.



3.- Del proceso por delitos de injurias y calumnias realizados por los medios de comunicación colectiva. En tal caso, el tribunal nombrará a uno de sus miembros para que ejecute los actos preliminares al juicio.



(La Sala Constitucional mediante resolución 12220 del 08 de noviembre del 2001, declaró que el presente inciso no es inconstitucional, en tanto el legislador, ". quien tiene potestad discrecional para determinar los procedimientos judiciales conforme se vio, hubiere previsto el juzgamiento de los delitos de difamación en forma distinta de los de calumnia e injuria, asignando el conocimiento de aquellos a un tribunal unipersonal, no constituye una diferencia ilegítima, porque objetivamente no desmejora las garantías procesales de las partes en esos asuntos, ni crea una disminución en sus facultades formales ni en su derecho de defensa".)



4.- De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de los jueces propietarios y suplentes.



5.- De los demás asuntos que se determinen por ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 96 bis.- Los tribunales penales de juicio se constituirán con uno solo de sus miembros, para conocer:



1.- Del recurso de apelación contra las resoluciones del juez penal.



2.- De los conflictos de competencia surgidos entre juzgados penales de su circunscripción territorial.



3.- De las recusaciones rechazadas y de los conflictos surgidos por inhibitorias de los jueces penales.



4.- De los juicios por delitos sancionados con penas no privativas de libertad o hasta con un máximo de cinco años de prisión, salvo lo dispuesto en los incisos 2) y 3) del artículo anterior.



5.- De los procesos de extradición.



6.- Del procedimiento abreviado.



7.- De los demás asuntos que la ley establezca.



En los lugares que no sean asiento de un tribunal de juicio, la Corte podrá disponer el funcionamiento de otras oficinas adscritas a ese tribunal; estas serán atendidas por el número de jueces necesario, con base en la obligada eficiencia del servicio.



Los jueces de la sede principal y de las oficinas adscritas, podrán sustituirse recíprocamente.



(Así adicionado este artículo por el numeral 9º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de SInalevi: Mediante el artículo 18 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de septiembre de 2017, se adicionará el numeral 96 ter. De conformidad con el transitorio de la ley antes referida la entrará en vigencia de la norma antes mencionada será de dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha el nuevo artículo 96 ter será el siguiente: "Artículo 96 ter-Los tribunales especializados en delincuencia organizada estarán conformados por secciones independientes de al menos cuatro jueces y se integrarán, en cada caso, con tres de ellos, para conocer de los siguientes asuntos:



1-) De la fase de juicio.



2-) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones, de las juezas o los jueces propietarios y suplentes.



3-) De las apelaciones interlocutorias que se formulen durante las etapas preparatoria e intermedia.")




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Artículo 97.- Los tribunales de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda conocerán:  



1) De los procesos contencioso-administrativos y de los ordinarios civiles de Hacienda que se tramiten conforme al Código Procesal Contencioso-Administrativo y la ejecución de sus propias sentencias.  



2) De los impedimentos, las excusas y las recusaciones de sus jueces, propietarios y suplentes.  



3) De los demás asuntos que determine la ley.



(Así reformado por el artículo 212 de la Ley No. 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso Administrativo).



 






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ARTICULO 98.- Los Tribunales Colegiados de Trabajo conocerán:



1.- En grado, de las resoluciones que dicten los juzgados de trabajo, cuando proceda el recurso de apelación o la consulta.



2.- En grado, de los conflictos colectivos de trabajo.



3.- De la declaratoria de huelga.



4.- De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus jueces colegiados propietarios y suplentes.



5.- De los conflictos de competencia en materia laboral.



6.- De los demás asuntos que determine la ley.



( Así reformado por el numeral 10 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 99.- Los Tribunales Colegiados de Familia conocerán:



1.- De los recursos de apelación y consulta que procedan contra las resoluciones de los juzgados de familia y tutelares de menores.



2.- De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus jueces colegiados propietarios o suplentes.



3.- De los conflictos de competencia en materia de familia.



4.- De los demás asuntos que determine la ley.



( Así reformado por el numeral 10 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se reformará este numeral. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: "Artículo 99- Los Tribunales de Familia conocerán:



1) De forma colegiada de tres jueces, lo siguiente:



a) Los recursos de apelación de sentencias definitivas de los procesos conocidos en los juzgados de Familia, juzgados de Niñez y Adolescencia y juzgados de Violencia Doméstica y Protección Cautelar, salvo las sentencias finales de los procesos de restitución internacional de personas menores de edad.



b) Los conflictos de competencia material suscitados entre juzgados de Familia, juzgados de Niñez y Adolescencia o juzgados de Violencia Doméstica y Protección Cautelar.



2) De forma unipersonal, lo siguiente:



a) Los recursos de apelación de resoluciones interlocutorias de los procesos conocidos en los juzgados de Familia, juzgados de Niñez y Adolescencia o juzgados de Violencia Doméstica y Protección Cautelar.



b) Los conflictos de competencia territorial entre juzgados de Familia, entre juzgados de Niñez y Adolescencia o entre juzgados de Violencia Doméstica y Protección Cautelar.



c) Los impedimentos, las excusas y las recusaciones de uno o varios de sus miembros propietarios o suplentes.



d) Los demás asuntos que determine la ley.")




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ARTICULO 100.- Los Tribunales Colegiados Agrarios conocerán:



1.- En grado, de las resoluciones dictadas por los Juzgados Agrarios.



2.- De los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Agrario, dictadas en materia de su competencia.



3.- De los impedimentos, excusas y recusaciones de sus Jueces Colegiados propietarios y suplentes.



4.- De los conflictos de competencia en materia agraria.



5.- De los demás asuntos que determine la ley.



( Así reformado por el numeral 10 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 341 del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre del 2018, se reformará este numeral. De conformidad con el transitorio VI de la norma antes referida dicha modificación entrará a regir a partir del 28 de febrero del 2021, por lo que a partir de esa fecha este artículo se leerá de la siguiente manera: "Artículo 100- El Tribunal Agrario



El Tribunal Agrario conocerá:



1) El recurso de apelación interpuesto contra los autos y contra las sentencias emitidas por los juzgados agrarios, cuando proceda.



2) Las inconformidades y los conflictos de competencia que se susciten entre los juzgados agrarios.



3) Los conflictos entre juzgados agrarios generados por la acumulación de procesos.



4) En grado y de forma definitiva, los recursos que se interpongan contra las resoluciones del Instituto de Desarrollo Rural (Inder) y demás entes que la ley disponga, cuando se vinculen con las actividades agrarias y de desarrollo rural.



5) Los impedimentos y las recusaciones de sus integrantes y de los conflictos que se susciten por dichos motivos entre las personas juzgadoras de los juzgados agrarios.



6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.")




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ARTICULO 101.-Los tribunales estarán integrados por el número de jueces necesario para el servicio público bueno y eficiente. En los conformados por más de un juez, sus integrantes elegirán, internamente, a quien se desempeñará como coordinador por un período de cuatro años, podrá ser reelegido y tendrá las funciones que le señalen la ley y la Corte Plena. A falta de acuerdo interno de elección, luego de realizadas cinco votaciones, la Corte Plena designará al coordinador.



Los tribunales podrán tener competencia y jurisdicción en dos o más cantones de diferentes provincias, en una o en varias provincias y aun en todo el territorio nacional. El Consejo Superior del Poder Judicial regulará la distribución de los asuntos, por razón de la materia o territorio, entre los tribunales, para equiparar el trabajo con el objeto de mejorar el servicio y obtener el resultado más eficiente.



Las reglas relativas al funcionamiento propio de los tribunales colegiados serán aplicables, en lo que corresponda, a todos los demás tribunales.



Para ser juez de casación o juez de apelación de sentencia se requiere:



1.- Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.



2.- Tener al menos treinta y cinco años de edad.



3.- Poseer el título de abogado, legalmente reconocido en el país y haber ejercido la profesión durante diez años, salvo que se trate de funcionarios judiciales con práctica judicial mínima de cinco años. Estos jueces devengarán un salario mayor que los demás jueces del tribunal colegiado.



(Así reformado por el artículo 5° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)



(Nota de SInalevi: Mediante el artículo 18 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de septiembre de 2017, se adicionará el numeral 101 bis. De conformidad con el transitorio de la ley antes referida la entrará en vigencia de la norma antes mencionada será de dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha el nuevo artículo 101 bis será el siguiente: "Artículo 101 bis-Para ser jueza o juez del Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada y juez o jueza tramitadora del Tribunal Penal y del Tribunal de Apelación de Sentencia Especializado en Delincuencia Organizada, titular o suplente, se requiere:



1-) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.



2-) Tener al menos treinta y cinco años de edad.



3-) Poseer el título de abogado o abogada, legalmente reconocido en el país.



4-) Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de cinco años y estar elegible en el escalafón correspondiente.



5-) Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad, previo cumplimiento del período de prueba, en el Poder Judicial.



6-) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida por la Escuela Judicial o en coordinación con ella.



Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces del Juzgado Penal.



Para ser jueza o juez del Tribunal Penal y del Tribunal de Apelación de Sentencia de la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, titular o suplente, se requiere:



1-) Ser costarricense en ejercicio de sus derechos ciudadanos.



2-) Tener al menos treinta y cinco años de edad.



3-) Poseer el título de abogado o abogada legalmente reconocido en el país.



4-) Haber ejercido como profesional en derecho en los ámbitos auxiliar de justicia o jurisdiccional, en materia penal, por un mínimo de seis años y estar elegible en el escalafón correspondiente.



5-) Poseer una condición de nombramiento profesional en propiedad, previo cumplimiento del período de prueba, en el Poder Judicial.



6-) Poseer capacitación especializada en delincuencia organizada impartida por la Escuela Judicial o en coordinación con ella.



Estos jueces devengarán un incentivo salarial respecto de los demás jueces del Tribunal Penal o del Tribunal de Apelación de Sentencia, según cada caso.



Corresponde al Consejo Superior del Poder Judicial designar a los jueces y las juezas del Juzgado Penal, y a los jueces y las juezas tramitadores, y a la Corte Suprema de Justicia nombrar a los jueces y las juezas del Tribunal Penal y del Tribunal de Apelación de Sentencia, de esa jurisdicción, por un período de ocho años; vencido este plazo, retornarán a su puesto en propiedad. Su nombramiento podrá ser ampliado por el término necesario para finalizar actos procesales en curso, a su cargo, debidamente justificados o hasta que se nombre a la persona que deberá asumir el nuevo período.



Los nombramientos que se hagan por haber quedado una vacante se harán por un período completo.



Previo a desempeñarse en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada, será necesario aprobar un riguroso programa de reclutamiento y selección, conforme al principio de idoneidad comprobada, que será aprobado por la Corte.



Todas las personas que se desempeñen en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada deberán ser valoradas cada dos años por la Dirección de Gestión Humana, con el fin de constatar que mantienen la idoneidad para desempeñarse en el cargo, según lo establece el Estatuto de Servicio Judicial y cuando excepcionalmente sea solicitado por instancias superiores. Los resultados no favorables serán remitidos a conocimiento de la Corte Plena y el Consejo Superior respectivamente, quienes, entre otras opciones, podrán revocar o suspender su nombramiento en esta jurisdicción y devolverlo a su puesto en propiedad.



Quienes se desempeñen exclusivamente en la Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada devengarán un incentivo salarial y conservarán su plaza en propiedad, durante el plazo de su nombramiento.



Quienes se desempeñen en esta jurisdicción tendrán protección especial, solamente cuando surjan factores de riesgo por el ejercicio de sus funciones que así lo hagan necesario, según los estudios técnicos respectivos.



Quienes se desempeñen en la Jurisdicción Especializada de Delincuencia Organizada también realizarán labores dentro de la jurisdicción ordinaria, cuando los requerimientos institucionales así lo determinen.")




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ARTICULO 102.- Los conflictos de competencia entre juzgados civiles,



agrarios, penales, penales juveniles, de trabajo, familia, contencioso-



administrativo, civiles de hacienda y otros, se resolverán según las



siguientes reglas:



Los conflictos según la materia y dentro de un mismo territorio



serán conocidos por el Tribunal Colegiado respectivo.



Si los juzgados pertenecieren a tribunales colegiados de diferentes



territorios, le corresponde resolver al Tribunal de Casación respectivo



o, de no existir este último, a la Sala de la Corte pertinente.



Si son juzgados de diferente materia, sean o no de un mismo



territorio, le corresponde al Tribunal de Casación respectivo o, de no



existir este último, a la Sala de la Corte de la materia a la que



pertenezca el órgano ante el cual se presentó el asunto o se previno en



su conocimiento, excepto que existan otras disposiciones en la ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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CAPITULO II



DE LOS JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA Y PENALES



(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ARTICULO 103.- Habrá juzgados civiles, penales, penales juveniles,



de lo contencioso-administrativo y civiles de hacienda, de familia, de



trabajo, agrarios, de ejecución de la pena y los que determine la ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 104.- Los juzgados podrán ser mixtos, cuando lo justifique



el número de asuntos que deban conocer.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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Artículo 105.- Los juzgados civiles conocerán:  



1) De los procesos de mayor cuantía, excepto de los que correspondan al juzgado contencioso-administrativo y civil de hacienda, agrario o juzgado especializado en cobro de obligaciones dinerarias.



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 36 aparte b) de la Ley N° 8624 del 1° de noviembre de 2007)



2) En grado, de las resoluciones dictadas por los jueces de menor cuantía en materia civil, salvo los procesos de cobro de obligaciones dinerarias y los monitorios arrendaticios. 



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 15 aparte b) de la Ley Proceso Monitorio Arrendaticio, N° 9160 del 13 de agosto del 2013)



3) De las competencias que se susciten en lo civil entre las alcaldías de su respectivo territorio.  



4) De los demás asuntos que determinen las leyes.



(Así reformado por el artículo 212 de 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo).




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ARTICULO 106.- Los Juzgados de Familia conocerán:



1.- De los asuntos de Derecho de familia.



2.- En grado, de las resoluciones que dicten las alcaldías de pensiones alimenticias.



3.- De las competencias que se susciten entre las alcaldías de pensiones alimenticias de su territorio.



4.- De los demás asuntos que determine la ley.



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se reformará este numeral. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: “Artículo 106- Los juzgados de Familia conocerán:



a) Los procesos y su ejecución relativos a los conflictos y determinaciones del derecho de las relaciones familiares, salvo los conocidos en los juzgados de Pensiones Alimentarias, de Violencia Doméstica o de Niñez y Adolescencia.



b) Los recursos de apelación provenientes de los juzgados de Pensiones Alimentarias.



c) Los conflictos de competencia territorial suscitados entre juzgados de Pensiones Alimentarias.



d) Los demás asuntos que estipule la ley.”)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se adicionará el artículo 106 bis. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: “Artículo 106 bis- Juzgados de Niñez y Adolescencia Los juzgados de Niñez y Adolescencia conocerán de:



1) Los procesos resolutivos familiares y la ejecución de sentencia proveniente de ellos, tratándose de pretensiones de oposición a la adopción, de oposición a la declaratoria de adaptabilidad en sede administrativa, la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental y la pérdida de responsabilidad parental, con petición o no de adaptabilidad.



2) Las diligencias de protección cautelar referidas a personas menores de edad.



3) Los procesos relativos a la adopción de personas menores de edad y su oposición.



4) Los asuntos de petición unilateral de nombramiento de personas depositarias para personas menores de edad y de nombramiento de personas tutoras para personas menores de edad.



5) La diligencia de comunicación que establece el artículo 32 de la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.



6) Los procedimientos de restitución internacional de personas menores de edad, de adopción internacional y los demás de aplicación de convenios internacionales relativos a materia de niñez y adolescencia.



Los procedimientos establecidos en el inciso 6) deberán ser conocidos, exclusivamente, en los juzgados de Niñez y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de San José.



En los lugares en los cuales no exista este despacho, la competencia de estas materias corresponderá al Juzgado de Familia.”)




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ARTICULO 107.- Corresponde al juez penal conocer de los actos jurisdiccionales de los procedimientos preparatorio e intermedio, así como del recurso de apelación en materia contravencional.



Se procurará que un mismo funcionario no asuma ambas etapas en un solo proceso, salvo que, por la cantidad de asuntos de los que conoce, el despacho esté integrado por un solo juez.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 18 de la Ley de Creación de la jurisdicción especializada en delincuencia organizada en Costa Rica, N° 9481 del 13 de septiembre de 2017, se adicionará el numeral 107 bis. De conformidad con el transitorio de la ley antes referida la entrará en vigencia de la norma antes mencionada será de dieciocho meses después de que se haya otorgado el presupuesto necesario para su implementación, conforme a los estudios técnicos del Poder Judicial, por lo que a partir de esa fecha el nuevo artículo 107 bis será el siguiente: "Artículo 107 bis- Corresponde al Juzgado Especializado en Delincuencia Organizada conocer de los actos jurisdiccionales de los procedimientos preparatorio e intermedio. Se procurará que un juez no asuma ambas etapas en un solo proceso".)




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ARTICULO 108.- La Corte podrá designar juzgados y tribunales penales



de turno extraordinario, para que presten servicio luego de la jornada



ordinaria, en días de asueto, feriados y de vacaciones generales.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 109.- Los Juzgados de Trabajo conocerán:



1.- De todas las diferencias o conflictos individuales o colectivos de carácter jurídico que surjan entre patronos y trabajadores; sólo entre aquellos o solo entre estos derivados de la aplicación del Código de Trabajo, del contrato, o de hechos relacionados con él, siempre que por la cuantía no fueren de conocimiento de las alcaldías. Si se tratare de reclamos contra el Estado o contra sus instituciones, deberá agotarse previamente la vía administrativa. Esta se entenderá agotada, cuando hayan transcurrido más de quince días hábiles desde la fecha de la presentación del reclamo, sin que los organismos correspondientes hayan dictado resolución definitiva.



2.- En grado, de todos los conflictos colectivos de carácter económico y social, una vez que se constituyan en tribunal de conciliación.



3.- De todos los juicios que se entablen para obtener la disolución de organizaciones sociales.



4.- De todas las cuestiones de carácter contencioso que surjan con motivo de la aplicación de la Ley de Seguro Social, una vez que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social haga el pronunciamiento que corresponda y siempre que, por la cuantía o por la materia, tales cuestiones no sean de conocimiento de los alcaldes o de otra jurisdicción. Si se tratare de cuestiones relativas a derechos preferentes sobre bienes relictos u otros de índole netamente civil, su conocimiento será de competencia de los tribunales civiles.



5.- De todas las denuncias y cuestiones de carácter contencioso que ocurran, con motivo de la aplicación de las disposiciones sobre reparación por riesgos profesionales.



6.- De los conflictos de competencia entre alcaldes de trabajo de su territorio.



7.- En grado, de las resoluciones que dicten las alcaldías de trabajo.



8.- De los demás asuntos que determine la ley.




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Artículo 110.- Los juzgados de lo contencioso-administrativo y civil de Hacienda conocerán:  



 



 



1) De todo proceso civil de Hacienda que no sea ordinario, de cualquier cuantía, salvo si son procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos, aun cuando la acción se ejercite a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa pública.  Tampoco corresponderá a estos juzgados, el conocimiento de las medidas cautelares o de actividad no contenciosa, relacionadas con los procesos ejecutivos o relativos a la aplicación de la Ley general de arrendamientos urbanos y suburbanos.  



2) De las ejecuciones de sentencia dictadas por la Sala Constitucional,  en recursos de amparo y hábeas corpus.  



3) De los interdictos de cualquier cuantía, que se ejerciten en favor o en contra de la Administración Pública, central o descentralizada, y de las demás instituciones públicas, así como de los relacionados con empresas públicas.  



 



(NOTA DE SINALEVI: El artículo 37 aparte d) de la Ley de Cobro Judicial 8624 de 1 de noviembre de 2007,  indica derogar del inciso anterior la siguiente frase: "salvo los casos en que, por norma expresa, correspondan ser conocidos por un juzgado civil de hacienda de asuntos sumarios", no obstante, mediante el artículo  212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo, se reformó en su totalidad este artículo, reforma que empezó a regir el 1° de enero de 2008 y según el nuevo texto otorgado la frase que  indica derogar el numeral 37 aparte d) de cita no existe.)



 



4) De las diligencias especiales de avalúo por expropiación.  



 



(NOTA DE SINALEVI: El artículo 37 aparte e) de la Ley de Cobro Judicial 8624 de 1 de noviembre de 2007, indica derogar del inciso anterior la siguiente frase: "siempre que al asunto, por su cuantía, no le corresponda ser conocido en un juzgado civil de hacienda de asuntos sumarios", no obstante, mediante el artículo  212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo, se reformó en su totalidad este artículo, reforma que empezó a regir a partir del 1° de enero de 2008 y según el nuevo texto otorgado la frase que  indica derogar el numeral 37 aparte e) de cita no existe).



 



5) De los demás asuntos que determine la ley.  



(Así reformado por el artículo 212 de 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo).



 



(NOTA DE SINALEVI: El artículo 37 aparte f) de la Ley de Cobro Judicial 8624 de 1 de noviembre de 2007, indica derogar del artículo 110 los incisos 6 y 7, no obstante, mediante el artículo  212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo, se reformó en su totalidad este artículo, reforma que empezó a regir a partir del 1° de enero de 2008; según el nuevo texto otorgado los incisos que  indica derogar el numeral 37 aparte f) de cita no existen).



 




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ARTICULO 111.- Los juzgados penales juveniles conocerán:



1.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad



por la comisión o la participación en delitos o contravenciones. También



conocerá de las causas penales seguidas contra mayores de edad, siempre



que el hecho haya ocurrido durante su minoridad.



2.- En instancia, de las acusaciones atribuidas a menores de edad,



aun cuando estos adquieran la mayoría de edad.



3.- Decidir sobre cualquier medida cautelar que restrinja un derecho



fundamental del acusado menor de edad.



4.- Aprobar la conciliación, la suspensión de procedimientos, la



aplicación del criterio de oportunidad y cualesquiera otras medidas



procesales definitorias del procedimiento.



5.- Decidir las sanciones aplicables a los menores, conforme los



principios generales que informan la materia.



6.- Cualquier otra función que le otorgue la ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 112.- Los juzgados de ejecución de la pena conocerán:



1.- De las fijaciones de pena y las medidas de seguridad posteriores



a la aplicada por el tribunal de sentencia.



2.- De las incidencias y los incidentes formulados en relación con



las medidas de control y vigilancia, durante la etapa de ejecución.



3.- De la extinción, la sustitución o la modificación de las penas



privativas de libertad y de las medidas de seguridad impuestas.



4.- De los incidentes de ejecución, las peticiones, las quejas y los



recursos interpuestos por las partes, en esta etapa del proceso.



5.- De los demás asuntos que la ley establezca.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




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ARTICULO 113.- Los Juzgados Agrarios conocerán:



1.- De lo relativo a la materia agraria, cualquiera que sea la cuantía.



2.- DEROGADO.



(Derogado por el artículo 23 de la Ley de Reorganización Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997).



3.- De los demás asuntos que les encomienden las leyes.



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 341 del Código Procesal Agrario, N° 9609 del 27 de setiembre del 2018, se reformará este numeral. De conformidad con el transitorio VI de la norma antes referida dicha modificación entrará a regir a partir del 28 de febrero del 2021, por lo que a partir de esa fecha este artículo se leerá de la siguiente manera: "Artículo 113- Funciones de los juzgadores agrarios



Los juzgados agrarios conocerán los asuntos propios de su competencia, independientemente del valor económico de las pretensiones. Entre ellos se encuentran:



1) La primera instancia en todos los procesos anticipados, contenciosos, no contenciosos y de ejecución.



2) Los impedimentos y las recusaciones de sus juezas y jueces, en la forma dispuesta en la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 5 de mayo de 1993.



3) El auxilio requerido por otros tribunales judiciales y arbitrales.



4) La ejecución de laudos y medidas cautelares emitidas en procesos arbitrales referidos a asuntos vinculados a la actividad de producción agraria.



5) El impulso y la práctica de conciliaciones.



6) Los demás asuntos que determine el ordenamiento jurídico.")




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CAPITULO III



DE LOS JUZGADOS DE MENOR CUANTIA Y CONTRAVENCIONALES



(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ARTICULO 114.- Existirá el número de juzgados de menor cuantía, de



asuntos sumarios y contravencionales que se requieran para garantizar la



eficiencia y el buen servicio.



La Corte les fijará a estos juzgados su competencia territorial, por



materia y cuantía, así como la sede.



La determinación de la cuantía se revisará cada dos años, para lo



cual, previamente, se solicitará al Banco Central de Costa Rica un



informe sobre el índice inflacionario. Transcurrido un mes sin recibir



este informe, se prescindirá de él y se realizará la fijación



correspondiente, que regirá un mes después de su primera publicación en



el Boletín Judicial.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



Artículo 115.- En materia civil, los juzgados de menor cuantía conocerán:    



1) De los procesos monitorios, hipotecarios y prendarios de menor cuantía, excepto de los que correspondan a los tribunales especializados.



 (Así reformado el inciso anterior por el artículo 36 aparte c) de la Ley N° 8624 del 1° de noviembre de 2007)



 2) De todo lo relativo a la aplicación de la Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, aun cuando el proceso sea interpuesto a favor o en contra del Estado, un ente público o una empresa pública, salvo en procesos ordinarios y abreviados de mayor cuantía o en procesos ordinarios correspondientes a la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo y Civil de Hacienda, salvo los monitorios arrendaticios que correspondan a los juzgados especializados. 



(Así reformado el inciso anterior por el artículo 15 aparte c) de la Ley Proceso Monitorio Arrendaticio, N° 9160 del 13 de agosto del 2013)



3) De toda diligencia de pago por consignación. Si surge contención sobre la validez o eficacia del pago, el negocio continuará radicado en el despacho al que corresponda, conforme a la cuantía.



4) De los demás asuntos cuya cuantía no exceda de la establecida como máxima por la Corte.



(Así reformado por el artículo 212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006 Código Procesal Contencioso-Administrativo).




Ficha articulo



ARTICULO 116.- En materia de trabajo, los juzgados de menor cuantía conocerán de los procesos ordinarios de trabajo, cuyo monto no exceda de la suma fijada por la Corte y de todas las infracciones a la legislación laboral; ello sin perjuicio de lo dispuesto por ley respecto de los tribunales colegiados de trabajo de menor cuantía.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 117.- En materia penal, los juzgados contravencionales



conocerán:



1.- De las contravenciones establecidas en el Código Penal.



2.- De las faltas de policía y de toda clase de contravenciones y



simples infracciones previstas en leyes especiales, excepto las de



carácter laboral.



3.- De los demás asuntos que indique la ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 118.- En las circunscripciones en las cuales no exista



juzgado penal, el juez contravencional podrá realizar -en casos urgentes-



los actos jurisdiccionales del procedimiento preparatorio y, de inmediato



y por cualquier medio, lo comunicará al juzgado penal. En esos eventuales



supuestos, el juez contravencional actúa por delegación y, el juez penal,



deberá tomar las disposiciones necesarias para esa delegación y respecto



del control de las actuaciones; también, de ser necesario, podrá



dirigirlas personalmente.



La Corte establecerá cuáles juzgados contravencionales tendrán el



recargo de competencia referido en el párrafo anterior.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 119.- (Derogado por el artículo 212 de la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo y posteriormente vuelto a derogar por el artículo 37 aparte b) de la Ley N° 8624 del 1° de noviembre de 2007)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se adicionará el artículo 119 bis. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: "Artículo 119 bis- Juzgados de Familia por ministerio de ley En los lugares que determine la Corte Suprema de Justicia, por no existir Juzgado de Familia, la tramitación de los siguientes asuntos podrán ser conocidos en primera instancia por los juzgados contravencionales que se designen:



1) Los procesos resolutivos familiares y su ejecución, cuya resolución final no produce cosa juzgada material, salvo la suspensión de los atributos de la responsabilidad parental.



2) Las diligencias de protección cautelar referidas a personas menores de edad.



3) Los asuntos de petición unilateral.



4) La diligencia de comunicación que establece el artículo 32 de la Ley N.º 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de enero de 1998.



5) Los demás asuntos que estipule la ley.")




Ficha articulo



ARTICULO 120.- Los juzgados de pensiones alimentarias, conocerán:



1.- De todos los asuntos regulados por la Ley de Pensiones Alimentarias.



2.- De los demás asuntos que determine la ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 2 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se reformará este numeral. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: "Artículo 120- Los juzgados de Pensiones Alimentarias conocerán:



1) Todos los asuntos referidos a prestaciones alimentarias derivadas de las relaciones familiares.



2) La ejecución de pago de alimentos retroactivos estipulados en la sentencia del proceso resolutivo familiar de establecimiento de filiación.



3) Los demás asuntos que estipule la ley.")




Ficha articulo



ARTICULO 121.- En materia de tránsito, los juzgados contravencionales, conocerán:



1.- De las infracciones de tránsito.



2.- De los demás asuntos que determine la ley.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se adicionará el artículo 121 bis. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: "Artículo 121 bis- Juzgados de Violencia Doméstica y de Protección Cautelar. Los juzgados de Violencia Doméstica y de Protección Cautelar conocerán de:



1) Todo lo relativo a los procesos de protección cautelar de violencia intrafamiliar, personas adultas mayores y personas con discapacidad.



2) Los demás asuntos que estipule la ley.



En los lugares en los cuales no existe juzgado de Violencia Doméstica, estos asuntos serán tramitados por los juzgados de Familia, y donde tampoco existen estos despachos, se conocerán en los juzgados contravencionales, salvo decisión específica de la Corte Suprema de Justicia.")




Ficha articulo



ARTICULO 122.- En los cantones donde existan varios juzgados de



menor cuantía o contravencionales, la Corte Suprema de Justicia podrá



establecer los que puedan atender también asuntos civiles y otros asuntos



de diversas materias.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO IV



DE LOS TRIBUNALES DE TRABAJO DE MENOR CUANTIA



( Así reformado por el numeral 10 de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ARTICULO 123.- Los Tribunales de Trabajo de Menor Cuantía conocerán:



1.- De los juicios ordinarios de trabajo, de conformidad con la cuantía que determine la Corte.



2.- De los demás asuntos que determine la ley.




Ficha articulo



ARTICULO 124.-(Derogado por el artículo 23 de la Ley de Reorganización Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997).



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se adicionará el artículo 124 bis. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: "Artículo 124 bis- Juez de enlace en materia de niñez y adolescencia. La Corte Suprema de Justicia, de entre las personas juzgadoras del Poder Judicial en materia familiar, elegirá una o varias personas que ejercerán la función de personas juzgadoras de enlace, con el cometido de facilitar las consultas y comunicaciones judiciales directas sobre los asuntos tramitados en aplicación de los convenios internacionales y las leyes nacionales.



Estas consultas y comunicaciones judiciales podrán ser recíprocas entre tribunales extranjeros y tribunales nacionales, y se dejará constancia de estas en los respectivos expedientes con comunicación a las partes.")




Ficha articulo



CAPITULO V



DE LOS JUECES TRAMITADORES



(Así reformado por el artículo 4 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ARTICULO 125.- Los tribunales tendrán jueces tramitadores, cuando lo



requieran el buen servicio y lo acuerde la Corte.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 126.- Corresponde a los jueces tramitadores:



1.- Tramitar y diligenciar todos los asuntos del despacho, con



independencia funcional y responsabilidad propia.



2.- Consignar en los autos todas las certificaciones y constancias



referentes a las actuaciones judiciales.



3.- Extender certificaciones.



4.- Expedir los suplicatorios, los exhortos y los mandamientos.



(*)5.- Notificar a los interesados que concurran al despacho, las



respectivas resoluciones, cuando corresponda.



(*)(NOTA DE SINALEVI:  Mediante el artículo 62 inciso b) de la ley N° 8687 de 4 de diciembre de 2008, se indica derogar el inciso 5) del artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.  Dicha derogación fue practicada en el texto de la Ley N° 8 de 29 de noviembre de 1937 que es la Ley Orgánica original y vigente del Poder Judicial, ya que la No. 7333 es un reforma integral de aquélla).



6.- Firmar la razón de recibido de los escritos, los documentos y



las copias que sean presentadas al despacho. Esta atribución podrá ser



delegada en otros servidores.



7.- Llevar la contabilidad de los depósitos judiciales, con todas



las obligaciones inherentes al cargo, en los despachos donde no exista



contador, o no se haya organizado una oficina centralizada de tesorería.



8.- Vigilar porque los servidores subalternos cumplan a cabalidad



con todos sus deberes y obligaciones, para obtener la mayor eficiencia.



9.- Cumplir las otras obligaciones inherentes al ejercicio del cargo



y las demás que señale la ley o le atribuya la Corte.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 127.- Los jueces tramitadores deben reunir los mismos



requisitos del juez, de acuerdo con la categoría que corresponda en el



despacho de que se trate.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 128.- La Corte Suprema de Justicia podrá establecer,



mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial, otras funciones



que deben realizar los jueces tramitadores, según la materia y la cuantía



de los asuntos.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 129.- En los tribunales que no cuenten con un juez



tramitador, algunas de las funciones a él atribuidas podrán ser cumplidas



por uno de los miembros del personal auxiliar, según lo determine la



Corte o el Consejo.



(Así reformado por el artículo 4º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 130.- DEROGADO



( Derogado por el artículo 23 de la Ley de Reorganización Judicial,



Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997).




Ficha articulo



CAPITULO VI



DE LOS JUECES ARBITROS



ARTICULO 131.- El árbitro de derecho debe sujetarse a las leyes en



sus procedimientos y fallo; el árbitro arbitrador obedece solo a lo que



su prudencia le dicte.



No expresándose por las partes la calidad del árbitro, se entenderá



nombrado árbitro de derecho.




Ficha articulo



ARTICULO 132.- No podrá ser árbitro de derecho, el que ha



intervenido como abogado o procurador de una de las partes, en el asunto



para el que fuere nombrado, salvo que las partes, en la escritura o



exposición de compromiso, lo hayan elegido con conocimiento de causa y



así lo expresen.




Ficha articulo



ARTICULO 133.- Los árbitros que no sean funcionarios judiciales, una



vez aceptado su encargo, quedan obligados a desempeñarlo, bajo la pena de



responder de los daños y perjuicios que causaren con su incumplimiento.



Esta obligación cesa:



1.- Por sobrevenir causa que implique impedimento para ejercer el



cargo o constituya un motivo legal de excusa o de recusación.



2.- Si contrajeren enfermedad que les impida seguir ejerciendo sus



funciones.



3.- Si, por cualquier causa, tuvieren que ausentarse del lugar,



donde se sigue el juicio, por más de un mes.




Ficha articulo



ARTICULO 134.- Los árbitros juris han de tener las mismas calidades



y condiciones que las exigidas para ejercer en un juzgado. Los árbitros



arbitradores no requerirán condiciones especiales sino el nombramiento de



las partes.




Ficha articulo



TITULO V



(Así reformado por el artículo 5 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ORGANIZACION DE LOS TRIBUNALES



CAPITULO PRIMERO



DEL PERSONAL AUXILIAR



(Así reformado por el artículo 5 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ARTICULO 135.- Los tribunales tendrán la organización interna y el



personal que el buen servicio público requiera, según lo disponga la



Corte, mediante acuerdo que se publicará en el Boletín Judicial.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 136.- Salvo los que corresponda hacer al Consejo, los jefes



de Despacho -sujetos a la aprobación de aquel- podrán nombrar a sus



respectivos funcionarios y empleados. Cuando se trate de nombramientos en



propiedad, deberán solicitar al Departamento de Personal, las ternas



respectivas, las cuales podrán ser rechazadas si estiman que ninguno de



los candidatos satisface las necesidades del Despacho. Si la plaza



estuviere vacante, el nombramiento en propiedad no podrá diferirse por



más de tres meses. Las mismas reglas se aplicarán para los nombramientos



del personal subalterno del resto de las oficinas judiciales.




Ficha articulo



ARTICULO 137.- El Consejo Superior podrá conceder a los servidores



judiciales permiso para estudiar, en horas laborales, profesiones que



interesen al Poder Judicial. Dichos servidores podrán dejar de asistir a



sus oficinas durante las horas que les sean autorizadas para estar



presentes en los cursos y exámenes, pero el resto del tiempo, así como



durante las vacaciones y los días de asueto en el centro de estudios,



deberán asistir puntualmente al despacho.



El Consejo podrá cancelar el beneficio referido en el párrafo



anterior, luego de comprobar, por los medios que tenga por convenientes



que el estudiante, sin justa causa, no asiste, con regularidad a los



cursos correspondientes ni se presenta a desempeñar sus labores o que,



por falta de interés en los estudios, se atrasa en la conclusión de la



carrera profesional.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 138.- En ninguna oficina podrá haber más de dos empleados



estudiantes que gocen de la ventaja a la que se refiere el artículo



anterior.




Ficha articulo



ARTICULO 139.- Podrá haber en cada oficina, hasta dos servidores



meritorios, nombrados por los respectivos jefes de Despacho. La relación



creada bajo las previsiones de este artículo no crea derechos laborales



en favor del meritorio, pero sí faculta para el ejercicio del régimen



disciplinario.



Cuando el jefe de la oficina considere inconveniente la presencia o



actuación del meritorio, podrá prescindir de éste dando cuenta al



Consejo.




Ficha articulo



ARTICULO 140.- Los servidores meritorios deben tener las mismas



calidades que los propietarios, y tendrán derecho a ser elegidos en



propiedad o para reponer a los propietarios durante sus ausencias



temporales, una vez calificados por el Departamento de Personal.




Ficha articulo



ARTICULO 141.- La Secretaría de la Corte Suprema de Justicia es el órgano de comunicación entre el Poder Judicial y los otros Poderes del Estado, así como entre estos y los funcionarios judiciales. Además, se encargará de comunicar los acuerdos de la Corte Plena y el Consejo.



El secretario de la Corte se encargará de autenticar firmas de los funcionarios judiciales en los documentos que deban enviarse al exterior, sin perjuicio de que también pueda hacerlo el presidente del Poder Judicial.



(Así reformado el párrafo anterior por el artículo 2º de la ley N° 8795 del 4 de enero de 2010)

Además, el Secretario asistirá al Presidente de la Corte en las funciones administrativas asignadas a él y será el secretario del Consejo.



Tanto los Secretarios de la Corte como los de las Salas deberán ser abogados.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 142.- Cada circuito judicial contará con un administrador



general, quien tendrá a su cargo las funciones administrativas que, por



ley o reglamento, no se atribuyan a otros servidores. De él dependerán



las oficinas centralizadas de servicio del circuito respectivo.



El administrador general será nombrado por el Director Ejecutivo y



deberá tener el grado académico universitario de administrador público o



ser profesional en una actividad afín. Sus funciones específicas serán:



1.- Planificar, organizar, dirigir, coordinar y supervisar las



funciones de las dependencias y oficinas a su cargo.



2.- Dirigir, organizar, planificar y coordinar las actividades



administrativas de los despachos del circuito.



3.- Formular el respectivo anteproyecto de presupuesto.



4.- Tramitar el nombramiento del personal de apoyo de todos los



tribunales y oficinas del circuito.



5.- Tramitar los permisos, las suplencias, los interinazgos, así



como las transferencias interorgánicas entre los diferentes equipos o



grupos de trabajo.



6.- Ejecutar la política administrativa de los tribunales del



circuito.



7.- Autorizar los gastos de los órganos jurisdiccionales y las



oficinas judiciales del circuito para diligencias, copias y compras



menores, por caja chica y por otros servicios de similar naturaleza.



8.- Controlar el movimiento de la caja chica.



9.- Asignar, supervisar, controlar, fiscalizar y evaluar las labores



de todo el personal asistencial, encargado de ejecutar los diferentes



trabajos de la oficina que dirige.



10.- Velar por el buen funcionamiento y la limpieza de los edificios



que alojan las dependencias y oficinas del circuito.



11.- Coordinar actividades con otras instancias internas y externas,



según se requiera y de acuerdo con su criterio.



12.- Proponer, a los órganos competentes, cambios, ajustes y



recomendaciones en las áreas de su competencia.



13.- Rendir a la Corte o a quien esta indique, un informe anual



sobre las actividades desarrolladas, las metas propuestas y alcanzadas y



las necesidades por solventar para garantizar y mejorar el servicio.



14.- Rendir los informes que le sean solicitados por los superiores.



15.- Velar por el giro oportuno y adecuado de los depósitos



judiciales y su contabilización.



16.- Las demás que establezcan la ley o la Corte.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO SEGUNDO



DE LA ORGANIZACION GENERAL DE LOS TRIBUNALES



(Así reformado por el artículo 5 de la Ley de Reorganización



Judicial, Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997)



ARTICULO 143.- Para conformar un circuito judicial, la Corte podrá



disponer la forma de organización de varios despachos judiciales, según



lo requiera para la eficiencia y el buen servicio público de la justicia.



Este sistema de organización procurará la participación de los



jueces y demás servidores judiciales en la toma de decisiones



administrativas.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 144.- En los circuitos judiciales y los tribunales donde el



mejor servicio público lo requiera, podrán establecerse unidades de



servicio administrativo centralizado, tales como: notificaciones,



recepción de documentos, correo interno, archivo, custodia de evidencias,



administración de salas de audiencias, tesorería y cualquier otra que



determine la Corte, de manera que una unidad de trabajo pueda atender las



necesidades y los requerimientos de dos o más tribunales.



Las labores de estas oficinas pueden extenderse más allá de los



horarios habituales, según se necesite para mejorar el servicio público.



Estos despachos dependerán de la administración general.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 145.- Cuando sea indispensable para hacer más eficiente el



servicio judicial, en los circuitos habrá una oficina central de



tesorería, que tramitará todo lo relacionado con la contabilidad de los



depósitos y el procedimiento del giro de dinero.



Esta oficina estará a cargo de un contador privado, incorporado al



Colegio respectivo, quien deberá rendir garantía por un millón de



colones. Lo anterior sin perjuicio de que el Consejo Superior autorice a



los despachos ubicados fuera de la sede central del circuito judicial



respectivo, para que utilicen a un auxiliar de contabilidad que colabore



en el proceso de emisión de cheques y la contabilidad de los depósitos



judiciales.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO III



DE LOS NOTIFICADORES



ARTICULO 146.- En las diferentes circunscripciones territoriales



funcionarán equipos de localización, citación y presentación de personas



requeridas por autoridades jurisdiccionales, el Ministerio Público y la



Defensa Pública. Los funcionarios encargados de esta labor tendrán la



potestad de ejecutar las órdenes de detención, traslado y presentación de



personas que las autoridades jurisdiccionales o del Ministerio Público



dispongan en el ejercicio de sus funciones.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 147.- La Corte podrá disponer la utilización de sistemas



informáticos para notificaciones, citaciones, comunicación entre oficinas



judiciales y externas, públicas o privadas, archivo, manejo de



documentación e información, atención al usuario, y para cualquier otro



acto en que se demuestre que el uso de la informática agiliza el



procedimiento, caso en el que las constancias propias del sistema



resultan suficientes para acreditar la realización del acto procesal que



las generó, salvo prueba en contrario.



(Así reformado por el artículo 5º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO IV



DEL ENCARGADO DE TESORERIA



ARTICULO 148.- DEROGADO



( Derogado por el artículo 23 de la Ley de Reorganización Judicial,



Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997).




Ficha articulo



TITULO VI



DE LAS PERSONAS Y DEPENDENCIAS QUE



AUXILIAN LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA



CAPITULO I



DE LOS ORGANOS



ARTICULO 149.- Además de otros órganos que establezcan la ley o el



reglamento, actuarán como auxiliares de la administración de justicia: el



Ministerio Público, el Organismo de Investigación Judicial, la Defensa



Pública, la Escuela Judicial, el Centro Electrónico de Información



Jurisprudencial y el Archivo y Registros Judiciales.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO II



DE LOS DEFENSORES PUBLICOS Y DE OFICIO



ARTICULO 150.- La Defensa Pública es un órgano dependiente del



Consejo Superior, pero únicamente en lo administrativo; no así en lo



técnico profesional. Estará a cargo de un jefe y tendrá la organización



que la Corte disponga.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 151.- El Jefe de la Defensa Pública debe ser costarricense,



abogado, mayor de treinta años y con suficiente experiencia en la



tramitación de asuntos judiciales y administración de personal.



A propuesta del jefe, la Corte designará al subjefe de la Defensa



Pública, quien deberá reunir los mismos requisitos que aquel.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 152.- La Defensa Pública proveerá defensor público a todo



imputado o prevenido que solicite sus servicios. La autoridad que tramite



la causa le advertirá que, si se demuestra que tiene solvencia económica,



deberá designar un abogado particular o pagar al Poder Judicial los



servicios del defensor público, según la fijación que hará el juzgador.



Asimismo, los empleados del Organismo de Investigación Judicial y



los demás servidores judiciales tendrán derecho a que se les nombre un



defensor público, cuando sean llevados ante los tribunales o la sede



disciplinaria, por asuntos directamente relacionados con el ejercicio de



sus funciones.



También proveerá defensor, en los procesos agrarios no penales, a la



parte que lo solicite y reúna los requisitos que establezca la ley de la



materia.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 153.- El Jefe de la Defensa Pública o quien este designe,



gestionará ante la autoridad correspondiente, la fijación y el cobro de



los honorarios por los servicios prestados.



Constituirá título ejecutivo, la certificación que se expida sobre



el monto de los honorarios a cargo del imputado. De oficio, la autoridad



que conoce del proceso ordenará el embargo de bienes del deudor, en



cantidad suficiente para garantizar el pago de los honorarios. El



defensor a quien corresponda efectuar las diligencias de cobro ejercerá



todas las acciones judiciales o extrajudiciales necesarias para hacerlo



efectivo.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 154.- La fijación de honorarios se hará en sentencia o en



el momento en que el imputado decida prescindir de los servicios del



defensor público.



Los fondos provenientes de honorarios se depositarán en una cuenta



bancaria especial y se emplearán para adquirir bienes y servicios



tendientes a mejorar la Defensa Pública.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 155.- Los defensores públicos son funcionarios dependientes



del Poder Judicial, de nombramiento del Jefe de la Defensa Pública, y de



ratificación del Consejo.



Los defensores públicos deben ser mayores de edad, abogados y



ciudadanos en ejercicio.



Cuando, en una misma circunscripción territorial, exista más de un



defensor público, el jefe de la Defensa Pública regulará, por medio de



acuerdo la distribución del trabajo entre ellos.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 156.- La Defensa Pública contará con el número necesario de



auxiliares en abogacía, para que colaboren estrechamente con el defensor



en el ejercicio de su cargo. Tendrán las funciones que les señalen la



jefatura, esta Ley, su Reglamento y el Manual descriptivo de puestos.



Los auxiliares de abogacía deberán tener aprobado al menos el tercer



año de la carrera profesional o estudios equivalentes en Derecho.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 157.- En caso de inopia de abogados en una determinada



jurisdicción territorial, se podrá nombrar como defensores, en ese orden,



a los egresados de las facultades o escuelas de Derecho o a los



estudiantes que estén cursando el último año. Sin embargo, los



profesionales siempre desplazarán a quienes carezcan de título, pero se



respetará el plazo por el que estos hayan sido nombrados.




Ficha articulo



ARTICULO 158.- El cargo de defensor público de tiempo completo es



incompatible con el ejercicio privado de la profesión de abogado y del



ejercicio del notariado.




Ficha articulo



ARTICULO 159.- En las circunscripciones territoriales donde no



exista defensor público nombrado, la asistencia podrá estar a cargo de



defensores de oficio, de nombramiento del funcionario que conozca del



asunto, salvo que el Jefe de la Defensa Pública recargue esas labores en



un defensor público de otro territorio.



Todo abogado que tenga oficina abierta está en la obligación de



aceptar, simultáneamente, hasta dos defensas de oficio.



La persona en la que recaiga el nombramiento solo puede excusarse de



servirlo por motivo justo, a juicio del tribunal respectivo. El abogado o



egresado de Derecho que sea designado defensor de oficio, no podrá



figurar luego como defensor particular en el mismo proceso.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997 y modificado su texto por



Resolución de la Sala Constitucional Nº 6420-98 de las 9:54 horas del 4



de setiembre de 1998)




Ficha articulo



CAPITULO III



DE LOS EJECUTORES Y CURADORES



ARTICULO 160.- Los ejecutores deben ser mayores de edad, ciudadanos



costarricenses, de notoria probidad y con suficiente preparación para el



desempeño de su cargo.



No podrán actuar fuera del territorio del Despacho que los nombra y



en el ejercicio de su cargo deberán hacerlo asistidos de dos testigos,



observar las disposiciones legales que regulan el caso y obrar dentro de



los límites que les señala el mandamiento en que se les confiere la



comisión.



No podrán ser ejecutores los servidores judiciales, con excepción de



los miembros de la Oficina de Ejecutores y Peritos Valuadores, que se



deberá crear.




Ficha articulo



ARTICULO 161.- La Corte dictará normas reguladoras para la selección



de los curadores, de los notarios inventariadores en los procedimientos



de concurso mercantil y civil y de los peritos judiciales en general.




Ficha articulo



TITULO VII



DE LA JURISDICCION Y COMPETENCIA



CAPITULO UNICO



DISPOSICIONES GENERALES



ARTICULO 162.- La facultad de administrar justicia se adquiere con



el cargo al que está anexa y se pierde o suspende para todos los negocios



cuando, por cualquier motivo, el juez deja de serlo o queda suspendido



temporalmente en sus funciones.




Ficha articulo



ARTICULO 163.- La competencia se pierde en causas determinadas:



1.- Cuando está fenecida la causa y ejecutada la sentencia.



2.- Cuando el juez ha sido comisionado por otro para practicar



alguna diligencia, al quedar cumplido el encargo.



3.- Cuando, por ser accesoria, se mande la causa al juez que conoce



de la principal.



4.- Cuando el juez ha sido declarado inhábil en virtud de



impedimento, excusa o recusación.




Ficha articulo



ARTICULO 164.- Salvo en los casos exceptuados por la ley, la



competencia se suspende:



1.- Por excusa del juez, desde que la exponga hasta que las partes



se allanen o se declare inadmisible en primera instancia.



2.- Por recusación, desde que sea legalmente interpuesta, hasta que



se declare improcedente en primera instancia.



3.- Por la excepción de incompetencia o declinatoria de competencia,



desde que se le presenta el escrito en que se alega hasta que se declare



sin lugar, salvo para tramitar y resolver dicha excepción, o por la



declaratoria de incompetencia que haga el funcionario hasta tanto no sea



revocada por el superior.



4.- Por la apelación otorgada en ambos efectos.




Ficha articulo



ARTICULO 165.- Todo juez tiene limitada su competencia al territorio



y a la clase de asuntos que le estén señalados para ejercerla; las



diligencias que los procesos de que conozca exijan se hagan en el



territorio de otro juez, sólo podrán practicarlas por medio de este,



salvo autorización legal en contrario.



El juez solo podrá conocer de los asuntos no sometidos a su



competencia, cuando le fuere legalmente prorrogada o delegada.




Ficha articulo



ARTICULO 166.- El juez con competencia para conocer de un asunto, la



tiene también para conocer de sus tercerías y demás incidentes, salvo que



en juicio de menor cuantía viniere una reconvención, compensación,



tercería u otro incidente que deba tramitarse en juicio de mayor cuantía,



pues en tal caso, deberán pasar tanto el juicio principal como el



incidental, al conocimiento del juez superior, quien los tramitará



conforme a la cuantía de cada uno. Igual procedimiento se observará



cuando un proceso sucesorio de menor cuantía ejerza fuero de atracción



sobre otro de mayor cuantía o inestimable.



Sin embargo, no será motivo para inhibición en juicio de menor



cuantía:



1.- La compensación que se oponga de una deuda por una suma igual o



superior a la de mayor cuantía, si el crédito fuere reconocido por el



deudor.



2.- La compensación y reconvención sobre los créditos de mayor



cuantía, si el acreedor limitare su demanda a la suma señalada por la



Corte como de menor cuantía, renunciando al exceso.



3.- La ejecución de sentencia de mayor cuantía o los incidentes de



mayor cuantía promovidos en ella.




Ficha articulo



ARTICULO 167.- Los fallos y demás resoluciones serán ejecutados por



el tribunal de primera instancia que falle el asunto. Tratándose de



tribunales penales, la sentencia se ejecutará por el mismo tribunal,



siempre que la misma condene a suma líquida.




Ficha articulo



ARTICULO 168.- Salvo disposición legal en contrario, todos los actos



y procedimientos judiciales de quien no tiene facultad legal para



ejecutarlos, serán absolutamente nulos.




Ficha articulo



ARTICULO 169.- Cuando un funcionario estimare que es incompetente



para conocer del asunto que se le somete, salvo el caso de prórroga de



competencia, lo declarará así de oficio y ordenará remitir el expediente



al funcionario que a su juicio corresponda conocer. Si mediare apelación



de alguna de las partes o si, no habiéndola, este último funcionario



desintiere de esa opinión, será el superior de ambos quien decida la



competencia, sin más trámite y tan pronto como reciba los autos.



El funcionario que, en definitiva, resulte competente continuará los



procedimientos, si los trámites señalados por la ley para el juicio



fueren los mismos iniciados por el funcionario que se separó del



conocimiento del asunto. En caso de no ser así, repondrá los autos al



estado necesario para que el proceso tome su curso normal.



La competencia entre las autoridades administrativas y las



judiciales se decidirá en la forma que determinen los respectivos códigos



procesales.




Ficha articulo



ARTICULO 170.- Los tribunales no pueden sostener competencias con



los superiores que ejerzan jurisdicción sobre ellos.




Ficha articulo



ARTICULO 171.- La competencia de los árbitros se limita al asunto



que expresamente les fuere sometido por la escritura o escrito de



compromiso, y a los incidentes sin cuya resolución no fuere posible



decidir el asunto principal.



Cuando se propusiere la excepción de compensación, la sentencia que



la admita no será eficaz en cuanto a la declaración del crédito del



demandado, sino por la cantidad que importe la demanda.




Ficha articulo



ARTICULO 172.- Los árbitros recabarán datos o auxilios de cualquier



autoridad, por medio del juez al que haya correspondido conocer del



asunto.



Corresponderá también al juez ejecutar las resoluciones y



providencias legalmente dictadas por los árbitros.



(Así reformado por el artículo 6º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 173.- A falta de norma expresa en esta Ley sobre



jurisdicción y competencia, se aplicará lo dispuesto en los códigos y



leyes procesales respectivos.




Ficha articulo



TITULO VIII



REGIMEN DISCIPLINARIO



CAPITULO I



DISPOSICIONES GENERALES



ARTICULO 174.- El régimen disciplinario tiene por objeto asegurar la



eficiencia, corrección y decoro de las funciones encomendadas al Poder



Judicial y garantizar a los ciudadanos una correcta administración de



justicia. Para tales efectos, existirán los mecanismos de control, ágiles



y confiables, que sean necesarios.




Ficha articulo



ARTICULO 175.- Todos los servidores judiciales están sujetos a



responsabilidad disciplinaria en los casos y con las garantías



establecidos en esta Ley.




Ficha articulo



ARTICULO 176.- La responsabilidad disciplinaria de los servidores



del Poder Judicial sólo podrá ser acordada por la autoridad competente,



mediante el procedimiento establecido en este Título, el que será



iniciado de oficio o a instancia de cualquier persona con interés



legítimo y dentro de las garantías de defensa y legalidad que consagra el



ordenamiento jurídico costarricense.




Ficha articulo



ARTICULO 177.- Es obligación del Consejo Superior realizar visitas



periódicas a todas las oficinas judiciales, lo que podrá hacer en pleno o



delegándola en uno de sus miembros.




Ficha articulo



ARTICULO 178.- Las inspecciones a las oficinas judiciales deberán



realizarse por lo menos una vez cada tres meses y de ellas deberán



elaborarse los informes correspondientes, para apreciar el funcionamiento



de la administración de justicia en la respectiva circunscripción.




Ficha articulo



ARTICULO 179.- A los efectos de la inspección y vigilancia de los



tribunales, en los primeros cinco días de los meses de enero, abril,



julio y octubre, los jefes de Despacho deberán remitir al Consejo



Superior la relación de los asuntos ingresados, pendientes y resueltos,



en la forma que lo disponga el Consejo. También se indicarán las



sentencias definitivas o interlocutorias dictadas en el señalado lapso,



la justificación por los atrasos, si los hubiere, y cualquier otro dato



que resulte de interés.



A efecto de establecer el debido control, el Departamento de



Planificación rendirá un informe general en el que se establezcan



principalmente problemas detectados y se propongan las soluciones del



caso.



Además de los referidos informes, el Consejo podrá ordenar que se



rindan otros, cuando así lo estime necesario.




Ficha articulo



ARTICULO 180.- Cada tribunal remitirá al Consejo, en la primera



quincena del mes de enero de cada año, un informe del trabajo realizado



durante el año anterior, con especial señalamiento del orden en la



resolución de las causas de acuerdo con la fecha de ingreso, urgencia y



gravedad, así como cualquier otro asunto de interés relativo a la



administración de justicia en la respectiva circunscripción.




Ficha articulo



ARTICULO 181.- El Consejo podrá solicitar informes a otras oficinas



judiciales, cuando lo estime conveniente, en cuyo caso señalará los



extremos que le interesen.




Ficha articulo



CAPITULO II



DE LAS COMPETENCIAS DISCIPLINARIAS



ARTICULO 182.- Corresponde a la Corte, en votación secreta, aplicar



el régimen disciplinario sobre sus miembros, de conformidad con la



presente Ley. Las correcciones de advertencia y amonestación se adoptarán



por mayoría simple del total de los Magistrados. Para decretar la



suspensión, el acuerdo habrá de tomarse por dos tercios del total de sus



miembros. Si esa misma cantidad de Magistrados considerare que lo



procedente es la revocatoria de nombramiento, la Corte lo comunicará así



a la Asamblea Legislativa para que resuelva lo que corresponda. Para



sustanciar las diligencias seguidas contra un Magistrado, la Corte



designará a uno de sus miembros como órgano instructor.



También corresponde a la Corte ejercer el régimen disciplinario



respecto del Fiscal General, el Fiscal General Adjunto, el Director y



Subdirector del Organismo de Investigación Judicial. En tal caso, la



Inspección Judicial actuará como órgano instructor.



Sin perjuicio de lo dispuesto en este Título sobre el régimen



disciplinario, el Presidente de la Corte podrá apercibir y reprender y



aun suspender preventivamente del ejercicio de sus funciones o empleo,



hasta por un mes, con goce de salario, a los funcionarios y empleados



judiciales, en los casos en que pueden ser corregidos disciplinariamente,



previo a dar cuenta a la Corte Plena, al Consejo o al Tribunal de la



Inspección Judicial, para que, siguiendo el debido proceso, se pronuncien



acerca de la corrección o de la revocatoria del nombramiento.



Corresponde igualmente al Presidente la facultad de gestionar



permutas o traslados de empleados o funcionarios para el mejor servicio;



deberá dar cuenta, en su oportunidad, a la Corte Plena, al Consejo o al



Tribunal de la Inspección Judicial para que se resuelva lo que se



considere conveniente.




Ficha articulo



ARTICULO 183.- Las faltas atribuidas a los miembros del Consejo



Superior del Poder Judicial y del Tribunal de la Inspección Judicial,



serán conocidas por la Corte Plena.



Las resoluciones finales de la Corte Plena deberán fundamentarse



debidamente.




Ficha articulo



ARTICULO 184.- El Tribunal de la Inspección Judicial es un órgano



dependiente del Consejo Superior; ejerce control regular y constante



sobre todos los servidores del Poder Judicial, incluidos los del



Organismo de Investigación Judicial y con excepción de los señalados en



los dos artículos anteriores; vigila el buen cumplimiento de los deberes;



tramita las quejas que se presenten contra esos servidores; instruye las



informaciones al tener conocimiento de alguna irregularidad y resuelve lo



que proceda respecto del régimen disciplinario, sin perjuicio de las



atribuciones que tengan en la materia otros órganos y funcionarios del



Poder Judicial.




Ficha articulo



ARTICULO 185.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,



los jefes de oficina podrán ejercer el régimen disciplinario sobre sus



subalternos, cuando por la naturaleza de la falta no deba aplicarse una



suspensión mayor de quince días. La decisión deberá comunicarse al



Departamento de Personal y al Tribunal de la Inspección Judicial. Cuando



este último estimare, dentro de los quince días siguientes al recibo de



la comunicación, que concurre alguna de las causales de nulidad previstas



en el artículo 210 de la presente Ley, dispondrá la nulidad de las



actuaciones. En tal caso, asumirá el conocimiento del asunto y repondrá



los procedimientos en cuanto sea necesario, aplicando las reglas



establecidas en el Capítulo IV del presente Título.



En las correcciones que impongan los jefes a los servidores de su



propia oficina, se observará el procedimiento establecido en esta Ley.



Esas correcciones tendrán recurso de apelación ante el Tribunal de la



Inspección Judicial. El recurso deberá presentarse directamente al



Tribunal por vía telegráfica o fax o por escrito en papel común, dentro



de los tres días siguientes al de la comunicación de la medida



disciplinaria. Si esta fuere de suspensión y el Tribunal la revocare, el



servidor tendrá derecho a que se le paguen los salarios que hubiere



dejado de percibir. El Tribunal aplicará, cuando corresponda, lo



dispuesto en el artículo 210 de esta Ley.




Ficha articulo



ARTICULO 186.- El Tribunal de la Inspección Judicial estará a cargo de tres inspectores generales que deberán reunir los mismos requisitos que se exigen en el artículo 101 de esta ley. Actuarán individualmente en el desempeño de sus funciones, sin ninguna subordinación entre ellos y como cuerpo colegiado cuando se trate de aplicar el régimen disciplinario o de dictar medidas referentes a la organización de la oficina y del personal subalterno. Uno de los inspectores, designado así por la Corte, será el jefe de la oficina, con facultades para resolver de forma inmediata los problemas administrativos que se presenten en el despacho; sin embargo, sus decisiones no pueden prevalecer sobre las que dicte el cuerpo colegiado por mayoría.



La Corte nombrará a los inspectores por períodos de seis años y podrá reelegirlos.Los nombramientos que se hagan por haber quedado una vacante se harán por un período completo. La Corte puede trasladar o remover a los inspectores generales o auxiliares aun por pérdida de confianza.



(Así reformado por el artículo 5° de la ley N° 9021 del 3 de enero de 2012)




Ficha articulo



ARTICULO 187.- Habrá inspectores auxiliares, en el número y en los



lugares que sean necesarios para el mejor servicio, según lo disponga la



Corte. Estos inspectores tendrán las mismas funciones de vigilancia e



investigación que tienen los inspectores generales; estarán subordinados



a éstos y deberán tener el título de abogado. Informarán al Tribunal



sobre la actividad que realicen en el ejercicio de sus funciones.




Ficha articulo



ARTICULO 188.- En el ejercicio de sus funciones de vigilancia e



investigación, los inspectores tendrán los siguientes deberes:



1.- Establecer los medios de control adecuados para asegurar una



labor eficiente en las oficinas judiciales, visitar y permanecer en esas



oficinas con la frecuencia y el tiempo que sean necesarios a fin de



comprobar si las funciones se realizan con la debida prontitud y



corrección. Del resultado de cada visita se levantará un acta, que será



firmada por el inspector y por el jefe y el secretario de la respectiva



oficina, en la que se consignarán las deficiencias que se comprueben y



las recomendaciones que el inspector estime oportunas para corregir los



defectos anotados y lograr una mejor organización de la oficina. Del acta



se dejará copia en la oficina judicial y se enviará también copia al



Presidente del Tribunal de la Inspección para lo que corresponda.



2.- Cerciorarse de que todos los servidores judiciales asistan



puntualmente a los Despachos y cumplan con regularidad sus deberes; e



investigar discretamente las denuncias sobre conductas que afecten su



correcto desempeño, incluso relacionadas con su vida privada, siempre que



ellas puedan incidir en el servicio público.



3.- Recibir las quejas que se presenten contra los servidores



judiciales, verificar la exactitud de las mismas y tratar de ponerles



remedio en forma inmediata, si está dentro de sus facultades o dar cuenta



al Consejo para que resuelva lo que corresponda.



4.- Levantar las informaciones necesarias, de oficio, por orden



superior, o en virtud de queja, verbal o escrita, para esclarecer



cualquier hecho que afecte la disciplina o la recta y pronta



administración de justicia o la eficiencia de las oficinas del Poder



Judicial, o para investigar las irregularidades que se descubran al



practicar arqueos de valores y revisión de libros sobre los depósitos



judiciales, para lo cual podrá recabar el auxilio de la Auditoría. A fin



de levantar esas informaciones, el inspector está facultado para



juramentar testigos o peritos y recibir toda clase de pruebas, en cuyo



caso actuará con el secretario de la Inspección, el de la oficina que



visite, o con dos testigos. El inspector también podrá comisionar a las



autoridades judiciales de lugares lejanos para la práctica de pruebas



complementarias cuando fuere urgente hacerlo, según las circunstancias.



5.- Presentar al Consejo, en el mes de enero, un informe de la labor



realizada durante el año anterior. Los inspectores deberán rendir ese



informe conjuntamente, y no será necesario incluir en él los hechos que



hubieren pasado a conocimiento del Consejo.



6.- Conocer de cualquier otro asunto, que las leyes indiquen o les



encomiende la Corte Suprema de Justicia o el Consejo.




Ficha articulo



ARTICULO 189.- El Presidente del Tribunal de la Inspección Judicial



deberá comunicar al Presidente de la Corte los asuntos que puedan afectar



el buen servicio de los Despachos judiciales, de que tenga noticia la



oficina a su cargo. Recibirá, de él o del Consejo Superior, las



instrucciones relativas a la función de vigilancia que le está



encomendada a la Inspección Judicial e informará del resultado de las



diligencias levantadas.




Ficha articulo



CAPITULO III



DE LAS FALTAS Y SANCIONES



ARTICULO 190.- Las faltas cometidas por los servidores judiciales en



el ejercicio de sus cargos se clasifican en gravísimas, graves y leves.




Ficha articulo



ARTICULO 191.- Se consideran faltas gravísimas:



1.- La infracción de las incompatibilidades establecidas en esta



Ley.



2.- El interesarse indebidamente, dirigiendo órdenes o presiones de



cualquier tipo, en asuntos cuya resolución corresponda a los tribunales.



3.- El abandono injustificado y reiterado del desempeño de la



función.



4.- El abandono injustificado de labores durante dos días



consecutivos o más de dos días alternos en el mismo mes calendario.



5.- El adelanto de criterio a que se refiere el artículo 8 inciso 3



de esta Ley.



6.- Las acciones u omisiones funcionales que generen responsabilidad



civil.



7.- La comisión de cualquier hecho constitutivo de delito doloso,



como autor o partícipe. Tratándose de delitos culposos, el órgano



competente examinará el hecho a efecto de determinar si justifica o no la



aplicación del régimen disciplinario de conformidad con lo dispuesto en



el artículo 194.



8.- La comisión de una falta grave cuando el servidor hubiera sido



anteriormente sancionado por otras dos graves, o la comisión de tres o



más faltas graves que deban ser sancionadas simultáneamente.




Ficha articulo



ARTICULO 192.- Se consideran faltas graves:



1.- La falta de respeto ostensible a los superiores jerárquicos, en



su presencia, en escrito que se les dirija o con publicidad.



2.- La infracción de las prohibiciones o deberes establecidos en la



presente Ley.



3.- La falta de aplicación del régimen disciplinario sobre el



personal que le esté subordinado, cuando conociere o debiere conocer el



incumplimiento grave de los deberes que les correspondan.



4.- El abandono injustificado de labores durante dos días alternos



en el mismo mes calendario.



5.- El exceso o abuso cometido contra cualquier otro servidor



judicial, abogado o particulares, que acudieren a los Despachos en



cualquier concepto.



6.- La inasistencia injustificada a diligencias judiciales



señaladas, cuando no constituya falta gravísima.



7.- La comisión de una falta de carácter leve habiendo sido



sancionado anteriormente por otras dos leves, o la comisión de tres o más



faltas leves que deban ser sancionadas simultáneamente.



8.- El retraso injustificado en el Despacho de los asuntos, o en su



resolución cuando no constituya falta más grave.



9.- El no pago injustificado de una obligación de crédito, que deba



atender como deudor principal y se esté cobrando en la vía judicial.




Ficha articulo



ARTICULO 193.- Se considerarán faltas leves:



1.- La falta de respeto o la desconsideración de un servidor



judicial hacia otro, un abogado o cualquier otra persona, siempre que no



constituya falta grave.



2.- El abandono injustificado de labores por un día o dos medias



jornadas alternas en un mismo mes calendario.




Ficha articulo



ARTICULO 194.- Cualquier otra infracción o negligencia en el



cumplimiento de los deberes propios del cargo, no prevista en los



artículos anteriores, será conocida por los órganos competentes, a efecto



de examinar si constituyen falta gravísima, grave o leve, con el objeto



de aplicar el régimen disciplinario. Para ello, se tomarán como



referencia las acciones señaladas en los artículos anteriores.




Ficha articulo



ARTICULO 195.- Las sanciones que se puedan imponer a los servidores



del Poder Judicial por las faltas cometidas en el ejercicio de sus cargos



son:



a) Advertencia.



b) Amonestación escrita.



c) Suspensión.



ch) Revocatoria del nombramiento.



Las faltas leves sólo podrán sancionarse con advertencia o



amonestación escrita; las graves, con amonestación escrita o suspensión



hasta por dos meses y las gravísimas, con suspensión o revocatoria de



nombramiento.




Ficha articulo



ARTICULO 196.- Para los efectos del inciso 8) del artículo 192 se



establecen las siguientes reglas:



1.- Los jueces tramitadores o los miembros del personal auxiliar que



cumplan sus funciones deberán velar porque las providencias se dicten



dentro de los plazos legales y la tramitación o cualquier otra labor



asignada al despacho no se detenga ni se atrase sin motivo justificado.



2.- El coordinador, en los órganos colegiados, o el jefe del



despacho serán responsables, conjuntamente con el juez tramitador o quien



cumpla sus funciones, por cualquier atraso de tramitación, salvo que



demuestren que la falta no puede imputárseles. En caso de sentencias u



otros proveídos, lo será el servidor a quien se asignó la redacción.



3.- Se estimará como retardo injustificado el ordenar prueba para



mejor proveer, con el exclusivo propósito de extender los plazos.



(Así reformado por el artículo 7º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



CAPITULO IV



DEL PROCEDIMIENTO



ARTICULO 197.- Las sanciones deben ser impuestas por el



procedimiento establecido en esta Ley y, a falta de regla expresa, se



aplicará la Ley General de la Administración Pública en lo que fuere



compatible con la índole de estos asuntos y su tramitación sumaria.



Sin embargo, la sanción de advertencia podrá imponerse sin cumplir



ese procedimiento; pero, deberá escucharse previamente al interesado.




Ficha articulo



ARTICULO 198.- Recibida la queja, el asunto se le asignará a uno de



los inspectores generales, quien actuará como instructor.




Ficha articulo



ARTICULO 199.- Será rechazada de plano toda queja que se refiera



exclusivamente a problemas de interpretación de normas jurídicas.



Sin embargo, en casos de retardo o errores graves e injustificados



en la administración de justicia, el Tribunal de la Inspección Judicial,



sin más trámite deberá poner el hecho en conocimiento de la Corte Plena,



para que esta, una vez hecha la investigación del caso, resuelva sobre la



permanencia, suspensión o separación del funcionario.



(Así reformado por el artículo 7º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 200.- El instructor, al inicio de la investigación, pondrá



los hechos en conocimiento del denunciado, sobre los cuales le pedirá un



informe o le recibirá declaración sin juramento; siempre le concederá un



plazo de cinco días para que ofrezca la prueba de descargo.




Ficha articulo



ARTICULO 201.- En todo caso, el denunciado podrá nombrar defensor a



su costo, o solicitar se le designe uno conforme a lo dispuesto en el



artículo 152. El denunciado y su defensor tendrán libre acceso al



expediente.




Ficha articulo



ARTICULO 202.- Si los hechos denunciados pudieren ser sancionados



con revocatoria de nombramiento o suspensión, o si otras circunstancias



lo hicieren aconsejable, el Tribunal de la Inspección podrá separar



preventivamente al servidor del cargo hasta por tres meses, con goce de



salario. En tal caso, esta medida no será compensable con la sanción que



se llegare a imponer.



La potestad disciplinaria de suspensión deberá ejercitarse en forma



restringida y, como se señala en el párrafo final del artículo 195,



cuando existan fundadas razones para sospechar que, si el servidor sigue



en el desempeño de su puesto, podrá obstaculizar o hacer nugatoria la



investigación iniciada en su contra o afectar el buen servicio público.



La misma facultad tendrá la Corte y el Consejo respecto de los



servidores sobre quienes ejerza el régimen disciplinario, o que sean de



su nombramiento.




Ficha articulo



ARTICULO 203.- El inspector a quien se asignó la instrucción, deberá recibir toda la prueba que fuere pertinente para el descubrimiento de la verdad, en un plazo no mayor de dos meses.



Si fuere necesario, podrá pedir ad effectum videndi los expedientes que tengan relación con la falta investigada.



Para la recepción de la prueba, el instructor podrá comisionar a otra autoridad judicial, cuando lo estime necesario.




Ficha articulo



ARTICULO 204.- Concluida la investigación, deberá darse audiencia



por tres días al denunciante, si lo hubiere, y al denunciado para que



formulen las alegaciones que convengan a sus intereses.



El instructor podrá ordenar, de oficio o a gestión de interesado,



prueba para mejor resolver.




Ficha articulo



ARTICULO 205.- Si durante la tramitación de una queja surgieren



otros hechos que puedan dar lugar a la aplicación del régimen



disciplinario contra el mismo u otro servidor, se procederá a testimoniar



piezas e iniciar un nuevo procedimiento. Las diligencias podrán



acumularse siempre que se trate del mismo funcionario y no implique



retardo grave de la instrucción en cuanto a la primera.




Ficha articulo



ARTICULO 206.- Concluido el trámite, el expediente pasará a estudio



de los restantes inspectores generales; cada uno lo estudiará por tres



días; luego, dictarán sentencia en un plazo no mayor de cinco días.




Ficha articulo



ARTICULO 207.- En la calificación de las probanzas, el órgano



disciplinario se atendrá a lo que se encuentre consignado en el



expediente y, en caso de duda, deberá resolver a favor del servidor,



desestimando la causa disciplinaria y archivando el expediente; en ningún



caso, podrá imponer más de una sanción por los mismos hechos; y tan sólo



se podrán imponer las sanciones que establece esta Ley.




Ficha articulo



ARTICULO 208.- Al pronunciarse sobre el fondo, el tribunal indicará,



debidamente fundamentado, los hechos que tenga por probabos, los que



considere faltos de prueba y expondrá con claridad sus razonamientos y



conclusiones. Lo resuelto se notificará al denunciado y se comunicará al



denunciante, si lo hubiere.




Ficha articulo



ARTICULO 209.- Siempre que se le imponga una suspensión o la



revocatoria del nombramiento, el denunciado podrá apelar de la resolución



final del Tribunal de la Inspección, dentro de los tres días siguientes



al de la notificación. Su recurso será conocido por el Consejo Superior.



(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional Nº 642-94



de las 14:30 horas del 2 de febrero de 1994)




Ficha articulo



ARTICULO 210.- El Consejo, en alzada, podrá anular la resolución



final si estimare que hubo indefensión u otro vicio grave de



procedimiento, o que no se impuso la sanción debida sino una notoriamente



más leve, según los precedentes de los órganos encargados de aplicar el



régimen disciplinario.



En caso de anulación, ordenará el reenvio al Tribunal de la



Inspección Judicial para que haga un nuevo pronunciamiento cumpliendo con



el debido proceso.




Ficha articulo



Artículo 211. La acción para investigar las faltas deberá iniciarse, dentro del mes siguiente a la fecha en que quien deba levantar la investigación tenga conocimiento de ellas. La investigación deberá concluirse dentro del año siguiente a la fecha de su inicio y si procediere sancionar, la sanción que corresponda deberá imponerse dentro del mes siguiente a contar del momento en que quien deba hacerlo esté en posibilidad de pronunciarse. Contra lo resuelto siempre cabrá recurso de apelación, salvo que correspondiere a la Corte, contra cuyo pronunciamiento sólo cabrá el de reposición o reconsideración.



Cuando se estimaren insuficientes los elementos de prueba para pronunciarse y hubiere proceso penal sobre los mismos hechos, la prescripción para aplicar la sanción disciplinaria se suspenderá.




Ficha articulo



ARTICULO 212.- No será causal de inhibición, el hecho de ser



compañero de Despacho del servidor contra quien se establecieren las



diligencias disciplinarias.




Ficha articulo



CAPITULO V



DE LOS EFECTOS



ARTICULO 213.- Firme la resolución que imponga una sanción



disciplinaria, se comunicará al Consejo de la Judicatura y al



Departamento de Personal, para que sea anotada en el expediente personal



del interesado.



Igualmente, todas las resoluciones finales recaídas en diligencias



disciplinarias y que no pudieren o no hubieren sido apeladas, se



comunicarán al Consejo Superior, el que en un plazo no mayor de quince



días podrá conocer del asunto si estimare que concurre alguna de las



causales de nulidad previstas en el artículo 210 anterior. Si del estudio



del asunto se concluye en que existe la causal, ordenará el reenvío



correspondiente.




Ficha articulo



ARTICULO 214.- La anotación de la sanción de advertencia quedará



cancelada por el transcurso del plazo de un año desde que adquirió



firmeza, si durante este tiempo no hubiere habido contra el sancionado



otro procedimiento disciplinario que termine con la imposición de



sanción.



La anotación de las restantes sanciones, podrá cancelarse por quien



la impuso, a instancia del interesado, cuando hayan transcurrido, al



menos, cinco o diez años desde la imposición firme de la sanción, según



que se trate de falta grave o gravísima, y durante este tiempo el



sancionado no hubiere dado lugar a nuevo procedimiento disciplinario que



termine con la imposición de sanción.



La cancelación borrará el antecedente para todos los efectos, salvo



para el otorgamiento de distinciones.



(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional de las



8:06 horas del 19 de agosto de 1994)




Ficha articulo



ARTICULO 215.- El procedimiento establecido en este Título, así como



las facultades otorgadas a la Inspección, son aplicables en lo pertinente



a otros órganos que deban ejercer el régimen disciplinario sobre



servidores judiciales.




Ficha articulo



CAPITULO VI



DEL REGIMEN DISCIPLINARIO SOBRE LAS



PARTES Y SUS ABOGADOS



ARTICULO 216.- Los que interrumpieren cualquier acto judicial con



señales ostensibles de aprobación o desaprobación, altavoces, gritos,



gestos amenazadores o despectivos, palabras destempladas o cualesquiera



otros hechos que constituyan falta de respeto o de consideración al



tribunal, a las partes o a sus abogados, serán amonestados o expulsados



de la oficina o local por el titular del Despacho.



En caso de desorden o tumulto, se mandará a desalojar el recinto con



el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, y se seguirá con el



acto o diligencia en privado.




Ficha articulo



ARTICULO 217.- Si los actos a los que se refiere el artículo



anterior significan ultraje u ofensa directa contra el funcionario o el



tribunal, podrán imponerle al culpable de cinco a quince días multa. Esta



resolución podrá ser apelada ante el superior, si se tratare de la



dictada por un juez o un representante del Ministerio Público. Si la



multa fuere impuesta por la Corte Plena, una de las Salas, un tribunal



colegiado o uno de sus integrantes, el Fiscal General, o bien por el



Consejo Superior, no cabrá más recurso que el de revocatoria o



reconsideración.



Cuando los hechos contemplados en este artículo y en el numeral



precedente lleguen a constituir delito, contravención o falta, su autor



será puesto a la orden de la autoridad respectiva, para su juzgamiento.



(Así reformado por el artículo 7º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 218.- Las partes y sus abogados directores serán



corregidos, disciplinariamente, con cinco a veinte días multa cuando en



los asuntos en que intervengan o con motivo de ellos, dentro o fuera de



juicio, de palabra o por escrito, por correspondencia privada o por



cualquier medio de comunicación colectiva, injurien o difamen a los



tribunales o a los funcionarios judiciales, sin perjuicio de las



responsabilidades penales correspondientes.



Los abogados podrán, en lugar de la multa, en casos graves, ser



suspendidos hasta por seis meses por la Corte o por el Consejo Superior,



en los casos previstos en este artículo.



Si el ataque al funcionario fuere de obra, se aplicará a la parte,



la multa en el máximun y al profesional la suspensión en el extremo



mayor.



En caso de reincidencia, la Corte o el Consejo comunicarán a la



Junta Directiva del Colegio de Abogados la falta para que resuelva si



aplica el régimen disciplinario.




Ficha articulo



ARTICULO 219.- Los profesionales y las partes que en sus escritos



consignen ofensas, frases injuriosas, despectivas o irrespetuosas contra



los colegas o contra las partes o personas que intervienen en los



juicios, podrán ser corregidos con cinco a quince días multa, sin



perjuicio de que el ofendido les exija las responsabilidades



consiguientes.



En los casos de injurias o de agresión personal al practicarse una



diligencia, se le impondrá de cinco a veinte días multa; pero si hubiere



habido provocación, la multa podrá reducirse a la mitad.



En los casos establecidos en el presente artículo y en los dos



anteriores, la certificación extendida por el secretario del Despacho que



impuso la multa constituirá título ejecutivo para su cobro en favor del



Estado. Corresponde a la Procuraduría General de la República plantear la



demanda correspondiente.



Estas multas son de carácter disciplinario y nunca podrán



convertirse en prisión.




Ficha articulo



ARTICULO 220.- En el caso del artículo 217, el funcionario o



tribunal hará constar en los autos, de forma lacónica, la falta cometida



y, a continuación, dictará resolución fundamentada en la que impondrá la



multa. La apelación que establezca el interesado, de acuerdo con el



mencionado artículo, deberá interponerse dentro del tercer día.




Ficha articulo



ARTICULO 221.- En los casos previstos en el artículo 218, se



procederá en la siguiente forma:



1.- Si la injuria o difamación se cometiere dentro de un proceso,



por medio de escritos presentados en él, el funcionario o tribunal



podrá ordenar también al Consejo la transcripción del escrito, para los efectos del párrafo



segundo del artículo 218.



(Texto modificado por Resolución de la Sala Constitucional No. 11.596 de las 9:05 horas del 9 de noviembre del 2001.)



2.- De ser cometida fuera de un proceso, o por un medio distinto a



la presentación de escritos, el funcionario o tribunal hará, en el



proceso, una reseña lacónica de lo ocurrido, para que el Consejo resuelva



si procede la suspensión del abogado. En este caso, no existirá motivo de



impedimento, recusación ni excusa para los miembros del Consejo que hayan



de imponer la corrección.



3.- Si fuere impuesta por un juez de menor cuantía o uno



contravencional, podrá apelarse para ante el juez respectivo. Si lo fuere



por un juez de primera instancia o penal, el recurso se admitirá para



ante el tribunal colegiado o el integrante de este que corresponda; si lo



fuere por las Salas o los tribunales colegiados, no cabrá más recurso que



el de revocatoria. Contra las que imponga la Corte o el Consejo no cabrá



el recurso de reconsideración ni de reposición.



4.- El tribunal de alzada, en los casos en que esta proceda, podrá



ordenar cualquier prueba para mejor proveer, si el corregido negare el



cargo.



5.- Si se impusiere suspensión, se ordenará una publicación en el



Boletín Judicial y se procederá, además, de la forma indicada en el



artículo 20 de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados.



(Así reformado por el artículo 7º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 222.- En todos los casos en los que como corrección disciplinaria se imponga



una multa, firme la resolución correspondiente, se concederá al interesado un plazo



de tres días para que la pague o deposite a la orden del Colegio de Abogados, conforme lo



establece su Ley Orgánica. Si no lo hiciere, una vez vencido ese plazo y sin necesidad



de una nueva resolución que así lo declarare, las consecuencias



serán las siguientes:



a) El profesional en Derecho quedará suspendido en el ejercicio de



la profesión durante el tiempo que esté sin cancelar la multa, lo que se



comunicará tanto al Colegio de Abogados como a la Corte Suprema de



Justicia, para que tomen nota y realicen la publicación correspondiente.



b) En cuanto a los que no fueren profesionales en Derecho, se



comunicará a la alcaldía respectiva para que la haga descontar con



prisión, a razón de cien colones por día. Si no lo hiciere, una vez



vencido ese plazo y sin necesidad de nueva resolución que así lo declare,



la falta de pago de la multa se convertirá en razón de un día de prisión



por día multa, lo que ejecutará el funcionario o tribunal que la hubiere



impuesto.



(Texto modificado por resolución de la Sala Constitucional No. 11.596 de las 9:05 horas del 9 de noviembre de 2001.)




Ficha articulo



ARTICULO 223.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,



cuando los hechos a que se refiere este Capítulo fueren cometidos por un



defensor público o por un representante del Ministerio Público, el



juzgador que conozca del negocio procederá a comunicar la falta al



superior jerárquico y al Tribunal de la Inspección para que se aplique el



régimen disciplinario. En igual sentido, deberá proceder el juzgador



cuando estime que dichos funcionarios han descuidado su función.




Ficha articulo



TITULO IX



DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES JUDICIALES



CAPITULO I



DISPOSICIONES GENERALES



ARTICULO 224.- Los servidores judiciales podrán acogerse a una jubilación igual al salario promedio de los últimos veinticuatro mejores salarios mensuales ordinarios, devengados al servicio del Poder Judicial, siempre que hayan cumplido sesenta y dos años de edad y el número de años trabajados para la Administración Pública sea al menos de treinta.



(Así reformado por el artículo 4º de la ley Nº 7605 de 2 de mayo de 1996)



(Así reformado este artículo de acuerdo con la anulación parcial ordenada por resolución de la Sala Constitucional N° 1625 del 27 de enero  de 2010.)



 



 




Ficha articulo



ARTICULO 225.- Si no se cumpliere con la edad o el número de años de



servicio citado, la jubilación se calculará en la siguiente forma:



a) Si el retiro se produjere al cumplir treinta o más años de



servicio, pero sin haber cumplido los sesenta años de edad, la jubilación



se calculará en proporción a la edad del servidor. Para fijarla, se



multiplicará el monto del salario promedio, según la regla del artículo



224, por la edad del servidor y el producto se dividirá entre sesenta; el



resultado de esta operación constituirá el monto de la jubilación.



b) Si el retiro se produjere al cumplir el servidor sesenta o más



años de edad, pero antes de cumplir treinta años de servicio, la



jubilación se acordará en proporción a los años laborados, siempre que el



número de años servidos no sea inferior a diez. Para fijarla, se



multiplicará el monto del salario promedio indicado en el artículo



anterior por el número de años servidos y el producto se dividirá entre



treinta; el resultado será el monto de la jubilación.




Ficha articulo



ARTICULO 226.- Los servidores judiciales que sean separados de sus



cargos para el mejor servicio público y los funcionarios de período fijo



que no sean reelegidos, tendrán derecho a la jubilación, siempre que el



tiempo servido por ellos exceda de diez años.



La jubilación será proporcional al tiempo servido y podrá percibirse



solo durante un lapso equivalente a la mitad de este tiempo, salvo que



hayan laborado por más de veinte años. En este último caso, el disfrute



de la jubilación será vitalicio. Para fijarla, se multiplicará el ochenta



por ciento (80%) del monto del salario promedio establecido en el



artículo 224 por el número de años servidos y el producto se dividirá



entre treinta. El resultado será el monto de la jubilación.



(Así reformado por el artículo 4º de la ley Nº 7605 de 2 de mayo de



1996)




Ficha articulo



ARTICULO 227.- DEROGADO.-



(Derogado por el artículo 5º de la ley Nº 7605 de 2 de mayo de 1996)




Ficha articulo



ARTICULO 228.- El funcionario o empleado que se imposibilitare de



modo permanente para el desempeño de su cargo o empleo, siempre que



hubiera laborado para el Estado por cinco años o más, será también



separado de su puesto con una jubilación permanente, que se calculará de



acuerdo con los años de servicio, en la forma dispuesta en el artículo



226.




Ficha articulo



ARTICULO 229.- Ninguna jubilación o pensión podrá ser inferior a la



tercera parte del sueldo que, para el último cargo o empleo servido,



señale el presupuesto de gastos del Estado, vigente en el año en que se



hiciere el pago.



El monto de las pensiones y jubilaciones se reajustará cuando el



Poder Judicial decrete incrementos para los servidores judiciales por



variaciones en el costo de la vida y en igual porcentaje que los



decretados para estos.




Ficha articulo



ARTICULO 230.- Los funcionarios y empleados que hubieran servido



menos de diez años, no tendrán derecho a jubilación ni sus parientes a



pensión, salvo el caso previsto en el artículo 228. Sin embargo, si a



causa del ejercicio de sus funciones se produjere la muerte del servidor



-cualquiera que hubiera sido el tiempo servido por éste- además de las



indemnizaciones que legalmente correspondan, sus beneficiarios tendrán



derecho a una pensión temporal y proporcional, dentro de las condiciones



que esta Ley prevé para esos casos.




Ficha articulo



ARTICULO 231.- Para el cómputo del tiempo servido, no es necesario



que los servidores del Poder Judicial hayan servido en él



consecutivamente ni en puestos de igual categoría. Se tomarán en cuenta



también los años de trabajo remunerado que se hubiesen servido en otras



dependencias o instituciones públicas estatales, debiendo haber servido



al Poder Judicial los últimos cinco años. Sin embargo, en estos casos se



aplicarán las siguientes reglas: si el interesado había cotizado en otros



regímenes de pensiones, establecidos por otra dependencia o por otra



institución del Estado, el Poder Judicial tendrá derecho a exigir -y la



respectiva institución o dependencia estará obligada a girar- que el



monto de esas cotizaciones sea trasladado al Fondo de Jubilaciones y



Pensiones del Poder Judicial. Este traslado incluye también las sumas



depositadas para efecto de la pensión del interesado por el Estado. En el



caso de que no hubiese existido esa cotización o que lo cotizado por el



interesado y por el Estado no alcanzare el monto correspondiente



establecido para el Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial,



el interesado deberá reintegrar a este Fondo la suma adeudada que, en



todos los casos, incluye las cuotas del Estado.



Para esos casos, el Consejo Superior del Poder Judicial dará las



facilidades necesarias, deduciendo una suma no mayor de un diez por



ciento del sueldo, jubilación o pensión cualquiera que sea el número de



años servidos en el Poder Judicial. En cuanto a la prueba para la debida



comprobación de los servicios prestados será admisible todo medio de



prueba y en cuanto a su interpretación se aplicará por analogía el



principio in dubio pro operario.




Ficha articulo



ARTICULO 232.- En las condiciones establecidas en este Capítulo, el



fallecimiento de un servidor judicial, activo o jubilado, da derecho a



sus beneficiarios a una pensión que el Consejo fijará prudencialmente,



pero que no podrá ser superior a las dos terceras partes de la jubilación



que disfrutaba o pudo disfrutar ni inferior a la tercera parte del último



sueldo que percibió, salvo cuando se tratare del cónyuge sobreviviente,



en cuyo caso el monto de la pensión será igual al monto de la jubilación



que venía disfrutando o tenía derecho a disfrutar el exservidor.



Por beneficiarios, se entienden las personas que el servidor o



exservidor judicial designe, si se tratare de su cónyuge, de su compañero



o compañera de convivencia durante al menos dos años, de sus hijos o de



sus padres. Tal designación deberá hacerse por escrito y dirigida al



Consejo.



A falta de esa designación o si la última, por cualquier motivo



racional, evidentemente no representare los deseos del causante, se



tendrá por beneficiarios a la persona o personas dichas y se distribuirá



la pensión entre ellas, en la forma en que el Consejo reglamente y que se



ajuste, en lo posible, a los presuntos deseos del fallecido y a las



necesidades familiares.



No podrá ser beneficiario quien no forme parte del grupo de personas



a que se refiere este artículo, ni aquél que no necesite de la pensión,



porque su trabajo o sus rentas le permiten proveer sus alimentos sin



ella, a no ser que el trabajo o las rentas que reciba sean insuficientes,



en cuyo caso el Consejo rebajará la pensión en el tanto que estime



necesario.



Toda asignación caducará por la muerte del beneficiario; porque éste



llegue a no necesitarla para su subsistencia, a juicio del Consejo; en



cuanto a los hijos de uno u otro sexo, por la mayoridad, salvo que sean



inválidos o que no hubieren terminado sus estudios para una profesión u



oficio, mientras obtengan buenos rendimientos en ellos y no sobrepasen la



edad de veinticinco años. Todo sin perjuicio de las asignaciones que a la



fecha de vigencia de esta Ley se hubieran acordado.



El Consejo, previa investigación, podrá hacer los cambios o ajustes



necesarios en las cuotas asignadas y disponer respecto de los



beneficiarios que lo necesitaren que sus porciones acrezcan en todo o en



parte las que caducaren.




Ficha articulo



ARTICULO 233.- Excepto por pensión alimenticia, no son susceptibles



de embargo, por ningún motivo, ni de venta, cesión o cualquier otra forma



de traspaso, las jubilaciones y pensiones ni el Fondo establecido para



cubrirlas.




Ficha articulo



ARTICULO 234.- Al jubilado o pensionado, se le suspenderá del goce del beneficio, durante el tiempo que esté percibiendo cualquier otro sueldo del Estado, de sus bancos, de sus instituciones, de las municipalidades, de las juntas de educación y de las empresas de economía mixta.



También se podrá suspender, según las circunstancias, el goce del beneficio, cuando éste hubiera sido acordado en razón de enfermedad y se tenga noticia de que la persona está desempeñando otro empleo, mientras se mantenga esta última situación.



 ( La Sala Constitucional mediante resolución N° 16564 del 05 de noviembre de 2008, interpretó de este artículo el concepto "pensionado", en el sentido de que éste no incluye a los familiares "beneficiarios" del trabajador, sino únicamente a los pensionados directos (ex trabajadores) del Poder Judicial " ).



 




Ficha articulo



ARTICULO 235.- Corresponde al Consejo, de oficio o a solicitud de



interesado, conceder las jubilaciones o pensiones, vigilar el correcto



aprovechamiento de las mismas y modificar o cancelar, en su caso, las



otorgadas, para lo cual se le confieren todas las facultades necesarias,



sin perjuicio de la fiscalización que corresponda a la jurisdicción



común.




Ficha articulo



CAPITULO II



DE LAS RENTAS



ARTICULO 236.- Para atender el pago de las jubilaciones y pensiones,



créase un Fondo que será formado con los siguientes ingresos:



1.- El nueve por ciento (9%) de todos los sueldos de los servidores



activos, así como de las jubilaciones y pensiones a cargo del Fondo. Este



porcentaje se retendrá mensualmente. Por razones de necesidad del Fondo y



con base en estudios actuariales, la Corte podrá aumentar este porcentaje



hasta un quince por ciento (15%).



( Así reformado por el artículo 4º de la ley No.7605 de 2 de mayo de



1996)



2.- El monto establecido como aporte del Estado para el Régimen de



Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, y el



que determine el Poder Judicial como patrono. Estos porcentajes se



ajustarán proporcionalmente, conforme a los incrementos que la Corte



acuerde junto con el aporte de los trabajadores.



( Así reformado por el artículo 4º de la ley No.7605 de 2 de mayo de



1996)



3.- Los intereses y demás beneficios que produzca el fondo.



4.-  (ANULADO por resolución de la Sala Constitucional No. 9281-99 de las 11:09 horas del 25 de noviembre de 1999).



5.- Los intereses que generen la inversión de los depósitos



judiciales, pertenecientes a juicios abandonados por más de cuatro años,



según la distribución que se indica en el artículo siguiente.



(La Sala Constitucional mediante resolución 10817 del 24 de octubre de 2001, anuló el inciso 5 del artículo 236



de la  Ley Orgánica del Poder Judicial   8 del 29 de noviembre de 1937, mismo que fue reformado por esta Ley.)



6.- Los demás ingresos que determine la ley.



 




Ficha articulo



ARTICULO 237.- Los depósitos judiciales pertenecientes a juicios abandonados por más de cuatro años, el cincuenta por ciento (50%) de los intereses que estos hubieran producido mientras el juicio estuviere activo y no hayan sido retirados -estos con carácter devolutivo-, ingresarán a una cuenta corriente abierta para tal fin, en alguno de los bancos del Estado y se invertirán en títulos valores del sector público, procurando el mejor rédito.



Los intereses que produzca esa inversión durante los primeros cinco años, corresponderán al "Régimen no contributivo de pensiones" de la Caja Costarricense de Seguro Social. Despúes de ese plazo, los intereses ingresarán a la cuenta del Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.



(La Sala Constitucional mediante resolución 10817 del 24 de octubre de 2001, anuló el artículo 237 de la  Ley Orgánica del Poder Judicial   8 del 29 de noviembre de 1937, mismo que fue reformado por este artículo.)



 



 




Ficha articulo



ARTICULO 238.- Se autoriza al Consejo para que, con los ingresos del Fondo de Jubilaciones y Pensiones, realice operaciones de crédito con cooperativas y cajas de ahorro de servidores del Poder Judicial o instituciones bancarias del Estado, que serán destinadas a préstamos para construcción o mejoramiento de vivienda y otros de carácter social respecto a los empleados o funcionarios  judiciales, según el reglamento que al efecto debe dictarse por la Corte.



En todo caso, tales operaciones se podrán realizar siempre y cuando el Fondo reciba intereses iguales o superiores a los que recibiría por inversiones en títulos valores del sector público.



 



( La Sala Constitucional mediante resolución N° 17402 del 21 de noviembre de 2008, declaró que el presente artículo no es inconstitucional ".en el tanto se interprete que dentro del concepto de "empleados y funcionarios judiciales" ahí contenido, se incluya a los pensionados y jubilados del Poder Judicial").



 


Ficha articulo



ARTICULO 239.- El Fondo de Pensiones y Jubilaciones será mantenido



en uno de los bancos del Estado, a la orden exclusiva del Poder Judicial



y según los acuerdos que celebren el Consejo y el banco respectivo. Los



intereses correspondientes a ese Fondo serán capitalizados, también



conforme lo acuerden ambos.



Los pagos se harán por medio de cheques o giros extendidos por el



Departamento Financiero Contable y serán firmados por el Director



Ejecutivo.




Ficha articulo



ARTICULO 240.- Los funcionarios y empleados propietarios o interinos



que hubieran cesado o que cesen en el ejercicio de sus cargos no tendrán



derecho a que se les devuelva el monto de las cuotas con que hubieran



contribuido a la formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones.



Sin embargo, si no hubieran obtenido los beneficios de jubilación o



pensión, sí tendrán derecho a que el monto de las cuotas con que hubieran



contribuido a la formación del Fondo de Jubilaciones y Pensiones



Judiciales se traslade a la Caja Costarricense de Seguro Social, a fin de



que estas cuotas se les computen dentro del Régimen de Invalidez, Vejez y



Muerte, o a la institución administradora del régimen en el que se vaya a



otorgar la jubilación o pensión para el mismo propósito de cómputo de



cuotas. La solicitud de traslado la hará la entidad pública, respectiva



cuando vaya a otorgar la jubilación o pensión y si el monto de las cuotas



fuere mayor la Corte girará el total de las cuotas, aunque fuere mayor de



las necesarias para el otorgamiento de la jubilación o pensión. Al



solicitar la Caja o la respectiva entidad pública el traslado de cuotas,



queda obligada a admitir al servidor en su correspondiente régimen de



jubilaciones y pensiones.



Los funcionarios y empleados que hubieran retirado sus cuotas e



ingresen de nuevo al Poder Judicial, tendrán derecho a que se les compute



el tiempo anteriormente servido, si ellos o la entidad pública respectiva



reintegran al Fondo de Jubilaciones y Pensiones el monto de las cuotas



que hubieran recibido. El Consejo podrá dar facilidades para el reintegro



de esas sumas.



Los funcionarios y empleados judiciales sujetos a las disposiciones



de esta Ley, sobre seguro social obligatorio no estarán exentos por ese



motivo de pagar las cuotas señaladas para el Fondo de Jubilaciones y



Pensiones. Esas cuotas lo mismo que las del Estado ingresarán, sin



deducción alguna, en el referido Fondo.




Ficha articulo



ARTICULO 241.- Las operaciones que se ejecuten con recursos



provenientes del Fondo estarán exentas de todo tipo de impuestos y tasas.




Ficha articulo



ARTICULO 242.- Los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones y



el Director del Registro Civil que antes de su elección hayan sido



abogados funcionarios judiciales, con un servicio mayor de cinco años,



podrán permanecer protegidos con el Plan de Jubilaciones y Pensiones de



esta Ley, y el tiempo que sirvieren en esos organismos se les computará



como si lo fuera en el Poder Judicial. Continuarán esos funcionarios



contribuyendo en la forma que lo exige el artículo 236 de esta Ley.



Dichos Magistrados tendrán los mismos beneficios que los Magistrados de



la Corte Suprema de Justicia, y el Director del Registro, los beneficios



señalados para los jueces, en igualdad de circunstancias.



El Estado, en esos casos, debe pagar por esos funcionarios la cuota



que señala el inciso 2 del artículo 236 citado, sobre la suma destinada



en el presupuesto general de gastos para atender sus sueldos en el



Tribunal Supremo de Elecciones y en el Registro Civil. Esta cuota será



depositada conforme se indica en el referido inciso 2.




Ficha articulo



TITULO X



DEL EJERCICIO DE LA ABOGACIA



CAPITULO UNICO



ARTICULO 243.- Con excepción de otros supuestos establecidos



expresamente por ley, sólo los abogados podrán representar a las partes



ante los Tribunales Judiciales de la República.



Los universitarios que se identifiquen como estudiantes de una



Facultad o Escuela de Derecho, los asistentes de los abogados,



debidamente autorizados, y los bachilleres en derecho, podrán concurrir a



las oficinas y los despachos judiciales, para solicitar datos y examinar



expedientes, documentos y otras piezas, así como para obtener fotocopias.



Para esos efectos, los estudiantes y egresados deberán contar con la



autorización del profesor o del abogado director del procedimiento. Los



bachilleres en derecho deberán demostrar su condición, con documento



auténtico emanado de la respectiva Universidad.



(Así reformado por el artículo 8º de la Ley de Reorganización



Judicial No.7728 de 15 de diciembre de 1997)




Ficha articulo



ARTICULO 244.- Aunque sean abogados, no podrán ejercer la profesión



los servidores propietarios de los Poderes Ejecutivo y Judicial, del



Tribunal Supremo de Elecciones, de la Contraloría General de la



República, de la Procuraduría General de la República y de las



municipalidades, salvo en sus propios negocios y en los de sus cónyuges,



ascendientes o descendientes, hermanos, suegros, yernos y cuñados.



Se exceptúan de la prohibición anterior los servidores del Poder



Ejecutivo que presten servicios en los establecimientos oficiales de



enseñanza y que no tengan ninguna otra incompatibilidad; lo mismo que los



servidores judiciales interinos o suplentes, siempre que ese interinato



no exceda de tres meses; los fiscales específicos; los munícipes y



apoderados municipales; el Director de la Revista Judicial; los



defensores públicos de medio tiempo y los que sean retribuidos por el



sistema de honorarios y, en general, todos los servidores que no



devenguen sueldo sino dietas.




Ficha articulo



ARTICULO 245.- Es prohibido al abogado dirigir al mismo tiempo o



sucesivamente a partes contrarias en el mismo proceso o asunto.




Ficha articulo



ARTICULO 246.- El Colegio de Abogados informará a la Secretaría del



Consejo Superior del Poder Judicial de las inscripciones de los



licenciados en Derecho, a fin de anotarlos en los catálogos respectivos y



publicar sus nombres en el Boletín Judicial, para que todas las



autoridades judiciales tengan conocimiento de ello.




Ficha articulo



ARTICULO 247.- Decretada por el Colegio de Abogados la suspensión de



un abogado en el ejercicio de su profesión, una vez recibida la



comunicación, el Consejo Superior del Poder Judicial lo hará saber a las



autoridades jurisdiccionales para que, en los asuntos pendientes en que



fuere apoderado o abogado director el profesional suspendido, se ordene



notificar de ello, personalmente, a su mandante o cliente, a quien no le



correrá término alguno durante los quince días siguientes, a fin de que



pueda proveer al cuidado de sus intereses.




Ficha articulo



TITULO XI



DISPOSICIONES FINALES



CAPITULO UNICO



ARTICULO 248.- Los servidores judiciales tendrán derecho a un sueldo



adicional en el mes de diciembre de cada año, excepto si han servido



menos de un año, en cuyo caso les corresponderá una suma proporcional al



tiempo servido.



Dicho sueldo no puede ser objeto de venta, traspaso o gravamen de



ninguna especie, ni puede ser perseguido por acreedores, excepto para el



pago de pensiones alimenticias, en el tanto que determina el Código de



Trabajo.




Ficha articulo



ARTICULO 249.- Las funciones no jurisdiccionales asignadas a la



Corte, mediante leyes promulgadas con anterioridad a ésta, son, en



adelante, de competencia del Consejo, con las excepciones que esta Ley



establece.




Ficha articulo



ARTICULO 250.- Se autoriza al Poder Judicial para que constituya un



fondo de contingencia, mediante un fideicomiso que formalizará en uno de



los bancos comerciales del Estado, que no podrá exceder del uno por



ciento de su presupuesto ordinario de cada ejercicio fiscal. Este fondo



será utilizado para satisfacer necesidades urgentes o imprevistas,



originadas en fenómenos naturales, conmoción interna o calamidad pública,



que afecten la administración de justicia, sus instalaciones y servicios,



y declaración del Estado de Necesidad del Poder Ejecutivo.




Ficha articulo



ARTICULO 251.- La Corte queda facultada para dictar las reglas prácticas que sean necesarias para la aplicación de la presente Ley.



(Nota de Sinalevi: Mediante el artículo 3 aparte III) de la ley que aprueba el Código Procesal de Familia, N° 9747 del 23 de octubre del 2019, se adicionará el artículo 252. De conformidad con el transitorio III de la ley antes mencionada dicha modificación entrarán a regir a partir del 1° de octubre del 2022, por lo que a partir de esa fecha el nuevo texto será el siguiente: "Artículo 252- Capacitación de servidores en materia familiar. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, el Poder Judicial promoverá la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia.")




Ficha articulo



TITULO XII
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
CAPITULO UNICO
Transitorio I.- En caso de remisión en leyes anteriores a la
presente, respecto de las regulaciones sobre impedimentos, excusas y
recusaciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ahora se reforma,
se estará a lo que sobre la materia dispone el Código Procesal Civil.




Ficha articulo



Transitorio II.- Los tribunales de justicia creados en la presente
Ley deberán estar integrados y entrar en funcionamiento, a más tardar,
dentro del año fiscal siguiente a la vigencia de esta Ley.




Ficha articulo



Transitorio III.- El Poder Ejecutivo, a solicitud de la Corte
Suprema de Justicia, realizará las modificaciones presupuestarias que
sean necesarias para darle contenido presupuestario a los órganos que se
crean en la presente Ley.




Ficha articulo



Transitorio IV.- Se faculta a la Corte Suprema de Justicia y al
Consejo Superior del Poder Judicial para realizar los traslados de
servidores judiciales, que resulten necesarios para adecuar la
organización del Poder Judicial a la estructura que se establece en la
presente Ley.
En ningún caso podrá reducirse el salario que devenga el servidor.
Se tendrá, para los efectos de la presente disposición, que la asignación
de diferentes funciones a las encomendadas hasta el momento al servidor,
no afecta la relación laboral.




Ficha articulo



Transitorio V.- Los cambios que en materia de competencia
jurisdiccional se establecen en la presente Ley, se aplicarán únicamente
a los procesos iniciados con posterioridad a su vigencia.
Sin embargo, cuando la competencia se atribuya a un nuevo tribunal,
pasarán a su conocimiento todos los procesos pendientes a la fecha en que
entre en funciones. En igual sentido, pasarán a conocimiento de los
jueces penales todos los asuntos pendientes ante la Sala Tercera por
delitos de imprenta.




Ficha articulo



Transitorio VI.- (DEROGADO, mediante artículo 23 de la Ley No. 7728 de 15 de diciembre de 1997).




Ficha articulo



Transitorio VII.- Mientras no se promulgue una nueva Ley Orgánica de
Notariado, la Sala Segunda será el órgano competente para ejercer el
régimen disciplinario sobre los notarios y para autorizar el uso de
protocolos. Asimismo, le corresponderá al Presidente de la Corte
autorizar el ejercicio del notariado e inscribir a los notarios en el
Registro que al efecto se lleva.




Ficha articulo



Transitorio VIII.- Mientras no se promulgue una ley que regule la
carrera judicial, los nombramientos de los funcionarios que administran
justicia se harán conforme al procedimiento establecido por el Estatuto
del Servicio Judicial, excepto en cuanto al órgano competente para
hacerlos.




Ficha articulo



Transitorio IX.- Los funcionarios judiciales nombrados en la primera
oportunidad, para integrar el Consejo Superior del Poder Judicial, no
podrán ser reelegidos y durarán en sus cargos tres años.




Ficha articulo



Transitorio X.- Las prohibiciones que estipula el párrafo tercero
del artículo 12, no se aplicarán a los servidores que hubieran ingresado
al Poder Judicial antes de la entrada en vigencia de esta Ley.




Ficha articulo



Transitorio XI.- El Director y Subdirector Administrativos, que se
desempeñen al momento de entrar en vigencia la presente Ley, pasarán a
ocupar los cargos de Director y Subdirector Ejecutivos del Poder
Judicial.




Ficha articulo



Transitorio XII.- Dentro del mes siguiente a la vigencia de esta
Ley, los funcionarios rendirán o completarán la garantía que se ordena en
el artículo 19.




Ficha articulo



Transitorio XIII.- DEROGADO.-
( Derogado por el artículo 5º de la ley No.7605 de 2 de mayo de
1996)




Ficha articulo





Fecha de generación: 01/08/2021 05:36:57 p.m.
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